Tomado de Pasos de Animal Grande
La corrupción y la complicidad institucional de un sistema de justicia carente de voluntad política para perseguir y castigar el delito, históricamente ha provocado elevados índices de impunidad que a la fecha mantiene sin castigo el 92% de los 75 crímenes contra periodistas y comunicadores sociales.
Estadísticas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), indican que de octubre de 2001, cuando se registró el caso de Arístides Soto a la fecha, 75 periodistas cayeron como producto de la criminalidad, pero que del total, 69 casos, equivalentes al 92% están impunes por falta de interés en las entidades operadoras de justicia. El dato incluye a periodistas, camarógrafos, operadores de radio y televisión, comunicadores sociales y dueños de medios, que manejaban programas.
A lo anterior se suma la enorme cantidad de denuncias por atentados, amenazas de muerte, destrucción y robos de equipos, intimidación y agresiones verbales y físicas, que por falta de interés tampoco se resuelven en las entidades operadoras de justicia, pese a que muchas de ellas han sido acompañadas por organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros.
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Justicia a medias
De los 75 asesinados, solo seis casos fueron resueltos mediante sentencias condenatorias para los gatilleros. Hasta ahora no se conoce que haya investigaciones para dar con el paradero de quienes ordenaron esas muertes. Comúnmente la gente se refiere a ellos como los autores intelectuales.
Y hay que destacar que entre esos seis casos resueltos a medias, cuentan aquellos que tuvieron mucha presencia en los medios de comunicación, como el del director de noticias de HRN, Alfredo Villatoro, el de Aníbal Barrow y Jorge (Jorgino) Orellana. Los demás corresponden a las muertes violentas de Carlos Hilario Mejía, empleado de Radio Progreso, Artemio Deras, de Radio La Voz de los Profetas y Héctor Medina Polanco, de Omega Visión.
Con 18 y 16 casos cada uno, los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, respectivamente se ubican como las regiones de mayor riesgo para el ejercicio de la profesión. La situación es relativa si se considera que es donde hay mayor cantidad de medios de comunicación y donde mayores intereses económicos y políticos se manejan.
El 43% de crímenes ocurren en el gobierno JOH
La Unidad de Comunicaciones (CONADEH) registra que solo en los últimos cuatro años, gobernados por Juan Orlando Hernández, en este país centroamericano, auto determinado democrático y donde los empresarios y funcionarios gubernamentales dicen vivir en paz, 32 periodistas y comunicadores sociales fueron acribillados. Esa cifra representa el 43% del total de asesinatos contra periodistas ocurridos en 16 años. Es decir, en cuatro periodos gubernamentales.
Y es que según Julio Velásquez, director de comunicaciones del CONADEH, la cadena de crímenes inicia con la muerte violenta de Arístides Soto, un periodista deportivo, de la corporación Televicentro encontrado muerto y con signos de tortura, trabado en uno de los elevadores del hotel Holiday Inc. de San Pedro Sula, el 6 de octubre de 2001 previo a la transmisión del partido de futbol entre Honduras y Trinidad y Tobago, eliminatorio para el mundial Corea-Japón 2002.
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En la línea de fuego
Pese a que en el país existe diversidad de entidades creadas en teoría para la defensa de los derechos humanos, en la última década, los periodistas se han mantenido en la línea del fuego que se desprende la corrupción y del abuso de poder que ejercen las autoridades.
Es esa razón que a diario se reportan agresiones a la libertad de prensa, amenazas, intimidación y acoso contra los periodistas y comunicadores sociales que piensan y se expresan de manera diferente a los grupos de poder. Sin embargo, ese tipo de denuncias pasa desapercibida por quienes tienen la obligación de investigarlas.
Por ejemplo: Si usted ha sido víctima de amenazas y no cuenta con el nombre completo de la persona que lo amenazó, el Ministerio Público no se la recibe, a pesar del conocimiento que ellos tienen que la mayoría de agresiones provienen de miembros del ejército y la policía, que al momento de reprimir las manifestaciones quitan los ficheros de sus uniformes. Tampoco le dicen, me llamo Jorge y vengo a darte en la cabeza.
