Honduras y El Salvador, además de compartir fronteras, comparten el sufrimiento de sus campesinos ante los embates del cambio climático en el corredor seco de Centroamérica. Sus cosechas son cada vez más raquíticas e insuficientes para cubrir la demanda de su población, que ante la problemática, migra buscando mejores oportunidades en su mayoría rumbo a Estados Unidos.
En El Salvador se ofrecen paquetes agrícolas y en Honduras proyectos de riegos, pero ninguno garantiza seguridad alimentaria para sus agricultores.
Conoce esta historia en el siguiente especial, realizado por el periódico digital hondureño CRITERIO.HN y la revista salvadoreña GATO ENCERRADO con el apoyo de CONNECTAS.
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El gobierno de Honduras aprobó en el año 2016 la ejecución de 200 millones de lempiras ($ 8.2 millones) para la construcción de reservorios de aguas en municipios que integran el Corredor Seco.
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Hasta el momento sólo el 11.4 % de las obras fueron finalizadas por el gobierno y el 88.6 % quedó en manos de los campesinos, que en su mayoría no han tenido la capacidad financiera para culminarlas.
Tegucigalpa.-El sol cae y arde sobre los pies del parque nacional Montaña de Celaque, donde los campesinos de la comunidad de Villa Verde, Gracias, en el occidental y deprimido departamento de Lempira, se quejan de perder las cosechas por la falta de agua.
En este poblado de contrastes, entre la opulencia y la pobreza, viven Pedro Hernández y su esposa Juana Rodríguez, ambos campesinos lamentan la pérdida de sus cultivos de maíz y frijoles porque no son beneficiarios de los proyectos de riegos impulsados por el gobierno.
Pedro nos atendió amablemente en el patio de su pequeña casa construida de adobe y cubierta de teja de barro. Mientras al fondo mugía una vaca—su único sustento—nos contó que adquirió el semoviente con los dólares que le enviaron de los Estados Unidos dos de sus tres hijos que migraron en busca de nuevos horizontes porque “aquí estamos jodidos” (mal).
Debido a la sequía que afecta al departamento de Lempira, Pedro y Juana, han perdido en varias ocasiones los cultivos de maíz y frijoles que siembran en una pequeña parcela. En medio de la adversidad mantienen la esperanza que su tercer hijo, que se fue el domingo 30 de junio, llegue a Estados Unidos y envíe remesas para cubrir sus necesidades básicas. La situación de esta familia es crítica.
La migración de hondureños hacia a los Estados Unidos ha sido una constante en Honduras a partir de 1998, tras el paso del huracán Mitch, que provocó la pérdida de cultivos, infraestructura y otros daños colaterales a la economía. Sin embargo, el fenómeno registró un repunte desde 2009 a raíz del golpe de Estado y se acrecentó con el fraude electoral de noviembre de 2018. Desde ese entonces se organizan caravanas de personas de todas las edades, incluso familias completas.
La pérdida en la producción de granos básicos es recurrente en Honduras y esta situación ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria, que afecta a 69 de cada 100 hondureños, que viven en condiciones de pobreza.
El gobierno hondureño no cuenta con datos estadísticos sobre migración. Pero lleva el recuento de las personas que son retornadas. En ese sentido el Observatorio Consular y Migratorio registra que en los primeros siete meses del año más de 70.000 hondureños, han sido deportados, pero esta cifra es conservadora, según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Honduras).
La tesis de FLACSO es sustentada por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos que refiere que la cantidad de hondureños que deciden migrar y son detenidos en la frontera sur se ha incrementado de 47.900 en 2017 a 205.039, solo en los primeros seis meses de este año.
Cerca de la tierra de Pedro hay un reservorio (estanque de agua para riego). “Lo mandaron a hacer, pero aquí solamente están metidos quienes tienen dinerito suficiente, aquí hay varios que están incluidos, pero solamente de billete”, comentó el campesino, que además denunció que el proyecto se ha politizado porque sólo beneficia a los militantes del oficialista Partido Nacional.
