Directivos de periodistas hacen piñata con los fondos de pensiones

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El despilfarro de los fondos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) y la arbitrariedad por parte de los directivos del ente al cambiar la fórmula de cálculo de las jubilaciones, son en gran medida la causa de las míseras pensiones de los comunicadores en Honduras.

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Los directivos del ente –en operaciones desde 1987 y con más de 300 millones de lempiras administrados– no han seguido las más mínimas normas de control del gasto administrativo y derrocharon cantidades desproporcionadas por este concepto, en detrimento de las pensiones de los afiliados.

Descargue aquí los gastos: Ingresos y gastos de 1995 a 1987  Ingresos y gastos de 2003 a 1996

Gastos de administración y obligaciones patronales y derechos laborales

La gerencia del IPP ha erogado cantidades exorbitantes en  gastos administrativos, lo que sumado a decisiones arbitrarias de los directivos del ente sobre la fórmula para calcular las pensiones, se traduce en ofertas de pensiones de mil lempiras, como la que el gerente Nelson Omar Calderón, le hizo al veterano periodista Mario Valladares, según el afectado.

Estas decisiones son parte de una serie de resoluciones adoptadas por los directivos para disminuir los beneficios a que tienen derecho  los afiliados activos y pasivos, establecidos en la ley de creación del IPP.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en su normativa para operar un instituto de previsión de manera “eficiente y óptima”, ha establecido en su última resolución que los gastos administrativos no deben sobrepasar el ocho por ciento de los ingresos por  aportaciones patronales y contribuciones de los afiliados. Anteriormente, tenían establecido el 10 por ciento.

Pero los directivos del IPP han obviado totalmente estas normas de control del gasto, y han derrochado en la última década –2007 a 2016 – en costos de administración 46.8 millones de lempiras. Si hubiesen acatado la normativa de la CNBS, este gasto habría sido de 6.5 millones de lempiras, es decir que se excedieron en 40.3 millones, aplicando la norma de 10 por ciento.

De manera que la gerencia del ente se ha gastado en ese período más de un 600 por ciento, de lo que debió destinar  al rubro de administración.

El gasto desbordado del IPP, es una constante desde el inicio de sus operaciones en 1987 hasta 2016, al derrochar en ese período 67.9 millones de lempiras, sin incluir el costo de depreciación de 4.8 millones de lempiras, para administrar 213 millones de lempiras, lo que es oneroso para el sistema de pensiones de los periodistas.

Los directivos del IPP, de manera sistemática, han evadido la supervisión de sus operaciones por parte de la CNBS, siendo el único sistema de pensiones en Honduras que nunca ha sido auditado por este organismo, aunque el actual presidente de junta directiva, Dagoberto Rodríguez, jura que los fondos del ente se manejan con “manos limpias”.

El hecho de que el IPP no pueda reducir sus gastos administrativos, dentro del parámetro del 8 o el 10 por ciento fijado por la CNBS, sumado a la ausencia de disciplina y una administración sana de los recursos, evidencia la inviabilidad financiera del ente, que apenas tiene 153 afiliados activos y unos 60 jubilados.

Esta norma de control del gasto administrativo es cumplida por los institutos de previsión de los empleados públicos, maestros, militares y el de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

En varios de los estados financieros anuales del IPP (sin auditoría confiable), disponibles en el sitio web colegiodeperiodistasdehonduras.hn, se describe como “gastos operativos” lo que en las resoluciones de la CNBS se grafica como gastos administrativos.

GASTAN A MANOS LLENAS

En el Informe de Estado Financiero del 2013 del IPP, se señala que ese año se destinó 4, 980,557.93 lempiras al pago de sueldos y salarios, décimo cuarto mes, aguinaldos, bonificaciones, vacaciones, derechos laborales y obligaciones patronales, gastos por atenciones y sesiones de junta directiva, gastos de viaje y servicios profesionales y técnicos.

Y también al pago de servicios públicos de agua, teléfono, electricidad, servicios de encuadernación, mantenimiento y reparación ordinaria de edificios, líneas eléctricas y compra de materiales y suministros de oficina.

Ese año el IPP debió destinar a los gastos administrativos, 703,116.522 lempiras, que corresponde al 10 por ciento de los 7,031,165.22 lempiras captados por el ente en concepto de aportaciones patronales y contribuciones de los afiliados, según las normas de control del gasto administrativo aconsejadas por el organismo especializado.