En los últimos meses, como producto del fraude electoral, las manifestaciones populares se han incrementado y también crecieron las agresiones contra la población y los periodistas.
“Nos trataron como bestias”, dijo Rony Martínez, periodista de Une TV, el pasado 12 de enero, cuando él y sus compañeros Cesar Silva y Pedro Amador fueron agredidos por la policía y los militares.
Ellos, transmitían la manifestación de la Alianza de Oposición contra la Dictadura cuando la policía les lanzó gases lacrimógenos, para luego ser embestidos por militares que los atacaron con garrotes, patadas y empujones.
La Alianza de Oposición contra la Dictadura desconoce a JOH como presidente y exige que le entregue el poder a Salvador Nasralla, quien en las urnas habría ganado la presidencia. Y UNE TV acompaña ese clamor popular porque están convencidos de que hubo fraude.
“Cuando les dijimos que éramos de la prensa, nos sacaron a empujones y a patadas, tenemos golpes en las piernas en las pantorrillas, en la cabeza”, dijo Martínez.
En esta ocasión también fue golpeada y obstaculizada para hacer su trabajo la periodista Claudia Mendoza, corresponsal en Honduras de Univisión. Ella estaba grabando la represión contra los periodistas de UNE TV y por eso le dieron golpes en varias partes de su cuerpo. De un garrotazo le botaron su teléfono celular el que resultó con la pantalla quebrada, mientras que al camarógrafo de UNE TV le destruyeron la cámara.
No se puede olvidar que después del golpe de Estado perpetrado en junio de 2009 contra el ex presidente Manuel Zelaya Rosales, Honduras se ubicó en los primeros lugares a nivel mundial con mayor riesgo para el ejercicio periodístico. Muchos periodistas cayeron abatidos por las balas, pero es hasta ahora que se escucha la voz del Colegio de Periodistas de Honduras, CPH, haciendo mayor énfasis en situaciones que han vivido los funcionarios y dueños de los medios que representan los intereses del gobierno.
La preocupación del CPH, representado por su presidente, Dagoberto Rodríguez, se basa en los señalamientos que hace la oposición en contra de los propietarios y directores de los diarios, La Prensa, El Heraldo, La Tribuna, Televicentro, HCH y Canal 10, entre otros, que sirven como plataforma del gobierno para que mantenga desinformada o mal informada a la población.
Contrario a lo anterior, el CPH no se pronuncia por la campaña de odio que se desprende del gobierno y del Partido Nacional contra del Director de Radio Progreso, el padre Ismael Moreno, de los corresponsales de Telesur e Hispan TV, Gilda Silvestrucci y Dassaev Alguilar y de los periodistas de UNE TV, Ivis Alvarado, Cesar Silva, Rony Martínez y Jorge Aldana, de Dunia Montoya y Bartolo Fuentes de la Revista Vida Laboral, por ejemplo.
Otras violaciones
El Estado de Honduras violenta la libertad de prensa cuando el ejército o la policía impiden la libre circulación de los periodistas, quienes son sometidos a registros y hasta les niegan la entrada a eventos oficiales. El 18 de enero pasado, soldados de las Fuerzas Armadas le impidieron a Cesar Silva entrar al Congreso Nacional a darle cobertura a la sesión legislativa, donde el periodista ha trabajado por años.
Situación similar estuvo a punto de ocurrir el 03 de diciembre de 2017 con la periodista de Radio Progreso, Eleana Borjas, a quien soldados del ejército sometieron a un registro exhaustivo cuando se aprestaba a realizar su trabajo.
