Desde hace varios años, varios organismos internacionales han exigido al Estado de Honduras establecer una estrategia para la progresiva desvinculación de las Fuerzas Armadas de las funciones penitenciarias, entre otras medidas
Portada: Cárcel de El Porvenir
Tegucigalpa. -El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) insta al Estado de Honduras implementar las reglas internacionales de protección de los privados de libertad y seguir las recomendaciones que se han hecho en reiteradas ocasiones por organismos internacionales.
Durante el fin de semana varios centros penitenciarios del país fueron noticia por los amotinamientos simultáneos, mismo que dejaron como resultado varios heridos y la muerte de un privado de libertad. Según medios nacionales el conflicto se dio entre reclusos de dos pandillas rivales.
Los enfrentamientos ocurrieron en las cárceles de Támara (al Este de Tegucigalpa); Siria en El Porvenir, Francisco Morazán (Norte de la capital); El Pozo en Ilama, Santa Bárbara y La Tolva en Morocelí, El Paraíso (en el Oriente del país).
Por lo anterior, el Alto Comisionado señaló, mediante un comunicado, que estos hechos evidencian la deficiencia estructural en materia de hacinamiento, gestión penitenciaria y garantías de seguridad integral de las personas privadas de libertad.
Desde sus redes sociales las Naciones Unidas solicitaron a las autoridades hondureñas realizar una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre los actos de violencia y violaciones a los derechos humanos en los centros de detención.
Además, la OACNUDH hizo un llamado al Estado de Honduras para tomar medidas urgentes que garanticen la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia y en particular de aquellas personas con el fin de prevenir y proteger los derechos a la vida y la integridad personal.
En su informe sobre la Situación de Derechos Humanos en 2022 el Alto Comisionado resaltó la decisión del Gobierno de Honduras al desmilitarizar el sistema penitenciario. En marzo de 2022 se realizó el traspaso inicial de la administración penitenciaria de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional como un paso importante hacia el fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario.
En agosto de ese mismo año, el Gobierno declaró estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional, estableciendo como objetivo la desmilitarización y la reforma de manera progresiva del sistema, en cuyo marco la Policía deberá traspasar, a su vez, la administración de manera gradual al Instituto Nacional Penitenciario.
No obstante, el Alto Comisionado ha cuestionado las disposiciones adoptadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) al asignar nuevas tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas de Honduras, ya que esto comprometerá los esfuerzos de desmilitarización y podrían afectar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, en su función de dirección y control de las detenciones.
En ese sentido, recomendó la aprobación e implementación de una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos que haga efectiva la desmilitarización gradual, tanto a nivel operativo como de cultura institucional, promoviendo la visión y liderazgo civil en el sector.
Además, de avanzar en el establecimiento e implementación del plan de traspaso gradual de la administración penitenciaria de la Policía Nacional al Instituto Nacional Penitenciario.
Lea también: Oacnudh cuestiona estado de excepción y medidas de seguridad implementadas por Gobierno de Honduras
SUGIEREN AL ESTADO DE HONDURAS IMPLEMENTAR PROTOCOLOS DE DERECHOS HUMANOS EN CENTROS DE DETENCIÓN
Desde hace varios años la OACNUDH y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han solicitado al Estado de Honduras que debe asegurar la adecuada implementación de protocolos para prevenir los amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios, sin incurrir en el uso excesivo de la fuerza.
Asimismo, recuerdan que el Estado debe cumplir con la obligación de acceso a la justicia para las víctimas de estas violaciones de derechos humanos mediante una investigación efectiva, pronta e imparcial y la sanción de los responsables en todos los niveles jerárquicos.
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos constituyen los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo
Dichas reglas señalan que la dignidad y el valor inherentes de las personas privadas de libertad como seres humanos lo que implica que se debe tratar a todas las personas privadas de libertad con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, prohibir y proteger a las personas privadas de libertad de toda forma de tortura y malos tratos, velar en todo momento por la seguridad de las personas privadas de libertad, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes.
Además, de la aplicación imparcial de las Reglas y la prohibición de discriminación basada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, fortuna o nacimiento, incluida en la anterior versión de las Reglas Mínimas, ha sido ampliada para incluir “cualquier otra situación”.
Es importante destacar que, la puesta en práctica del principio de no discriminación incluye la obligación de tomar en cuenta las necesidades individuales de las personas privadas de libertad, en particular de los más desfavorecidos, proteger y promover los derechos de las personas privadas de libertad con necesidades especiales y asegurar que las personas privadas de libertad con discapacidades físicas, mentales o de otra índole participen en condiciones equitativas y de forma plena y efectiva en la vida en prisión, y sean tratadas de acuerdo a sus necesidades de salud.
En el 2019 la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conformada por organizaciones que acompañan casos de víctimas de violaciones a derechos humanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), advierten que, con la militarización del sistema penitenciario, Honduras incumple estándares internacionales de derechos humanos en materia penitenciaria
En ese mismo año la CIDH precisó que debido al incremento del riesgo en la comisión de violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad que se encuentran dentro de un régimen penitenciario militarizado, la CIDH ha establecido que la formación militar no es idónea para realizar labores de gestión y custodia penitenciarias.
Las recomendaciones dadas por la CIDH piden al Estado de Honduras garantizar que los centros penitenciarios sean administrados y custodiados por personal penitenciario especializado en materia penitenciaria, de carácter civil y con carácter de funcionarios públicos, e independiente de las fuerzas militares y policiales.
Establecer una estrategia para la progresiva desvinculación de las Fuerzas Armadas de las funciones penitenciarias que permita el traspaso de la gestión, tanto a nivel formal como material, de los centros penitenciarios al Instituto Nacional Penitenciario.
Asegurar de manera inmediata que la custodia de los centros penitenciarios esté a cargo de agentes penitenciarios, así como poner fin a la detención de personas en instalaciones militares.
Dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH en las sentencias de los casos López Álvarez y Pacheco Teruel y otros, pendientes desde 2006 y 2012 respectivamente.
En particular, solicitaron que se cumplan las medidas relativas a la adopción de las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para mejorar sustancialmente las condiciones de los centros penitenciarios, adecuándolas a los estándares internacionales.
Implementar programas de capacitación al personal civil y policial de los centros penales y un programa de capacitación en derechos humanos de los funcionarios que laboren en los centros penitenciarios.
De igual manera, el abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos Joaquín Mejía recomendó a las autoridades que primero apliquen las recomendaciones realizadas por la CIDH.
Otra sugerencia del experto en derechos humanos, es que el Estado de Honduras debe cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos López Álvarez, Pacheco Teruel, entre otros que ordenan adecuar los centros penitenciarios a los estándares internacionales, a fin de prevenir situaciones críticas como las que se han presentado en reiteradas ocasiones en el sistema penitenciario del país.
Además, insistió que se debe aprobar e implementar urgentemente la propuesta de Política de Rehabilitación y Reinserción de las Personas Privadas de Libertad con Enfoque Diferenciado presentada al gobierno el año pasado por el Mecanismo Nacional de Prevención (Conaprev).
