Intentar minimizar o desaparecer la figura del femicidio y de violencia doméstica y el fortalecimiento de las penas ante estos delitos en el Código Penal, marcaría un fuerte retroceso ante los avances en los derechos humanos en Honduras.
Además, se percibe el uso de los temas de los derechos de la mujer para generar morbo, desinformación y confrontación, por parte de personajes impulsados en medios de comunicación tradicionales.
Tegucigalpa, Honduras. – Los temas vinculados a los derechos de las mujeres, como los femicidios o la violencia doméstica, en lugar de ser abordados de una manera responsable y para buscar soluciones, ante las vulneraciones que existen, se están utilizando para generar morbo, distracción, confrontación y desinformación de parte de personajes que fomentan discursos y teorías ambiguas y, que, son impulsadas a través de los medios de comunicación tradicionales.
Este escenario, además de emular al cuestionado gobierno ultraderechista de Javier Milei, en Argentina, que impulsa un proyecto para eliminar la figura penal de femicidio del Código Penal, representa un grave retroceso en los avances de los derechos humanos y, en este caso, de los derechos de la mujer. Esto deja de lado el análisis y el pensamiento crítico ante la realidad actual que se necesita contrarrestar, se alimenta una temática de odio y discriminación contra la lucha de las mujeres.
Cristina Alvarado, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, señaló en entrevista con Criterio.hn que, con relación a las reformas impulsadas a endurecer las penas a través del Congreso Nacional contra la violencia doméstica, contra los femicidios y para la creación de Juzgados Especializados, estas son acciones afirmativas tomando en cuenta que dichas reformas están orientadas a combatir el femicidio.
En particular los artículos 66, 208 y 210 del Código Penal, en los que se establece legalmente la creación de Juzgados Especiales con esquemas diferenciados de la justicia penal ordinaria.
No es la primera vez que los temas asociados a los derechos de las mujeres se utilizan para distraer, y no necesariamente para abordar la problemática de una manera seria e integral, en relación a la atención que realmente se necesita para resolver las lesiones que hay hacia los derechos de las mujeres, sino más bien para generar una forma de amarillismo, mientras suceden en el país otros contextos que vulneran a la población hondureña, señaló la escritora y feminista, Jessica Isla, para Criterio.hn.
La valoración de los derechos de las mujeres es para garantizar espacios libres de revictimización en delitos de violencia contra la mujer. Sin embargo, no basta con ser mujeres, sino serlo y estar sensibilizadas, con conocimiento de derechos humanos y de la Convención Internacional, desde el marco de derechos humanos nacionales e internacionales.
Dentro del poder judicial existe una guía para el juzgamiento con perspectiva de género y esta fue publicada por la Unidad de Género del Poder Judicial, la cual establece que la perspectiva de género es una obligación constitucional y convencional.
Lo anterior, significa que se pretende neutralizar los sesgos históricos y un tribunal integrado por mujeres garantiza la aplicación efectiva de este método, enfocado en detectar y eliminar las barreras de prejuicios y estereotipos patriarcales, que suelen desvirtuar los procesos penales y perpetuar la desigualdades sociales.
Si hacemos una comparación del acceso a la justicia que tienen las mujeres con relación a los hombres, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional quedan aplazados.
Por ejemplo, en materia de atención a los femicidios el Instituto de Justicia y Paz, señala que entre el 2019 y 2025, el Poder Judicial mostró una respuesta ante los casos de femicidio que provoca escalofríos: de 2,278 casos, solo se judicializaron 150 y, de esos, solo 67 tienen sentencia condenatoria.
“Eso no se debe a una carga excesiva de trabajo, sino porque hay mucho prejuicio machista y mucho sesgo en el momento de aplicar la ley, o porque los casos no fueron lo suficientemente sustentados a nivel científico con pruebas y evidencia contra las acusaciones y dejan a los femicidas en libertad”, apuntó Alvarado.
Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), señaló a través de un escrito que, los femicidios responden principalmente a patrones de violencia estructural y cultural, así como de violencia basada en género, sustentado en relaciones históricas de desigualdad, discriminación y ejercicio del poder contra las mujeres. Entre estas manifestaciones se encuentra la violencia de pareja o expareja, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual y otras expresiones de violencia motivadas por razones de género.
