Empresas salpicadas por corrupción y narcotráfico, contratadas para construcción de carreteras

Dos de las empresas, que han sido favorecidas con contratos, fueron mencionadas en el caso “Narcopolítica” por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). 

Como parte de las dinámicas de estos proyectos se identificó que once empresas concentran 316 contratos, de 421 que fueron analizados para esta investigación, es decir, el 75%.

Hermano del presidente de la CNBS, es socio de una de las empresas contratadas en Comayagua. Criterio.hn visitó una de las obras y encontró, además, de un proyecto varado, daños estructurales, pese a que la obra aún no ha sido finalizada.

Tegucigalpa, Honduras. -La construcción, reparación y mantenimiento de ejes carreteros, programa insignia de la presidenta, Xiomara Castro, en el cual se han invertido miles de millones de lempiras, no está libre de cuestionamientos, ya sea por los incumplimientos y retrasos en la ejecución de las obras o por el otorgamiento de contratos a empresas señaladas en emblemáticos casos de corrupción e incluso crimen organizado.  

Criterio.hn identificó y analizó 421 contratos adjudicados a 27 empresas entre 2022 y mayo de 2025 por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), para la construcción, reparación y mantenimiento de carreteras –pavimentadas y no pavimentadas– y otras obras de infraestructura.

Como parte de las dinámicas de estos proyectos se identificó que once empresas concentran 316 contratos, es decir, el 75%, bajo procesos de licitación que, en su mayoría reflejan una misma dinámica: las mismas empresas participan en casi todas las convocatorias.Además de la participación de empresas vinculadas a casos de corrupción y crimen organizado, esta investigación, también, consigna algunos problemas estructurales en algunas de las obras, por ejemplo, grietas, uso de material defectuoso y, en algunos casos, la falta de obras complementarias estipuladas en los contratos.

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Corrupción y narcopolítica, opaco perfil de empresas constructoras 

Este medio digital se dio a la tarea de esculcar sobre el pasado de las 27 empresas contratadas, que forman parte de los 421 contratos analizados, para el fin de esta investigación, y encontró que al menos cuatro arrastran señalamientos por irregularidades en procesos anteriores por presunta corrupción, vínculos con el crimen organizado, incumplimiento de contratos e incluso falsificación de documentos.

Por ejemplo, la firma constructora A & V Ingenieros S. de R. L., es la empresa que más ha recibido adjudicaciones, entre 2022 y 2025, logrando 72 contratos de construcción y mantenimiento de carreteras en diferentes zonas del país. Esta empresa está representada por la ingeniera Tania Yarlene Murillo Lanza, quien figura actualmente como socia única de la compañía. 

La mayoría de las obras se ejecutan en los departamentos de Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso, por un monto que excede los 300 millones de lempiras. 

Un informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC),  publicado en 2013, reveló que la empresa A & V Ingenieros S. de R.L. fue precalificada con categoría A+ para ejecutar obras financiadas con fondos nacionales y ejecutadas por la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), ahora SIT, pese a no cumplir con los requisitos mínimos que exige la Ley de Contratación del Estado, incluso se ignoraron parámetros, como la acreditación de la experiencia técnica y capacidad financiera que sí fueron exigidos a otras empresas que participaron en procesos similares en 2010. 

A & V Ingenieros fue fundada inicialmente por los ingenieros Tania Yarlene Murillo Lanza y Josué Daniel Cabrera. Sin embargo, fue inscrita formalmente después de participar en el proceso de precalificación, en el que obtuvo la calificación A +, utilizando información falsa y que correspondía a la experiencia de Servicios Integrales de Construcción, Mantenimiento, Emergencia y Rescate S.A. de C.V. (SICMER), que sí contaba con los requisitos legales y técnicos exigidos por la normativa.

