Volver a un lugar inhabitable o migrar a una zona de riesgo

Texto: Shirlie Rodríguez

Fotos: Elías Oxom

 

Alma Sum se siente tan enraizada en la aldea de Quejá que prefiere permanecer en la misma casa situada en un lugar declarado inhabitable por el alto riesgo de deslizamientos. Volvió a ella solo tres meses después de que las fuertes e incesantes lluvias traídas por el huracán Eta provocaran un trágico deslave que obligó a evacuar a todos sus habitantes. El daño fue tal que dejó 88 personas fallecidas, soterró en su totalidad 150 viviendas y el área fue declarada mausoleo ante la imposibilidad de recuperar los cuerpos de al menos 50 vecinos desaparecidos. 

 

Alma, igual que las otras familias cuyas casas fueron dañadas por el deslave, tuvo que salir de ese territorio boscoso, en el municipio de San Cristóbal, departamento de Alta Verapaz. La trasladaron con otras 2 mil personas a un albergue temporal en las instalaciones de una escuela del sector de Santa Elena a escasos dos kilómetros de la que siempre ha sido su casa.

 

Inicialmente, el Fondo para la Vivienda (Fopavi) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) estimó que las familias que debían moverse eran 233, pero la gobernación departamental actualizó la cifra con 143 casos más. Los primeros días después de la tragedia, el gobierno central, a través de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), identificó que eran 316 las familias damnificadas.

 

Vista satelital del área de Quejá. En la izquierda se observa el terreno seis meses antes del paso del huracán Eta. A la derecha, cuatro días después del deslizamiento. Créditos: Rüdiger Escobar Wolf, doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Tecnológica de Míchigan.

 

“El piso era de tierra; cuando salíamos al patio el lodo nos manchaba los pies. Hicimos unos lavaderos para nuestra ropa con unas maderas que estaban ahí. Los niños se emocionaban cuando llegaban los helicópteros que nos llevaban comida y agua”, recuerda la mujer, que decidió regresar a su aldea rodeada de montañas y olvidada por las autoridades.

 

Lo mismo hizo su vecino Rolando Pop, que tampoco olvida las condiciones del alojamiento temporal: “En el albergue pasamos hambre; no había agua potable, las habitaciones que compartíamos con más familias eran frías, tenían camas improvisadas”.

 

En ese momento, el Antiguo Quejá no había sido declarado de alto riesgo. Esa declaratoria sucedió el 7 de junio de 2021, siete meses después de la tragedia, a través del Acuerdo n.^o JE-01-201 por “alta susceptibilidad a deslizamientos y daños físicos por las condiciones en las que se encontraba el terreno”. Pero hoy, cuando han pasado casi cuatro años de la decisión, Antiguo Quejá se reconstruye en el mismo terreno y ya son 115 las familias que se han reasentado sin atender las prohibiciones.

 

En amarillo: área aproximada cubierta por el deslizamiento en Quejá. En rojo: zona declarada de alto riesgo e inhabitable. Crédito: Rüdiger Escobar Wolf, investigador científico de la Universidad Tecnológica de Míchigan.

 

Los otros damnificados se instalaron en Chepenal a 40 minutos a pie de la vieja aldea. El gobierno central, en coordinación con el municipal, los llevó a ese lugar después de tres meses de permanencia en el refugio temporal de Santa Elena.

 

Al principio, era una estructura construida con lámina y madera, pero poco a poco fue convirtiéndose en un poblado que bautizaron Nuevo Quejá. La promesa era darles tierra y legalizar su propiedad. No solo les incumplieron, sino que desde 2018 la Conred había determinado que las aldeas, fincas, caseríos y comunidades del área son vulnerables a deslizamientos e inundaciones. Los mapas municipales de esa entidad muestran que los cerros Pansisihuite, "Sacxoc y Guachmalen que rodean la aldea donde se asentó Nuevo Quejá representan amenazas de deslizamientos.También indican que hay riesgos de inundaciones." 

 

“Las autoridades nos buscaron una finca para irnos a sobrevivir”, dice Rolando Pop sobre esa propuesta de irse a Chepenal. Explica que varios prefirieron regresar a la vieja aldea porque el área nueva tenía las condiciones para sembrar, pero allí no podían construir sus casas ni sentían que los cultivos fueran suyos, pues no eran propietarios del predio. “Cuando salimos del albergue, regresamos por el motivo de que no tenemos terreno donde quedarnos; aquí tenemos donde cultivar, tenemos nuestra cosecha y por eso ya no salimos de aquí”, complementa.

