Honduras, donde sus ríos y áreas protegidas son devorados

Por: Ariel Torres Funes

«La muerte de Berta Cáceres dolió mucho, sobre todo porque desde su crimen no ha cambiado nada, siguen asesinando ambientalistas, siguen operando las mismas estructuras, las mismas concesiones, las mismas leyes», exclama indignada Betty Vásquez, una de las principales defensoras del medioambiente en Honduras.

Para Vásquez, el modelo extractivista expuesto tras el crimen de su amiga Berta, está más presente que antes. Las cifras le dan la razón. Cuando Cáceres fue asesinada en 2016, 110 concesiones hidroeléctricas amenazaban los ríos de Honduras, seis años después estos permisos aumentaron a 140. Por su parte, las concesiones mineras pasaron de 537 a 950.

Betty Vásquez conoce de cerca la explotación a gran escala de los recursos naturales. Como coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS) se opone a 100 concesiones mineras y a 19 permisos hidroeléctricos en su departamento, proyectos que comprometen la segunda cuenca más importante del país, la del río Ulúa.

El geógrafo estadounidense Benjamin Fash, un especialista del extractivismo en Honduras, señala a Criterio.hn que el caso de Santa Bárbara no es aislado, ya que 70% de los municipios a nivel nacional tienen proyectos similares en sus territorios, además advierte que, si todas las concesiones mineras e hidroeléctricas llegan a operar, 41% de los ríos del país estarán en peligro.

Las áreas protegidas también se encuentran en riesgo. En 2022 se registran 42 proyectos mineros y 38 concesiones para generar energía eléctrica en estas zonas supuestamente inalienables de Honduras, como son los parques naturales y las zonas de reserva ambiental.

Esta situación prevé escenarios dramáticos. «Vamos a tener menos cantidad y calidad de agua disponible en todo el país», alerta José Cáceres, coordinador del Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial (OUOT), una instancia adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Los científicos y los ambientalistas cumplen con su trabajo, muchos de ellos son asesinados por oponerse a grandes intereses extractivistas, sin embargo, los tomadores de decisión, históricamente confabulados con las empresas, ignoran las advertencias sobre las consecuencias del modelo que impulsan.

Benjamin Fash es escéptico con el enfoque ambiental que pregona tener el gobierno de Xiomara Castro, «en América Latina hemos visto que los gobiernos de izquierda o derecha tienen el mismo modelo extractivista».

Centrales hidroeléctricas y proyectos mineros traslapados sobre sobre las microcuencas declaradas y las áreas protegidas en Honduras

El negocio de los ríos

A pesar de las sequías, Centroamérica es una región privilegiada en recursos hídricos. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), de los siete países centroamericanos solamente El Salvador está por debajo del umbral que la ONU sugiere para la disponibilidad anual de agua por persona (7,5 mil metros cúbicos).

Honduras es el quinto país centroamericano con más recursos hídricos por ciudadano, superando ampliamente el mínimo propuesto por la ONU, con 11,3 mil metros cúbicos. Lo desigual es su distribución y el acceso del recurso, porque su oferta hídrica es incluso mayor a la de Estados Unidos (8,9) o Suiza (7,4).

De acuerdo al Instituto de Conservación Forestal (ICF), el país cuenta con 25 cuencas, 133 subcuencas y 956 microcuencas. Estos territorios hidrográficos se definen por su tamaño. Para el caso, el río que defiende Betty Vásquez, el Ulúa, se encuentra adentro de la segunda cuenca más grande de Honduras, de la cual se desprende el río Gualcarque, una subcuenca mundialmente conocida tras el asesinato de Berta Cáceres.

A pesar que las cuencas son protegidas por la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, la minería y los proyectos de generación energética se instalan en estas áreas, buscando riquezas en sus subsuelos y generando energía con sus aguas.

En el caso de las hidroeléctricas, su proliferación se dio a partir de 2007, cuando el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) propuso cambiar la matriz energética hacia las fuentes renovables, argumentando que debía cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Para transformar la matriz energética se aprobó la Ley de Promoción de la Energía Eléctrica con Recursos Renovables en 2007 (reformada en 2013), la cual priorizó la generación de la energía por encima de otros intereses, como el de áreas protegidas, las cuencas declaradas y los derechos indígenas.