La irregularidad clave radica en que se consideró como propia la experiencia de SICMER, empresa también vinculada a la ingeniera Murillo Lanza. Durante el proceso, ella firmó como representante legal de A & V, a pesar de haber cedido previamente todos sus derechos y obligaciones a su socio. En los documentos del expediente, no se encontró prueba de que contará con la representación legal requerida al momento de la firma.

En el análisis, se encontró también a la empresa Constructora Celaque, vinculada a Ingenieros Consultores Hércules Zúniga S. de R.L. (INCOHZ), una de las constructoras mencionadas en investigaciones del caso “Narcopolítica”. Esta empresa obtuvo al menos 18 contratos con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para la construcción de carreteras y otras obras en los departamentos de Lempira, Islas de la Bahía y Ocotepeque. 

Una de las exgerentes de la empresa Ingenieros Consultores Hércules Zúniga S. de R.L. (INCOHZ), casa matriz del Grupo Celaque, fue procesada por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), junto a otras más dedicadas al rubro de la construcción,  por ser parte de una red de corrupción estructurada que utilizó empresas para simular procesos de licitación y supervisión técnica. 

De acuerdo, a documentos oficiales estas firmas, en lugar de fiscalizar con objetividad, habrían facilitado el desvío de fondos públicos a través de estimaciones de obras infladas o inexistentes, que eran ejecutadas por la empresa INRIMAR, propiedad de los hermanos Rivera Maradiaga, líderes del cártel Los Cachiros.

En la página web de Constructora Celaque se menciona que la empresa matriz Ingenieros Consultores Hércules Zúniga S. de R.L. (INCOHZ), fue fundada por los ingenieros –a la vez esposos– Daysi Marina Zúñiga Méndez y Joaquín Emilio Hércules Rosa, quien a la vez figura como parte del órgano societario y representante legal de Constructora Celaque e INCOHZ, según resoluciones de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE). 

Por otro lado, Zúñiga Méndez fungió como gerente general de Ingenieros Consultores Hércules Zúniga S. de R.L. (INCOHZ), de acuerdo a documentos de licitaciones y contratos firmados con la extinta Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi). 

A Zúñiga Méndez se le acusó, junto a otras personas, del delito de falsificación de documentos públicos y de cómplice en el delito de fraude, según consta en un recurso de reposición interpuesto ante la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el caso “Narcopolítica”. 

Sin embargo, en diciembre de 2022, la Corte de Apelaciones de lo Penal en materia de corrupción, emitió varios sobreseimiento definitivo a favor de los acusados en el caso narcopolítica. Gracias a este fallo la ingeniera Daysi Marina Zúñiga, fue absuelta

Aunque INCOHZ es una de las empresas  mencionadas en investigaciones pasadas sobre corrupción en infraestructura, en la actualidad no enfrenta cargos e incluso fue dada de alta, en enero pasado, por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) por lo que no existe ningún impedimento legal para que sea nuevamente contratada.

Sobre este caso Criterio.hn consultó al jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, quien manifestó que, en primera instancia, se debe diferenciar si las empresas solo fueron mencionadas o si estas fueron directamente involucradas en los casos de investigación. 

Según declaraciones del jefe de Uferco, en varias ocasiones se ha detectado que empresas que, aunque no tengan la capacidad financiera u operativa participan en licitaciones, que se sabe están amañadas, solo para que ciertos consorcios o constructoras obtengan los contratos, es decir, que licitan únicamente para justificar que otras ofertaron. 

Mencionó que uno de los requisitos del actual gobierno para los proveedores, es la extensión de una constancia por parte del Ministerio Público, que certifique que no existe ningún proceso de investigación en curso en su contra.

Santos señaló que las constancias se han entregado, incluso, a empresas que se han visto involucradas en actos de corrupción. Asimismo, reveló que muchas empresas que “saben que están siendo investigadas, se han visto involucradas en falsificaciones de estas cosas (constancias)”. 

