HONDURAS Al borde de una crisis por el agua
Con este reportaje, Criterio.hn advierte los desafíos impostergables que tiene el próximo gobierno de Xiomara Castro para salvaguardar uno de los derechos vitales de la población: el acceso al agua potable. ¿Podrá la presidenta desmantelar la privatización del sistema hídrico en Honduras? ¿Qué poderes deberá enfrentar?
Tegucigalpa. –Cuando la presidenta electa Xiomara Castro reciba un informe detallado de la situación que hereda de los gobiernos nacionalistas tendrá que marcar en rojo que Honduras vive un estado de emergencia por la creciente escasez del agua y que si no enfrenta el problema de raíz las probabilidades de que le estalle una crisis de gobernabilidad ambiental y sanitaria son muy altas.
La amenaza no es un desafío potencial. En Honduras ya existe una crisis social, ambiental y de humanidad. Luego de doce años de gobiernos minados por la corrupción y la entrega del sector público al privado, el país enfrenta la necesidad de salvaguardar derechos humanos que son esenciales para el cumplimiento de los demás derechos. Uno de ellos es el acceso al agua potable de calidad.
En los últimos 30 años, un delgado hilo de privatización de los bienes públicos enlaza la conducta de los gobiernos. Desatar esa madeja será complicado para la próxima administración, si es que se lo propone.
LOS RETOS A LA VISTA
Desde un punto de vista técnico, las causas del problema de acceso al agua incluyen la alta movilidad demográfica que vacía los pueblos y llena las ciudades, el aumento de su demanda, la depredación y el mal manejo ambiental, el auge de la industria extractiva, el cambio climático y la frecuencia de fenómenos extremos como inundaciones y sequías que reducen las precipitaciones, dañan la infraestructura existente y causan pérdidas económicas y sociales cuantiosas.
Al próximo gobierno le será imposible pretender alguna transformación social o incentivar el crecimiento económico, sin poner marcha atrás el desmantelamiento del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y la dispersión de actores gubernamentales, no gubernamentales y privados que ahora dominan la administración y el uso de las aguas en Honduras.
Revertir esa situación es imposible en cuatro años, no obstante, puede haber avances sustanciales en frenar las políticas y acciones lesivas para la sociedad, entre ellas la privatización del agua.
PROMESAS DEL NUEVO GOBIERNO
Para empezar, en el «Plan de gobierno para la refundación de la patria y la construcción del estado socialista y democrático» que Libre propuso al electorado, el tema del agua aparece inserto en el capítulo «Protección del medio ambiente y desarrollo agroforestal». Sin embargo, su abordaje no está del todo desarrollado.
En síntesis, lo que Libre prometió a sus votantes fue restaurar el bosque perdido y reducir en un 40% el consumo doméstico de leña verde a 2030. También incluye establecer un programa de adaptación y mitigación al cambio climático, con especial énfasis en el «corredor seco».
El próximo gobierno propone asegurar las estrategias de reciclaje de materiales sólidos, la reducción de contaminación en aire, aguas y suelo, construir represas públicas de servicios múltiples en puntos estratégicos que eviten las inundaciones y atesoren el agua lluvia de los inviernos.
Además, promete eliminar las concesiones de minería a cielo abierto y revisar los proyectos hidroeléctricos en marcha y autorizados.
Alcanzar esos objetivos, incluso parcialmente, demanda una combinación de esfuerzos jurídicos, políticos, económicos y sociales que el gobierno solo podría alcanzar en alianza con la cooperación internacional y la propia ciudadanía.
De entrada, Xiomara Castro deberá revisar y corregir los compromisos internacionales suscritos por el país y que no se están alcanzando o marchan atrasados, entre ellos lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible; el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos; y apoyar y fortalecer la gestión local del agua y el saneamiento.
Como herencia de los gobiernos nacionalistas, la nueva presidenta recibe un país con más de dos millones de personas sin acceso al agua potable. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2019 el 11% de las viviendas no contaban con un servicio de agua adecuado, en el área rural solo 79% de la población tiene acceso a servicios de agua y 5.5% utiliza agua proveniente de ríos, quebradas, lagunas, entre otras fuentes naturales.
Asimismo, centenares de miles de familias que habitan las zonas suburbanas se abastecen de agua para su consumo a través de camiones cisternas.
En relación con el saneamiento, 67% de las viviendas del área urbana tienen el inodoro conectado a la alcantarilla, 47% de las viviendas en el área rural poseen letrinas de cierre hidráulico, 10% no cuentan con ningún sistema de eliminación de excretas y 7% tienen letrinas con pozo negro o simple.