Así como había ocurrido con la Ley General de Minería en 1998, también reformada en 2013, aprobar la ley energética en 2007 marcó el inicio de una nueva era del extractivismo en Honduras.

En una década, Honduras transformó su matriz energética. La generación «limpia», como se les conoce a las fuentes de energía hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica, de biomasa y geotérmica, pasó de cubrir 38.4% de la demanda eléctrica del país en 2010, a representar el 65.6% actual.

Sin embargo, la nueva matriz redujo al Estado a un papel de comprador de energía, generando apenas 16,6% de la capacidad del sistema eléctrico hondureño, por lo tanto, dependiente del 83,4% proveniente de la empresa privada.

Se estima que cada año el Estado gasta unos 22,5 mil millones de lempiras para comprar energía a los generadores privados. El negocio es redondo para empresarios del sector como Freddy Nasser, cuya fortuna asciende a unos 56.5 mil millones de lempiras, en su mayoría proveniente del sector energético.

Los compromisos adquiridos por el Estado han puesto en riesgo la economía nacional. Solamente a los térmicos privados les adeuda unos 6,6 mil millones de lempiras, a pesar que entre 2012 y 2016, las empresas generadoras de energía renovable recibieron exoneraciones fiscales por unos 45 mil millones de lempiras.

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Del total de la energía generada en Honduras (2,829 megavatios anuales), 30% parte proviene de las centrales hidroeléctricas, del cual 11% es suministrado por las empresas privadas. Ahí la importancia de los recursos hídricos para el gran capital.

El papel de las hidroeléctricas en la matriz energética hondureña no es un caso único en la región. En Costa Rica generan hasta 200 días continuos de su demanda, en El Salvador cubre 30.2% de su matriz, 24.8% en Guatemala y 57.4% en Panamá.

Pero en ninguno de los países centroamericanos los proyectos extractivistas causan tantos conflictos sociales como en Honduras, calificado en 2021 como la segunda nación más peligrosa del mundo para los ambientalistas. Solamente en 2020 fueron asesinados 17 defensores, muchos otros son criminalizados.

«Pasamos de una matriz térmica a una renovable, en consonancia con los ODS, pero hay que preguntarse qué se sacrificó para realizar esa conversión», cuestiona Benjamin Fash. Uno de los sacrificios parece ser el agua.

En su artículo 145, la Constitución de la República declara que el acceso al agua es un derecho humano y ordena al Estado garantizar la preservación de las fuentes hídricas. En la práctica, las comunidades se disputan con las empresas este recurso. Una competencia que evidentemente, no se da en igualdad de condiciones.

En 2017, 52.4% del agua disponible en Honduras fue utilizada para el riego agrícola, 14.3% para el consumo humano, 13.6% para la producción hidroeléctrica (había 41 plantas ese año) y 5.1% para la industria. Es probable que en 2022 las hidroeléctricas utilicen más agua, ya que desde 2017 operan siete nuevas plantas en el país.

Exprimiendo los ríos

Al igual que la Ley de Promoción de la Energía Eléctrica con Recursos Renovables (2007), la Ley Marco del Subsector Eléctrico (1994) tampoco contempla zonas donde se prohíbe la instalación de proyectos de energía.

Es decir, los empresarios tienen carta abierta para instalar hidroeléctricas en cualquier parte del país. Por ello, entre 2007 y 2017 se construyeron 36 nuevas hidroeléctricas privadas, de las 48 plantas que operan actualmente.

La red fluvial abajo de las plantas hidroeléctricas que se encuentran en operación se extiende por unos 3,076 kilómetros (kms), 17% de los ríos del país. «Este porcentaje puede crecer hasta 24%», advierte Benjamin Fash, uno de los principales investigadores de los estudios Territorios en Riesgo.