 

En total, los vecinos han contabilizado que, entre los dos Quejás, suman 350 familias, la mayoría de la etnia maya poqomchi, un pueblo que se dedica al cultivo de frijol, cardamomo y algunas verduras y cuyas mujeres suelen trabajar los tejidos. El 84 % de los habitantes del municipio de San Cristóbal pertenecen a esta etnia. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023, la incidencia de pobreza en Alta Verapaz era de 90.3 %.

 

Los huracanes Eta e Iota, que golpearon el Caribe en noviembre de 2020, afectaron directamente a 16 de los 22 departamentos de Guatemala por 14 días de lluvia consecutivos. Según la Secretaría General de Planificación (Segeplan), su paso obligó a evacuar a 311.317 personas y hubo más de 1.7 millones de damnificados. Alta Verapaz e Izabal fueron los departamentos con más incidentes. Muchos pobladores no pudieron regresar a sus territorios. Otros, como Alma, decidieron retornar a zonas de riesgo con el peligro de que ocurra un deslizamiento como el que dejó en escombros su aldea. Y unos más se asentaron en lugares que, aunque no están catalogados de inhabitables, no son seguros a criterio de las autoridades.

 

 

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, Eta fue clasificado como huracán en su fase más intensa (categoría 4) y como tormenta tropical en otras etapas de su ciclo. Esto también fue confirmado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los informes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

 

Según el informe Las Migraciones en el mundo 2022, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se estima que en Guatemala en 2020, aproximadamente 340 mil personas fueron desplazadas por desastres relacionados con el cambio climático. Esto posicionó al país como el cuarto más afectado a nivel global. Dos años más tarde, a finales de 2022, el Índice de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) lo situaba en el quinto lugar en la región de las Américas por desplazamientos ocasionados por violencia y desastres.

 

eP Investiga y CONNECTAS revisaron las promesas y planes de los gobiernos de Alejandro Giammattei (enero 2020-enero 2024) y Bernardo Arévalo (enero 2024 a la fecha) para los damnificados de Eta e Iota en Alta Verapaz, específicamente en el municipio de San Cristóbal donde se encuentra Quejá.

 

De esta revisión se desprende que, cuatro años y medio después de la tragedia causada por Eta, en Quejá ninguna autoridad ha evitado el regreso a la zona del deslave y que también ha incumplido la promesa de entregarles terrenos seguros y legalizados a los damnificados. A pesar de que el gobierno cuenta con informes, estudios y documentos oficiales que evidencian la vulnerabilidad del departamento al cambio climático, las acciones son lentas.

 

Una nota publicada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un blog sobre sostenibilidad y cambio climático en 2022 recuerda que, según el Índice Global de la Universidad de Notre Dame de 2020, Guatemala ocupa el puesto 144 entre 192 países en lo que tiene que ver con preparación ante riesgos de desastres. Además, basándose en INFORMRisk de 2022, asegura que su infraestructura tiene baja resiliencia para enfrentar los desastres naturales. La misma nota reconoce que ha habido avances en la gestión del riesgo, pero dice que “el proceso de recuperación ha sido lento” y, como consecuencia, “los líderes locales estiman que un 30 % de los habitantes jóvenes han migrado después de las tormentas”.

Los dos Quejás

La decisión de que el destruido Quejá era inhabitable la adoptó la Conred, basada en las evaluaciones del consejo científico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). El organismo estableció que las autoridades competentes debían tomar acciones para garantizar “la vida, integridad y seguridad de la población afectada”. Cuatro años después, un estudio de la Universidad San Carlos de Guatemala, pedido por la Gobernación de Alta Verapaz, reiteró que el lugar no debe ser habitado porque los riesgos persisten.

 

Pero la convicción de que esa es su tierra y que de ella podrán obtener el sustento fue más fuerte que estas advertencias y movió al regreso a vecinos como Gerardo Lem, padre de 11 hijos, que volvió a producir cardamomo, café y pacaya. Mientras, otro productor que prefirió no identificarse menciona que durante los últimos 45 años ha trabajado con el cultivo de frijol y maíz, pero al llegar a Chepenal no tenía un terreno propio en donde sembrar; por eso volvió a su casa en Antiguo Quejá. “Si no tengo mi terreno, no tendré de qué comer. Tengo que apoyar a mi familia; somos agricultores que vivimos de la tierra; si no la tenemos, no sobrevivimos”, resume.