Otra prueba de que la situación en Honduras no está nada fácil, se pudo ver el pasado 05 de diciembre cuando las autoridades de migración retuvieron y expulsaron a tres periodistas internacionales, Reed Lindsay, de Estados Unidos; Edward Augustin, de Gran Bretaña y Jihan Hafiz, de Nueva Zelanda, quienes llegaron al país para conocer la verdad de crisis política derivada de las elecciones del 26 de noviembre, que bajo cuestionamientos de fraude dan como ganador a Juan Orlando Hernández.
Datos del Comité por la Libre Expresión (C Libre) detallan que el lunes 11 de diciembre, miembros del Ejército Nacional detuvieron al comunicador social, Josué Neptalí Rubí, quien le daba cobertura a una manifestación pacífica contra el fraude electoral, en Nacaome Valle.
Rubí, director del programa, Notivoz Estelar, de Canal 33 de San Lorenzo Valle, fue encarcelado desde las12:30 del mediodía hasta las 10 de la noche.
El comunicador denunció en una entrevista de pasosdeanimalgrande.com que fue capturado y mantenido preso en celdas policiales a pesar que informó a la policía que estaba en el ejercicio periodístico sobre lo cual las autoridades tienen conocimiento porque lo hace desde hace varios años.
El once de diciembre de 2017 los militares que reprimían una manifestación en San Marcos de Colon, en Choluteca, dispararon contra el vehículo en que se conducía la periodista, Nilda Sosa, de Canal 11 y su camarógrafo. Ellos realizaban su trabajo y de repente los militares llegaron y abrieron fuego contra los manifestantes, acción que denunciaron en la Oficina Regional del CONADEH.
Otro incidente que registró C-Libre, ocurrió contra el comunicador social, Walter Salinas, el 20 de noviembre pasado. Salinas, director del Programa de Noticias y comentarios, que se transmite en Guayape Visión, de Patuca Olancho, denunció ante el organismo haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de un activista del Partido Nacional, de nombre Francisco Rodríguez.Salinas, fue amenazado cuando llegaba al medio de comunicación para realizar su trabajo.
El 23 de enero pasado, la periodista Paola Cobos de Canal 6 llegó a una manifestación de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, comenzó a tomar fotos con su teléfono celular y como no andaba identificada un grupo de manifestantes pensó que se trataba de alguien que se había infiltrado. “agárrenla, agárrenla”, se escuchó en la multitud y ella comenzó a correr, la alcanzaron y al decirles que es periodista ellos se limitaron a revisarle su teléfono.
Pero los periodistas están claros que se encuentran en la línea de fuego, unos que por trabajar en los medios controlados por el gobierno están obligados a opinar en contra del pueblo y otros que de manera independiente y conscientes de que el periodismo no debe replegarse al poder se anteponen a las prácticas corruptas y se ubican en contraposición de la policía y del ejército. Estos son los que más se exponen a situaciones difíciles, como la experimentada por Dunia Montoya, periodista de la Revista Vida Laboral, el 01 de septiembre de 2015. Ella fue agredida por policías, cuando daba cobertura a una manifestación de pobladores de El Progreso, Yoro, que exigían encarcelamiento de los verdaderos responsables del robo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
En la brutalidad policial Montoya resultó con fracturas en uno de sus brazos y le destruyeron su equipo de trabajo. En esa misma ocasión los agentes también agredieron Eddie Andino, de Canal 6, a Gerardo Chévez, de Radio Progreso y a Román Paz, de Campus TV.
Inaceptable persecución del CPH
“Los periodistas deben estar siempre contra el poder o por lo menos criticándolo”, dice Jorge Ramos en su libro, A la Caza del León.
Sin embargo, Honduras está lejos, porque al parecer los dueños de medios en sus contratos con el Estado y con la empresa privada incluyen la conciencia y el pensamiento de los directores, jefes de redacción y periodistas.
Es por eso, que no es extraño que el Colegio de Periodistas de Honduras,(CPH), defienda a los medios parcializados con el gobierno y colabore en acallar a los periodistas que denuncian la corrupción.