El abogado e integrante del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Luis Urbina, explicó que varias empresas que se han visto involucradas, directa e indirectamente, en casos de corrupción logran filtrarse en los procesos de licitación y en varios casos logran los contratos, porque los parámetros de precalificación para estos consorcios son muy bajos. 

“Aquí vemos la ineficiencia del estado y hablamos lamentablemente de toda la institucionalidad, no solo en este gobierno, sino en el anterior”, lamentó el integrante de la sociedad civil. 

Otra empresa vinculada al caso Narcopolítica es Técnica de Ingeniería S.A. de C.V. (Tecnisa), quien ha logrado en la actualidad nueve contratos de supervisión de obras con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). 

José Manuel Aguilar Matute, sindicado en el Caso Narcopolítica, aparece como representante de la empresa Tecnisa, que participó en varios procesos de licitación en 2024. Por ejemplo, el 2 de diciembre de 2024, Aguilar Matute envió la oferta para que Tecnisa participará en el proceso de licitación para el diseño de la subestación de Bomberos en Colinas del Norte, Puerto Cortés. Sin embargo, la licitación la ganó la empresa Asociación de Profesionales (ASP Consultores). 

El 28 de abril de 2025, la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), presentó una nueva línea de investigación relacionada con el caso en mención, en el que se involucra a 11 personas, entre ellos exfuncionarios, empresarios y narcotraficantes condenados en Estados Unidos.

La investigación revela que los exfuncionarios del Fondo Vial y particulares, autorizaron, adjudicaron y suscribieron contratos fraudulentos con las empresas Inmobiliaria Rivera Maradiaga (Inrimar) propiedad del cártel Los Cachiros y Tecnisa para el mantenimiento de la red vial no pavimentada en Colón. 

La carga probatoria presentada por la Uferco incluye correos electrónicos en los que se solicitan sobornos para políticos y una diputada, cuya identidad se desconoce. 

Los imputados en esta línea de investigación son exfuncionarios del Fondo Vial, entre ellos, el exdirector, Hugo Alfredo Ardón Soriano, Juan Carlos Mazzoni, Hugo Edgardo Álvarez Martínez y José Efraín Peñalba Lizardo. 

También se incluyó a Devis Leonel Rivera Maradiaga (alias «Cachiro»), líder del cártel Los Cachiros –condenado en Estados Unidos por narcotráfico—, Edgardo Pérez Martínez, Luis Manuel Turcios Galeas, Efraín de Jesús Maradiaga Turcios representantes de Inrimar y José Manuel Aguilar Matute, representante de Tecnisa, favorecidas con los contratos fraudulentos.

De acuerdo con el Ministerio Público, las irregularidades documentadas incluyen falsificación de firmas en procesos de licitación, sobrevaloración de precios, pagos ilegales, uso de materiales de baja calidad y omisiones graves en la supervisión de las obras, sin que se implementaran medidas correctivas. 

Otro caso a destacar es la empresa Profesionales y Consultores S.A. (Proconsa) que, aunque no ha sido sindicada por la justicia hondureña de haber estado involucrada en casos de corrupción, fue señalada de incumplir contratos. Esta empresa ha logrado durante el presente gobierno, al menos, 24 contratos de construcción y mantenimiento de red vial. 

De acuerdo a una publicación de un medio local, en 2024, esta empresa habría incumplido con el contrato para la instalación de grama híbrida en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, Cortés, adjudicado por la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) a un costo de L25,481,766.17 millones de lempiras. Según reportes de medios locales, Condepor suspendió el contrato por retrasos en las obras y mal trabajo de la empresa. 

Pese a los impasses antes citados, Proconsa estuvo encargada de la construcción y pavimentación de 4.90 kilómetros de carretera en la comunidad del Rosario en Santa Rita, Copán. Esta obra valorada en L36,452,705.12 fue gestionada por la diputada del oficialista Partido Libre, Isis Cuéllar, quien está siendo investigada por el Ministerio Público por el uso de fondos públicos para su campaña electoral. 