 

Desde que empezó el retorno, las 115 familias que han vuelto a Quejá fueron tomando el terreno que les pertenecía y comenzaron a reconstruir la aldea. Además de las 150 casas soterradas, encontraron 25 con vulnerabilidad alta y otras en condiciones habitables. Varias de ellas fueron recuperadas, al tiempo que levantaron nuevas edificaciones, sobre todo, de madera y lámina. La comunidad tiene actualmente dos iglesias, una evangélica y otra católica, y una cancha de fútbol, pero carece de servicios de salud y educación, porque la ley prohíbe prestarlos en zonas declaradas no habitables por ser de alto riesgo.

 

Escombros de viviendas afectadas por el deslizamiento.

 

En el sector no hay autoridad municipal o estatal ni fuerzas de seguridad que prohíban el paso. Lo que obstaculiza el ingreso es la falta de carreteras. Al consultarla, la Conred respondió que no tiene las facultades para intervenir, tampoco tienen un plan de protección o prevención para quienes viven de nuevo en ese lugar y explicó: “La ley no permite retirar de una forma coercitiva a los habitantes que tengan intenciones de volver a habitar un lugar o, bien, que se hayan vuelto a establecer en la aldea Quejá”.

 

Es el mismo argumento del alcalde de San Cristóbal, Celso Gua Gue, al afirmar que como autoridad municipal no pueden utilizar medidas para desalojar a las personas. La Dirección Municipal de Gestión Integral del Riesgo de Desastres aseguró que notificaron a las personas que habitan el lugar, pero no atendieron las advertencias. Representantes de la oficina del Procurador de Derechos Humanos visitaron el área, recopilaron información de las necesidades de ambas comunidades. Hasta ahora no hay alguna acción concreta en beneficio de las personas.

 

Mientras tanto, los vecinos se arraigan más en Antiguo Quejá. En el último año se unieron para habilitar un camino de tres kilómetros que facilite el ingreso de vehículos. “A puro pulmón lo hicimos”, resalta Rolando Pop. A su vez, mujeres como Alma Sum también trabajan la tierra, elaboran sus tejidos tradicionales y cocinan igual que antes, porque, dicen, llevan “la vida normal”.

 

Un grupo de mujeres camina por uno de los sectores de Antiguo Quejá.

 

En su relato, Rolando Pop recuerda que cuando estaban en Santa Elena, la administración de Alejandro Giammattei les ofreció trasladarse definitivamente a la finca El Mirador, a 20 km del sitio del deslave, pero muchos no aceptaron argumentando que ellos eran agricultores y les quedaba lejos de sus cultivos. De esa negativa nacieron los dos Quejás.

 

En Nuevo Quejá, los habitantes también cultivan la tierra y tratan de mantener las costumbres ancestrales como lo hacen sus antiguos vecinos. Aquí hay una escuela de madera y lámina, donde estudian los niños de los dos Quejás. Según su director, Jaime Chún Lem, aunque el centro educativo está habilitado, el terreno no pertenece al Ministerio de Educación. “En Nuevo Quejá queremos hacer una escuela, pero hay un tema legal con el terreno, no tenemos certeza jurídica y estamos peleando”, aseguró en referencia a que buscan en diferentes instancias que les otorguen la propiedad.

 

Esa, sin embargo, no es la preocupación más inmediata. Para ir a la escuela, los niños y niñas de Antiguo Quejá, que son más de la mitad de los alumnos, deben caminar hasta una hora diaria en cada sentido. “Hay padres de familia que han pensado en retirar a sus hijos de la escuela por la lejanía”, dice el director.

 

Esa es la razón por la que, según Gerardo Lem, integrante de la Organización de Padres de Familia (OPF) de la Escuela Rural Mixta de Quejá, solicitaron apoyo a la Gobernación Departamental y al Ministerio de Educación para habilitar nuevamente las instalaciones de la vieja escuela. Para ello pidieron que reduzcan el área de 1.19 km cuadrados declarada de alto riesgo por la Conred, pero la entidad mantiene su postura e insiste en que la zona no puede ser habitada.

