Tegucigalpa, Honduras.- El 60% de los asesinatos registrados en Honduras, entre el 1 de enero y el 5 de agosto de 2024, ocurrieron en siete departamentos que han estado supuestamente intervenidos por miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA) desde marzo de 2023, tras la aprobación de la segunda fase del Plan Solución Contra el Crimen por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
De acuerdo con un análisis de datos elaborado por Criterio.hn, basado en información proporcionada por el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) de la Secretaría de Seguridad, durante el periodo mencionado se han registrado 1,401 homicidios. De este total, 836, equivalentes al 60%, se han perpetrado en zonas con presencia militar permanente.
El común denominador indica que, aunque los militares dirigen intervenciones que desobedecen lo que manda la Constitución de la República y las estrategias de seguridad se han focalizado en los principales departamentos hondureños, Cortés sigue siendo el epicentro de la violencia con 219 asesinatos. Le siguen Francisco Morazán con 199 muertes violentas, lo que equivale al 30% del total: 1,401 homicidios.
En tercer lugar, se encuentra Olancho, que en los últimos meses ha experimentado un incremento en la delincuencia, perpetrada por grupos de supuestos narcotraficantes y líderes de maras y pandillas, con 142 asesinatos, lo que constituye el 10% del total. Le sigue Yoro con 128 homicidios (9%), Colón con 87 muertes violentas (6%), El Paraíso con 51 (4%) y Gracias a Dios con 10 (1%).
Estos siete departamentos han sido intervenidos por elementos de las Fuerzas Armadas desde marzo de 2023, luego de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), aprobara la segunda fase del Plan Solución Contra el Crimen. Actualmente, este plan se encuentra en su tercera etapa.
El informe presentado por las autoridades en ese entonces, cuyas aprobaciones fueron publicadas posteriormente en La Gaceta, detalló que las Fuerzas Armadas y sus diferentes dependencias, como la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea, excepto la Policía Militar del Orden Público, tenían la responsabilidad de intervenir de manera permanente en los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios.
De manera específica, la segunda orden estableció que únicamente la Policía Militar del Orden Público tenía la labor de intervenir en Atlántida, Yoro y Copán. Sin embargo, algo cambió en cuestión de meses, ya que la PMOP no solo se desplegó en estos tres departamentos, sino también en Francisco Morazán, Cortés y Choluteca.
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INCIDENCIAS REGISTRADAS DURANTE ESTAS INTERVENCIONES
Para el actual gobierno, al igual que para los anteriores, otorgar facultades a los militares, aunque se violente la Constitución, se ha convertido en una aparente solución al conflicto. Por ejemplo, Xiomara Castro no solo los mantiene en las calles, sino que, en junio de 2023, les entregó nuevamente la administración del sistema penitenciario hondureño tras la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Por esas decisiones ‘erróneas’ ha habido consecuencias que los civiles han tenido que pagar, incluso con la vida. Por ejemplo, algunos militares, en pleno ejercicio de sus funciones y precisamente mientras ha estado vigente la intervención, han abusado de su autoridad para infundir temor entre la población y cometer varias ilegalidades, por las cuales algunos están siendo procesados judicialmente.
Criterio.hn, con base en información de la Fiscalía, expuso hace un par de meses el caso de Omar Mauricio Padilla Gotas, Josué Francisco Wichop y Juan Carlos Duarte Aguilar. Estos tres militares, durante la noche del 17 de enero y la madrugada del 18 de 2024, en un destacamento ubicado en Tocoa, Colón (departamento intervenido), supuestamente abusaron sexualmente de una joven con discapacidad psicológica.
Este hecho perpetrado por militares, al igual que otros que este medio de comunicación ha expuesto, reafirma lo señalado por el abogado constitucional Joaquín Mejía. Según Mejía, los miembros de la institución castrense no han sido ni están siendo formados para convivir con la sociedad ni con los privados de libertad, lo que los hace susceptibles a perpetrar ilegalidades a cambio de obtener beneficios.
“Los militares no deben convivir con la sociedad ni se les deben asignar tareas que deberían realizar los civiles. Los militares no ven a los ciudadanos, ellos ven enemigos porque están siendo preparados para combatir al enemigo, no para estar en las calles con la población. Son susceptibles a situaciones que puedan involucrar la comisión de delitos a cambio de recibir beneficios”, opinó el defensor de derechos humanos Joaquín Mejía.
Los recientes antecedentes que implican a los militares reavivan el debate sobre su rol en la sociedad. Surge la pregunta de qué más se necesita para que los gobiernos reconozcan que la institución castrense no está equipada ni diseñada para integrarse con la población civil. Su propósito original es luchar contra enemigos, una tarea para la cual se le prepara con recursos económicos y se le otorgan privilegios, a pesar de que esta confrontación aún no ha comenzado.