La guía de la ONU Mujeres, del Modelo de Protocolo Latinoamericano para la Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (Femicidio/Feminicidio), establece que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente bajo la hipótesis de femicidio, agotando todas las líneas de investigación antes de descartar dicha posibilidad. Este enfoque contribuye a reducir la impunidad, garantizar el acceso a la justicia y evitar la estigmatización y revictimización. En consecuencia, el análisis de estos hechos debe reconocer que el femicidio representa la expresión más extrema de un continuo de violencias derivadas de la discriminación y la desigualdad de género.
Es oportuno mencionar que, en los últimos días han surgido personajes impulsados a través de los medios de comunicación tradicionales, que han generado controversia y a la vez indignación por parte de organismos de derechos humanos, derechos de la mujer, familias que han perdido a sus hijas en manos de femicidas, y pueblo hondureño en general que se ve violentado por amenazas a los retrocesos de los derechos humanos.
Entre ellos están el abogado penalista Fernando González y el abogado e integrante de la Comisión Técnica Liquidadora del gobierno de Nasry Asfura (2026-2030), Leonel Núñez.
A través de los medios de comunicación corporativos, el abogado González ha sostenido un discurso reiterativo y enmarcado en que la figura del femicidio coloca a la mujer en una posición de privilegios. Según su perspectiva, apuntó que cuando las penas no son igualitarias “se lastima y lacera la vida del hombre”. A su vez, destacó que en el Código Penal se sanciona el aborto con una pena minoritaria de entre tres a seis años y no lo sanciona como parricidio.
Como ejemplo, señaló que “si una esposa mata a su esposo, son de 20 a 25 años de condena, pero si el esposo mata a la esposa sería un femicidio con una pena de hasta 60 años”, por lo que señala que no existe igualdad, al hacer mención del artículo 60 de la Constitución de la República, el cual señala que “en Honduras no hay clases privilegiadas y que todos son iguales ante la ley y que se debe sancionar todo acto de discriminación por sexo o género”.
De igual forma, apuntó que “si hay femicidios también debe haber androcidios”, para igualdad a la aplicación. Con esos argumentos señaló que presentará un recurso de inconstitucionalidad, contra las reformas al Código Penal sobre la figura del femicidio.
Misma posición compartió el abogado Leonel Núñez, quién sostiene que presentará también un recurso de constitucionalidad ante las reformas a la Ley Contra la Violencia Doméstica, pues según él, se prejuzga al hombre y se le quita el derecho al trabajo antes o cuando ya ha sido condenado, por lo que quiere que se revise el tema de igualdad, el desarrollo del debido proceso y la proporcionalidad a la hora de dictar la pena.
Ambos abogados, informaron que presentarán los recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 20 de julio de 2026, día que regresan de vacaciones los empleados del Poder Judicial.
Leonel Núñez forma parte de la Comisión Técnica Liquidadora, responsable de ejecutar la supresión y liquidación de las Secretarías de Estado, Programas, Gabinetes Especiales, Gabinetes Sectoriales e Institutos, Direcciones y Comisiones, establecidas en el artículo 21 del Decreto Ejecutivo PCM-05-2022.
Dicha Comisión ha sido señalada por empleados y exempleados estatales, por despidos masivos injustificados, entre ellos personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas con enfermedades base, así como personal que sufrió malos tratos y persecución laboral antes y durante se realizó su despedido, muchos denunciaron faltas graves a sus derechos laborales y derechos humanos. Muchos extrabajadores reportan retrasos o pagos incompletos en sus derechos adquiridos.
Cristina Alvarado apuntó que la historia nos recuerda que la igualdad solo está escrita en papel y no es sustancial, cuando vemos que las mujeres para obtener, por ejemplo, el derecho al voto, tuvieron que luchar con sus vidas y que apenas se han cumplido 75 años ejerciendo el sufragio.
Además, desde la creación de los Juzgados de Violencia Doméstica de la Fiscalía Especial de la Mujer y todos esos mecanismos e instancias gubernamentales, también sufrieron críticas y diatribas de parte de abogados que hablan desde sus privilegios y prejuicios machistas, antes que desde el sentido del respeto a la Constitución de la República.