En noviembre de 2017, el CPH amenazó con querellar al personal del periódico digital, Criterio hn, por denunciar la corrupción histórica en el Instituto de Previsión del Periodista, (IPP).
En su reportaje del 31 de octubre de 2017, Criterio-hn afirma que desde 1987 los directivos del CPH han manejado más de 300 millones de lempiras sin control del gasto administrativo en detrimento de las pensiones de los afiliados. Y es esa razón, por la que según la directora del medio, Emy Padilla, fueron amenazados por el CPH.
Lo querella su patrón
Efrén Bonilla, periodista que lucha por el pago de las prestaciones de 288 empleados despedidos ilegalmente por Diario Tiempo, entre ellos decenas de periodistas, fue demandado por su patrón, Carlos Rosenthal y en un juzgado penal tuvo que pedirle disculpas para evitar ir a la cárcel.
A Bonilla lo demandó por difamación Carlos Rosenthal, director del diario por haber dicho en una manifestación pública, que su patrón era el dueño de Editorial Honduras y que era testaferro de la familia Rosenthal.
Diario Tiempo cerró operaciones del periódico impreso cuando varios miembros de la familia Rosenthal fueron acusados de cometer delitos en Estados Unidos y la Oficina Administradora de Bienes Incautados,(OABI,) les aseguró varias empresas. No pagó salarios ni prestaciones de los trabajadores por lo que ellos realizaron acciones para exigir sus derechos.
Organismos internacionales
La difícil situación que vive la prensa en Honduras ha comenzado a calar en los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras,(OACNUDH), entidades que ya se han pronunciado por las amenazas y hostigamientos que sufren no solo los periodistas sino también defensores de derechos humanos en el contexto post-electoral.
En tal sentido, estos organismos le han solicitado al Estado de Honduras tomar las medidas adecuadas para garantizarles la libertad que requieren los periodistas para hacer su trabajo.
De igual manera, instan que las autoridades investiguen las denuncias por agresiones, intimidación y amenazas que se han registrado antes y después del cuestionado proceso electoral. El llamamiento incluye la investigación de las campañas de difamación y estigmatización de periodistas a través imágenes impresas que circulan en las redes sociales.
Además, la CIDH y la OACNUDH plantean la necesidad de dotar de los recursos necesarios al Mecanismo Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia para funcione adecuadamente.
Otro organismo internacional que se ha pronunciado por violaciones a libertad de prensa en Honduras, es la Sociedad Interamericana de Prensa, (SIP). El ente condenó la prohibición de ingreso a Honduras “de tres periodistas internacionales y el ambiente hostil contra reporteros y trabajadores de medios que cubren las protestas tras las polémicas elecciones presidenciales”.
Gustavo Mohme, presidente de la SIP y director del diario La República, de Lima, Perú, dijo que la situación en Honduras es contraria a lo que debe regir en una sociedad democrática y la calificó como de un asunto de interés nacional e internacional.
Sostuvo, que los periodistas freelancers estadounidenses Jihan Hafiz y Reed Lindsay, y el británico Ed Augustin, viajaron el 04 de diciembre a Honduras para cubrir la crisis política por los resultados de las elecciones presidencial del 26 de noviembre y las denuncias de fraude y que los tres periodistas fueron retenidos durante 24 horas en el Aeropuerto Internacional Toncontín sin que las autoridades migratorias explicaran la razón de su deportación del país al día siguiente.
¿Y los ente nacionales, qué?
En Honduras funciona diversidad de organismos creados por el gobierno para la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el país sigue registrando niveles elevados de impunidad y violación a estos derechos.
Nadie se explica por qué en la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos todavía están pendientes de resolver innumerables violaciones de los derechos humanos denunciadas por periodistas y comunicadores sociales de todo el país en el 2009 y años posteriores, contenidas en los informes del CONADEH y demás organismos nacionales y extranjeros.
