A pesar del clima de hostilidad y represión, el pueblo Tolupán reafirma su compromiso de resistencia, exigiendo no sólo justicia por Soto, sino también un cambio estructural que garantice la protección de sus derechos ancestrales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en repetidas ocasiones ha alertado sobre la impunidad en Honduras, donde más del 95% de las violaciones a los derechos humanos quedan sin castigo, exacerbando el riesgo para quienes defienden los bienes comunes
Ilustración de portada: Ruth Moncada
Tegucigalpa, Honduras. – El asesinato de Milgen Idán Soto, un joven indígena de 29 años, ocurrido el 28 de septiembre de 2019, cinco años después sigue sin resolverse.
Soto fue reportado como desaparecido el 23 de septiembre de ese mismo año en la comunidad Tolupán de San Francisco Locomapa. Su cuerpo fue encontrado posteriormente, marcando un trágico desenlace para un defensor de los derechos humanos y del medio ambiente que había denunciado amenazas debido a su activismo.
A lo largo de estos cinco años, la falta de respuesta efectiva por parte del Estado hondureño ha sido alarmante. Yuma Gutiérrez, miembro del Consejo Directivo de las tribus Tolupanes, expresó a Criterio.hn que “seguimos exigiendo justicia” y denunciando la impunidad que rodea no sólo el caso de Soto, sino también otros asesinatos relacionados con la defensa del territorio. La lideresa tolupana destaca que “no hay ninguna actuación por parte del Estado” y que los responsables siguen sin ser llevados ante la justicia.
Milgen Idán Soto era miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y un defensor de los bienes naturales y territoriales de su comunidad. Su labor lo había puesto en el punto de mira de intereses empresariales que amenazaban su territorio ancestral. En el contexto de su activismo, Soto se había comprometido a proteger a otros líderes comunitarios, lo que aumentó su vulnerabilidad ante represalias violentas.
IMPUNIDAD PERISISTENTE
La situación en Honduras para los defensores de derechos humanos es crítica. Más del 95% de las violaciones a los derechos humanos en el país quedan impunes, y la violencia contra quienes defienden el medio ambiente y los territorios indígenas es una constante.
El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, destacó las observaciones que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre que en Honduras existe la “justicia selectiva”, ya que se actúa de manera diligente para criminalizar a los defensores en cambio actúa de manera pasiva para perseguir en delito principalmente de aquellos sectores empresariales.
Joaquín Mejía, ha señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado la existencia de “justicia selectiva” en Honduras, donde las autoridades muestran una diligencia notable para criminalizar a los defensores de derechos humanos, mientras que actúan de manera pasiva ante los delitos cometidos por sectores empresariales. Esta situación refleja una profunda desigualdad en la aplicación de la justicia, donde los intereses económicos parecen prevalecer sobre la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La falta de acción efectiva contra quienes perpetran abusos y violaciones de derechos humanos no solo perpetúa un clima de impunidad, sino que también desincentiva a otros defensores a continuar su labor en un entorno cada vez más hostil.
Global Witness ha documentado 149 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente desde el 2012 hasta el 2023. Además de han documentado numerosas agresiones contra defensores, con un clima generalizado de criminalización y hostigamiento. Honduras por segundo año consecutivo es el país con más asesinatos per cápita de personas defensoras.
Tanto el asesinato de Milgen soto, como de otros líderes indígenas siguen justicia por sus muertes. Yuma Gutiérrez menciona que “los compañeros que murieron en el campamento digno a causa de la minería siguen en la impunidad”, reflejando un patrón preocupante donde las autoridades no sólo fallan en proteger a los defensores, sino que también parecen ignorar las amenazas que enfrentan.
SIN RESPUESTAS DEL ESTADO
La falta de respuesta por parte del Estado y las autoridades competentes es un tema recurrente en sus exigencias y pronunciamientos. Además de la justicia, Yuma Gutiérrez exigió el respeto a los derechos ancestrales de su pueblo, que han sido sistemáticamente ignorados
A pesar de la impunidad y el abandono estatal, las comunidades indígenas continúan su lucha por la defensa de sus territorios. La lideresa tolupana enfatiza que “continuamos en lucha” y que la memoria de aquellos caídos en defensa del territorio sigue siendo una fuente de inspiración para seguir resistiendo ante las injusticias.
El asesinato de Milgen Idán Soto Ávila continúa siendo un recordatorio del costo que implica defender el territorio y oponerse a las empresas extractivas. El pueblo Tolupán, exige no sólo justicia para Soto, sino también un cambio estructural que garantice la protección efectiva para todos aquellos que luchan por sus derechos y territorios.