En Honduras las carreteras son intervenidas por empresas que acumulan contratos millonarios sin control riguroso sobre su desempeño técnico o legal. (Foto: Guillermo Burgos-Criterio.hn).

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RETRASOS EN CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 

Otra de las dinámicas identificadas en esta investigación es que existen contratos a empresas que tienen retrasos en la ejecución de las obras, daños estructurales e irregularidades en la construcción de las mismas.

Para conocer más a fondo estas anomalías Criterio.hn se trasladó hacia la carretera entre los municipios de Cantarranas y Talanga en Francisco Morazán, donde se construye la pavimentación con concreto hidráulico de un tramo de 18.60 kilómetros, a un costo que supera los 230 millones de lempiras.

Los retrasos en la construcción de carreteras en Honduras no siempre se deben al mal tiempo o a problemas técnicos. En muchos casos, el principal factor es el incumplimiento del Estado en los pagos a las empresas contratistas, lo que genera un efecto en cadena que afecta a empleados, proveedores y a las propias comunidades beneficiarias de las obras, ya que en varias zonas no hay vías alternas para solventar el tráfico vehicular y evitar pérdidas económicas, dijo a Criterio.hn, Juan Carlos Cordon, propietario de la empresa Cordon’s Heavy Equipment S. de R.L de C.V.  

Cordon’s Heavy Equipment S. de R.L de C.V., fue beneficiada con la adjudicación de los 18.6 kilómetros entre Cantarranas y Talanga. Entre 2022 y 2023, esta empresa obtuvo cuatro contratos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), para la construcción y pavimentación con concreto hidráulico de tramos carreteros en Francisco Morazán y en Yoro, según los análisis de Criterio.hn.

En junio de 2022, un medio de comunicación denunció irregularidades que involucran a Cordon’s Heavy Equipment S. de R.L de C.V., en cuanto a sobrevaloración, pagos indebidos de impuestos y deficiencias estructurales en la construcción de cuatro aeródromos ubicadas en Río Amarillo en el departamento de Copán; Celaque en Lempira; Tela en Atlántida y en Choluteca. Todas estas obras fueron ejecutadas durante la primera administración de Juan Orlando Hernández (2014-2018).

Dichas obras, que fueron cuestionadas por su presunto uso para actividades del narcotráfico, costaron más de 532 millones de lempiras del presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Pese a la millonaria inversión, estos aeródromos presentan un deterioro evidente, de hecho, están en desuso. 

De acuerdo a una publicación del 13 de febrero de 2024, del periodico estatal Poder Popular, se estaría investigando si estas cuatro terminales aéreas fueron utilizadas para el trasiego de drogas. Sin embargo, en la nota no especifican si es el Ministerio Público o algún otro ente el que realiza las indagaciones. 

Ante estos señalamientos Criterio.hn consultó al gerente general de Cordon’s Heavy Equipment, Juan Carlos Cordon, sostuvo que las acusaciones de 2022, en contra de su empresa, ya fueron aclaradas en un “esquema publicitario” publicado por ese mismo medio de comunicación, e instó a remitirse a ese material. “Siempre van a existir especulaciones. Claro, se quedó como una especulación. Ahí salió publicada toda la explicación sobre las dudas”, argumentó. 

Se le consultó si la publicación derivó en alguna acusación formal contra su empresa, a lo que respondió que no: “solo fueron especulaciones. No hubo ninguna acusación judicial ni fiscal; fue más un debate mediático y publicidad”, declaró.

Criterio.hn consultó a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) sobre si se abrió un proceso de investigación o acusó a los propietarios de Cordon’s Heavy Equipment, la respuesta fue que no existen procesos contra la constructora. 

En 2023, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) le adjudicó, a la empresa en mención, la construcción de 18.60 kilómetros de la carretera entre los municipios de Cantarranas y Talanga, en Francisco Morazán a un costo superior a los 230 millones de lempiras, de los cuales L214,268,030.80 son para la construcción y L16,174,989.69 para la supervisión de la obra. 

