Tegucigalpa, Honduras.- El 75% (18 de 24) de los centros penales en Honduras ha superado su capacidad máxima de diseño para albergar a privados de libertad. Analistas consultados por este medio consideran que esta situación evidencia la mala distribución y gestión que le está dando la Policía Militar del Orden Público (PMOP) al sistema penitenciario.
De acuerdo con información que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) sube esporádicamente al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), entre los 18 centros penales que se encuentran en sobrepoblación de internos, los principales son el ubicado en Támara, Francisco Morazán; «La Tolva» en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso; y «El Pozo» en Ilama, Santa Bárbara.
El análisis de datos elaborado por Criterio.hn, basado en información oficial, refleja que la cárcel de hombres de Támara, ubicada a unos 10 kilómetros de Tegucigalpa, la capital hondureña, tiene una capacidad para albergar a 3,571 privados de libertad. Sin embargo, hasta el 9 de julio de 2024, había 4,350 internos, lo que representa un 116% de sobrepoblación (679 internos más de los que debería albergar).
El común denominador indica que la cárcel “La Tolva”, ubicada en el municipio de Morocelí, en el departamento de El Paraíso, fue diseñada para albergar a 1,400 privados de libertad, pero hasta julio albergaba a 1,747, 347 más privados de libertad, lo que representa un 124% de hacinamiento.
De igual manera, el centro penal “El Pozo”, ubicado en Ilama, Santa Bárbara, fue diseñado para albergar a 1,500 privados de libertad. Sin embargo, actualmente tiene 1,796 internos, 296 más de los que debería, lo que representa un 119% de su capacidad.
No obstante, estos tres centros penales no son el único caso de la situación compleja que enfrenta el sistema penitenciario. La misma dinámica se observa en las cárceles ubicadas en Olanchito, Yoro; Danlí, El Paraíso; El Porvenir, Atlántida; Gracias, Lempira; La Esperanza, Intibucá; Juticalpa, Olancho, y otros más que no superan los 100 privados de libertad hacinados.
Según la información oficial, el sistema penitenciario está diseñado para albergar a 13,000 privados de libertad, pero actualmente están recluidos 18,956, cifra que podría variar ya que los datos fueron proporcionados hasta el 9 de julio. Esto implica que las cárceles hondureñas, administradas por la Policía Militar de Orden Público, enfrentan un hacinamiento del 46% en comparación con su capacidad original.
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MAL HISTORICO QUE HA SIDO SUBESTIMADO
Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), opinó que el hacinamiento en los centros penales ha sido un problema histórico que ha sido invisibilizado por las autoridades, convirtiéndose en un tema de debate cada vez que se desencadenan crisis como reyertas o amotinamientos que culmina con la vida de varios privados de libertad.
“El tema es claramente ignorado por las autoridades, no solo las actuales, sino que ha sido un problema histórico. Se pronuncian cada vez que estalla una bomba, es decir, cada vez que hay un amotinamiento o riña, anuncian medidas y realizan operativos, pero nada concreto. El hacinamiento, que es un detonante, continúa”, opinó Acevedo en pláticas con este medio de comunicación.
Lo expuesto por Acevedo tiene sentido. Después de la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFSA), el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ordenó construir una cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne, ubicada en el caribe hondureño, algo que ha sido cuestionado por defensores de derechos humanos debido a las consecuencias que le puede generar al Estado.
Además, en junio de 2024, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, en su fallida lucha contra la delincuencia y criminalidad, determinó la construcción de un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) entre las zonas despobladas de Olancho y Gracias a Dios. Esta medida también ha sido rechazada por varias comunidades hondureñas, ya que la consideran una “amenaza”.
Acevedo considera que, además de ser arbitrarias, estas medidas no están orientadas a reducir la población penitenciaria ni a disminuir los índices de hacinamiento. En cambio, el objetivo parece ser ingresar a presuntos criminales capturados mediante el estado de excepción. En pocas palabras, se trata de “tener más privados de libertad en cárceles que ya están sobrecargadas”.
