INVEST-H contrató a las principales constructoras de los hospitales móviles, para realizar las obras de reparación a la infraestructura dañada por las tormentas tropicales.
Texto: Ariel Torres
Gráficos: Guillermo Burgos
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Tegucigalpa.-El paso casi simultáneo de las tormentas tropicales Eta e Iota por Honduras en noviembre de 2020, fue una tragedia inusual. Por primera vez en la historia, el país fue golpeado por dos desastres naturales en un lapso de quince días. Las consecuencias se reportaron prácticamente a nivel nacional, dejando una infraestructura ampliamente afectada.
Tras las lluvias e inundaciones, se identificaron perjuicios en las carreteras, puentes y otras vías de acceso de 16 departamentos. Para reparar estos daños, el gobierno asignó a Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) rehabilitar las obras en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Francisco Morazán y Olancho. Mientras las secretarías de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), coordinarían el trabajo en otros once departamentos.
El gasto destinado para rehabilitar la infraestructura dañada ascendió a unos 139 millones de lempiras. Sin embargo, con ese monto, el gobierno de Juan Orlando reconstruyó apenas un 7.5 % de los daños a la infraestructura vial, estimados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en una evaluación conjunta con el Estado. La estimación por los percances fue de 1.8 mil millones de lempiras.
Otra vez INVEST-H
¿Por qué se asignó a INVEST-H la responsabilidad de reconstruir la infraestructura tras el paso de las tormentas Eta e Iota? Recordemos que esta entidad asumió en 2018 las funciones que desde 1993 desempeñaba el Fondo Vial, una instancia que cayó en descrédito público cuando se prestó a la firma de contratos con empresas que luego fueron vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado.
El Fondo Vial fue dirigido por Hugo Ardón (2010-2015), quien fue nombrado por el entonces ministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Miguel Pastor, quien ha estado preso por el caso «Narcopolítica». A su vez, Hugo Ardón es hermano de Alexander Ardón, un exalcalde de El Paraíso, Copán, quien se entregó a las autoridades estadounidenses, al ser acusado en ese país por los supuestos delitos de narcotráfico y lavado de activos.
Casos como el del Fondo Vial reflejan que la corrupción en el rubro de la construcción es reiterada. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este es uno de los sectores más proclives para malversar los fondos públicos. Los antecedentes en Honduras lo confirman, desde la construcción del ferrocarril nacional en el siglo XIX, hasta los hospitales móviles.
Tras los escándalos del Fondo Vial, el gobierno de Juan Hernández decidió traspasar en 2018 el manejo del Programa de Infraestructura Vial 2018-2022 a INVEST-H. Sin embargo, esta instancia también se vio rápidamente salpicada por supuestos escándalos de corrupción de gran escala.
Hasta ahora, el mayor desprestigio que arrastra INVEST-H es el fracaso en la instalación de los hospitales móviles, para los que le confiaron 2.1 mil millones de lempiras (85.4 millones de dólares), de acuerdo con los datos que proporciona la Secretaría de Finanzas. Debido a esta trama, Marco Bográn, director durante nueve años de INVEST-H, se encuentra acusado por presuntos delitos de corrupción.
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No cabe duda de que las emergencias por el Covid-19 y las tormentas tropicales en 2020, concedieron a la INVEST-H una oportunidad ilimitada para demandar fondos y asignarlos libremente, porque la contratación directa para la que fue autorizada la eximió de los requerimientos formales de la licitación o el concurso, de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado (declaración del Estado de Emergencia).
Conscientes de este contexto, Criterio.hn decide escarbar las contrataciones que firmó el Estado de Honduras con empresas privadas, a través de INVEST-H, en el marco de la reconstrucción de la infraestructura dañada tras el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota.
Esta investigación no pretende establecer si los daños sufridos a la infraestructura vial, para los que fueron contratadas las empresas, fueron subsanados. Es posible que sí. Lo que se destaca es que el sector privado y el gobierno arrastran prácticas arraigadas de opacidad, arreglos bajo la mesa y componendas, trátese o no de situaciones de emergencia.
La presente información se desprende de los contratos que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y/o la la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE) exhiben en sus portales y de un rastreo a la trayectoria en obras públicas de cada una de las empresas constructoras que fueron contratadas por INVEST-H.
LA DISTRIBUCIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN
El convenio entre el gobierno con la INVEST-H, INSEP y SEDECOAS fue suscrito el 17 de noviembre (el mismo día que Iota ingresaba al país por la zona oriental). El acuerdo incluyó a la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y la Cámara Hondureña de Empresas de Consultoría (CHEC), como las sombrillas legales de las empresas privadas que estarían a cargo de «evaluar, ejecutar y supervisar las obras requeridas».
Cabe destacar que, aunque el gobierno hondureño declaró una emergencia por ambas tormentas, los gastos para reconstruir la infraestructura vial se basaron solamente en los daños identificados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) a causa del Eta, excluyendo los perjuicios generados por Iota.
A INVEST-H le tocó administrar el 37 % (51.6 millones de lempiras) de los fondos estimados para los 16 departamentos; el 58 % al INSEP (81.4 millones de lempiras) y el 4.5 % a SEDECOAS (6.4 millones de lempiras), para un total de 139.4 millones de lempiras gastados.
La siguiente tabla muestra los daños calculados en conjunto con la CHICO, correspondientes a los cinco departamentos asignados a INVEST-H.
Lo único que comunicó la INSEP fue que «trabajaba a tiempo completo» en seis departamentos que quedaron incomunicados: Choluteca, Valle, El Paraíso, Comayagua, La Paz y Yoro. Irónicamente, también destacó como un logro de su gestión del 2020, que se encontraba por finalizar la construcción del puente sobre el Río Chiquito, en la zona Sur, entre los municipios de Orocuina y Apacilagua, que han quedado incomunicados desde hace 22 años por el paso del Huracán Mitch.La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE), institución que norma y asesora el proceso de contrataciones del Estado, informó solamente sobre el seguimiento a los firmados por INVEST-H. En resumen, Criterio.hn no encontró evidencia oficial de cómo la INSEP y SEDECOAS distribuyeron los 87.8 millones de lempiras que les correspondió.
Por su parte, SEDECOAS no cuenta ni con una página web que informe sobre los avances de infraestructura en los cinco departamentos a su cargo. Apenas se informó que esta secretaría -adscrita a la Presidencia de la República- habilitaría 130 puntos afectados en el occidente del país.
A dos meses de las firmas de los contratos, INVEST-H reportó en su página web que fueron habilitados 51 tramos carreteros y que autorizó atender las emergencias a 50 empresas constructoras y supervisoras, sin detallar los montos de las rehabilitaciones. De todas estas empresas, 30 no aparecen en la ventana de «Emergencia ETA/IOTA» del referido portal.
Los contratos de INVEST-H
Amparada en los decretos ejecutivos de emergencia 109 y 112, INVEST-H contrató de manera directa, el 16 y el 23 de noviembre de 2020, a once empresas constructoras y a nueve empresas supervisoras para restablecer la comunicación y rehabilitar obras en un período dos meses.
De acuerdo con el Portal de Contrataciones Abiertas, a un día del arribo del huracán Iota al país y trece después del Eta, INVEST-H distribuyó los 51.6 millones de lempiras en los veinte contratos.
Las empresas contratadas por la entidad que dirigía Marco Bográn muestran trayectorias heterogéneas. Al menos cinco (CONASH, ETERNA, Salvador García y Asociados, Saybe y TECNISA) certifican que tienen entre 45 y 55 años de experiencia; cuatro (Fléfil y Asociados, SERMACO, INCONSUL y COMPUCAD), entre 27 y 30 años; dos (PROSIN y OMNI), 18 y 19 años; y dos (ASP y CRESCO), diez años. De siete (Construcciones Múltiples, Consulting, Fénix y Pinel y Asociados) se desconoce cuándo surgieron.
ANTECEDENTES DUDOSOS
Criterio.hn encontró que al menos cuatro de las empresas contratadas para reparar la infraestructura vial dañada por los huracanes Eta y Iota firmaron contratos con INVEST-H para construir o supervisar la construcción de los hospitales móviles para atender la emergencia de la COVID-19, como se reseña a continuación:
En abril de 2020, INVEST-H contrató a las empresas Constructora Serrano Colindres y Asociados (COSCO), Servicio de Mantenimiento y Construcción S.A. de C.V. (SERMACO), Consultores Asociados de Honduras (CONASH) e Ingenieros Consultores S. de R.L. (INCONSUL) para construir o supervisar cinco de los siete hospitales móviles anunciados.
Los retrasos en los plazos de construcción de los hospitales móviles no impidieron que, en noviembre de 2020, INVEST-H firmara los contratos con esas empresas para la reconstrucción de los daños provocados por las tormentas tropicales Eta e Iota.
En total, COSCO recibió ocho millones por la construcción de los hospitales y dos millones para reparar unos daños viales en Olancho. A SERMACO le adjudicaron 23 millones por los hospitales y seis millones para reconstruir los percances presentados en la infraestructura vial de los departamentos de Atlántida y Colón.
En otros antecedentes, cinco de las nueve empresas contratadas por INVEST-H para reconstruir la infraestructura dañada, también fueron contratadas en 2012 por el desaparecido Fondo Vial, como parte de los 48 contratos que se dieron para el mantenimiento de carreteras en la zona norte del país, entre las que se benefició a la Inmobiliaria Rivera Maradiaga, S.A. de C.V (INRIMAR), propiedad de «Los Cachiros».
La trama de los 48 contratos suscritos con el Fondo Vial fue investigada por el Ministerio Público, generando dudas en el origen de algunas de las empresas contratadas, pero, sobre todo, desencadenó en el cierre de esa institución en 2018.
Como se puede observar, estos antecedentes no han sido un obstáculo para que las mismas empresas sigan siendo contratadas por el Estado de Honduras, independientemente si han cumplido o no con otras obras pactadas.
¿Qué permitieron los decretos de emergencia para las contrataciones? ¿Cómo fue el proceder de INVEST-H? Estas son las preguntas que Criterio.hn responderá en la siguiente entrega de este reportaje.