Tras el pico mediático inicial, la estrategia antidrogas marítima se mantiene sin investigaciones judiciales públicas ni identificación independiente de las víctimas.
El análisis de WOLA advierte que los operativos continúan sin evidencia de impacto en el tráfico de drogas y podrían estar consolidando un precedente de uso letal sin control judicial fuera del territorio estadounidense. En esa línea, la semana pasada habría aludido en Fox Business al inicio de ataques terrestres tras las operaciones marítimas.
Tegucigalpa, Honduras. – En septiembre pasado los ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe ocuparon titulares. Meses después, desaparecieron del debate público, no porque terminaran, sino porque la atención se trasladó a otros temas, entre ellos la invasión a Venezuela y las redadas migratorias.
Desde entonces, las operaciones continuaron en altamar. Un monitoreo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) registra 134 personas muertas en estos operativos.
El 13 de febrero el Comando Sur confirmó un “lethal kinetic strike” contra una embarcación en supuestas rutas de tráfico de drogas en el que murieron tres tripulantes clasificados como “narcoterroristas”.
En su análisis más reciente, Josh Walsh, director de política de drogas de WOLA, y Adam Isaacson, director de veeduría de defensa de la organización, advierten que la atención pública sobre estos hechos es intermitente pero su continuidad sin escrutinio abre la puerta a la normalización de ejecuciones extrajudiciales bajo la bandera de la guerra contra el “narcoterrorismo”.
Agregan que “al calificar a las tripulaciones de los barcos como ‘narcoterroristas’ (sin aportar pruebas públicas que respalden sus afirmaciones”), Trump y sus asesores están utilizando el dolor genuino de los estadounidenses por la adicción a las drogas y las sobredosis como arma para atacar a los supuestos culpables”.
Además, enfatizan que los ataques a las embarcaciones carecen de base legal y que la designación de organización terrorista extranjera no autoriza operaciones militares. Aun si quienes van a bordo transportan drogas, el narcotráfico no es un delito castigado con la muerte bajo la ley estadounidense ni el derecho internacional, mucho menos una justificación para ejecuciones extrajudiciales.
Para Walsh e Isaacson, la medida tampoco resuelve el problema que dice combatir. Los operativos antidrogas en el mar nunca han detenido el tráfico. Las redes simplemente cambian rutas y métodos. El uso de la fuerza no altera eso, solo militariza la estrategia. Destruir lanchas genera impacto, pero no reduce el narcotráfico ni el consumo en Estados Unidos.
Como indicador preliminar, los autores citan reportes de incautaciones de cocaína de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en fronteras y costas, que indican que, cinco meses después de iniciados los ataques y con al menos 131 muertes registradas, las autoridades estadounidenses siguen decomisando cantidades similares de droga.
Los autores sugieren que el objetivo puede no ser operativo sino político. Acostumbrar a la opinión pública al uso letal sin proceso contra personas etiquetadas como terroristas, un precedente que, advierten, podría extenderse más allá del ámbito marítimo si no existen controles claros.
En ese contexto señalan que, antes de la incursión estadounidense en Venezuela, Trump habló de posibles ataques terrestres y que sectores de su administración han planteado acciones militares contra carteles en tierra.
La semana pasada, durante una entrevista con el comentarista político conservador Lawrence Kudlow en Fox Business, Trump habría afirmado que, tras destruir embarcaciones “ahora vamos a empezar en tierra”, en referencia a posibles ataques terrestres. Criterio.hn buscó el video original de la emisión, sin embargo, ni la versión en Youtube de Fox Business ni la publicada en el canal oficial de Donald Trump contienen ese fragmento.