El experto en ordenamiento territorial de la UNAH, José Cáceres, explica las repercusiones de las plantas hidroeléctricas, «hay dos tipos, las de a pie de presa como la de El Cajón y las más pequeñas que son a filo de agua, ambas tienen un impacto ambiental, alterando el equilibrio ecosistémico y disminuyendo el caudal de los ríos, por lo que afecta la vida marina y el uso del agua en la población».

La explotación de la cuenca del río Ulúa ilustra la problemática. Betty Vásquez explica a Criterio.hn que esta cuenca tiene influencia en 11 de los 18 departamentos del país, «pero en su ruta hay una gran cantidad de proyectos hidroeléctricos concesionados, solamente en Santa Bárbara el 70% de sus municipios serían afectados si construyen todas las plantas de energía».

En sus 21,3 mil kms² de superficie, en la cuenca del río Ulúa hay 256 concesiones mineras y una extensa cantidad de proyectos hidroeléctricos, de los cuales destacan Los Llanitos, El Jicatuyo y El Tornillito (si se construye, esta último sería la segunda central más grande de Honduras después de El Cajón).

De acuerdo a Betty Vásquez, quienes están detrás de los proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Ulúa son «los mismos que venden energía térmica al Estado, hay grupos nacionales, pero también corporativos internacionales».

Oponerse a estos proyectos en Santa Bárbara es una labor quijotesca, más cuando la cuenca del río Ulúa genera 98% de la energía hidroeléctrica en el país.

Los proyectos hidroeléctricos en los ríos hondureños también perjudican las aguas transfronterizas con El Salvador, Nicaragua y Guatemala. «Estos países deberían estar preocupados por lo que pasa en Honduras, pero nos sorprende que no hemos visto una mayor reacción de su parte», comenta Benjamin Fash a Criterio.hn.

Al respecto, la Asociación Mundial para el Agua (GWP, por sus siglas en inglés) exige que la región suscriba acuerdos para el manejo de las aguas internacionales y los acuíferos transfronterizos, pues estas áreas ocupan cerca del 40% del territorio de Centroamérica.

Con 256 concesiones, la minería tiene los intereses puestos sobre la cuenca del Ulúa. Sus consecuencias son registradas hasta por el mismo Estado. El Instituto de Conservación Forestal (ICF) señaló que entre 2014 y 2018 la cuenca perdió siete mil hectáreas de bosque debido a las 47 explotaciones que operan en su territorio.

Para tener una idea más precisa del impacto ambiental de la minería en esta cuenca, la segunda más importante del país, la cantidad de bosque que perdió en cuatro años equivale a 9,815 campos de fútbol. En contraste, estas empresas apenas emplean a 1,258 personas en el departamento de Santa Bárbara.

Los ríos y la minería

No cabe duda que los proyectos mineros están cambiando la geografía del país, cuyas concesiones se extienden sobre 185 municipios del país, abarcando 5% del territorio nacional.

Actualmente en Honduras hay 453 proyectos mineros en explotación, sobre un área de 131,515 hectáreas (ha). Si otras 497 concesiones en estado de exploración, solicitud y suspenso avanzan a la etapa de explotación, esta área aumentaría a 565,128 ha, representando un aumento de 330%.

La Ley General de Minería de 2013 reconoce las 956 microcuencas declaradas como zonas de exclusión minera. Paradójicamente, en 2021 había 36 concesiones mineras sobre estas microcuencas. Catorce proyectos estaban en explotación, 11 en exploración y 11 en solicitud.

«En 2021, 25% de todos los ríos del país estaban en riesgo de ser afectados por la minería. Si todas las concesiones llegaran a operar, este porcentaje crecería a 36%», comenta Benjamin Fash, investigador de la Universidad de Clark en Estados Unidos.

La longitud total de la red fluvial abajo de la actividad minera en Honduras es de 4,492 kms. Esta área es 1,416 kms mayor a la abarcada por las centrales hidroeléctricas. Además, esta longitud podría extenderse a 6,427 kms si todas las concesiones mineras son explotadas, ocupando 36% de los ríos nacionales.

