La acumulación de recursos de revisión y expedientes sancionatorios es un claro indicativo de la necesidad de redoblar esfuerzos para cumplir con los estándares establecidos por la ley y responder a las legítimas demandas de información de la ciudadanía
Tegucigalpa, Honduras. -De 2019 a 2023 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha recibido 1718 recursos de revisión y se han acumulado 1618 expedientes sancionatorios, de los cuales la mayoría corresponden a alcaldías municipales. Este alarmante número de casos pone en evidencia la falta de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por parte de muchas autoridades locales en Honduras.
Entre las infracciones más comunes se encuentran la omisión en la publicación de información en los portales de transparencia, la negativa a entregar información solicitada por las y los ciudadanos y el incumplimiento de los plazos establecidos para responder a estas solicitudes. Estas violaciones a la ley impiden que la ciudadanía tenga acceso a información crucial para la vigilancia y participación en la gestión pública.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente en los artículos 13 y 14, obliga a todas las instituciones del sector público a proporcionar y actualizar regularmente datos relevantes sobre su gestión y actividades en el portal de datos abiertos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
De igual manera, impone sanciones a las instituciones obligadas que incumplan con la normativa. Los artículos del 26 al 29 señalan los procedimientos y motivos de sanciones que serán impuestas a las instituciones.
Estas sanciones pueden variar desde una amonestación por escrito hasta la imposición de multas que oscilan entre medio salario y 50 salarios mínimos mensuales, dependiendo de la gravedad de la infracción, debiendo ser enterados dichos valores en la Tesorería General de la República.
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LAS ALCALDÍAS TIENEN EL MAYOR NÚMERO DE RECURSOS DE REVISIÓN
Criterio.hn realizó una solicitud de información para conocer el número de recursos de revisión y de expedientes sancionatorios interpuestos a las distintas instituciones obligadas que de alguna manera incumplieron con la Ley de Transparencia.
De 2019 a 2023, se interpusieron 1718 recursos de revisión. El año en el que más recursos de revisión se interpusieron es el 2019 con 421; seguido por el 2023 con 411; mientras que en el 2022 hubo 371 y en 2021 fueron 308.
De los 1718 recursos de revisión se han resuelto 1314, y se han impuesto varias sanciones monetarias que no excedan los tres salarios mínimos. Además, de 2020 a 2023 se emitieron 1618 expedientes sancionatorios contra varias instituciones y alcaldías.
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SANCIONES NO PERSUADEN A INSTITUCIONES OBLIGADAS QUE INCUMPLE LEY
En la normativa se habla sobre la imposición de sanciones a las instituciones obligadas que incumplan con la normativa. Los artículos del 26 al 29 señalan los procedimientos y motivos de sanciones que serán impuestas a las instituciones.
Estas sanciones pueden variar desde una amonestación por escrito hasta la imposición de multas que oscilan entre medio salario y 50 salarios mínimos mensuales, dependiendo de la gravedad de la infracción, debiendo ser enterados dichos valores en la Tesorería General de la República.
Además, habla de la posibilidad de cesantía o despido, dependiendo de la gravedad de la falta.
No obstante, las sanciones que se han interpuesto a las instituciones obligadas no sobrepasan los cinco salarios mínimos –cada salario mínimo equivale a 10,022.04 lempiras según la respuesta del IAIP– y amonestaciones por escrito.
Sin embargo, analistas consultados por Criterio.hn manifestaron que las sanciones que contempla la Ley de Transparencia son suaves, y no persuaden a los titulares de las instituciones a dejar de incumplir la ley. Por lo que recomendaron una reforma a la normativa para imponer acciones fuertes ante el incumplimiento de la misma.
Henry Salinas, abogado y analista político, sugirió que se requiere una modificación a la Ley de Transparencia que obligue a las instituciones a garantizar el acceso a la información pública de la ciudadanía.
Opinión que fue respaldada por el analista político Kenneth Madrid, a su vez, lamentó que algunas instituciones obligadas se nieguen a proporcionar la información que debe ser pública.
“La transparencia en la gestión pública es crucial no solo para combatir la corrupción, sino también para fomentar la participación activa y bien informada de la ciudadanía”, puntualizó el entrevistado.
La acumulación de expedientes sancionatorios contra las diferentes instituciones y municipalidades subraya la urgencia de promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.