La emergencia que ha secado el presupuesto
Arguyendo la pérdida de cosechas de los granos básicos (maíz y frijoles) y la inseguridad alimentaria, el gobierno declaró situación de emergencia en 11 departamentos del corredor seco—una franja del territorio hondureño que sufre de forma aguda las inclemencias climatológicas—supuestamente, para prevenir los futuros efectos de fenómenos como la sequía extrema o el régimen errático de las lluvias provocados como consecuencia del cambio climático.
La emergencia, que aún sigue vigente, se aprobó en septiembre de 2016 en los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Valle, Olancho, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara, ubicados en el corredor seco.
Bajo la emergencia se autorizó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) la ejecución del “Programa Presidencial de Cosechas de Agua”, consistente en la construcción de embalses para captar agua lluvia y líneas de conducción de riego por goteo para los beneficiarios identificados, con un monto de 200 millones de lempiras, un aproximado de 8.2 millones de dólares.
Lo aprobado por el gobierno, mediante la emergencia de septiembre de 2016 y que se ampara en el decreto Ejecutivo PCM-069-2016, establecía que los beneficiarios identificados deberían tener un máximo de una hectárea de tierra laborable por familia para la distribución intrafinca y que sucesivamente se les iba a brindar asistencia técnica, lo que no ha ocurrido.
En la propiedad de Jeremías Miralda, un longevo y pequeño productor del departamento de Olancho, el otrora granero centroamericano, el gobierno construyó un enorme agujero para un embalse, con sus respectivos canales de conducción de agua, pero nunca dio resultados porque se montó en un sitio donde no existe ningún afluente y donde las condiciones del suelo no son factibles por la filtración.
Obras a medio vapor
Los 8.2 millones de dólares para la construcción de las cosechas de agua provienen del Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agroalimentario (FIRSA) y según el director de Riego y Drenaje de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Juan Carlos Colindres, con los fondos se han construido alrededor de 70 represas. Sin embargo, confesó que sólo ocho se entregaron completas y cuentan con las líneas de conducción y red de distribución, es decir que son pocas las obras concluidas en un 100 por ciento y en pleno funcionamiento.
De las que se entregaron sin terminar, Colindres calcula que entre 30 y 40 represas no están funcionando porque los beneficiarios no han tenido la capacidad económica de construir las líneas de conducción del agua. Las que sí funcionan fueron terminadas con recursos propios de los los beneficiarios, dijo.
Un ejemplo de los problemas que presentan los reservorios está en el proyecto de Villa Verde, Gracias Lempira, del cual es beneficiario Juan Ramón Melgar, quien manifestó que la obra solo funciona en un 50 por ciento porque la tubería que fue conectada para el sistema de riego no soporta la presión del agua, razón por la cual se ha dañado. El pequeño productor de hortalizas dijo que el gobierno les ha informado, sin mostrarles facturas y recibos, que el proyecto costó entre 9 y 10 millones de lempiras (entre $ 367 mil y $ 408 mil), pero aclaró que los agricultores no creen esa versión, e incluso, insinuó que el proyecto fue sobrevalorado.
Según información oficial, hasta la fecha 24 empresas constructoras han participado en las obras. Hasta el 25 de abril de 2019 se habían ejecutado 114, 363,143.50 lempiras, un aproximado a 4 millones 668 mil dólares. Ya se gastó más de la mitad del presupuesto, aunque buena parte de las obras no funciona. Los contratos otorgados a las empresas constructoras se han pactado mediante compras directas, amparándose en la emergencia, con lo que se han obviado los procesos de licitaciones.
El director de Riegos y Drenajes contó que existen deudas por pagar con algunas empresas constructoras y confesó además que la SAG pedirá que se amplíe el fideicomiso aprobado en el año 2016 para la construcción de nuevos reservorios, porque actualmente hay al menos 200 solicitudes pendientes. El gobierno se prepara a darle trámite a las nuevas solicitudes pese a que muchas de las obras existentes no están en funcionamiento.
Sobre la transparencia en el manejo de los fondos y en cuanto a los costos y especificaciones de lo construido hasta el momento, es difícil dar un recuento, ya que por la complejidad de las obras no se puede precisar precios o valores reales. Asimismo, porque en Honduras existe una cultura de opacidad promovida por la “ley de secretos” que establece reservas a la información pública hasta por 50 años. Además, a partir de septiembre del año pasado se aprobó un decreto ministerial que declaró en reserva toda la información relacionada a trámites del medio ambiente.