 

“Caminar una vez ese tramo está bien, pero hacerlo todos los días durante 10 meses es bien duro. Prácticamente llegan los niños cansados a recibir clases. En la aldea en donde estamos no tenemos una infraestructura digna ni cocina, no podemos dar alimentación diaria, por eso se decidió dar raciones empacadas”, enfatiza el director Chún Lem.

 

La maestra Marta Alejandra Sis refiere que las anteriores instalaciones tienen mejores condiciones porque son de concreto. Ella trabaja en la escuela de Nuevo Quejá, donde dos profesores atienden a 88 estudiantes de preprimaria y cuatro se ocupan de 261 alumnos de primaria. “Necesitamos como mínimo cinco maestros más”, dice el director.

 

El Ministerio de Educación informó que gestionó en 2024, ante el Fondo de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social, la instalación de más aulas prefabricadas que podrán ser trasladadas al terreno que resuelva la municipalidad de San Cristóbal Verapaz.  Dicho fondo ha publicado una licitación para la adquisición de este mobiliario temporal.

 

“Para el Ministerio de Educación es importante la seguridad de estudiantes y maestros, por ello, no podemos habilitar de nuevo las antiguas instalaciones, ya que las autoridades encargadas de verificar condiciones de riesgo y evitar desastres nos indican que no es seguro permanecer en dicha zona”, informó su departamento de comunicación.

 

Roberto Quej, asesor jurídico de la Municipalidad de San Cristóbal, comentó que como municipalidad están buscando opciones para que los habitantes de Nuevo Quejá tengan un terreno para la escuela. Por esto plantearon un recurso ante un juzgado de la localidad para dividir un predio comunal en varios lotes. Esta sería una solución provisional, dado que la zona de Chepenal es insegura.

 

Esta es la escuela en Antiguo Quejá cuya habilitación piden los vecinos.

 

Condiciones de la escuela habilitada en Nuevo Quejá, en Chepenal. Foto: maestros.

 

Un grupo de estudiantes del ciclo básico de Antiguo Quejá van a estudiar a una aldea cercana llamada Santa Elena.

Vivir en un territorio vulnerable y con poca atención

Conred estima que de 108.889 kilómetros cuadrados del territorio de Guatemala, 53.356 son vulnerables a deslizamientos. Esto representa un 49 por ciento del territorio nacional. Como si fuera poco, la nota del blog del BID ya mencionada señala la alta vulnerabilidad a fenómenos extremos como deslizamientos (49 %) e inundaciones (44 %).

 

En específico, Alta Verapaz es vulnerable a la intensificación de las tormentas y huracanes por el calentamiento de la atmósfera. Esto significa que está altamente amenazada “por periodos de mucha precipitación que pueden potenciar inundaciones o deslizamientos de tierra”, según el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Alta Verapaz, publicado en 2018 por las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la Conred. De hecho, el Sistema Nacional de Cambio Climático sitúa al departamento en el primer lugar de riesgo de inundaciones a nivel nacional, mientras que el Plan de Desarrollo Departamental de Segeplan explica que tiene más de 370 mil hectáreas de bosque vulnerables a los deslaves.

 

El Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología reporta que Ciudad de Guatemala (la capital) y los departamentos de Quiché, Alta Verapaz, Santa Rosa y Sololá son los más propensos a estos hechos. En 2022, la Conred identificó 5 mil puntos vulnerables a deslizamientos. Previo a lo ocurrido en Quejá se reportó un hecho similar. En 2009 en el sector de Los Chorros murieron 29 personas por un deslizamiento de tierra y piedras. Dos años después del deslizamiento en Quejá, cinco personas murieron soterradas en Panzós, donde cinco personas murieron soterradas.

 

Algunas viviendas están deshabitadas porque quedaron entre escombros.

 

Según el documento Tendencias observadas e índices de cambio climático, elaborado por la Universidad San Carlos de Guatemala, de 1960 a 2016, el promedio nacional de precipitación anual aumentó 3 %. El promedio fue de 1753 milímetros para el periodo de 1981 a 2000; mientras que para el periodo de 2001 a 2016 fue de 1805 milímetros.

 

A su vez, la temperatura media anual de Guatemala se incrementó 1.5 °C desde 1917 hasta 2016, según la Universidad del Valle de Guatemala. Entre 2000 y 2016 se elevó 0.6 °C. al pasar de 20.9 °C a 21.5 °C.