En muchas de las ciudades principales y en la mayoría de los municipios, aldeas y caseríos, la cobertura de los sistemas de alcantarillado sanitario es muy baja. La era de las fosas sépticas sigue coexistiendo con una red de alcantarillados vieja, escasa y sin el adecuado mantenimiento.
Honduras también enfrenta un incremento notable de consumo de agua para la industria extractiva, sin un correcto aprovechamiento y manejo ambiental.
Hasta 2017, el Instituto Hondureño de Geología y Minas había otorgado un total de 282 concesiones mineras y Mi Ambiente había autorizado licencias ambientales para 157 hidroeléctricas. Estos permisos repercuten en la desaparición de 30 mil hectáreas de cobertura forestal cada año, principalmente en áreas protegidas y zonas de conservación importantes para el país.
El modelo extractivista también genera graves daños a los ecosistemas de agua dulce y marino costeros. Cada día se vierten a ríos, humedales y litorales más de 10 millones de libras de desechos sólidos.
La relación entre acceso al agua y salubridad es muy estrecha. Para no ir muy lejos, la crisis de disponibilidad del líquido vital se reflejó con crudeza en el transcurso de la pandemia de la COVID-19, con millones de personas en dificultades para atender la recomendación de lavarse las manos con agua y jabón como medida de prevención esencial ante el virus.
Lo paradódico de este panorama es que Honduras tiene suficiente reserva hídrica para satisfacer racionalmente la demanda de toda su población, pero utiliza menos del 10% de la misma y en lugar de aprovecharla debidamente la tiene bajo amenaza de extinción.
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¿QUIÉNES PRESTAN EL SERVICIO?
La administración del recurso agua para el consumo humano tiene cinco diferentes prestadores del servicio: el SANAA (lo que va quedando de la institución), el llamado modelo de alianza público-privado que opera en ciudades como San Pedro Sula, Choluteca y Puerto Cortes, las juntas municipales, las juntas comunales de agua y los prestadores privados del servicio.
La denominada «descentralización» de las competencias del SANAA la justificaron los diferentes gobiernos aludiendo a que la gestión pública ha sido incapaz de satisfacer las necesidades básicas de agua y que, por lo tanto, hay que traspasar, concesionar, municipalizar, donar o vender los sistemas de distribución a la empresa privada o a las municipalidades.
En la práctica, con el sector agua ha ocurrido un proceso parecido al de la generación y administración de energía eléctrica. Las consecuencias también son similares. En primer lugar, se ha debilitado la institucionalidad pública responsable de regular y controlar la planificación de los servicios del agua y se le exhibe como incompetente ante la opinión pública.
Al prevalecer el interés estratégico económico por sobre el derecho humano, no se tiene en cuenta debidamente cuestiones medioambientales como la protección de las aguas subterráneas o de ecosistemas fluviales y cualquier política de ahorro, fundamental para un uso racional del agua.
LAS DEUDAS DEL SANAA
A medida que el operador principal, en este caso el SANAA, pierde sus clientes se tiene que endeudar más para mantener sus operaciones y, sobre todo, poder cumplir sus obligaciones de pago, con lo cual se alimenta un círculo vicioso inagotable: se endeuda para pagar su deuda.
Hoy el SANAA no se sostiene por sí mismo y se financia principalmente a través de una combinación de tres fuentes: las tarifas por el pago de servicios por los usuarios que aún conserva; asignaciones presupuestales del gobierno central y créditos; y las donaciones de la cooperación internacional.
De esa manera, la necesidad de recursos genera presiones financieras que tienden a aumentar las tarifas del agua, dejando fuera a una parte cada vez mayor de la población, que siempre es la más pobre y que, irónicamente, terminará pagando más por agua de peor calidad.
En Tegucigalpa las «pipas» de agua (carros cisternas) o «aguateros» abastecen unas 100 colonias marginales que no cuentan con el servicio de agua domiciliaria ni popular. Así sobrevive casi un millón de personas, invirtiendo una gran parte de sus ingresos diarios en la compra del líquido vital, indispensable para medio satisfacer sus necesidades básicas.
Bajo este contexto, no será sencillo para el alcalde electo de la capital, Jorge Aldana, cumplir su promesa de una capital con agua y una administración transparente.
EL DESMANTELAMIENTO DEL SANAA
En la escuela se enseña que el agua es un «líquido vital, inodoro, incoloro, insípido y renovable», pero en la cruda realidad social y económica de Honduras el agua es un bien cada vez más contaminado, escaso y privatizado, convertido en «oro líquido» y fuente de mayores desigualdades.
Desde que el gobierno nacionalista de Ricardo Maduro procedió en 2003 a readecuar el marco legal e institucional del sector agua potable y saneamiento, el escenario de regulación y prestación de los servicios comenzó un cambio radical y progresivo bajo la excusa de la descentralización y la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento.
