Tegucigalpa, Honduras. —Una nueva violación a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se consumó durante la sesión del 1 de septiembre, cuando se aprobó en reconsideración de acta y sin el quorum necesario para beneficiar con amnistía que exonera de impuestos a Tigo y Claro, empresas que mantienen un oligopolio de la telefonía móvil en Honduras.
Todo inició el pasado 19 de agosto de 2026, cuando el diputado del oficialista Partido Nacional y secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, sometió ante el pleno un decreto para aprobar una amnistía fiscal que beneficiaría a pequeñas empresas de telecomunicaciones relacionada con obligaciones y deudas ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Pero en el decretó se incluyó a las multinacionales: Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. (Sercom de Honduras/Claro) y Navega S.A. de C.V (Tigo).
Criterio.hn buscó la versión de la Sercom de Honduras/Claro sobre este beneficio fiscal aprobado durante la sesión del 1 de septiembre, pero su respuesta fue que nos abocáramos con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Al respecto, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, presentó una moción para evitar que las grandes multinacionales de telefonía –Tigo y Claro— se beneficiaran de la condonación de multas, intereses y recargos fiscales. La misma fue apoyada por legisladores de las bancadas del Partido Libre y Partido Liberal, que lograron frenar que estas empresas fuesen incluidas en la amnistía.
Durante su participación Sandoval explicó que los beneficios de la amnistía debían orientarse a pequeños operadores locales o empresas de cable, y no a grandes transnacionales, exigiendo que estas últimas respondan íntegramente por sus obligaciones con el Estado.
“No es oportuno la aprobación de este decreto y quiero presentar en calidad de moción (…) ya que causa un perjuicio económico al Estado. Estamos hablando que Claro y Tigo van a dejar de pagar sus impuestos”, cuestionó Sandoval durante la sesión del 19 de agosto.
El diputado también sostuvo que las empresas debían continuar respondiendo por sus obligaciones con el Estado, particularmente porque, a su juicio, los usuarios hondureños tienen pocas alternativas frente al dominio de ambas compañías en el mercado
La propuesta contó con el respaldo de legisladores de Libre, del Partido Liberal y de otras fuerzas minoritarias, frenando los intentos de mantener o reincorporar el beneficio a dichas telefónicas impulsados desde la bancada del Partido Nacional.
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VIOLENTANDO PROCESO LEGISLATIVO, BENEFICIAN A TIGO Y CLARO
La denuncia de la oposición se genera luego que minutos antes de que la sesión fuera suspendida. La vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez, quien dirigía la sesión en ese momento, concedió la palabra al secretario del Legislativo, Carlos Ledezma, para presentar un proyecto.
Sin embargo, en lugar de presentar una nueva iniciativa, Ledezma planteó una moción de reconsideración relacionada con el decreto de amnistía sobre obligaciones de empresas de telecomunicaciones ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
La maniobra permitió reincorporar a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. (Sercom de Honduras/Claro) y Navega S.A. de C.V. (Tigo) al beneficio que les permitiría dejar de pagar multas, intereses y recargos vinculados con sus obligaciones ante el Estado.
Diputados de las bancadas del Partido Libre y Partido Liberal denunciaron que esta reconsideración es improcedente y parlamentariamente inviable, debido a que el decreto ya había sido votado por la cámara y no se les concedió ese derecho a estas empresas.
Asimismo, señalaron que dicha reconsideración no contó con los votos necesarios, ya que no había quórum porque la mayoría de diputados estaban ausentes.
El diputado del Partido Libre, Fabricio Sandoval Carbajal, calificó la maniobra como «desleal» y cuestionó que se haya revertido lo aprobado semanas atrás, cuando una contramoción suya, respaldada por su bancada y el Partido Liberal, había excluido a ambas empresas del beneficio, argumentando que este debía dirigirse a pequeños operadores locales
Según relató a este medio digital, la moción fue presentada cuando faltaban aproximadamente dos minutos para cerrar la sesión, después de que buena parte de los diputados ya había abandonado el hemiciclo.
“En ningún momento dice que una vez que la ley haya sido aprobada y votada en el pleno va a ser cambiada o modificada mediante una moción”, sostuvo.