Para cumplir un compromiso internacional, Porfirio Lobo, en su gobierno creó la Secretaría de Derechos Humanos, no la dejaron trabajar y al llegar al poder Juan Orlando Hernández, la cerró. Sin embargo, a manera juego, el mismo presidente, declarado reelecto ilegalmente y acusado de robarse las elecciones, reabre la entidad y ha nombrado a Karla Cueva, como la nueva secretaria de derechos humanos, acción que realiza en momentos en que las fuerzas represoras del Estado reprimen al pueblo que exige la salida del mandatario.
En otro sentido, para cumplir otro compromiso internacional, también se creó el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, pero de esta institución es poco lo que se puede decir debido a que hasta hoy no es capaz ni de manejar al día las estadísticas de violación a los derechos humanos.
Ante tal situación, en las ciudades y pueblos de Honduras, donde el estado de derecho brilla por su ausencia, los periodistas y comunicadores sociales están en indefensión, pese a que diversas naciones del mundo le han recomendado a las autoridades crear mecanismos capaces de contrarrestar las amenazas, que no solo provienen del crimen organizado sino también de la empresa privada y funcionarios del gobierno, incluida la Policía y del Ejecito.
Los Muertos
En octubre pasado, en Santa Rosa de Copan, murió tiroteado, el comunicador social, Osmín España, conocido como el Payasito Pinpín. Él era el conductor del programa de televisión “El Show del Príncipe”, donde mezclaba el humor con la crítica a los problemas sociales.
Ver los 75 periodistas asesinados 2001-2017
A la una de la tarde del miércoles 04 de octubre, en la colonia Osorio de Santa Rosa de Copan, Pinpin fue encontrado con heridas de bala en su cabeza, fue trasladado al hospital de Occidente pero los médicos recomendaron llevarlo a San Pedro Sula para una intervención quirúrgica. Un día después, este comunicador social fue declarado muerto en el hospital Nacional Mario Catarino Rivas. Con él ya suman cinco los periodistas asesinados en aquella región.
El 13 de septiembre en Omoa Cortés murió asesinado William Flores, director del programa, sin pelos en la lengua, de Canal 22. El comunicador social fue tiroteado por desconocidos que se transportaban en motocicleta, en el sector de Santa Isabel.
En su programa trataba varios temas, pero mantenía una posición crítica hacia las empresas dedicadas a la siembra de zacate y palma africana para la generación de energía eléctrica. Se ha informado que en Cuyamel, Cuyamelito y en las cercanías del Rio Motagua, estas compañías han deforestado miles de hectáreas de bosque.
El crimen no ha sido investigado, pero irresponsablemente la policía relacionó el hecho con la pelea de territorio por venta de drogas y destacaron que el periodista era el dueño de un billar, donde meses atrás mataron a un policía.
El 15 de junio, en el barrio La Gloria de La Ceiba Atlántida, frente a su casa, fue ultimado el comunicador social, Víctor Fúnez, director del programa televisivo, Panorama Nocturno, de Canal 45.
La muerte del comunicador se rodea de un misterio luego que varios medios dieran a conocer que la hermana del periodista, Melissa Fúnez, responsabilizaba del crimen al alcalde de La Ceiba, versión que horas más tarde fue descartada por la esposa del comunicador asesinado.
Por el crimen, la policía capturó a Alvaro Euceda, conocido en la ciudad, como El Pájaro, lo presentaron como el autor material y el detenido aceptó haber matado a Fúnez por problemas personales, pero al día siguiente reveló que se había hecho cargo del delito porque en la policía lo obligaron a inculparse. “Me golpearon” expresó.
Víctor Fúnez era parte de los dueños del canal y además aspiraba convertirse en diputado del Congreso Nacional en las planillas el Partido Nacional, instituto político al que también pertenece el edil ceibeño.
El 17 de enero de 2017 en San Pedro Sula, fue asesinado el periodista, Igor Padilla, quien laboraba para el canal de televisión, Hable como Habla,(HCH). Padilla realizaba la grabación de un comercial en la fábrica de peluches Fabrika, del barrio Suyapa y recibió la llamada de una mujer, salió para atenderla y fue acribillado por hombres vestidos de policías que se conducían en un turismo color blanco.