«La minería afecta tanto la calidad como la cantidad de agua, porque las empresas sacan aguas de los ríos para procesar sus materiales, para controlar el polvo por sus explosiones, por lo que se termina contaminando los ríos. Esto debería ser una preocupación nacional», señala Fash a Criterio.hn. 

Los proyectos mineros presentan un riesgo latente por la contaminación de los suelos y de los ríos con los químicos que utilizan en sus explotaciones, «con un derrame de cianuro desaparece al instante casi toda la vida acuática», detalla el geógrafo estadounidense, quien vivió en Honduras por muchos años.

Uno de los casos más paradigmáticos fue la mina a cielo abierto San Martín, la cual operó en el Valle de Siria entre el 2000 y 2009. Además de contaminar las fuentes hídricas de la zona con cianuro, la empresa canadiense Goldcorp secó 21 de las 24 quebradas aledañas a la mina.

Se estima que el proyecto de San Martín utilizaba 22 litros de agua por segundo. Para tener una idea de la magnitud de esta explotación hídrica, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los centros de salud destinen entre 40 a 60 litros de agua al día por cada persona atendida.

A pesar de sus impactos ambientales y sociales, cuando la mina San Martín cerró en 2009, ese mismo año el Estado otorgó 52 concesiones a otras empresas. Desde que la empresa canadiense salió del país, los permisos mineros pasaron de 300 a 950 en todo el país, sin importar que en el Valle de Siria habían desaparecido 21 de sus ríos a causa de la explotación minera.

Tanto los ambientalistas como los científicos advierten que las consecuencias de la minería contrastan con sus beneficios. «Este sector apenas aporta el 0.6% del PIB nacional, no tiene un gran impacto económico. Además, los incentivos fiscales que se les dan más bien afectan la economía del país», añade José Cáceres.

La desprotección de las áreas protegidas

«La Ley General del Ambiente dice que todas las áreas adscritas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas son zonas especiales donde cualquier tipo de proyecto no contemplado por su manejo está prohibido, pero encontramos que 42 concesiones mineras y 38 de energía están adentro de las áreas protegidas», explica Cáceres.

Las áreas protegidas son aquellas declaradas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) y reguladas por la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

La nueva Ley General de Minería de 2013 reconoce las áreas protegidas como zonas de exclusión de derechos mineros, por lo que el Instituto Hondureño de Geología y Minas, INHGEOMIN no podría otorgar concesiones en esas áreas. Sin embargo, la protección legal de las áreas protegidas solamente aplica a aquellas inscritas en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable (CPPFI).

«Para que un área esté incluida en el catálogo debe estar titulada a favor del Estado, tiene que ser de dominio nacional. El problema es que de todas las áreas protegidas la mayoría no son territorios nacionales, ya que son ejidales y privados. Entonces como no están en este catálogo se otorgan las concesiones», explica el coordinador del OUOT.

De las 42 concesiones mineras aprobadas en las áreas protegidas, 13 de ellas se encuentran en las zonas «núcleo», en áreas que deberían de tener un nivel más alto de conservación. De estos proyectos, cinco se encuentran en explotación, seis en exploración y dos en solicitud o suspenso.

También hay otras 29 concesiones mineras en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas, de las cuales nueve se encuentran en explotación, doce en exploración y ocho en solicitud o suspenso.

En otros casos, como ocurrió en el Parque Nacional «Montaña de Botaderos Carlos Escaleras», la extensión de las áreas protegidas se modificó para dar paso a las concesiones mineras.

En 2013, la zona núcleo de la Montaña de Botaderos Carlos Escaleras fue modificada por primera vez, reduciendo 217 hectáreas de su área para dar paso a dos concesiones mineras, propiedades del empresario Lenir Pérez, presidente de Emco Holding Inc., un conglomerado de empresas que tiene activos por unos 25 mil millones de lempiras.

En 2016 y 2020 los límites de la zona núcleo y de la zona de amortiguamiento de la Montaña de Botaderos fueron modificados de nuevo.

