El observatorio de violencia hacia personas LGBTIQ de Honduras KAI, en su Boletín No. 14, registró de enero al 8 de agosto de 2026, 35 asesinatos y, por otro lado, recuerda la cifra histórica de 618 asesinatos de 2003 a 2025, contra personas LGBTIQ. La información se recabó con el objetivo de visibilizar y denunciar ante la comunidad nacional e internacional, el contexto de violencia, estigmatización y discriminación hacia la población LGBTIQ.
El Observatorio KAI, recopiló la información a partir de fuentes verificadas, incluyendo organizaciones gubernamentales como: el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales de Honduras (DIDADPOL), el Ministerio Público, la Secretaría de Derechos Humanos y otras organizaciones de sociedad civil. Para lograrlo, se ejerció el derecho de acceso a la información, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como organizaciones LGBTI+ defensoras de derechos humanos, otras organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación, atención a quejas y denuncias de las víctimas, redes sociales y testimonios documentados de personas cercanas o testigos de las víctimas.
De las 35 muertes violentas hacia personas LGBTI+ registradas, una era mujer lesbiana, 10 hombres gay, un hombre bisexual, 11 mujeres trans, un hombre trans, 11 personas LGBTI+, que no se pudieron desagregar por su orientación sexual o identidad de género.
El estatus judicial de las muertes violentas registradas revela que, los 35 casos, se encuentran en etapa de investigación preliminar, y, en dos de los casos, se reporta la captura de los sospechosos. En el mismo período, de enero al 08 de agosto del 2026, no se registraron personas LGBTI+ desaparecidas, pero sí 11 refugiadas en el extranjero.
Erick Martínez, defensor de derechos humanos y LGBTIQ, señaló a Criterio.hn que, el panorama de violencia ha sido persistente y, que, desde hace un tiempo él ha planteado que la comunidad LGBTIQ, en este país, pareciera estar pagando una cuota de asesinatos cada año.
Además, resaltó que esas cifras nunca se han podido bajar, debido a que las acciones se activan de manera reactiva. Ahí es donde ocurre el asesinato y el momento en que se abren las líneas de investigación, lo que provoca el colapso del sistema de justicia.
Lo anterior revela que, ni el gobierno actual ni los que le anteceden han querido abordar acciones de prevención LGBTIQ, por lo que el escenario actual es de desesperanza, porque se emplea una agenda capitalista antiderechos, sin reconocimiento de identidad de género.
Martínez apuntó que el hecho de no reconocer la ley integral que se debate actualmente y que se propuso en la Congreso Nacional son señales o síntomas de una sociedad o de una clase política que administraba el cual juega el deterioro de las personas LGBTIQ, lo cual generación por el abordaje y reactivo histórica hacia los derechos de la comunidad diversa.
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GOBIERNO VULNERA SENTENCIAS INTERNACIONALES
Los datos recopilados del 01 enero al 08 de agosto del 2026, reflejan una situación de violencia constante para la población LGBTI+ en Honduras, con un registro de 195 casos de violencia generalizada a causa de su orientación sexual e identidad de género.
Sin embargo, el gobierno en lugar de dar respuesta a los casos, dirige sus esfuerzos para obstaculizar y vulnerar los derechos reconocidos de la comunidad LGBTIQ. Tal como hizo el diputado del Partido Nacional, Frank Alley, quien propuso una moción para hacer una reforma por adición al Código Penal, Decreto No. 130-2017. Dicha propuesta, según explicó, busca establecer formalmente que solo existen dos sexos y géneros equivalentes: masculino y femenino. El congresista argumentó que la medida pretende dar seguridad jurídica y evitar la aplicación de normativas basadas en la autopercepción de género.
Sin embargo, la propuesta violenta los derechos LGBTIQ, porque va en contra de las sentencias y medidas de reparación dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), por los casos Vicky Hernández contra Honduras y Leonela Zelaya contra Honduras.
Ante esas disposiciones, Mendoza apuntó que, escribieron al presidente de la República, Nasry Asfura (2026-2030), y el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, para que emitan una advertencia al Congreso Nacional y se detenga la propuesta. Añadió que Cattrachas ha sido representante de las víctimas y peticionaria de los casos de violencia y asesinatos contra las personas LGBTIQ.
El informe KAI, expuso también que la situación de violencia impacta de manera desproporcionada a las mujeres trans, con 32 casos, quienes se consolidan como la población en mayor estado de vulnerabilidad. Pero, el análisis cuantitativo evidencia una falla estructural en el sistema estatal, en la que, 137 de los 195 casos, casi un 70%, carecen de categorización sobre la orientación sexual o identidad de género de la víctima de violencia, de manera desagregada.
La omisión del registro revela la ausencia de protocolos adecuados por parte de las instituciones estatales y una invisibilización sistemática que amenaza de manera cotidiana a las personas LGBTI+ de Honduras.
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