“El gasto administrativo es desorbitado, excesivo para un sistema tan pequeño con tan pocos afiliados, esos costos lo ahogan y hacen imposible que puedan ofrecer mínimamente una pensión digna a los periodistas”, dijo a Criterio.hn un actuario que analizó los datos de la administración del IPP.

En los informes se describe la mayoría de recursos destinados a este rubro, como gastos de administración y obligaciones patronales y derechos laborales.

Aunque parezca increíble, los mismos informes financieros del IPP muestran que en el año 2013 el gasto administrativo – 4, 980,557.93 lempiras– fue mayor a lo que se pagó por concepto de beneficios a los usuarios del sistema, cuyo monto fue de 4, 834,916.95 lempiras. 

Los datos anteriores indican que unos diez empleados que operan el sistema previsional de los periodistas se engullen más de lo que se paga en beneficios para un promedio de 200 afiliados del sistema.

Y es que los directivos del IPP erogan grandes cantidades de dinero para sostener una planilla salarial de empleados que en el año 2016, consumió 3,590,935.00 lempiras, los que  se destinaron en un 33 por ciento al pago del salario del gerente, según información a la que accedió Criterio.hn.

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El gerente Nelson Omar Calderón, que ofreció al periodista Mario Valladares una pensión de 1.000 lempiras, devenga un salario de 81.000.00 lempiras, por lo que anualmente el IPP destinaría a su pago 1,215.000.00 lempiras, sin incluir bonificaciones y viáticos.

El salario de Calderón, gerente del instituto desde su fundación  en 1987, es mayor que el de su similar en el Instituto de Previsión Militar (IPM), que según el último estado financiero de 2016 era de 76,625.00 lempiras y el del Instituto de Previsión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH) de 75.000.00 lempiras.

Pero el IPM cuenta con 41.115 afiliados y 3,135.00 jubilados y opera activos por 17, 638, 255,947.48 lempiras; y el INPREUNAH registra 6.475 afiliados, 1.438 pensionados y dispone de 3, 394,111.514 lempiras en activos.

El IPP dispone de apenas 155.6 millones de lempiras en activos, menos de 153 afiliados activos y unos 60 jubilados.

Descargue aquí: Recursos captados por el IPP de 1987 a 2013

ASOMBROSO DESPILFARRO

El despilfarro de los fondos en gastos administrativos causa más asombro tras la revelación del presidente de la junta directiva del IPP, Dagoberto Rodríguez, quien en recientes declaraciones en la emisora HRN, dijo que “desde la pasada administración” – de 2015 en adelante cuando el presidente era Eduin Natividad Romero – “los fondos de todos los periodistas afiliados al Instituto de Previsión Social del Periodista están depositados en un fondo privado de pensiones”.

“Ni el Colegio de Periodistas ni el Instituto de Pensiones de los Periodistas está manejando una masa de dinero, todo ese dinero está depositado en una AFP”, aseguró Rodríguez.

El periodista Gustavo Palencia, quien desde el año 2015 requiere información sobre las operaciones del IPP, comentó a Criterio.hn que “cómo es posible que se gasten más de 5 millones de lempiras en 2015 y casi 5 millones en 2016 en su mayoría en gastos de administración, si como dice Dagoberto Rodríguez, todo el dinero del IPP está depositado en una AFP”.

“Si el dinero está en bancos o en la AFP, por qué gastarse tantos fondos en gastos de administración, qué van administrar, si casi todo lo opera el banco, y por qué estar pagando 81.000 lempiras a un gerente para que traslade o retire fondos de un banco si, como dicen, los fondos están colocados a nombre de cada afiliado”, agregó Palencia.

Cifras del IPP muestran que en el año 2015 y 2016 se destinaron 5, 180,679.19 y 4, 901,458.69, respectivamente, en “gastos corrientes”, pero realmente se trata en su mayoría de gastos administrativos.

Los directivos y la gerencia del IPP, como si se tratara de una empresa privada en gran bonanza, desde 1979 y de manera retroactiva a 1987, pagan a sus ejecutivos y empleados las prestaciones laborales, anualmente.

El ente de pensiones de los periodistas, es el único en Honduras que paga las prestaciones adelantadas a sus funcionarios y empleados, con lo que están descapitalizando el sistema.

