Esposo de diputada Waleska Zelaya lleva años haciendo negocios con el Estado
CRITERIO.HN comienza a partir de la fecha su nueva sección de periodismo de verificación la que hemos bautizado con el nombre de El Mirón y ha encontrado que la diputada, Waleska Zelaya, ha pronunciado un discurso “Engañoso” y que deja elementos para que su caso sea expuesto ante la opinión pública.
Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. -La emergencia sanitaria por la propagación de la Covid-19 ha puesto en evidencia nuevamente que los tentáculos de la corrupción en Honduras siguen salpicando a la clase política y que la salud es utilizada para saquear las arcas del Estado. Entre tantos casos ha salido a la luz el de la diputada del oficialista Partido Nacional, Waleska Marlene Zelaya Portillo.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción Pública (Fetcoop) y la Agencia de Investigación Criminal (ATIC), realizan una investigación contra Zelaya Portillo y su esposo Juan José Lagos Romero por la venta sobrevalorada de mascarillas N-95 al Estado a través de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
Según la orden de compra número 019-2020 y la factura 0943, del 8 de abril del 2020, la empresa Gestión y Tecnología S. A (GYT) cuyo socio y accionista es Juan José Lagos Romero, firmó un contrato de venta con Invest-H por 50 millones 836 mil 500 lempiras por concepto de 474 mil mascarillas N95.
En referencia al contrato, documentación en poder del Ministerio Público afirma que hubo sobrevaloración, porque cada mascarilla sería vendida en 107 lempiras, por encima del precio de mercado que en promedio anda en 45 lempiras.
El proceso se dio bajo la modalidad de compra directa. Según registros publicados por Invest-H, se entregó un anticipo del 40 % por el valor de la compra a GYT, es decir, 20 millones 334 mil 600 lempiras.
La entrega del anticipo se realizó el 10 de abril de 2020, a través de la transacción 00404-01-00001, desde la cuenta número 11101-01000-6181 del Banco Central de Honduras, a la cuenta corriente de Banco de América Central de Honduras S. A. (BAC), 730168921 a nombre de GYT S. A. de C. V.
Cuando la transacción salió a luz y se conoció a los propietarios de la empresa favorecida, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) junto a la ciudadanía denunciaron y cuestionaron la decisión de Invest-H y la sobrevaloración en la compra.
Esta situación motivó a que GYT comunicara a Invest-H que no seguiría con el proceso de venta, a lo que el exdirector de Invest-H, Marco Bográn respondió a través de una carta pública el 30 de abril de 2020, 20 días después de la entrega del anticipo: “Respetamos y compartimos el punto de vista de GYT, en el sentido de que no se puede llevar adelante un proceso de contratación tan injustamente cuestionado. Nos apena y lamentamos profundamente que la invalidación de la orden de compra tenga como efecto directo, privar a nuestros profesionales de la salud del equipo de protección fundamental para combatir la pandemia”, dice parte del documento firmado por Bográn.
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La carta finalizó con el acuerdo de suspender el contrato y formalizar la devolución del anticipo de forma oportuna a la cuenta que Invest-H haría llegar a GYT para hacer el depósito.
Invest-H en ningún momento mostró intenciones de suspender una compra sobrevalorada e incluso Marco Bográn, quien ahora es sospechoso por parte de la Fiscalía de cometer actos de corrupción en la institución, salió al paso a defender a la empresa de Lagos, manifestando que los cuestionamientos de la gente llegaban al punto de la difamación.
A pesar de la sobrevaloración en la venta de mascarillas y que la empresa proveedora tenía relación directa con una funcionaria pública (la diputada Waleska Zelaya), Marco Bográn e Invest-H no consideraron en ningún momento suspender el contrato, todo lo contrario, respaldaron hasta el último momento a GYT en cada cuestionamiento que la ciudadanía realizó.
Apoderados legales de GYT han dicho que ya hicieron efectiva la devolución de los 20 millones 334 mil 600 lempiras de anticipo a Invest-H, sin embargo, hasta la fecha los portales de transparencia no han publicado los recibos ni número de transacción del depósito, incluso el Ministerio Público ha pedido cuentas a los imputados sobre el dinero entregado por el Estado.
Sobre la devolución del anticipo, Criterio.hn solicitó, amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública, detalles al respecto a Invest-H, Secretaría de Finanzas y a la Tesorería General de la República, pero hasta el momento en que se publica esta nota solo la Tesorería General de la República respondió diciendo que "se buscó en el Sistema Siafi la información solicitada y se encontró en los movimientos de extractos bancarios en la Cuenta de la Tesorería General de la República un ingreso por devolución del anticipo a la empresa GYT" y que "dicha devolución fue realizada en el mes de mayo".