Ante este panorama y aunque no hay cifras claras de ejecución de presupuesto, Octavio Sánchez, ingeniero agrónomo y director de la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Agroecológica (ANAFAE) afirma que lo que sí se puede medir es la eficacia, y según los resultados, más los sondeos de la organización que él dirige, se puede concluir que el proyecto de las cosechas de agua no está dando resultado.
A juicio del experto en agroecología, el proyecto de cosechas de agua no debió ser establecido como una emergencia sino que debió partir por establecer la necesidad de los beneficiarios, estudios técnicos de los suelos y del agua, diseños, durabilidad y calidad de las obras. “Pero cuando uno revisa, entonces uno dice, este es un negocio montado para alguien y que no beneficia a nadie, porque se suponía que iba a beneficiar a pequeños productores”, comentó.
Para la construcción de las obras se deben tomar en cuenta las condiciones geológicas para saber si el suelo es impermeable y si tiene la capacidad de retener el agua o por el contrario es de fácil evaporación. Asimismo, prever el área de la micro cuenca. En pocas palabras hacer un estudio previo bien elaborado, resumió Octavio Sánchez, quien es además coordinador de la Red de Agroecología en Honduras.
El gobierno anunció que está haciendo un nuevo estudio para determinar la situación actual y las necesidades de los productores. Además, ha reconocido que las cortinas de tres reservorios cedieron al poco tiempo de su construcción, pero sin hacer ningún reparo a las empresas constructoras responsables de los errores, se procederá a hacer los correctivos y se destinará nuevos presupuestos para tal fin.
Los errores están a simple vista. En muchos casos las cosechas de agua se han convertido en reservorios de larvas de zancudos y en aguaderos de ganado en vez de contrarrestar las sequías y ser un paliativo para los campesinos de escasos recursos que requieren del apoyo económico y la asistencia técnica del gobierno.
La sed de los cultivos
Según cifras oficiales, en la primera cosecha de 2018 (del 15 de abril al 15 de agosto) se dañó un 80 % del cultivo de maíz y 20 % de frijol en siete departamentos del denominado corredor seco, afectando a 100 mil personas. Los datos ponen en evidencia que las cosechas de agua no están siendo eficaces. Aunque para el vicepresidente de la Asociación Nacional de Agricultores y Productores de Granos Básicos de Honduras (Prograno), Juan Valladares, las cifras de las pérdidas de cosechas del gobierno no son confiables y son utilizadas con el propósito de justificar una emergencia, aprobar contrataciones directas y por ende facilitar la corrupción.
Factibilidad de las obras al azar
De acuerdo a los análisis del director de ANAFAE, hay muchas obras construidas por el gobierno que están botadas, no solo por la falta de conexión al sistema de riego sino porque el gobierno no tomó en cuenta lo referente al usufructo del agua. Muchas de las obras fueron construidas en propiedades de personas que ahora se niegan a dar la conexión a sus vecinos y el proyecto ha quedado de manera exclusiva en manos de un productor.
En conclusión, “ese es un proyecto fracasado” expresó el agrónomo, aunque aclaró que no se debe satanizar sino que se deben corregir algunos errores como, por ejemplo, definir los aspectos técnicos y revisar el perfil de los beneficiarios.
Según la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), inicialmente el proyecto ejecutó las obras de acuerdo a las solicitudes recibidas por los productores a título personal. Ahora se pide que los solicitantes presenten personería jurídica que los vincule con alguna organización campesina, aseveró el director de Riego y Drenaje, Juan Carlos Colindres.
“Eso nos causó un poco de problema con los productores porque cuando no existe este tipo de documento (personería jurídica) se va una persona, se van dos personas, y el grupo (beneficiarios) se nos desarma”, exteriorizó el funcionario al tiempo que comentó que las correcciones se están adoptando con base en lo aprendido.
Migración a falta de agua y comida
Como no se le da respuesta certera a la pérdida de los cultivos y a la inseguridad alimentaria, los pobladores del corredor seco siguen migrando al extranjero y desplazándose internamente en busca de mejores condiciones de vida.