Esta situación generó uno de los mayores conflictos mineros en el país, resultando en un campamento ciudadano que comenzó el 1 de agosto 2018, el cual recibió amenazas, hostigamiento y órdenes de captura en contra de sus líderes.

Por defender los ríos Guapinol y San Pedro, ubicados en el Parque Nacional «Montaña de Botaderos Carlos Escaleras», ocho pobladores fueron encarcelados durante 29 meses. Este caso evidenció la criminalización de la protesta en Honduras y demostró la debilidad del marco legal para defender las áreas protegidas.

Hidroeléctricas en áreas protegidas

«En el caso de la energía es diferente, no hay ningún instrumento legal que prohíba los proyectos energéticos en las áreas protegidas. Lo que hace el marco legal es poner la energía como prioridad nacional sobre cualquier otra cosa», señala Benjamin Fash a Criterio.hn.

La Ley de Promoción de la Energía Eléctrica con Recursos Renovables (Decreto 70-2007) y sus reformas (Decreto 138-2013), junto con la Visión de País (2010) permiten que los proyectos de energía se instalen prácticamente en cualquier lugar del país, incluidas las áreas protegidas.

Actualmente hay 38 proyectos de generación de energía eléctrica sobre las áreas protegidas. De estos, 37 son hidroeléctricos y uno es térmico. Los hidroeléctricos consisten en 39 presas que se concentran en el Parque Nacional Pico Bonito, Parque Nacional Nombre de Dios, el Refugio de Vida Silvestre Texiguat, el Parque Nacional Sierra de Agalta, la Reserva de la Biósfera del Río Plátano y el Área Productora de Agua El Jilguero. El proyecto térmico se encuentra en el Parque Nacional Nombre de Dios.

Catorce de los proyectos hidroeléctricos se encuentran en las zonas «núcleo» o «limites generales» de los parques protegidos y 7 se encuentran en áreas que están en estado de «propuesta». De los 37 proyectos hidroeléctricos, 13 operan actualmente, 2 están en construcción y 22 se encuentran suspendidos.

«Lo que hacen estas hidroeléctricas es detener el flujo del agua y del sedimento del cual depende todo ese ecosistema, entonces hay una grave afectación ambiental en las áreas protegidas», añade Fash.

Resistencia y expectativas

Para el geógrafo norteamericano, el modelo extractivista en Honduras no se desarrolla como quisieran sus impulsores, debido a la resistencia comunitaria. «Si hiciéramos un mapa de los proyectos mineros y energéticos detenidos por la oposición comunitaria, el mapa estaría lleno de puntos en todo el país», comenta.

Sin embargo, llevar a cabo esa resistencia comunitaria referida por Fash es una de las labores más peligrosas en Honduras. Solamente el Movimiento Ambientalista Santabarbarense, coordinado por Betty Vásquez, registra el asesinato de 17 de sus integrantes, desde que se conformaron en 2011.

«El 30 de abril asesinaron a un compañero lenca. Si hubiera un Estado de derecho, un respeto a las poblaciones, no tendríamos necesidad de tomar estas precauciones», señala Vásquez, quien tiene medidas de protección desde 2021.

Betty Vásquez no advierte cambios estructurales con la llegada del nuevo gobierno, «nos alegra que a Berta Cáceres la declaren heroína, pero más nos alegraría que derogaran la Ley de Minería, que revocaran los proyectos nocivos. Uno espera cambios más allá de lo cosmético», señala.

El departamento de Santa Bárbara es uno de los bastiones del Partido Libertad y Refundación (Libre), donde ganó 20 de las 28 alcaldías en las pasadas elecciones. Sin embargo, para Vásquez «los poderes ocultos siguen intactos en el departamento».   

Por su parte, la nueva Ley Especial de Energía, aprobada en mayo de 2022, permitirá al gobierno de Castro renegociar los contratos con los generadores privados, elevando la energía como un bien público. Sin embargo, la ley también instruye construir las tres represas hidroeléctricas a las que se opone Betty Vásquez.

Al respecto, Benjamin Fash enfatiza a Criterio.hn: «el extractivismo no tiene color ideológico».