Tegucigalpa, Honduras. – El asesinato de Dereck McNeil, testigo protegido en el proceso relacionado con la desaparición de Angie Peña, pone nuevamente bajo escrutinio la capacidad del Estado hondureño para garantizar la seguridad de personas que colaboran con investigaciones de alto impacto. El caso también ha generado cuestionamientos por la presunta revelación de su identidad en medios de comunicación durante el proceso judicial.
Al respecto, familiares de Angie Peña denunciaron que desde 2024, abogados vinculados a la defensa de algunos de los imputados habrían identificado públicamente a McNeil como uno de los testigos protegidos.
Dereck McNeil, fue asesinado el 17 de agosto de 2026, días antes de esta publicación de la denuncia hecha por familiares de Angie Peña, pese a haber rendido una declaración anticipada dentro del proceso que involucra a ciudadanos estadounidenses y a un hondureño señalados por delitos relacionados con trata de personas y asociación para delinquir.
Uno de los principales cuestionamientos surgidos tras el asesinato es precisamente cómo la identidad de McNeil dejó de estar protegida. Familiares de Angie Peña han denunciado que desde 2024 abogados vinculados a la defensa de algunos de los imputados habrían identificado públicamente a McNeil como uno de los testigos protegidos.
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FILTRACIÓN DE NOMBRES DE TESTIGO PROTEGIDO
La familia de Angie Peña señaló públicamente a abogados que participan en la defensa de personas procesadas en el caso Delta Team. Uno de ellos, Marlon Arévalo, quien cuestionó la credibilidad en el testimonio de McNeil y las declaraciones a medios de comunicación de la ex viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.
El pasado 25 de agosto de 2026, Michelle Melgares, madre de Angie Peña, publicó en sus redes sociales un video en el que se observa al abogado y defensor de imputados por trata de personas, Marlon Arévalo, revelar la identidad del testigo protegido Dereck McNeil, quien fue asesinado 14 días atrás por desconocidos.
En el clip publicado en X –antes Twitter— es atribuido a una entrevista brindada por Arévalo en 2024 para el medio EDN. En el breve video se observa al abogado Marlon Arévalo, quien defiende a los estadounidenses Harold Green y William James, así como al hondureño Gustavo Trejo, rechazando que sus representados hayan cometido los delitos que se les atribuyen y cuestionó las declaraciones de McNeil.
“(…) Todo a través de la trama de un testigo protegido, que es el señor Derek McNeil, que prácticamente es el que ha creado toda esta historia y que el Ministerio Público la ha comprado”, declaró Arévalo en la entrevista brindada en 2024.
El jurista también pidió a la familia de Angie Peña no dar credibilidad al testimonio de McNeil y cuestionó las declaraciones realizadas por la entonces viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, sobre el paradero de la joven.
Arévalo sostuvo además que la Fiscalía no había logrado acreditar los delitos atribuidos a sus representados y afirmó que no existía una víctima que señalara directamente a los acusados de haberla reclutado para su explotación.
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ESTADO DEBE GARANTIZAR PROTECCIÓN DE TESTIGOS
La denuncia sobre la revelación de la identidad del testigo protegido, sin embargo, plantea una interrogante distinta: ¿quién tuvo acceso a la información reservada y quién la hizo pública?
Para el abogado y director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, el principal problema no radica únicamente en que McNeil no tuviera medidas de seguridad física, sino en que su identidad, que debía mantenerse bajo reserva, haya llegado a conocimiento público.
En una entrevista brindada a Criterio.hn el jurista señaló que “uno de los elementos más graves que aparece en este momento es que se haya podido filtrar el nombre de un testigo protegido hacia personas vinculadas con los hechos investigados”.
Acevedo explicó que, en términos generales, la identidad de un testigo protegido debería ser conocida únicamente por las instituciones y funcionarios que intervienen directamente en el proceso. Por ello, considera necesario determinar quién tuvo acceso a esa información y cómo terminó siendo divulgada.
Señaló, además, que no todos los testigos protegidos reciben automáticamente medidas de seguridad personal. En algunos casos, la protección puede concentrarse en mantener bajo reserva su identidad y garantizar que su declaración sea incorporada al proceso mediante las formalidades legales correspondientes.
En el caso de McNeil, explicó, su declaración anticipada fue rendida ante un juez, con participación del Ministerio Público y de la defensa. Sin embargo, dijo que no está claro si dentro del acuerdo alcanzado con el testigo se contemplaron medidas adicionales para proteger su integridad física.
En tanto, el abogado y analista político, Luis Urbina, puntualizó que la legislación hondureña contempla diferentes mecanismos de protección que pueden aplicarse dependiendo del nivel de riesgo de una persona, desde custodia hasta traslado a otro lugar.
Sin embargo, consideró que en el caso de McNeil la figura de testigo protegido no habría cumplido con su finalidad esencial. “Cuando una persona en la actualidad es parte de una organización, de una red o tiene conocimientos fuertes”, explicó Urbina.
En conversación con este medio el jurisconsulto indicó que el Estado debe garantizar no solamente la validez de su declaración, sino también medidas destinadas a evitar que su vida quede expuesta.
A su criterio, el asesinato de McNeil puede tener un efecto negativo en futuras investigaciones contra redes de trata de personas y crimen organizado, debido al temor que podría generar entre quienes poseen información y contemplan colaborar con la justicia.
El abogado citó el artículo 521 del Código Penal, relacionado con la revelación de información que permita identificar a testigos protegidos, y sostuvo que la conducta puede generar responsabilidad penal cuando se acredita que una persona dio a conocer deliberadamente esa identidad.
Según explicó, si la fiscalía determina que la información fue revelada por un profesional del derecho que tuvo acceso a ella dentro de un proceso penal, corresponde realizar una investigación y acreditar judicialmente el origen de la filtración.
Urbina también advirtió que la investigación debe determinar si la información realmente salió de la defensa o de alguna de las instituciones que tenían acceso a la identidad del testigo.
“Sí tiene una pena, sí hay un tipo penal”, afirmó, pero insistió en que el Ministerio Público debe demostrar quién realizó la revelación y llevar el caso ante los tribunales si existen elementos suficientes.
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UN NEGATIVO PRECEDENTE PARA FUTUROS COLABORADORES
El asesinato de McNeil no es el único caso que genera preocupación sobre la seguridad de personas que colaboran con investigaciones criminales. En ese sentido, antecedentes de otros colaboradores o testigos vinculados con procesos de alto impacto, entre ellos el caso de Magdaleno Meza, quien fue asesinado en octubre de 2019, mientras guardaba prisión en el centro penal de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, quien se disponía a colaborar con autoridades estadounidenses en la investigación contra el exmandatario Juan Orlando Hernández.
El abogado advirtió que estos antecedentes pueden afectar la confianza en mecanismos como la eventual Ley de Colaborador Eficaz, cuya efectividad dependerá, en buena medida, de la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y confidencialidad de quienes decidan aportar información.
La preocupación trasciende el caso de Angie Peña. Si una persona que aporta información a la justicia puede ser identificada y posteriormente asesinada sin que exista claridad sobre las medidas que el Estado adoptó para protegerla, el sistema enfrenta un problema que puede comprometer futuras investigaciones contra estructuras criminales.
Mientras la investigación sobre la desaparición de Angie Peña continúa sin esclarecer su paradero, el asesinato de McNeil deja otra interrogante pendiente: ¿qué tan efectiva es la protección que el Estado hondureño ofrece a quienes deciden colaborar con la justicia y quién responde cuando esa protección falla?