El municipio de Cedros, al norte del departamento de Francisco Morazán, es una de las zonas más expulsoras de personas. Sus habitantes, en su mayoría los hombres, se van para Estados Unidos y las mujeres para España.
La familia de Vilder Canaca se ha separado por la migración. Cuatro de sus seis hijos han migrado a los Estados Unidos. En junio se fue Osman el mayor de la familia y el quinto en migrar, pero su viaje resultó infructuoso porque en julio fue deportado por las autoridades migratorias de la nación del norte. Junto a la familia Canaca se han ido muchos, unos pagando “coyotes” (traficantes de personas) y otros retando la suerte de poder cruzar el río Bravo o saltar el muro de Tijuana.
Un informe elaborado en el año 2016, con datos del 2015, estableció que la gente que vive en el corredor seco migra por diversos factores como: la falta de alimentos, falta de dinero, falta de trabajo, pérdidas de las cosechas, reunificación familiar, desplazamiento forzado y por la violencia.
El estudio, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Organización de Estados Americanos (OEA) Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos, revela además que los emigrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras que han sido presentados a las autoridades migratorias mexicanas son principalmente hombres (79 por ciento), y 50 por ciento de ellos trabajaba en el sector agrícola antes de emigrar.
No hay nada que comer
La pérdida en la producción de granos básicos es recurrente en Honduras. Pero a partir del año 2014 el problema se agudizó porque el régimen de las lluvias se modificó, concentrándose en algunas épocas o alargándose en otras, según información de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). Esta situación ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria. Además de las cosechas de agua, para enfrentar la crisis alimentaria, el gobierno hondureño ha recurrido a políticas de compensación social (ejemplo: bono solidario productivo) y entrega de raciones alimentarias, acompañado de la construcción de pequeñas obras de riego, muchas de las cuales, como los reservorios de agua, resultan insuficientes e ineficaces.
Un estudio del PMA establece que uno de cada cuatro hogares en el corredor seco hondureño se encuentra en inseguridad alimentaria severa o moderada, es decir unas 525 mil personas.
Millonarias inversiones sin focalización
Paradójicamente, mientras la gente sigue sin encontrar otra alternativa que migrar, el dinero para atender la crisis climática y alimentaria sigue creciendo. En el corredor seco hondureño, se ha invertido millones de dólares provenientes de fondos nacionales y extranjeros de agencias de cooperación de los Estados Unidos, Suiza, Unión Europea, Plan Internacional, Visión Mundial, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otros.
Sin embargo, los resultados siguen siendo negativos porque los aportes se han gestionado sin coordinación alguna, dijo Rolando Sierra Fonseca, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Honduras).
Por su parte, Claudia Pineda de la Alianza Hondureña para el Cambio Climático, considera que se debe analizar si los fondos son utilizados solo para contingencias, si se están atendiendo las manifestaciones, las consecuencias y no las causas.
Presidente de Honduras usa discurso del cambio climático
Al disertar en la XXVI Cumbre Iberoamericana desarrollada en la ciudad de Guatemala en noviembre de 2018, el jefe de Gobierno de Honduras, Juan Hernández, dijo que la migración de hondureños se debe, en gran medida, a los efectos del cambio climático.
Hernández, que es cuestionado por actos de corrupción, celebró el pasado 6 de julio la aprobación de $ 35 millones para Honduras del Fondo Verde para el Clima, $ 24.2 millones de donación y $ 10.8 millones en préstamos. Hernández, precisó que los fondos servirían para la restauración de 270,000 hectáreas de bosque en las zonas de mayor migración.
Honduras tampoco cuenta con una Secretaría de Cambio Climático. El tema es abordado por un comisionado presidencial, adscrito a la Presidencia de la República, por lo que los recursos que se destinen al Estado hondureño para el cambio climático, serán administrados y ejecutados directamente por el gobernante.
Redacción: Emy Padilla
Fotografías y vídeos: Guillermo Burgos/Jorge Burgos
“Este trabajo fue realizado en alianza con CONNECTAS con el apoyo del Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer (EKLA-KAS)”.