El legislador afirmó además que al momento de la votación no existía el número suficiente de diputados presentes para aprobar la reconsideración.
Una denuncia similar hizo el diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, quien dejó constancia de su voto en contra y calificó la reconsideración como “improcedente y parlamentariamente inviable”, debido a que el decreto ya había sido votado semanas atrás en el Pleno.
Umaña también señaló que no se permitió el uso de la palabra antes de que la sesión fuera suspendida.
El exvicepresidente del Congreso y diputado de Libre, Hugo Noé Pino, quien aclaró que no estuvo presente en la sesión del 1 de septiembre, sostuvo que sus compañeros le reportaron dos irregularidades.
La primera, según explicó en una entrevista brindada a Criterio.hn, fue utilizar la aprobación del acta para modificar el contenido de un decreto que ya había sido aprobado. Pino recordó que el artículo 215 de la Constitución establece que, una vez aprobado un decreto legislativo, debe ser enviado a sanción presidencial dentro de los tres días siguientes.
En ese sentido, consideró que las reconsideraciones del acta no pueden utilizarse para modificar el contenido sustantivo de un decreto. “Las reconsideraciones en la aprobación del acta solo son para corregir nombres, circunstancias o algo que haya quedado mal expresado”, explicó el también economista.
La segunda irregularidad señalada por Pino fue la falta de quórum. Según el diputado, al momento de someterse a votación la reconsideración no estaban presentes los 65 diputados necesarios.
UNA AMNISTÍA QUE PUEDE REPRESENTAR MILLONES DE LEMPIRAS QUE EL ESTADO NO PERCIBE
Más allá del procedimiento legislativo, los diputados también cuestionan el impacto económico que tendría la reincorporación de Tigo y Claro al beneficio empresas que generan multimillonarias ganancias, ya que ser las únicas dedicadas al rubro de la telefonía móvil. Además, mantienen la mayor cobertura en usuarios del servicio de televisión por cable y servicios de internet.
Hugo Noé Pino, legislador y economista, explicó que durante varios años los operadores de sistemas de telecomunicaciones debían aportar un porcentaje de sus ingresos brutos para financiar la instalación de internet en escuelas y colegios.
Según el diputado, el porcentaje pasó de 1 % a 1.5 % en el presupuesto de 2025, lo que habría significado alrededor de 65 millones de lempiras adicionales para las compañías obligadas a realizar el pago.
Según las disposiciones del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025, en su artículo 24, estas aportaciones del 1.5% por parte de empresas de telecomunicaciones serían remitidas a Conatel y luego a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) para implementación conectividad de internet en centros educativos y en parques de recreación públicos.
De acuerdo con su explicación, posteriormente el Congreso Nacional modificó el porcentaje que establecido en las disposiciones del Presupuesto General de la República para el Ejercicio Fiscal 2026 –en su artículo 26— y, con la decisión adoptada el 1 de septiembre, se habría eliminado además la obligación relacionada con el incremento aplicado en 2025.
Fabricio Sandoval, diputado de Libre, por su parte, sostuvo que sería necesario revisar cuánto pagaron Tigo y Claro entre 2014 y 2025 y cuánto podría representar la condonación de multas y recargos.
La cifra, sin embargo, no fue documentada en las declaraciones proporcionadas, por lo que el monto exacto del beneficio económico que recibirían las empresas aún requiere ser establecido mediante registros oficiales de Conatel, la Secretaría de Finanzas y los documentos legislativos.
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“MECANISMOS OPACOS”
La exdesignada presidencial y actual diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Doris Gutiérrez, también cuestionó la forma en que fue presentada y aprobada la reconsideración que extendió beneficios a estas dos empresas de telecomunicaciones (Tigo y Claro).
Gutiérrez afirmó que se enteró de la propuesta hasta después de que fue presentada y criticó la rapidez con la que se dio lectura a la moción lo que calificó como “mecanismos opacos o poco transparentes que se aplican en este Congreso Nacional”.
La exfuncionaria cuestionó además el mecanismo de votación mediante levantamiento de manos, al considerar que dificulta determinar con precisión cuántos diputados propietarios o suplentes participaron y cuál fue el resultado exacto. En ese sentido, planteó que el Congreso Nacional debería retomar la votación electrónica.
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