Fotos: Red de Abogadas defensoras de Derechos Humanos
Tegucigalpa, Honduras. – Amparándose en la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, empresas de la industria azucarera impulsaron un desalojo que afectaría a unas 86 familias que residen en la comunidad del Tulito en Choluteca, en el sur de Honduras. Tras el desalojo del predio en territorio garífuna de San Juan, esta es la segunda vez que se utiliza la normativa en tierras cuya delimitación continúa en disputa.
En la acción participaron decenas de miembros de la Policía Nacional, quienes arribaron al lugar en dos contingentes. También estuvo presente un juez ejecutor, quien señaló que el desalojo se realizaba en cumplimiento del Decreto 107-2026, correspondiente a la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería, Pequeños Productores Agrícolas de Honduras.
Denia Castillo de la Red de Abogadas Defensoras de Honduras denunció que la comunidad no fue notificada sobre el desalojo. Pese a ello, a las 8:00 de la noche del miércoles 5 de agosto, la defensa presentó un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado y una medida cautelar ante el receptor de la Corte de Apelaciones.
“Lo que se pretendía era que las partes no tuviésemos conocimiento y no tuviésemos la posibilidad de presentar el recurso de amparo”, planteó la profesional del derecho al juez ejecutor presente en el desalojo.
La abogada Denia Castillo dijo a Criterio.hn que el caso se desprende de un expediente presentado en 2019 contra la comunidad del Tulito, luego de que sus pobladores intentaran legalizar las tierras en las que mantienen cultivos y ganado. Los pobladores, explicó Castillo, se establecieron en la zona desde 1964 y las tierras están tipificadas como nacionales.
Castillo explicó que el desalojo fue promovido por las empresas Cañera del Sur y Agrícola Los Destellos, que estarían vinculadas a Azucarera La Grecia. Las empresas presentaron una denuncia por usurpación contra miembros de la comunidad, y a lo largo de los años, solicitaron en seis ocasiones el desalojo. Las peticiones fueron declaradas sin lugar debido a que no se había establecido con precisión la ubicación de los terrenos sobre los que alegan tener propiedad.
Pormenorizó que se solicitó un dictamen cartográfico y técnico que permitiera establecer los límites de las propiedades, pues la empresa habría reclamado 588 hectáreas pese a que las dos escrituras presentadas acreditarían, en conjunto, poco más de 300 hectáreas.
Desde que inició el conflicto socio territorial, detalló la abogada Denia Castillo, 76 personas han recibido requerimiento fiscal; de estas 37 personas recibieron medidas cautelares distintas a la detención preventiva y deben presentarse periódicamente ante el juzgado, mientras que nueve permanecían bajo arresto domiciliario tras ser acusadas del delito de usurpación.
De interés: Garífunas de San Juan desnudan el verdadero alcance de la Ley Agroindustrial
El primer desalojo ejecutado bajo la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial ocurrió en la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, Atlántida, pese a que esta cuenta con un fallo a su favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Durante la acción violenta, cinco personas fueron detenidas y acusadas del delito de usurpación.
La Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial fue aprobada por el Congreso Nacional el 8 de junio de este año. Dos días después, fue alterada al margen del procedimiento legislativo para extender sus alcances, además de la agroindustria, a proyectos energéticos, turísticos, ganaderos y de pequeños productores agrícolas.
La normativa fue publicada en el diario oficial La Gaceta el 26 de junio, sin embargo, consignó como fecha de aprobación el 10 de junio, día en que fue alterada mediante una reconsideración.
Organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos cuestionan la normativa al considerar que privilegia la protección de tierras destinadas a proyectos agroindustriales, energéticos, turísticos y ganaderos, mientras limita los procesos de reforma agraria y profundiza la criminalización de comunidades que mantienen disputas por la tierra y el territorio.
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