La práctica del pago de prestaciones laborales anualmente, es común en el caso de las organizaciones no gubernamentales debido a que operan a partir de donaciones y no está garantizada su sobrevivencia sin financiamiento, lo que no ocurre con un ente de pensiones que se supone tiene una duración indefinida dada su actividad  de seguridad social.

Los otros sistemas de pensiones pagan las prestaciones a sus empleados cuando termina la relación laboral y el despido es injustificado, por lo que no se han descapitalizado año con año drenando sus recursos como ocurre en el IPP, siendo el gerente el más beneficiado por su millonario salario

MÍSERAS PENSIONES

Este gasto desmesurado en costos administrativos en el IPP, contrasta con las míseras pensiones que reciben los periodistas, que oscilan en su mayoría entre 3.000 y un poco más de 4.000 lempiras, que incluso son  menores o iguales a las del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), aunque la cotización en el ente de los periodistas, ha sido siempre de 10 por ciento para los patronos y se aumentó la cotización del afiliado de 3.5 en 1999 y paulatinamente alcanzó a 9 por ciento sobre el salario mínimo del periodista, que es de 16,215 lempiras, actualmente.

En el IHSS la cotización del trabajador es de 3.5 por ciento sobre un salario mínimo de obrero, y de 7 por ciento para el empleador sobre el mismo emolumento. El salario mínimo de un obrero anda en poco más de 8.000 lempiras.

A Valladares, que cotizó más de 20 años, le ofreció Calderón 1.000.00 lempiras como pensión –aunque le correspondían más de 5.000 lempiras–, debido a una arbitraria forma de calcular el monto de las jubilaciones que va en detrimento de los afiliados.

A las pobres pensiones se sumó desde el año 2015, la oferta en el IPP de un contrato para un Fondo de Pensiones con el Banco Atlántida, al que se traslada únicamente la aportación personal, lo que constituiría el fondo de retiro, reteniendo las aportaciones de los empleadores, del Estado y las utilidades de las inversiones.

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El IPP captó entre 1987 y 2013, unos 26.8 millones de lempiras por las contribuciones de los afiliados, 56.6 millones de las aportaciones de las empresas empleadoras, 53.2 millones de lempiras de las aportaciones estatales y 124.3 millones de lempiras por las utilidades.

Por tanto, la pensión de los periodistas se debe financiar con las cuatro fuentes de recursos del sistema y no sólo con las contribuciones de los periodistas afiliados, según lo establece la ley de creación del ente.

QUITAN TODOS LOS BENEFICIOS

Los directivos del IPP y su gerente, además de pagar míseras pensiones a los periodistas jubilados, y pretender mediante un contrato con una AFP privada convertir la pensión en un fondo de retiro constituido únicamente con parte de los aportes del sistema, también violentan la ley al eliminar el beneficio de una pensión vitalicia por invalidez, cambiándolo por el pago de un seguro de vida.

Descargue aquí: Resolución del IPP modificando pension por invalidez   LEY IPP pensión por invalidez

La ley del IPP establece que la pensión por invalidez es una renta mensual de por vida y en un monto similar al de la jubilación, pero en una resolución arbitraria de los directivos se establece que “será un seguro de vida contratado con una compañía aseguradora”, que en el caso de quienes cotizan con base al salario mínimo del periodista, de unos 16.215 lempiras, será de 437.000.00 lempiras.

Esta suma sería pagada al periodista inválido en un período de 24 meses, según un contrato al que tuvo acceso Criterio.hn, pero sólo la entregan si el afectado ha cotizado 240 cuotas continuas – 20 años –, de manera que si la invalidez ocurre antes de estos 20 años, el afiliado no tiene derecho a recibir nada, quedándose en la indigencia.

Con esta arbitraria resolución, los directivos del IPP eliminan un beneficio establecido en la ley y se apropian del fondo de pensión vitalicia al que tiene derecho un afiliado en condición de invalidez.  Al pagar correctamente una pensión de 10.000.00 lempiras por invalidez, si el periodista viviese 10 años, la erogación sería de 1.4 millones de lempiras y si fueran 20 años, de 2.8 millones lempiras.

Los periodistas son afectados también porque para recibir un pago por incapacidad laboral, tienen que concurrir dos hechos: que el afiliado labore en el ejercicio de la profesión con un empleador declarado que esté al día con el pago del 10 por ciento sobre el salario del afiliado y que el periodista se encuentre al día con sus cotizaciones personales.  