Con la nueva Ley Marco del sector se creó el Consejo Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA), ente encargado de la planificación sectorial; y el Ente Regulador de Servicios de Agua y Saneamiento (ERSAPS).
Al SANAA se le instruyó proceder a la entrega o devolución de los sistemas que en ese momento operaba, incluyendo los servicios de agua y alcantarillado de Tegucigalpa. En cambio, la institución se convertiría en un ente proveedor de asistencia técnica a todas las municipalidades y Juntas de Agua en el país.
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AS JUNTAS DE AGUA, UN PODER EN ASCENSO
El problema es que la mayoría de las municipalidades a las que el SANAA traspasó el servicio tienen baja capacidad de gestión administrativa, operativa y estratégica. Cuentan con pocos recursos humanos calificados, existe una rotación importante de personal y mucha politización partidaria.
Las debilidades en la capacidad institucional se reflejan en la falta de una debida supervisión de las juntas de agua que, pese a tener una justificación legal y social para existir, también corren el riesgo de convertirse en instrumentos de poder e ingresos ilícitos para quienes las controlan.
En el caso de las Juntas de Agua no hay consenso sobre su número exacto, hay quienes hablan de 4,400 juntas en todo el país, pero en la realidad el número es superior, pues se estima que operan unos 14,000 sistemas de suministro y solo unos pocos son administrados por entes institucionales públicos.
La mayoría de las Juntas de Agua enfrentan dificultades para cumplir sus obligaciones y uno de los aspectos críticos en la administración de los acueductos rurales es el monto de la tarifa mensual, puesto que la mayoría de las Juntas cobran tarifas que fueron establecidas desde hace diez años o más.
Los expertos coinciden en que las tarifas están completamente por debajo de lo necesario para cubrir los costos de operación y mantenimiento de los sistemas, así como el mantenimiento y protección de las fuentes de agua, pero ¿cómo cobrar más en contextos sociales precarios y, especialmente, cuando el manejo de las juntas se presta a muchas dudas y cuestionamientos?
Omar Essaú Núñez, coordinador de la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (AHJASA), señala a Criterio.hn que efectivamente hay muchos problemas de fondo sin resolver en ese sector «porque muchos de los proyectos invierten para solucionar los problemas, pero no las causas».
SAN PEDRO SULA Y LA ENTREGA DEL SERVICIO
«Buscar soluciones permanentes implica enfrentar cambios culturales, de hábito de la gente, de desarrollo humano, y no consiste solo en la obra física, sino de las personas, si se fija bien la situación en el sector sigue igual o peor que antes, muchas obras se destruyen porque no se cuidan debidamente», manifestó Núñez.
De acuerdo a Núñez, en las grandes ciudades la municipalización fue interpretada más como privatización, aprovechando un esquema diseñado desde organismos financieros internacionales que les permitía esa opción.
San Pedro Sula fue uno de los primeros casos. La segunda ciudad de importancia y principal centro industrial de Honduras, inició la senda en 1999 cuando la Corporación Municipal convocó la participación de empresas internacionales a una licitación para los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
Desde el 2001 la responsabilidad, como negocio, pasó a manos de la empresa Aguas de San Pedro, concesionaria por 30 años de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
TEGUCIGALPA Y LOS ECUATORIANOS
A poco más de 200 kilómetros de distancia de San Pedro Sula, la ciudad de Tegucigalpa es un caso de entrega en proceso. Bajo la gestión del edil Nasry Asfura (2014-2022) se ha acelerado la privatización, sin embargo, se ha encontrado con la oposición de amplios sectores de la población.
El apetito privado sobre el agua que genera la reserva natural de La Tigra es desmedido. Nuevas colonias residenciales privadas sueñan con ese abastecimiento. Solo esperan el sí para aprovechar la reserva natural de los capitalinos.
Asfura dio un paso en firme hacia la privatización del agua al suscribir en enero de 2018 un contrato de «mantenimiento y reparación del sistema hidrosanitario pluvial, aguas residuales y agua potable» con la transnacional ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo.
Ese contrato implicó la reparación de unos 727 kilómetros de longitud de la red de alcantarillados sanitario y 300 kilómetros de longitud de la red de alcantarillado pluvial por un monto de 283 millones de lempiras.
Los detalles de esa operación no son conocidos por la opinión pública. La alcaldía encabezada por Asfura Zablah exigió a la empresa Hidalgo e Hidalgo Honduras «discreción con la información confidencial que no se proporcionará o divulgará a terceros».