La policía detuvo a 17 supuestos miembros de la pandilla 18, incluido Cristian Ariel Calix Hernández (Litlle Sam), de quien las autoridades decían que estaba en la cárcel de máxima seguridad “El Pozo”, sin darse cuenta que desde el 24 de noviembre de 2016 estaba libre bajo fianza.
Por el crimen solo fueron acusados dos supuestos autores materiales, Aaron Alejandro Aguilar (El Sufrido), David René Benitez (Hellboy), al resto de detenidos los acusaron de otros delitos, mientras que Marta Yolanda Ortez, alias La Gorda, de quien se hijo que hizo la llamada, fue dejada en libertad.
A la lista de periodistas asesinados en 2017, también se suma el camarógrafo de HCH, Edwin Rivera Paz, asesinato en Tijuana, México. Él trabajaba con Igor Padilla y huyó de Honduras después del crimen de su compañero. Un periódico digital mexicano informó que Rivera Paz fue perseguido por ocupantes de dos motocicletas que le dispararon en varias ocasiones.
Aparte de esas muertes, el CONADEH también registra al menos 30 periodistas y comunicadores sociales que en el 2017 reportaron haber sido víctimas de robos, asaltos y atentados criminales, mientras que el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a septiembre de 2017 reporta 129 solicitudes de protección atendidas, en las que se cuentan 26 de periodistas y 7 de comunicadores sociales.
El periodismo en Honduras
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Informes de diversos organismos de derechos humanos, coinciden en que el golpe de Estado ejecutado en junio del 2009 desató la ola de violencia contra los periodistas y comunicadores sociales que cubren las acciones de la población en demanda de justicia y que protesta por la corrupción en el país.
Antes del golpe de Estado en Honduras solo se habían registrado cuatro asesinatos de periodistas. Arístides Soto, en el 2001; Germán Rivas, en el 2003, Carlos Salgado en el 2007 y Fernando González en el 2008.
Ya para el 2009, cuando la gente sale a protestar por el rompimiento del orden constitucional, la violencia alcanza niveles exagerados y el ataque contra este gremio se incrementa. En este año fueron asesinados, Bernardo Rivera Paz, Rafael Munguía, Osman Rodrigo López y Gabriel Fino Noriega.
Cabe decir que en el 2009 y bajo el régimen de Roberto Micheletti, surgido con el golpe de Estado, se desarrollaron las elecciones generales y resultó electo presidente, Porfirio Lobo Sosa, a quien la resistencia no reconoció y desarrolló innumerables manifestaciones. La prensa estaba allí, y como siempre, unos a favor y otros en contra.
Lobo recibió la presidencia en enero de 2010 y en este año la lista de periodistas asesinados subió de cuatro a doce. Nicolás Asfura, Joseph Hernández, David Meza, Nahúm Palacios, Bayardo Mairena, Manuel de Jesús Juárez, Luis Chévez Hernández, Jorge (Jorgino) Orellana, Carlos Humberto Salinas Midence, Luis Arturo Mondragón, Israel Díaz Zelaya y Henry Orlando Suazo.
En el 2011, segundo año de gobierno de Lobo Sosa, comparado con el año anterior, la cifra bajó de doce a seis. Y en este periodo fueron asesinados, Héctor Francisco Medina Polanco, Luis Mendoza, Adán Benítez, Nery Jeremías Orellana, Medardo Flores y Luz Marina Paz.
La falta de investigación y judicialización de todos esos asesinatos, provocó que en 2012, tercer año de gobierno de Lobo Sosa, volvieran a incrementarse los asesinatos de periodistas. De seis, la cifra subió a nueve, Zaira Fabiola Almendares Borjas, Fausto Elio Valle Hernández, Noel Alexander Valladares, Erick Alexander Martínez Ávila, Ángel Alfredo Villatoro Rivera, Adonis Felipe Gutiérrez Bueso, José Noel Canales Lagos, Julio César Cassaleno, Ángel Edgardo López Fiallos.