La exigencia de estas dos condiciones permitiría a los directivos del IPP no pagar el beneficio de la incapacidad laboral a los afiliados que trabajan de manera independiente, sin un empleador declarado, pero que cotizan al sistema asumiendo la aportación patronal y personal.

En su política de restarle beneficios a los afiliados, la Junta Directiva del IPP ha llegado al extremo de inventarse su propia definición de “cónyuge”, término que definen así: “la esposa del afiliado producto del matrimonio legalmente reconocido por el Estado de Honduras”. El diccionario de la Real Academia de la lengua española define el vocablo “cónyuge” así: “Persona unida a otra en matrimonio”.

 El propósito de esta tergiversación de lo que significa “cónyuge” es no pagar las prestaciones médico hospitalarias a que tiene derecho el esposo de una mujer periodista, violentando lo establecido en el artículo 41 del Decreto 190-85.

SE QUIEREN QUEDAR CON TODO

En todos los sistemas de previsión social de Honduras se prevé la devolución del retiro de las contribuciones de los afiliados, cuando estos suspenden sus aportaciones al perder su empleo o ver recortados sus ingresos, pero en el IPP se niegan a entregar estas contribuciones a los afiliados que tienen menos de 20 años de cotizar al sistema.

Los directivos alegan que en el IPP “no existe el beneficio por retiro” para no devolver estos dineros, que sumarían varios millones de lempiras. Pero la ley del IPP no prohíbe la devolución de estas aportaciones, así que están obligados a entregar esos fondos, aseguran profesionales del derecho.

“Lo que la ley no prohíbe lo permite, así que tendrían que devolver esos dineros”, comentó a Criterio.hn un experimentado abogado, que pidió el anonimato.

El IPP llegó a registrar unos 600 afiliados, activos, por lo que sería una importante cantidad de periodistas que tendrían derecho a la devolución de sus aportaciones, que descontinuaron por incapacidad económica para pagar.

Palencia comentó que “pareciera que el IPP no tiene los fondos para cumplir con los derechos de los periodistas afiliados y con subterfugios se niegan a pagar pensiones dignas y todos los beneficios establecidos en la ley”.

Los directivos del IPP se han negado de forma reiterada a entregar información sobre las operaciones financieras, y a someterse a una auditoría de la CNBS. Se niegan a entregar los dos últimos estudios actuariales del sistema, las dos últimas auditorías y las actas de otorgamiento de créditos.

El ex presidente de la junta directiva del IPP, Eduin Natividad Romero, incluso fue sancionado con una multa de 8.000.00 lempiras por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública al negarse a entregar información sobre las finanzas del ente al periodista Gustavo Palencia.

Dagoberto Rodríguez ahora gasta el dinero de los afiliados pagando abogados que presentan recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para no entregar información de la institución,  a lo que está obligado, debido a que el IPP capta transferencia de fondos estatales.

El colmo de la tenaz negativa de los directivos del IPP a volver transparentes sus manejos administrativos y financieros, es la decisión que tomaron de renunciar al beneficio de exención del pago de impuestos, al que tienen derecho todos los institutos de previsión social. 

La abogada Emy Claudet Asfura, actuando como representante procesal administrativo del IPP, en un recurso de revisión rechazó que el Instituto de Previsión Social del Periodista esté en la categoría de institución obligada legalmente por la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, y, entre otros argumentos, expuso lo siguiente:

“En relación con la exoneración del pago de impuestos, la ley orgánica del Instituto de Previsión Social del Periodista no dispone expresamente exoneración alguna por este concepto. La legislación tributaria exime a las entidades de previsión del pago de impuestos, pero no la Ley Orgánica del Instituto de Previsión Social del Periodista, razón por la cual es deber de esta entidad someterse al régimen especial del pago de impuestos al Estado”.

El IPP, en su liquidación presupuestaria del año 2016 consignó por primera vez desde que inició operaciones en 1987, el pago de 208,212.24 lempiras en concepto de “pago de impuestos”.

Ningún instituto de previsión social ha renunciado a este beneficio otorgado por el Estado, solamente el IPP.

Esta decisión de los directivos periodistas busca, nuevamente, evadir la rendición de cuentas y el transparentar sus operaciones.

Pero por si esto fuera poco, los directivos del IPP desde el año 2014 desistieron de requerir al Estado la transferencias de fondos establecida en la ley del ente, que sumaría al 2017, 3.7 millones de lempiras, tratando de evadir la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).