Esta obra sigue sin concluirse, violentando la cláusula III del contrato, firmado el 25 de noviembre de 2023, que establece que este proyecto iniciaría 10 días después de la orden de inicio y finalizaría en un plazo de 390 días, es decir, 13 meses, por lo que obra debió finalizar en los primeros días de enero de 2025.

Sin embargo, el plazo de inicio de la obra, según una publicación del Gobierno de Honduras, se registró el 30 de octubre de 2023 y no el 10 de diciembre de 2023, como lo reza el contrato. Esto deja en evidencia ciertas contradicciones e imprecisiones.

Tras un recorrido de al menos 90 minutos, en una vía que atraviesa varias comunidades y asentamientos humanos, con valles rodeados de pequeñas montañas, con ecosistemas de bosque seco tropical y selva nublada, y riachuelos, lo cual ofrece vistas pintorescas, pero también suelos inestables en temporada lluviosa, Criterio.hn llegó a la zona, específicamente al municipio de Talanga. 

Desde Cantarranas hacia Talanga, la carretera serpentea entre colinas bajas, campos agrícolas de caña, maíz y pastizales, alternando suaves ascensos y micro cuestas, generando lentitud en vehículos grandes.

El tráfico promedio incluye autos, autobuses locales, motos y peatones, además de mototaxis. A 15 minutos de recorrido, por las polvorientas calles, que conducen al Parque Central de Talanga, nos encontramos con un pequeño tramo que continúa en construcción, conversamos con varios pobladores, quienes manifestaron su inconformidad por los retrasos en la obra. 

Habitantes de Talanga comentaron que observaron la presencia de maquinaria y albañiles desde octubre de 2023, alineándose con la fecha adelantada de inicio, y que esperaban que la obra concluyera en el tiempo establecido en el contrato.

Asimismo, comentaron que comenzaron a ver el despliegue de maquinaria a partir de octubre de 2023. En todo caso, si el proyecto arrancó en dicha fecha, la obra debió finalizar en noviembre de 2024.

El 5 de febrero de 2025, la presidenta Xiomara Castro, en compañía del titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) Octavio Pineda y otros funcionarios, se trasladaron a la zona de construcción para supervisar el avance de la obra.  

Según la publicación del Canal 8 –medio estatal– y cuentas oficiales del Gobierno de Honduras, la obra había avanzado en un 64%, pese a los retrasos por las lluvias que dejó la tormenta tropical Sara en noviembre de 2024, y se prometió que podría ser entregada en abril de 2025. 

Durante la transmisión televisiva de la visita de la mandataria Castro y su comitiva, el ministro de la SIT, Octavio Pineda, aseguró que –hasta esa fecha– de los 18.6 kilómetros hacían falta 5 kilómetros.

“Como sabrá presidenta, tuvimos un invierno bien complicado con la tormenta tropical Sara (…) eso ha impactado todas las obras macro de construcción, sobre todo estas. ¿Por qué? Porque no puedes verter [concreto] cuando está lloviendo”, explicó el funcionario. 

Pineda aseguró que la construcción de la carretera finalizaría en abril, pero que los trabajos de señalización y rotulación continuarían hasta la primera quincena de mayo, es decir, que la obra estaría finalizada a finales de mayo. 

El 22 de julio, Pineda, en compañía de la presidenta Xiomara Castro y otros funcionarios, inauguró el tramo carretero que enlaza a las comunidades de El Zamorano, Las Mesas, desvío de Ojo de Agua y desvío de Morocelí, en la ruta que conduce a la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso. 

Durante ese evento, el titular de la SIT anunció que, en los próximos días, sin especificar fecha, inaugurarían la carretera construida entre Cantarranas y Talanga. Sin embargo, a la fecha, la obra sigue inconclusa. 