Además de que los asuntos del Estado deben ser públicos, no secretos, Hidalgo e Hidalgo es una empresa que en 2015 fue vinculada a una oscura operación realizada con el gobierno que encabezó Ricardo Martinelli en Panamá para suministrar agua potable, controlar inundaciones, generar energía e irrigar zonas agrícolas en aquel país.
El caso de la empresa ecuatoriana en Panamá motivó una investigación de su Fiscalía Cuarta Anticorrupción. El proyecto terminó cancelado. Esos antecedentes los conocía el alcalde capitalino cuando firmó su contrato en Honduras.
En Tegucigalpa, el alcalde electo Aldana deberá decidir qué hacer con ese contrato que hereda, si sigue, si lo modifica o si lo revierte.
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DE LOS «CHICAGO BOYS» AL GOLPE DE ESTADO
Si bien es cierto que el gobierno de Ricardo Maduro tiene una cuota de responsabilidad en esta historia, los primeros pasos se remontan al que encabezó el fallecido exgobernante Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) que implantó el modelo económico neoliberal e impulsó los ajustes estructurales en Honduras.
En los ministerios de los entonces llamados «Chicago boys», un grupo de economistas seguidores de las ideas del neoliberalista Milton Friedman, comenzaron a redactar los proyectos de ley para facilitar la explotación privada de bosques, minerales, playas, agua y todo bien público estratégico que pudiera interesar a la empresa privada nacional y transnacional.
Entre aquel gobierno y los siguientes los proyectos se fueron convirtiendo en realidad. Sin embargo, el mayor impulso ocurre después del golpe de Estado de 2009.
El 24 agosto del 2009, durante el breve período de facto que presidió Roberto Micheletti, se aprobó la Ley General de Aguas que autoriza las concesiones sobre los recursos hídricos y se aprobó el decreto 233 que deroga todos los anteriores decretos que prohibían proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas.
Desde entonces, la privatización de los recursos naturales y, en particular, la explotación del agua no cesa. Las estrategias para hacerlo son variadas y van desde el concesionamiento de ríos para fines hidroeléctricos, licencias sin la debida supervisión ambiental a las agroindustrias de exportación hasta la autorización para que fuentes de agua pasen a poder de empresas que obtienen líquido de calidad para su embotellamiento y comercialización.
Como señalan diferentes investigaciones, el poder golpista victorioso retribuyó –en lo económico y político– a los suyos. La primera víctima institucional fue el SANAA, una institución creada durante la administración del presidente liberal Ramón Villeda Morales (1957-1963).
UN SANAA DESMANTELADO
Hoy el SANAA es una pálida imagen de lo que fue en el pasado. El último y decisivo golpe recibido fue el Decreto Ejecutivo PCM 024-2020, publicado en La Gaceta el 26 de octubre de 2020, que instruye realizar la transferencia del sistema de agua potable y saneamiento a favor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Un testigo impotente de ese proceso es César Castellanos, actual presidente del Sindicato de Trabajadores del SANAA. «Los que tenemos muchos años de trabajar y querer esta institución nunca esperamos verla así, en circunstancias tan críticas» respondió a consultas de Criterio.hn.
Las primeras víctimas del desmantelamiento del SANAA, según Castellanos, son los trabajadores, sin importar la calificación técnica de los mismos o la experiencia laboral que tengan, «los están despidiendo incluso sin reconocerles plenamente sus derechos laborales», indicó.
Castellanos puso como ejemplo que de unos 1,700 empleados en la Metropolitana (Tegucigalpa y Comayagüela) ya han despedido a unos 1,200. Entre ellos hay personal técnico que, según el dirigente sindical, fue formado y especializado con fondos públicos, expertos que conocen muy bien su trabajo.
«¿Qué le espera a los capitalinos?», se le preguntó al sindicalista, «un aumento inevitable en el costo del servicio y mucha incertidumbre sobre la calidad del agua que se distribuya», respondió.
Al realizar un balance del desmantelamiento del SANAA, Castellanos enfatiza que la principal responsabilidad recae en la politización partidarista de la empresa. «No es por incompetencia técnica que la institución está mal, es por los abusos de poder que la han debilitado. Poco se ha hecho para mejorarla y fortalecer sus ingresos».
De hecho, el sindicalista ejemplificó, que desde que en 1992 se construyó la represa de La Concepción, una gota de agua adicional no ha entrado al sistema de la capital. «La ciudad crece, pero no la capacidad de atención a la demanda», explica.
¿Hay esperanza de frenar esa tendencia?, objetivamente parece ya muy tarde para el SANAA. «Esto es algo planificado, los políticos han creado el problema para luego presentar la privatización como la solución», dijo finalmente Castellanos.
