Tegucigalpa. La violencia contra las mujeres cada día registra un aumento en Honduras, el problema es permanente, inicia con violencia física, verbal y psicológica y lamentablemente muchas veces se agudiza hasta llegar al femicidio.
El Observatorio del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), refiere que el Ministerio Público (MP) recibió 4,927 denuncias por violencia contra la mujer en los primeros seis meses de 2022. De ese total, el 33% corresponde a violencia sexual.
Por otra parte el CDM informó que a través de la línea oficial de emergencia 911 se recibieron 19,552 denuncias por violencia doméstica y 3,176 denuncias por el mismo delito en el MP.
Este mismo Observatorio registra que dentro de los tipos de violencia contra las mujeres, en el mismo periodo hay un 1% de violencia doméstica, 15% violencia doméstica patrimonial, 35% de violencia doméstica física y 49% por violencia doméstica psicológica.
Esta situación alarma a feministas y defensoras de derechos humanos, porque aseguran que el tema de mujeres no es prioridad en este gobierno como tampoco lo ha sido en los gobiernos anteriores.
La Mesa de Derechos Humanos también mostró su preocupación en una manifestación realizada frente a Casa Presidencial, a la vez, los miembros de esta instancia urgen al Estado hondureño para que realice las acciones pertinentes e integrales para salvaguardar la vida de las mujeres, porque consideran es una deuda histórica en el país.
La coordinadora del Observatorio de CDM, Helen Ocampo, dijo a Criterio.hn que de nada sirve registrar estas denuncias si no hay justicia para las mujeres, “por eso siempre exigimos que se tomen acciones lo más pronto posible y que resuelvan la mora judicial que tienen con nosotras”.
Recordó que, según datos del MP, en el 2021 se registraron 318 muertes violentas de mujeres, sin embargo, para el 2022 el Observatorio del CDM ya registra a la fecha 263 casos.
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La criminóloga Seyda González, en entrevista con Criterio.hn lamentó que la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres queden impunes porque no se sigue el debido proceso que requiere la investigación de estos delitos y muchas veces porque las mujeres temen interponer denuncias porque tampoco se protege la integridad física de la víctima.
Otro tema que preocupa a las mujeres es la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo PCM 29-2022 que da vida al estado de excepción, que inició el 6 de diciembre y termina el 6 de enero de 2023.
El estado de excepción ha sido rechazado por organizaciones feministas, mujeres y poblaciones LGTBIQ+ que recuerdan las vulneraciones a derechos humanos durante el periodo postgolpe de estado, cuando se suspendieron las garantías constitucionales y temen que esos escenarios se repitan con la medida adoptada por el gobierno de Xiomara Castro que busca reducir la criminalidad en Honduras.
ESTADO DE EXCEPCIÓN TAMBIÉN VULNERA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
La abogada y defensoras de derechos humanos, Kenia Oliva, en conversación con Criterio.hn, apuntó que el estado de excepción impuesto en los últimos días, vulnera más a las poblaciones invisibilizadas.
Agregó que, las mujeres continúan siendo violadas y abusadas por parte de elementos policiales y el actual estado de excepción puede permitir que estos abusos contra las mujeres sigan perpetuándose.
Misma opinión tiene la criminóloga González, quien manifestó que el estado de excepción interpuesto por la presidenta Xiomara Castro, violenta y pone en riesgo los derechos humanos de todos los hondureños que no tienen ninguna relación con bandas delincuenciales.
“Podemos asegurar que no se le está dando persecución a las estructuras criminales porque estas estructuras ya están distribuidas en 14 departamentos a nivel nacional, lo único que están haciendo con esto es violentando las garantías constitucionales que nacen con cada hondureño”, dijo González.
Organizaciones de mujeres defensoras de derechos humanos también repudiaron el estado de excepción, señalando que el mismo es una respuesta racista que discrimina y estigmatiza la pobreza, porque las medidas se están imponiendo en los barrios y colonias con menor poder adquisitivo.
La Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras manifestaron mediante un comunicado “No podemos quedarnos calladas ante una medida que en vez de garantizar derechos nos los quita, no podemos estar calladas ante una medida que violenta y no ataca el problema de raíz. No podemos estar calladas cuando la red de extorsión no solo la ejercen las maras, sino que también aquellos que dicen que van a buscarlos y encarcelarlos”.
Sobre este tema, Helen Ocampo señaló que esto afecta y vulnera derechos puntualmente de las mujeres, niñas y disidencias sexuales y los coloca en mayor riesgo.
“Sabemos que los operadores de justicia que están en primera línea tienen machismo incorporado, misoginia y acciones de odio contra las poblaciones vulnerables”, subrayó Ocampo.
A juicio de la feminista, el estado de excepción da pie para que se cometan arbitrariedades contra esta población.
Ocampo recordó que solo en el 2022, el Observatorio de la organización que ella representa registró una lesión hacia una mujer y tres femicidios cometidos por personas que vestían uniforme de la Policía Militar (PM).
“Sean o no policías militares, este estado de excepción permite que personas uniformadas puedan cometer actos delictivos y ante el Ministerio Público hay dos registros de violación sexual realizadas por militares en contra de mujeres, esta es una situación que nos parece alarmante”, denunció Ocampo.
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“Exigimos a las autoridades involucradas de llevar este operativo durante el estado de excepción que respeten a cada ciudadano y que no cometan más abusos contra el pueblo hondureño”, recalcó la criminóloga Seyda González.
