TEGUCIGALPA. – La población de tercera edad será eximida del pago de recargos por las operaciones que realiza en el sector cooperativo y en el próspero sistema bancario de Honduras, que registra cada año alza en sus utilidades, según cifras de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
La legislación suprime los cobros que se hacen en la banca sobre operaciones en cuentas de ahorro y depósitos a la vista tanto en el servicio presencial como las que se hacen vía electrónica en la plataforma online destinados a giros y transferencias, se indica en el decreto publicado en el diario oficial La Gaceta el 5 de octubre.
El sistema bancario impone a los usuarios cobros sobre giros y transferencias, al igual que por la emisión de cheques de caja, certificados, de viajero, la emisión y renovación de tarjetas de crédito y de débito y reposición de libretas de ahorro que son desautorizados en el decreto.
«Todas esas comisiones que tienen los bancos en las operaciones en el caso de las personas de tercera edad, se van a eliminar, lo que representa liberar recursos para destinarlos a otras necesidades», dijo a Criterio.hn el diputado Carlos Umaña, que promovió decididamente la aprobación de la legislación, que en principio la presentó el legislador Alberto Chedrany.
Los bancos han venido cobrando por la emisión de giros entre 30 y 50 Lempiras, al igual que sobre las transferencias en la llamada banca digital, y 200 por la emisión de cheques de caja y certificados y hasta 50 dólares por la de tarjetas de crédito.
Estas cantidades cobradas a los usuarios se suman a las crecientes ganancias del sistema bancario en alza anual constante nutriendo la prosperidad del sector financiero, lo que contrasta con la pobreza del 62 por ciento de la población de Honduras.
La banca que registra una creciente presencia internacional en 2023 registró utilidades de 9,091.9 millones de Lempiras, tras encajar una ganancia de 8,821.6 millones en 2022 y 6,264.6 millones en 2021, según los estados de resultado consolidados del sistema publicado por la CNBS.
La nueva legislación entrará en vigencia a más tardar en 90 días, a partir de su publicación en La Gaceta, cuando la CNBS y el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP) publique un reglamento que normará su aplicación, según manda el decreto.