El retraso de más de medio año, tras el plazo contractual, sumado a conflictos sobre fechas oficiales y avances técnicos, subraya la debilidad en la supervisión estatal y la necesidad de acceder a bitácoras, informes y estudios geotécnicos.

Juan Carlos Cordón, ingeniero y gerente general de Cordon’s Heavy Equipment, dijo en una entrevista brindada el 8 de agosto a este medio, que la pavimentación concluyó, pero que aún trabajan en accesos y cunetas adicionales solicitadas durante la ejecución. Estas obras extra, dijo, no formaban parte del contrato inicial y se financian con partidas de la administración delegada.

Sobre los retrasos en la obra en general, Cordón, señaló que responden principalmente al incumplimiento del gobierno en el pago de las estimaciones. “Cuando no hay pagos puntuales, se atrasan los sueldos, se afecta a proveedores y se frena el avance. Esto pasa en todo el país”, afirmó.

Según el empresario, el gobierno pagó de manera retrasada las estimaciones de enero a marzo de 2025, y aún hay deudas en otros proyectos de la compañía, como el que se desarrolló en el municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro.

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CARRETERAS EN CONSTRUCCIÓN PRESENTAN DAÑOS ESTRUCTURALES E INCUMPLIMIENTOS

La construcción de la carretera que comunica a Tegucigalpa, capital de Honduras, con el departamento de El Paraíso, en la zona oriental, fue dividida en al menos cinco tramos a lo largo de 52 kilómetros.

Por esta arteria circulan miles de vehículos que a diario se dirigen a municipios vecinos a la capital y otros se movilizan hacia el departamento de El Paraíso y zonas fronterizas con Nicaragua. Pero ese trayecto se ve opacado por largas filas, el tráfico pesado y el retraso en las obras, que en varias ocasiones ha sido paralizado, ya sea por un clima desfavorable u otras situaciones, como fallas geológicas.

Criterio.hn le dio seguimiento a la pavimentación con concreto hidráulico a casi nueve kilómetros, divididos en dos tramos: del desvió del municipio de Tatumbla a Villa Vieja; de Villa Nueva a Villa Vieja. Nos trasladamos a este otro extremo de Francisco Morazán, específicamente donde se construye un tramo de 5.5 kilómetros, entre Tatumbla y la colonia Villa Vieja, del Distrito Central, a la altura de la posta policial en la CA6. 

Esta obra tiene un costo de 94,959,915.34 lempiras, de los cuales L88,692,915.34 son para la construcción, a cargo de la empresa HJJ S.A., y L6,267,000.00 para la supervisión de la obra, que realiza la empresa Tecnica de Ingenieria S.A. de C.V. (Tecnisa), señalada en el caso Narcopolítica.

De acuerdo al contrato, esta obra estaba planificada para ser entregada en un plazo de 10 meses, que comenzaron a correr a partir entre agosto y septiembre de 2023, Sin embargo, la obra ya lleva dos años y sigue inconclusa.

Ante las enormes filas de automotores que se han venido registrando en los dos últimos años, se han observado protestas en la zona, lo que conllevó a que, en enero del año pasado, el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, se reuniera con un grupo de pobladores de ese sector, prometiendo el final de la obra para octubre de 2024. 

Pero a más de diez meses de esta promesa y a más de dos años de su inicio, la obra sigue estancada, generando enormes congestionamientos viales.

Este trayecto inconcluso entre la posta policial de la colonia Villa Vieja y la Colonia Villanueva, sigue ocasionando largas filas, volviendo pesado el tráfico a cualquier hora.

Al constatar la construcción del tramo carretero de 5.5 kilómetros, entre el municipio de Tatumbla y la colonia Villa Vieja, el equipo de Criterio.hn detectó grietas, irregularidades y fallas en el pavimento. Por ejemplo, se encontró en el tramo entre el desvío de Tatumbla a Villa Vieja un visible desnivel que hace que los vehículos «salten», afectando la seguridad vial. En ese lugar se observó una aparente reparación que no logró corregir el error estructural. Además, en algunos tramos, elementos esenciales, como el revestimiento de cunetas, bordillos y alcantarillas, aún no se han construido.