 

 

Bernardo Arévalo se posesionó en la Presidencia de la República de Guatemala en enero del año pasado e, igual que su antecesor, Alejandro Giammattei, ha recibido reclamos de los damnificados del deslizamiento en Quejá porque siguen sin resolver sus demandas de vivienda, terreno, educación y salud.

 

Hasta el momento, según las autoridades locales y regionales, no han recibido respuesta. La gobernadora departamental, Dilia Có Coy, informó que desde 2024 retomó el tema de la comunidad de Quejá, y que, tras verificar que un grupo de familias no había aceptado la reubicación en Chepenal por la lejanía de sus cultivos y porque no había avances legales para la adquisición de los terrenos, encontró que la Presidencia no contempla ningún plan para solucionar los problemas de la zona. Dijo que por eso buscó a la Secretaría Privada de la Presidencia para entregarle una hoja de ruta para el abordaje del tema, pero no compartió su contenido.

 

La gobernadora Có Coy explicó que solicitaron un informe a estudiantes de la carrera de geología de la Universidad San Carlos de Guatemala para corroborar si persistía el riesgo de la zona y si podía ser habitada nuevamente. El estudio reveló que la vulnerabilidad y el riesgo persisten. 

 

Adelso Ruiz, director de la Dirección Municipal de Gestión Integral del Riesgo de Desastres de San Cristóbal, afirmó que como la municipalidad y la gobernación carecen de fondos para comprar una finca, ambas entidades junto con otras instituciones involucradas, solicitaron a la Presidencia de la República identificar y comprar una nueva finca para que los pobladores se trasladen, pero hasta ahora no hay una respuesta.

 

“El lugar que más cerca les quedó y donde pudieron asentarse provisionalmente fue lo que ahora se conoce como el Nuevo Quejá. Aún no ha sido reconocida legalmente porque también es un área de riesgo”, agregó Ruiz.

 

El exalcalde de San Cristóbal Ovidio Choc detalló que en 2021 estuvo en comunicación con el presidente Giammattei para encontrar otro sector, pero no tuvo éxito. El alcalde actual, Celso Gua Gue, dijo que también busca el acercamiento con el gobierno de Arévalo, pero tampoco lo ha conseguido.

 

Ni la Secretaría Privada ni la Secretaría General, ni el departamento de Comunicación Social, todas entidades de la Presidencia, respondieron a las consultas planteadas por eP Investiga y CONNECTAS sobre la petición de la gobernación y de la municipalidad para atender a las familias damnificadas de Quejá.

 

Mientras tanto,el Ministerio de Comunicaciones informó que tienen en sus registros 143 solicitudes de subsidios de “casos de alto riesgo y emergencias” y permanecen en el departamento social de Fopavi. Según los vecinos de Antiguo y de Nuevo Quejá que estaban en estos listados, aún no hay respuesta a su petición de terrenos en un área “segura”. 

 

En Guatemala, el Fondo de Tierras es la entidad descentralizada que regula los procesos de adjudicación de tierras del Estado. Al consultarle si existe algún plan o proceso pendiente para reubicar a las familias damnificadas, respondió que los “miembros de la aldea Quejá no han ingresado alguna solicitud de crédito para la compra de una finca al Programa de Acceso a la Tierra vía Crédito Subsidiado y la Subcoordinación Socioeconómica”.

 

Adelso Ruiz afirma que este problema no tiene una solución próxima, porque existen al menos 10 comunidades cercanas a Quejá que son declaradas zonas de riesgo y si quieren ubicar en un espacio seguro a los damnificados, deben salir del municipio, extremo que las familias no aceptan.

 

“El Nuevo Quejá está en un área de riesgo y para declarar una comunidad legalmente tiene que estar sin riesgo. Por eso siguen estando provisionalmente y provisionalmente tienen todo”, concluyó Ruiz, haciendo referencia a servicios de agua y energía eléctrica.

 

Mientras tanto, Rolando Pop agradece a Dios porque hasta ahora no ha sentido temor de vivir de nuevo en Quejá. Recalca que su prioridad es tener un terreno propio seguro que le ayude al sostenimiento de sus hijos. Aún recuerda que hace cuatro años perdió al menos a 15 familiares luego de los derrumbes de tierra por la lluvia torrencial.

Cronología de una atención deficiente