Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- La familia de la asesinada líder indígena, Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH), no creen en las supuestas investigaciones que está realizando el Ministerio Público de Honduras.
Así lo han expresado en una carta publicada el 1 de abril, donde califican de indignante y revictimizante enterarnos de este tipo de información a través de la prensa y no mediante un diálogo formal con las autoridades, como es nuestro derecho y lo hemos venido solicitando desde que ocurrió el asesinato.
Acusan al fiscal general, Oscar Chinchilla, de faltar a su palabra ya que en la reunión sostenida con él el pasado 29 de marzo aseguró que les permitiría participar en las investigaciones y que contestaría al día siguiente (30 de marzo) por escrito las interrogantes planteadas.
En esa reunión el Director de Fiscales, Arturo Duarte, manifestó que se retiraría del caso. Pese a lo anterior, la respuesta escrita no ha llegado hasta el día de hoy y ante una visita de los abogados de la familia y del COPINH al Ministerio Público en la Esperanza, Intibucá, las fiscales en la zona nuevamente negaron el acceso a la información sobre las diligencias investigativas.
A continuación la carta publicada por los familiares de Berta Cáceres y el COPINH:
Tegucigalpa, 1 de abril de 2016. El día de ayer, el Ministerio Público emitió un comunicado que actualiza el estado de las investigaciones relacionadas con el asesinato de nuestra madre y compañera Berta Cáceres Flores. Nos resulta indignante y revictimizante enterarnos de este tipo de información a través de la prensa y no mediante un diálogo formal con las autoridades, como es nuestro derecho y lo hemos venido solicitando desde que ocurrió el asesinato.
El pasado 29 de marzo, luego de un acto de protesta pública frente a las instalaciones del Ministerio Público en Tegucigalpa, fuimos finalmente recibidos por el Fiscal General, Oscar Fernando Chinchilla y parte de su equipo.
En esa reunión se plantearon una serie de preocupaciones y preguntas en torno a la forma cómo se están llevando las investigaciones, entre otras cosas, se cuestionó la falta de acciones para determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos que presuntamente intentaron manipular evidencias, que formularon una hipótesis inicial no vinculada a las principales amenazas que tuvo nuestra madre y compañera; se pidió aclarar el involucramiento del FBI así como los vínculos que existen entre personas cercanas a la empresa DESA y personal del MP que lidera la estrategia de investigación; además se solicitó permitir que Gustavo Castro regresara a su país y finalmente se pidió conocer las razones por las cuales se había negado formalmente la posibilidad de que participemos en esta etapa investigativa y tengamos acceso a la información respectiva y el por qué no se acepta una comisión de personas expertas e independientes que coadyuven en las investigaciones.
En esa reunión, el Fiscal General aseguró que nos permitiría participar en las investigaciones y que contestaría al día siguiente (30 de marzo) por escrito las interrogantes planteadas, en ese mismo acto también el Director de Fiscales, Arturo Duarte, manifestó que se retiraría del caso. Pese a lo anterior, la respuesta escrita no ha llegado hasta el día de hoy y ante una visita de los abogados de la familia y del COPINH al Ministerio Público en la Esperanza, Intibucá, las fiscales en la zona nuevamente negaron el acceso a la información sobre las diligencias investigativas. También desconocemos si se hizo efectiva la salida del caso del señor Duarte. Lo único positivo derivado de esta reunión es que se haya autorizado finalmente la salida del país del testigo Gustavo Castro Soto. Vale destacar que las autoridades sólo han reaccionado gracias a la presión de la comunidad nacional e internacional pero no por voluntad propia.
Por todo lo anterior reiteramos nuestra desconfianza a las acciones que está realizando el Ministerio Público, por cuanto:
- no se ha aclarado ninguna de las dudas que hemos expresado
- no se nos ha permitido participar activamente en el proceso
- la escasa información que recibimos es confusa y hasta contradictoria, por ejemplo seguimos sin entender ¿cuál es el rol del FBI en el proceso?, o ¿qué tipo de apoyo técnico brindará la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)?.
Se desprende del comunicado hecho por el MP, que las diligencias de investigación sobre la empresa DESA, principal fuente de amenaza para nuestra madre y compañera, no fueron realizadas sino hasta el pasado 13 de marzo, es decir 11 días después de ocurridos los hechos. Esto significa que la acción del Ministerio Público fue tardía y que dicha empresa pudo haber tenido el tiempo suficiente para ocultar una posible participación en los hechos.
En conclusión, la información que se ha dado a conocer públicamente es insuficiente y no responde adecuadamente a nuestras preocupaciones. De hecho, se manipula a la opinión pública al hacer creer que las investigaciones se hacen en colaboración con el COPINH. Si bien, se ha brindado información para que se investigue, esto no significa que se hayan escuchado los planteamientos que hemos hecho.
Tenemos derecho a participar activamente, tenemos derecho a desconfiar de una institucionalidad que no fue capaz de proteger a nuestra madre y compañera Berta y que en Honduras no garantiza justicia, tenemos derecho a dudar de una investigación que ha sido manipulada desde sus inicios.
Ante la secretividad y la falta de transparencia, ante la ausencia de garantías institucionales, ante el afán de invisibilizarnos y revictimizarnos, y cumpliéndose casi un mes desde que ocurrió el asesinato de nuestra querida Bertita, decimos BASTA DE JUEGOS Y PERVERSIÓN, ESCUCHEN NUESTRAS VOCES, QUEREMOS UNA COMISIÓN INDEPENDIENTE DE PERSONAS EXPERTAS Y ACCESO PLENO A LA INFORMACIÓN, RECTIFIQUEN SUS ACTUACIONES Y CUMPLAN CON LAS MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
Olivia, Bertha, Laura y Salvador, todos de apellidos Zúniga Cáceres
Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH)
Con el acompañamiento y representación legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