Criterio.hn buscó en la zona de la construcción al jefe de la cuadrilla, pero se nos dijo que, en ese momento, “el ingeniero” se había retirado y que, en su ausencia, nadie podía dar entrevistas.

Silvio Larios, gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), dijo a Criterio.hn que las obras complementarias “son muy necesarias”, para evitar que el agua o la lluvia dañen, a corto o largo plazo, las carreteras.  

Larios fue categórico y cuestionó que, en medio de la construcción, ya se hayan realizado reparaciones al tramo en la carretera que conduce al oriente del país. Las fallas indican fundiciones bajo lluvia o a temperaturas extremas», estimó el también ingeniero. 

Según Larios, fundir concreto bajo lluvia arrastra el cemento superficial, exponiendo el agregado [material de construcción que sirve para la fundición de obras], lo cual debilita la estructura. «Si va a llover, mejor no fundir», apuntó.

En junio pasado, a raíz de las quejas de los pobladores afectados por los retrasos en la construcción de la CA-6, específicamente del desvío de Tatumbla a Villanueva, personal del del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se trasladó al lugar y anunció la práctica de dos auditorías. 

Según publicaciones de medios las auditorías se practicarían, uno en el tramo entre Villa Nueva y Pinares del Uyuca y el segundo de Pinares del Uyuca hasta el desvío de Güinope. 

Criterio.hn se abocó al TSC para conocer sobre el avance de las auditorías, sin embargo, se nos informó que estaban en proceso.

Adicionalmente, Criterio.hn obtuvo la bitácora N° 040358, proporcionada por la SIT, mediante una petición de información, sobre la construcción del tramo de 3.7 kilómetros que conduce de la CA-6 hacia el casco municipal de Tatumbla, en la que se expone, entre otras cosas, que durante una supervisión realizada el 12 de febrero de 2024, la empresa supervisora [Saybe y Asociados] envió una comunicación a la constructora [Consultores del Cid Santos ] por “la falta de equipo clave” para el proyecto situación que, de acuerdo al documento, “genera un desfase en la fecha entre la programación entregada por el contratista a la supervisión de la SIT”.

Esta situación se repite en la ciudad de Comayagua, específicamente en un tramo carretero de 4 kilómetros que va de esta ciudad a la Escuela Nacional de Agricultura, ubicada en ese mismo término municipal. En junio de 2023, la SIT informaba que el proyecto de pavimentación con concreto hidráulico iniciaba su primera fase. Sin embargo, mediante una visita in situ, Criterio.hn constató que la obra no ha sido finalizada, a más de dos años de haber iniciado y que presenta algunas irregularidades estructurales.

De momento no se han construido los taludes o cunetas, que sirven para drenar el agua pluvial y evitar daños en la estructura de la carretera. Es decir, que al no tenerlas se pueden presentar graves problemas en invierno generando inestabilidad en las estructuras.

Los hallazgos identificados por el equipo de Criterio.hn, fueron ratificados por una bitácora de la SIT, de noviembre de 2023, que señala el descubrimiento de “humedad anormal” o vertiente de agua y bolsas de humedad, por lo que, en aquel momento, se advirtió que de no corregirse se afectaría la construcción y vida útil de la carretera al debilitar el suelo y el pavimento, generando grietas, baches y deformaciones. El documento añade que, ante las irregularidades, se procedió al “botado de material saturado in situ (…) con el retroexcavadora”. 

Según el director de la Chico, estos defectos podrían obedecer a una inadecuada compactación del terreno. «Empresas chambonas apenas raspan la superficie sin traer material certificado para compactar», criticó.