La Tesorería General de la República dio respuesta pero no proporcionó ningún documento de respaldo que valide la devolución de los fondos y, para evadir su obligación, pidió a este medio de comunicación que se avoque a Invest-H porque es la institución que "generó la información para relizar el depósito por la devolución a la cuenta de la Tesorería General de la República".
La defensa de Waleska Zelaya
La diputada Waleska Zelaya salió al paso a defenderse y afirmó que los cuestionamientos son parte de una campaña de odio en su contra y de su familia. Afirmó que no tiene miedo a la investigación, porque ella no es responsable de algún delito.
Zelaya dijo que no tiene nada que ver con los negocios de su esposo. Criterio.hn a través de su nueva sección El Mirón, se dio a la tarea de verificar el discurso de la congresista del oficialista Partido Nacional en torno al caso:
“Yo no tengo nada que esconder, yo no he hecho ninguna venta de ningún tipo, ningún alfiler he vendido al Estado en mi vida. Mi trabajo es legislar, no tengo otra actividad que me tome tiempo”: Waleska Zelaya, en declaraciones a Canal 36 (Cholusat Sur)."
Waleska Zelaya: "Yo nunca le he vendido ni un alfiler al Estado".
La afirmación de Zelaya Portillo se dio en una entrevista a Cholusat Sur, en la que se refirió a la investigación que el Ministerio Público desarrolla en su contra.
De acuerdo con el registro mercantil establecido bajo matrícula número 75560 de la Cámara de Comercio e Industrias de Francisco Morazán, correspondiente a la Sociedad Gestión y Tecnología (GYT), la diputada Waleska Zelaya no tiene relación legal con esta empresa, pero su esposo, Juan José Lagos Romero, figura como socio fundador de la misma.a
Lagos a través de la empresa GYT ha tenido vínculos comerciales con el Gobierno en varias ocasiones. De acuerdo con el portal de proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE), correspondiente a febrero del 2018, GYT a través de la resolución 129-2018 figura como proveedora del Gobierno en varios rubros. (Descargue aquí proveedores del Estado)
Romero ha tenido relaciones comerciales con el Estado desde antes del 2017, para el caso, ese año bajo contrato 025-2017, GYT vendió al Banco Central de Honduras (BCH), 65 chalecos antibala y 28 cascos antibalísticos para personal de la institución por un monto de 2 millones 417 mil 488 lempiras con 60 centavos.
Al momento que GYT cerró la operación con el BCH, el hermano de la diputada Waleska Zelaya Portillo, Rodolfo Zelaya Portillo, fungía como comisionado Presidencial de la Dirección Ejecutiva del Plan de Nación, por lo que la venta realizada al BCH tiene vicios de nulidad, de acuerdo con la Ley de Contratación del Estado, ya que el funcionario es cuñado con el dueño de la empresa que fue contrata. (Descargue aquí nombramiento de Rodolfo Zelaya Portillo)
La empresa de Lagos Romero también ha tenido vínculos con alcaldías municipales. Según el contrato CM- AMD-CS-227-2019, del 5 de abril del 2019, bajo la modalidad de compra menor, la Alcaldía de Danlí le compró a GYT un kit de 4 cámaras inalámbricas por un valor de 17 mil 250 lempiras. Esta compra se llevó a cabo pese a que la esposa de Lagos, Waleska Zelaya, era diputada del Congreso Nacional, infringiendo nuevamente la Ley de Contratación del Estado que prohíbe que los parientes de funcionarios públicos o las empresas de éstos-entre los que se encuentran los diputados al Congreso Nacional-en segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad sean contratados por el Estado
Inhabilidad política
Si en Honduras se aplicara el imperio de la ley, Waleska Zelaya, debió ser inhabilitada desde el momento en que se postuló a un cargo de elección popular, sin embargo, ha participado en los dos últimos procesos electorales, es decir, en las elecciones primarias de 2012 y las generales de 2013 y en las primarias y generales de 2016.
Según el abogado Antonio “Tony” García, este caso está lleno de irregularidades, pues al ser Juan José Lagos, proveedor del Estado en 2017, inmediatamente inhabilitaba a la ahora diputada Waleska Zelaya a postularse, quien a pesar de ese impedimento participó y fue electa en las elecciones primarias y generales de 2017.
García fundamenta su análisis en el artículo 199, numeral 12 de la Constitución de la República que dice lo siguiente: “no pueden ser elegidos diputados: Los concesionarios del Estado para la explotación de riquezas naturales o contratistas de servicios u obras públicas que se costeen con fondos del Estado y quienes, por tales conceptos, tengan cuentas pendientes con éste; estas incompatibilidades e inhabilidades afectarán a quienes desempeñen los cargos indicados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de elección”.
