Portada: Los transportistas son víctimas de la extorsión y ya van más de 60 de sus miembros asesinados
Tegucigalpa. – Las muertes violentas no cesan en Honduras pese a que 73 municipios y 162 barrios y colonias de la capital, Tegucigalpa y Comayagüela y San Pedro Sula, zona norte del país, se encuentran bajo un estado de excepción, medida instaurada por la presidenta de Honduras para contrarrestar la criminalidad y el delito de extorsión.
Los hechos que se han registrado, dejan consternados a los familiares de las víctimas y a la ciudadanía en general, ya que se generan en pleno estado de excepción y ante esto, algunos sectores y defensores de derechos humanos cuestionan que no se ven resultados satisfactorios.
Mirna Flores, del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), ve esta medida coercitiva y su posible ampliación con preocupación ya que para ella “son las autoridades las que dicen que está funcionando bien, pero cómo se demuestra y cómo la ciudadanía cree en eso”, cuestionó.
Esta semana, Carlos Gerardo Barahona, quien trabajaba como postproductor en un canal de televisión fue la víctima, que luego de oponerse al robo de su automóvil en la colonia Kennedy de la ciudad capital, los delincuentes le dieron muerte.
De igual manera, en otro hecho, se dio a conocer que en la colonia Divanna, de Comayagüela, un agente policial murió tras recibir varios disparos, en un enfrentamiento con miembros de una pandilla, el oficial respondía al nombre de Luis Armando Zambrano.
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MUERTES VIOLENTAS PREVALECEN EN DIEZ MUNICIPIOS
Las muertes violentas que se registraron a lo largo del 2022 fueron 3 mil 439 víctimas de homicidios, datos generados por el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), que representan una tasa 35.83 homicidios por cada 100mil habitantes.
De igual manera, el SEPOL, en su Resumen Ejecutivo Homicidios del 1 al 29 de enero 2023, señaló 221 homicidios, en comparación a enero de 2022, un indicativo que se registraron 139 homicidios menos, es decir una disminución de 38.6%.
De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, subcomisario Juan Sabillón, esta reducción de muertes violentas es gracias al estado de excepción implementado desde el seis de diciembre de 2022.
Según los datos preliminares de este informe, el 43.44% de los homicidios se concentró en diez municipios, encabezados por el Distrito Central, donde se registraron 22 asesinatos, le siguen Tocoa, Choloma, San Pedro Sula, Catacamas, Juticalpa, Puerto Cortés, La Ceiba, Yoro y Omoa.
Sin embargo, analistas son de la opinión que, aunque hay una disminución estadística de las muertes violentas, delitos como la extorsión continúan amedrentando a la ciudadanía hondureña.
En entrevista con Criterio.hn, Flores especialista en temas de seguridad mencionó que “la extorsión muta, cambia, entonces las medidas que ha tomado la Policía Nacional con el estado de excepción, hacen que se desplace de un lugar a otro”.
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FALENCIAS DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN
Si bien, el móvil de las muertas violentas, según SEPOL, varía entre la acción policial o militar, violencia de género, relacionado con drogas, robo, maras y problemas personales, la ciudadanía percibe que el Estado no genera una política que esté acompañada de los diferentes sectores de la sociedad civil para desarrollar acciones de prevención de la violencia.
El defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía, expresó a Criterio.hn “no veo el abordaje del Estado desde otros enfoques que permitan ir a las causas que generan este tipo de violencias”.
En ese sentido, en materia de seguridad pública, el Estado únicamente implementó el enfoque restrictivo a través de la intervención de policías y militares, es decir una medida represiva únicamente.
Ante esto, Nery Ordoñez, abogado y criminólogo, recordó que, en el lanzamiento del Plan integral para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos, las autoridades mencionaron la integración de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la Comisión de Bancos y Seguros (CNBS), y reformas a la Ley Penitenciaria y a la Ley de la Policía.
“Tenemos una cantidad de falencias que ninguna de esas se ha tocado” recalcó Ordoñez, quien asegura que todavía un ciudadano puede adquirir un chip para teléfono celular sin que a este se le solicite una identificación, “nadie ha bloqueado salidas de teléfonos de los centros penales”, añadió.
En ese sentido Ordoñez reflexionó “no dejemos sola a la Policía, le damos la facilidad de perseguir el delito pero no le damos herramientas”.
El estado de Excepción se aplicó en Honduras el seis de diciembre de 2020 a través del PCM 29-2022, con vigencia hasta el seis de enero, sin embargo, Castro extendió una prorroga de esta medida coercitiva mediante el PCM 01-2023 y que vence el lunes 20 de febrero de 2023.