El 2012 fue año político para las elecciones internas de los partidos y donde hubo polarización, como la desatada entre el Partido Nacional donde Miguel Pastor y Ricardo Álvarez señalaron a Juan Orlando Hernándezde corrupto y de haberles robado las elecciones.
En el 2013 la ola delictiva contra los periodistas se vuelve imparable y le quitan la vida a Celín Zelaya Acosta, José Alfredo Osorto Barahona, Aníbal Barrow, Manuel de Jesús Murillo Varela, Carlos Mauricio Flores Hernández y Juan Carlos Argeñal Medina.
De igual manera, en el 2014, primer año de gobierno de Juan Orlando Hernández, diez periodistas cayeron abatidos, José Roberto Ugarte, Carlos Mejía Orellana, Hernán Cruz Barnica, Oscar Antony Torres Martínez, Luis Alonso Fúnez Duarte, Herlyn Iván Espinal Martínez, Nery Francisco Soto Torres, Dagoberto Díaz Suárez, Dorian Argenis Ortez Rivera y Reinaldo Paz Mayes.
En el 2015 fueron asesinados, Juan Carlos Fernández, Erick Geovany Arriaga Casco, Artemio Deras Orellana, Cristel Joctan López Bermúdez, Franklin Johan Dubón, Juan Carlos Cruz Andara, Deibi Adalid Rodríguez, Joel Aquiles Torres, Adelmo Cortez, Nelson Enrique Salinas. Y en el 2016 murieron asesinados, Marlon David Martínez Caballero, Dorian Hernández, Elmer Cruz y Henry Roberto Reyes Salazar.
Atentados
Los periodistas en Honduras también son víctimas de atentados criminales, como el ocurrido el 24 de agosto de 2017 contra del director del periódico, El Libertador, Jhonny Lagos y otro del que también fuera víctima el 02 de mayo de 2016, Félix Antonio Molina, conductor del programa de radio “Resistencia”, y asesor técnico de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras,(AMCH).
Tanto Félix como Lagos, mantienen posiciones críticas contra los abusos de poder del gobierno y de la corrupción que campea en Honduras y es por eso que en repetidas ocasiones han sido víctimas de situaciones difíciles. Molina debió abandonar el país y se mantiene en el exilio.
En el caso particular de Lagos, después del golpe de Estado, él, su medio y sus compañeros periodistas han sido blanco de ataques sistemáticos. Y aunque la policía ha querido vincular su atentado con el robo, los antecedentes evidencian que todo sucedió con relación al ejercicio de su profesión.
Lagos y su esposa, Lurbin Yadira Cerrato, fueron atacados a tiros cuando salían del centro de trabajo. La mujer resultó con una herida leve y el periodista solo pudo salvar su vida tirándose al piso. Uno de los atacantes le gritó a otro» pégale en la cabeza, rematá a ese hijo de la gran puta». El hecho ocurrió a tempranas horas de la noche.
Y Félix Molina, recibió dos impactos de bala en sus piernas cuando se transportaba en un taxi por el bulevar Morazán de Tegucigalpa.
De igual forma, otros periodistas, camarógrafos, fotógrafos y comunicadores sociales, como, Fidelina Sandoval, Geydy Arriaga, José Ramón Maldonado, Antonio “Tony” Quintero, Virgilio Núñez, José Corea, Nery Adalberto Recarte, Juan Carlos Cabrera Cruz, Elías Javier Chaín, Joel Coca, Jorge Salvador Cabrera Alfaro, Amalia Rivera, Erick Mairena, Ariel D’ Vicente, Héctor Antonio Madrid, Joseph Cruz, Salomón Salguero, Jeovanny Castro, Pablo Matamoros, Kenia Arias, Ricardo Matute y René Alberto Ortega, reportaron en distintos momentos haber sufrido atentados.