García argumentó que el grado de parentesco que involucre a un funcionario se extiende en todas las disposiciones hasta el cuarto grado de consanguinidad, tal y como ocurre en el artículo 204 de la Constitución que reza “ningún diputado podrá tener en arrendamiento, directa o indirectamente, bienes del Estado u obtener de éste contratos o concesiones de ninguna clase. Los actos en contravención a esta disposición producirán nulidad absoluta de pleno derecho”, citó el abogado.
“Esto demuestra que el Tribunal Supremo Electoral en 2017, no tuvo que aceptar la postulación de Zelaya. Como este hay muchos casos, pero acá en Honduras no se respetan las leyes, es lamentable lo que ocurre”, concluyó García.
Waleska Zelaya pertenece a una familia de tradición política y reconocida en el Partido Nacional, ella es hija del extinto diputado Rodolfo Zelaya y hermana del popular “noche clarita”, José Rodolfo Zelaya Portillo, quien también fue diputado propietario en los períodos 2006-2010 y 2010-2014 y diputado suplente 2002-2006.
GYT ha participado en varias licitaciones para ser contratado por el Estado, en 2012, la empresa concursó para brindar mantenimiento al software del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y también en un sistema de información administrativo. Asimismo, en 2018 participó en la licitación pública para proveer a la Secretaría de Gobernación y Justicia 750 mil libretas para pasaporte. Según documentos emitidos por el TSE y Gobernación, en todos los procesos no fue electa como proveedora.
A pesar de la relación familiar entre Lagos y la familia Zelaya Portillo, GYT fue admitido por ONCAE y en las licitaciones en las que participaron el hecho de que el dueño de GYT tuviese relación familiar con un funcionario público no fue criterio de descalificación.
Al pasar los años GYT siguió suscribiendo negocios con el Estado. En el marco de la emergencia, habría cerrado una venta de 400 termómetros infrarrojos a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), bajo orden de compra número 3071 del 19 de abril del 2020. El monto de la venta ascendía a 597 mil 320 lempiras. Sobre la transacción, Copeco informó días después que la venta fue cancelada por problemas en el traslado del material.
Conclusión del discurso
La afirmación de Waleska Zelaya es engañosa, si bien ella no figura al frente de ningún proceso de venta al Estado, su esposo sí ha tenido varias relaciones contractuales y justo en 2020, siendo diputada, la empresa GYT cerró un contrato millonario con Invest-h. A consideración de abogados, estos procesos violan la Ley de Contratación del Estado y el Código de Ética del Servidor Público.
El artículo 15, numeral 7 y artículo 16 de la Ley de Contratación del Estado prohíbe a familiares y cónyuges de funcionarios, ser contratados por el Estado y los inhabilita para brindar cualquier tipo de servicio remunerado.
Por otra parte, el Código de Conducta Ética del Servidor Público, dice que los funcionarios no pueden influenciar a que sus familiares sean proveedores del Estado o en su defecto brindar algún tipo de servicio.
El artículo 13 de la normativa expresa: “El servidor público tiene prohibido designar parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad para que presten servicios en la institución directamente a su cargo, sea de manera remunerada o ad honorem. Se exceptúan el cónyuge del titular del Poder Ejecutivo. Tampoco debe un servidor público solicitar o influenciar para que sus parientes sean contratados en otra dependencia del Estado”.
Por otra parte, Juan José Lagos ha conformado junto a Juan José Lagos Chinchilla y Nelly Waleska Díaz Sierra, tres empresas: GYT, Editorial Impulso Microempresarial S. A. e Inversiones Lagos Díaz S. A.
Para el abogado y exjuez de Sentencia, Ramón Barrios, está situación supera los límites de la ilegalidad, y más que eso se trata de un tema ético y moral. “Está claro que los proveedores que tiene el Estado específicamente en el caso de Invest-H, son gente ligada al Gobierno”.
“El hilo común de los proveedores de Invest-H es de gente ligada con el poder, si usted saca una lista de los proveedores son: primos, sobrinos, esposos, esposas, de gente ligada a funcionarios, esto va más allá de lo legal o ilegal, es un asunto ético y moral”, calificó el abogado.
Barrios lamentó que más allá de los negocios que los familiares de funcionarios hacen con el Estado, se encuentra la sobrevaloración, misma que daña a las finanzas públicas y que convierten estos hechos en repudiables para la ciudadanía.
“Es un grupito de empresarios y familiares de funcionarios, que se benefician constantemente del Estado, hacen negocios y sobrevaloran precios, no tienen ética ni moral”, concluyó Barrios.
Por ahora el caso de Waleska Zelaya y su esposo sigue investigándose por la ATIC, por el delito de sobrevaloración y se espera que para los próximos días sean llamados a declarar más testigos y de esa forma definir la ruta judicial en contra de los sospechosos.