Sobre lo observado en el tramo carretero, en alusión, el ingeniero explicó que el material que se debe utilizar para la mezcla debe ser especial para la compactación, porque las propiedades físicas que puede tener un terreno varían, lo que hace necesario la práctica de pruebas de laboratorio.

“Existen los bancos de materiales, y estos se buscan en la zona donde hay un material adecuado, luego se hacen las pruebas de laboratorio y si estas son favorables se realiza la compactación”, puntualizó. 

En ese sentido, señaló que las pruebas Proctor, que determinan la resistencia del suelo, no estarían siendo exigidas por los supervisores, lo cual es un riesgo grave. «Sin informe del supervisor, ¿cómo paga la SIT?», cuestiona el ingeniero.

Asimismo, sugirió que los procesos de licitación estén bajo la lupa. La precalificación debería garantizar empresas con solvencia técnica, financiera y legal. Sin embargo, los resultados en el terreno sugieren deficiencias en ese filtro.

El deterioro prematuro de estas obras acarrea no solo pérdidas económicas, sino también riesgos para la vida de los usuarios. «Los errores constructivos no son un detalle menor. Son evidencia de una cultura de impunidad técnica», resume Larios.

Criterio.hn intentó contactarse con el titular de la SIT, Octavio Pineda, con base a los hallazgos de esta investigación, para conocer los criterios o fundamentos para la contratación de empresas constructoras. Sin embargo, el funcionario nos remitió a la directora de comunicaciones de esa institución, Angie Vilorio, pero hasta el cierre de esta publicación no obtuvimos una respuesta favorable.

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Socio de empresa constructora es hermano de alto funcionario 

La construcción de los 4 kilómetros de carretera en el municipio de Comayagua, tiene un costo de 25,122,116.31 de lempiras y está a cargo de la empresa Geosistemas Avanzados de Construcción S. de R.L. de C.V., y para la supervisión de la obra se desembolsaron L994,166.12 a cargo de Ingeniería Asti S. De. R.L. 

De acuerdo a una resolución de la Oficina Normativa de Contrataciones del Estado (ONCAE), el órgano societario de Geosistemas Avanzados de Construcción S. de R.L. de C.V., está integrado por Santos Emilio Colindres Pavón, quien figura como representante legal, y Óscar Danilo Sierra Discua, hermano del comisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra Discua. Y, aunque esta situación no contrarie la Ley de Contratación del Estado, sí está en disonancia con el Código de Ética del Servidor Público, por el conflicto de intereses que esto representa.

Óscar Danilo Sierra Discua, no sólo es parte del órgano societario de la empresa Geosistemas Avanzados, también está certificado como consultor y supervisor de obras públicas llave en mano, proyectos de construcción, entre otras actividades de ese mismo rubro, según consta en una resolución de la ONCAE.

Además de la pavimentación de los cuatro kilómetros, Geosistemas Avanzados, también obtuvo el contrato de pavimentación de un tramo de 2.50 km entre las comunidades de El Volcán a La Oki, siempre en el municipio de Comayagua, en el departamento del mismo nombre.

El costo de la obra es de 27,999,112.08 de lempiras y, según el contrato, la misma debe ser finalizada en 180 días calendario (seis meses). Aunque el proyecto fue adjudicado el 20 de enero, la constructora inició sus trabajos en abril de 2025, pese a tener varado el tramo de cuatro kilómetros. 

La historia se repite: empresas salpicadas por la corrupción y el crimen organizado siguen siendo contratadas por el gobierno. Además, de incumplir los plazos establecidos en los contratos y obras defectuosas, los mismos de siempre se siguen llenando los bolsillos. Mientras la población se siente satisfecha con la obra realizada, sin reflexionar y ver qué hay detrás de esta.

Conoce las 11 empresas constructores beneficiadas con 316 contratos, de 421 que fueron analizados para esta investigación.

En el proceso de investigación se consultó la base Datos Honduras, una plataforma construida en alianza entre Criterio.hn y Contracorriente con el apoyo técnico del Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP).