Quien controla el agua, controla el poder
Con este reportaje, Criterio.hn advierte los desafíos impostergables que tiene el próximo gobierno de Xiomara Castro para salvaguardar uno de los derechos vitales de la población: el acceso al agua potable. ¿Podrá la presidenta desmantelar la privatización del sistema hídrico en Honduras? ¿Qué poderes deberá enfrentar?
Tegucigalpa. -La legislación hondureña tiene entre sus múltiples lagunas una que llama la atención y es que la Constitución de la República, aprobada en 1982 y vigente hasta la fecha, el derecho al agua no está consignado de manera explícita.
Reparando en la omisión, en 2011 el Congreso Nacional aprobó el Decreto No.270-2011 reformando el artículo 145 de la Constitución de la República declarando el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano, «preferentemente para consumo humano» y dispone garantizar la preservación de las fuentes de agua «a fin de que estas no pongan en riesgo la vida y la salud pública».
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No obstante, como suele ocurrir, entre las palabras y los hechos suele haber mucha distancia. Lo tangible es que desde una década antes a la «actualización» constitucional la normativa hondureña había creado condiciones para ampliar su enfoque y considerar los recursos hídricos como base para una nueva estrategia nacional de desarrollo.
La clásica división administrativa del país, integrado en 18 departamentos, dio paso a un enfoque económico, productivo, empresarial y social a partir de las 21 cuencas hidrográficas identificadas en el país.
Consecuente con la nueva visión, el Decreto 181-2009 amplió el concepto prioritario de aprovechamiento del recurso hídrico de tal manera que el agua pasa de ser un bien público esencial a un bien dispuesto para su uso, explotación, desarrollo, aplicaciones y otras formas de aprovechamiento a nivel productivo.
A partir de estas modificaciones a la Ley se marca una década de conflictividad entre las comunidades hondureñas y poderosos intereses empresariales que ambicionan sus bienes naturales.
Con el prolongado gobierno de Juan Orlando Hernández el interés público se terminó de supeditar al interés económico, beneficiando con descaro a la banca privada que administra cuantiosos fideicomisos y a la industria extractiva, en especial a las hidroeléctricas. Esa estrategia ya no toma en cuenta al viejo SANAA, oficialmente intervenido y desplazado en el 2015.
El 6 de agosto de 2015 el gobierno de Juan Orlando Hernández emitió el Decreto PCM No.46-2015 ordenando la intervención del SANAA por considerar que la institución «atraviesa una aguda crisis financiera y que hay que asegurar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado con el fin de evitar perjuicios a la comunidad».
El acuerdo fue como oficializar el tiro de gracia para una institución que había sido destruida progresivamente por la mano de los políticos y funcionarios públicos encargados de protegerla.
El agua y la energía
El Estado y su institucionalidad nunca estuvieron peleado con la utilización del agua como fuerza motriz. Para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), fundada el 20 de febrero de 1957, el aprovechamiento del agua era pieza clave en la estrategia energética del país y actuó en coordinación con el SANAA pensando en el bien público.
Su primer proyecto hidroeléctrico a gran escala fue la planta de producción «Cañaveral», en 1964, generando 29 MW. En 1974 esa planta alcanzó su máxima capacidad de producción sumando el proyecto «Río Lindo», en la zona de influencia del lago de Yojoa.
Unos seis años después, en 1980, se decidió aprovechar el río Humuya de Comayagua e inició la construcción de la represa «Francisco Morazán» («El Cajón»), la planta hidroeléctrica y de control de inundaciones más grande del país.
La sociedad entendió la finalidad pública de El Cajón e incluso se percibió orgullosa de la obra, pero, como se ha subrayado en esta investigación periodística, el panorama cambió a partir de la década de los años 90 por dos circunstancias, una deliberada y otra circunstancial: la política neoliberal y un notorio descenso del régimen pluvial.
LAS REPRESAS PRIVADAS
Combinando ambas circunstancias, desde el Estado se potenció promover la construcción privada de represas a lo largo del territorio, aprovechando los recursos hídricos disponibles.
En consonancia, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Incentivos a la Generación de Energía Eléctrica (Decreto 70-2007), que autorizó a los empresarios generadores a utilizar recursos renovables y, además, les ofreció un sobreprecio de 10% en el costo de la energía que produjeran.
El decreto se justificó considerando «que es de interés público aprovechar los recursos energéticos naturales para mejorar la balanza de pagos y evitar la fuga de divisas por la compra de combustibles fósiles para plantas térmicas (mayor a cuatro mil millones de lempiras en el 2005) y para esto es necesario facilitar la obtención de los permisos, autorizaciones ambientales necesarias, contratos de operación, contratos de suministro de energía eléctrica y contrata de agua».
Como sucede con ese tipo de legislación, el Decreto 70-2007 ronda la inconstitucionalidad, ya que crea las condiciones para que se formen grupos privilegiados en el país, lo cual es prohibido por la Constitución de la República y contraviene la Ley General del Ambiente (Decreto 104-93) que en su artículo 1 define que “La protección, conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales son de utilidad pública y de interés social”.
En otras palabras, vía decretos, los gobiernos establecieron que los derechos concedidos a los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre las mismas. Con esa decisión, el agua dejó de ser un bien nacional de uso público y se convirtió en un recurso sujeto a las condiciones del mercado.
Como ocurre en otros países de América Latina, la propiedad del agua se separó del dominio de la tierra, de modo que en diversos lugares del país hay propietarios de agua que no tienen tierra y propietarios de tierra que no tienen agua.
CONCESIONES A GRANEL
Rastreando los hechos, el otorgamiento de concesiones hidroeléctricas a granel se inició formalmente con el anuncio de licitación internacional, efectuado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en noviembre de 2009, para contratar 250 MW de energía renovable.
Pronto los ofertantes hicieron fila y para el 2010 se aprobaron concesiones para 47 proyectos. En suma, se otorgaron al menos 185 contratos de suministro de energía y potencia (PPA) por parte de la ENEE entre 2010 y 2014.
El territorio del pueblo Lenca, en el sur-occidente, fue uno de los más afectados. Se dispuso la construcción de 17 represas en su región. Entre los proyectos aprobados hubo uno que se volvería tristemente célebre por estar implicado en el asesinato de Berta Cáceres: la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
El punto es que ese tipo de industrias requiere asegurar su control sobre las fuentes de agua para generar energía, así que cada concesión -de 25 a 50 años de vigencia- implica la entrega de un río y su cuenca, sin considerar realmente los argumentos ambientales, culturales, sociales y económicos de los pueblos afectados.
Son tan oscuras esas negociaciones que la entonces Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC‐MP), apoyada por la entonces vigente Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), presentó ante el Juzgado de Letras del Circuito Anticorrupción el caso «Fraude sobre el Gualcarque».
El caso incluyó el requerimiento fiscal contra 16 personas por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.
UN NEGOCIO REDONDO
Con el Estado como gran comprador, el negocio es redondo. En 2018 la ENEE compró más de tres mil setecientos millones de kilowatts (kW) de energía para suplir las necesidades de los usuarios.
Paradójicamente, la energía más económica que compra la ENEE es la térmica, a 0.09 centavos de dólar el kW en promedio, mientras que la hidroeléctrica y geotérmica cobraban cada kWh a 0.12 centavos de dólar en promedio. Ya para el 2018 la compra de energía renovable significó la erogación de 10,431.6 millones de lempiras al Estado.
La capacidad instalada efectivamente creció, pero la sesgada planificación estatal y la colusión entre intereses políticos y empresariales volvió el costo de energía de Honduras uno de los más altos de Centroamérica, únicamente superado en 2018 por Costa Rica.
LA MINERÍA Y EL AGUA
Además de las hidroeléctricas, la legislación ampara otro tipo de licencias y concesiones a diferentes trasnacionales, entre ellas mineras, una de las industrias más intensivas del mundo en el consumo de agua, afectando tanto la cantidad como la calidad de esta.
A nivel nacional un claro y trágico testimonio es la destrucción del Valle de Siria, producto de la explotación minera a cielo abierto de la Sociedad Minerales Entre Mares Honduras S.A., filial de la transnacional canadiense «Goldcorp Inc.». Los hechos hablan por sí solos: un 70% de la producción agrícola en la zona fue afectada por la extracción de oro y 19 de sus 21 fuentes de agua se secaron.
El permiso fue otorgado en enero del 2000 sobre un área de 23 mil hectáreas, y la explotación se prolongó hasta el 2008. Cuando la minera se marchó, el daño estaba hecho. Este proceso de extracción y lixiviación (extracción de la materia soluble de una mezcla mediante la acción de un disolvente líquido) implica destruir todo ecosistema y capa orgánica en el área de explotación, ya que se escarba hasta 600 y 800 metros de profundidad o más.
Un resultado previsible es el agotamiento de las fuentes de agua superficiales y subterráneas (acuíferos, pozos, lugares de descarga, ríos, riachuelos, arroyos, quebradas) y los ecosistemas que allí existen. Como consecuencia, se generan profundos impactos negativos (si no la extinción) sobre otras formas de producción, como la agricultura, la pesca, la ganadería, la avicultura y, en consecuencia, las fuentes de sustento para las comunidades locales.
Como resultado, hoy la población del Valle de Siria pena por la carencia de agua potable por la contaminación de las fuentes de agua con cianuro y otros metales pesados.
¿Quién se hace cargo de reparar el daño? Nadie, ni las autoridades que la autorizaron, ni la transnacional que sacó provecho. A los jóvenes del Valle de Siria no les toca más que emigrar y a los viejos morir recordando paisajes que ya no existen.
Pese a casos como el del Valle de Siria, el número de concesiones mineras activas y pendientes sigue creciendo, en un contexto marcado por los crecientes conflictos relacionados con la tierra, la escasez de agua, y la violencia contra los defensores del medio ambiente y los derechos humanos.
EL CASO DE COMAYAGUA
No todo lo que brilla es oro. El Valle de Comayagua se distingue por ser uno de los puntos de auge de la agroindustria en el país, pero el saldo es muy contrastante. Más allá de su ubicación geográfica, el mayor atractivo del valle son sus reservas subterráneas de agua. Siempre lo ha sido. Precisamente, el nombre Comayagua proviene de la lengua lenca, y significa «Páramo de abundante agua».
En la actualidad, el valle como región, está integrada por 37 municipios de cinco (5) departamentos: Comayagua, La Paz, Francisco Morazán, Intibucá y Yoro, y es una de las zonas con mayor crecimiento industrial y demográfico del país.
De acuerdo con el Plan de Acción Ambiental de la Municipalidad de Comayagua (2016-2018) la actividad económica del municipio gira alrededor de los sectores agropecuario, silvícola, industrial y comercial.
Entre los rubros de mayor incidencia destacan: la producción de café en las montañas, producción de hortalizas en las comunidades ubicadas en el valle, cultivo y exportación de productos orientales en la zona del valle, cultivos de granos básicos en las laderas, cultivo y exportación de mango y otras frutales, así como la multiplicación de industrias agroindustriales (Agroexportadoras, empacadoras, procesadoras entre otras).
A lo anterior se suma que con la construcción y puesta en operaciones del aeropuerto internacional de Palmerola se anticipan al menos 40 proyectos productivos con una inversión aproximada de 155 millones de dólares y la generación de más de unos 120 mil empleos directos e indirectos en la zona.
Una de las consecuencias más preocupantes de esa ola de inversión será la intensificación de la presión industrial, productiva y de consumo humano sobre las cuencas existentes, en especial las del Río Humuya y del subsuelo. Si el próximo gobierno no toma las medidas necesarias, será inevitable la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por la sobreexplotación, así como por la mala disposición de los desechos industriales y aguas servidas.
DESAFÍOS IMPOSTERGABLES
Pese a que en el propio valle de Comayagua y en algunas de sus municipalidades existe conciencia al respecto, hay pocas expectativas de que la problemática se controle de forma eficiente. Poco se ha podido hacer, por ejemplo, para que la producción de café deje de afectar las cuencas. Todavía las aguas mieles corren directamente a los cursos de agua y la pulpa no recibe ningún manejo.
El escenario extremo podría ser la proliferación de enfermedades hídricas y pérdida de vidas humanas, destrucción de ecosistema y pérdida del agua. Ante ello se vuelve impostergable una regulación ambiental más estricta para la concesión de licencias ambientales y control riguroso de los posibles efectos contaminantes.
Comayagua no es un caso excepcional, al contrario, hay otras regiones productivas sometidas a similares o peores condiciones de degradación e impacto, tanto en el norte como en el sur del país, lo que vuelve urgente ejecutar acciones para proteger microcuencas, socialización y aplicación de leyes y campañas de concienciación a las autoridades en el manejo de recursos naturales.
Tres desafíos destacan al respeto sobre las cuales el próximo gobierno deberá tomar cartas: controlar y limitar la sobreexplotación de recursos hídricos que provoca el sector agrícola e industrial, la necesidad imperativa de preservarlos y utilizarlos de forma racional, y garantizar su suministro a la creciente población que se está concentrando en los espacios más próximos a las fuentes de trabajo.
LAS EMBOTELLADORAS Y EL «ORO LÍQUIDO ENVASADO»
En Honduras, como en todo el mundo, el agua «purificada», embotellada o embolsada, ya forma parte de la canasta básica. El 80% de la demanda de botellones de cinco galones en Tegucigalpa y otros centros urbanos importantes del país es abastecida por la empresa Agua Azul, propiedad de la familia Canahuati Larach.
Sin embargo, la rivalidad entre los competidores es alta y creciente. El mercado está sediento y a la sombra de las grandes empresas surgen otras pequeñas y medianas que compiten por abastecer mercados específicos.
Al margen de la magnitud de sus operaciones, todas esas empresas se abastecen de agua que son parte de las reservas biológicas del país. El requisito formal es cumplir con las leyes establecidas por la Secretaría de Recursos Naturales de Honduras, pero eso no significa que se respeten los intereses básicos de las comunidades involucradas.
El punto a debate no es si el agua puede ser considerado una mercancía por quienes la comercian a gran escala, sino el hecho de que solo puede ser considerada como un recurso renovable cuando se controla cuidadosamente su uso. Sin embargo, bajo el enfoque de la privatización se ha considerado como inagotable, por lo que su uso ha generado acciones irresponsables.
Por otra parte, los expertos coinciden en que, valorada como mercancía, con el precio sujeto a la oferta y la demanda, el abastecimiento privado de agua potable provoca un alto grado de desigualdad en la disponibilidad de este tan preciado líquido. No todos pueden cubrir sus costos.
LA RESISTENCIA CIUDADANA A PERDER SUS RÍOS
Uno de los casos emblemáticos en la defensa nacional del agua han sido las movilizaciones de resistencia a la privatización del río Gualcarque en Intibucá, pero no es el único. En decenas de municipios existen movimientos en contra del concesionamiento o la privatización del agua.
Otro caso simbólico, que refleja la resistencia en contra del extractivismo y que también vincula al agua, es la privación de la libertad de ocho defensores del medio ambiente de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, zona atlántica, quienes guardan prisión desde hace 29 meses por su resistencia a un proyecto minero instalado en el Parque Nacional Carlos Escaleras y que contamina las aguas de los ríos San Pedro y Guapinol.
Este conflictivo proyecto es propiedad del matrimonio conformado por los empresarios Lenir Pérez y Ana Facussé, hija del fallecido empresario palmero, Miguel Facussé, quien por décadas mantuvo y heredó un conflicto de tierras en el Valle del Aguán, con pobladores de la zona.
Sin duda, el tema del agua es complejo y de interés colectivo, principalmente cuando las fuentes de agua, como los ríos y acuíferos nacionales presentan condiciones preocupantes porque son sobreexplotados, se están contaminando y son apropiados por intereses particulares en desventaja para poblaciones tradicionales asentadas en los territorios de interés económico.
Revertir los procesos negativos en la privatización del agua exige asumir un cambio de perspectiva: si bien el Estado no es el único actor capaz de contar con recursos humanos, de información y capacidades para decidir sobre la gestión del agua, tampoco puede traspasar irresponsablemente su propiedad y manejo.
Precisamente, el punto de vista que defendía la asesinada dirigente social Berta Cáceres es que la relación entre el agua, la vida material y espiritual de los pueblos obliga a considerar el agua no como una mercancía, sino que entenderla como un elemento vital para los ecosistemas biológicos y culturales y sostener todas las actividades humanas.
Las consecuencias por no hacerlo ya están a la vista. César Castellanos, el presidente del SITRASANAA, comentó que, si el sistema de abastecimiento del líquido vital es precario, limitado y deficiente, lo que tiene que ver con el alcantarillado para las aguas negras o servidas es mucho peor. Tegucigalpa es el peor modelo en ambos casos: la capital es una ciudad que ya depende básicamente de los inviernos para llenar sus pocos embalses y, en el otro extremo su subsuelo es una bomba por el mal manejo de sus desechos sólidos, comentó.
Otras ciudades como La Ceiba están al borde de vivir con sed porque la principal fuente de agua, el río Danto se está secando. Choluteca, Valle, el sur de Francisco Morazán, La Paz y El Paraíso enfrentan dramas similares. En ellas se convive desde hace años con el estrés hídrico (cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible) y no hay respuestas salvadoras a la mano.
Para no cerrar con pinceladas oscuras el escenario hídrico, Honduras tiene aún reservas suficientes para no convertirse en un desierto, pero hacia esa condición se encamina si el próximo gobierno no sienta las bases de una rectificación.
«Ya estamos manos arriba, de lo que se trata es trabajar con la gente, que las políticas sirvan de algo, comprender que el agua depende de la conservación del suelo y de toda la biodiversidad que existe», dijo a Criterio.hn Omar Essaú Núñez, coordinador de la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (AHJASA).
La advertencia está sobre la mesa y las acciones deberán adoptarse con rapidez, ya que los próximos cuatro años se le pueden deslizar tan rápido a la presidenta Xiomara Castro como el agua entre las manos.
