Equipo de vigilancia vendido al gobierno de Honduras se habría usado para rastrear, acosar y matar activistas en Honduras

Tomado de: mirror.co.uk

 

Liam Fox Secretario de Comercio Internacional  de Inglaterra, aprobó licencias que vendían equipos de vigilancia a Honduras, donde los activistas son amenazados e incluso asesinados de forma rutinaria.

La obsesión de Liam Fox por asegurar los acuerdos comerciales posteriores al Brexit en todo el mundo puede haber puesto en riesgo la vida de los activistas ambientales, advirtió una organización benéfica.

Según un informe de la organización de derechos humanos Global Witness, el equipo de vigilancia vendido al gobierno de Honduras después de que el gobierno británico aprobó las licencias se usó para rastrear, acosar y matar activistas en el país.

Este año, cinco activistas han sido asesinados por las autoridades hondureñas, según el informe, ya que los activistas por los derechos a la tierra han enfrentado una mayor represión policial y amenazas de muerte.

En febrero, Liam Fox aprobó la venta de equipos de intercepción de telecomunicaciones que la organización cree que pueden haber ayudado al gobierno hondureño a llevar a cabo su campaña de acoso.

Ese trato y las licencias previas para vender equipos de spyware fueron aprobados por el Departamento de Comercio de Liam Fox según una carta vista por el Daily Mirror.

Desde 2010, 128 activistas ambientales han perdido la vida en Honduras, con «muchos otros amenazados, atacados o encarcelados» según la organización benéfica.

Ben Leather, de Global Witnes, le dijo a The Mirror: «El deseo de consolidar nuevos socios comerciales no es una excusa para colgar a los activistas locales para que se sequen.

«En lugar de dar a los regímenes represivos las herramientas para espiar a su gente, Fox y el gobierno del Reino Unido deberían defender los derechos humanos y defenderlos».

En noviembre del año pasado, una disputada elección llevó a una violenta represión en el país centroamericano que dejó al menos 41 activistas muertos, al menos 16 directamente a manos del gobierno, según un informe de la ONU.

El equipo fue vendido al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.

Se cree que incluye tecnología que permite a las autoridades interceptar y monitorear llamadas telefónicas y correos electrónicos, e incluso acceder a servicios encriptados como WhatsApp y Telegram utilizados por activistas.

El Secretario de Comercio Internacional Shadow dijo: «El comercio mundial es importante para nuestra economía, pero nunca debe ser entregado a expensas de los derechos humanos y las libertades básicas.

«Los trabajadores han desafiado constantemente la exportación de equipos de vigilancia a regímenes represivos como Honduras. Ahora aprendemos en este informe de Global Witness que los activistas ambientales están siendo atacados.

«Liam Fox debe cumplir con el derecho internacional que prohíbe la venta de equipos donde exista el riesgo de que sea utilizado para la represión interna o la violación de los derechos humanos.

2017 fue el «año más mortífero registrado» para activistas medioambientales.

Al menos 207 activistas ambientales y de la tierra fueron asesinados en 2017 en 22 países según un informe de Global Witness.

El impactante estudio revela que casi cuatro ecologistas fueron asesinados cada semana, convirtiéndolo en el año más mortífero registrado.

Cada vez más, el derramamiento de sangre se relaciona con el crecimiento de los agronegocios globales con un gran aumento de los homicidios relacionados con los productos de consumo.

Incluyendo ataques brutales contra quienes defienden sus tierras de la agricultura destructiva, como el acaparamiento de tierras para obtener aceite de palma, que se usa en artículos para el hogar como jabón y café.

El informe de Global Witness «¿A qué precio?» Muestra que, por primera vez, los agronegocios han superado a la minería como la industria más asociada a estos ataques.

Los ataques incluyen el asesinato de Hernán Bedoya en Colombia, fusilado 14 veces por un grupo paramilitar por protestar contra el aceite de palma y las plantaciones de banano en tierras robadas de su comunidad; una masacre del ejército de ocho aldeanos en Filipinas que se opusieron a una plantación de café en su tierra; y ataques violentos de granjeros brasileños, usando machetes y rifles, que dejaron severamente heridos a 22 miembros de la población indígena de Gamela, algunos con las manos cortadas.

                                          Ben Leather

«Ben Leather de Global Witness dijo:» Los activistas locales están siendo asesinados ya que los gobiernos y las empresas valoran los beneficios rápidos sobre la vida humana.

«Muchos de los productos que surgen de este derramamiento de sangre están en los estantes de nuestros supermercados. Sin embargo, a medida que comunidades valientes se enfrentan a funcionarios corruptos, industrias destructivas y devastación ambiental, son brutalmente silenciados. Ya es suficiente».

Mr Leather agregó: «A medida que el país comienza a establecer nuevas relaciones comerciales, Liam Fox debe demostrar que el Gobierno del Reino Unido está liderando el estándar mundial en la protección de los defensores de la tierra y el medio ambiente.

«Al alentar la venta de tecnología de vigilancia a un gobierno que ha demostrado espiar y atacar a los activistas, el gobierno del Reino Unido puede haber arriesgado vidas.

«Cuando estas nuevas cifras anuales muestran un aumento en los ataques y asesinatos de activistas que defienden sus tierras, ¿por qué el gobierno del Reino Unido pondría en riesgo los derechos humanos al fomentar el comercio de equipos de interceptación de telecomunicaciones con sus líderes empresariales?»

La Ley británica de control de exportaciones de 2008 prohíbe la venta de armas a países que las utilizarán contra sus ciudadanos, pero los mismos controles no se aplican al spyware, que puede exponerlos a las autoridades.

Pero el gobierno dice que todas las exportaciones se miden cuidadosamente según los criterios consolidados de la UE antes de ser aprobadas.

defensores de derechos humanos

La Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos de Honduras documentó 1.232 ataques contra defensores de los derechos humanos en Honduras en 2016 y 2017.

Los activistas ambientales en Honduras a menudo son amenazados o asesinados cuando se oponen al trabajo de las compañías eléctricas que construyen represas.

En marzo de 2016, la activista hondureña de derechos humanos y medioambiente Berta Cáceres fue asesinada pocas semanas después de protestar por el desarrollo de una represa hidroeléctrica.

Una cadena de oficiales y agentes militares para la empresa que está construyendo el proyecto ha sido arrestada en los últimos meses, pero solo después de dos años de presión internacional.

En el último año, además de las cinco muertes, Global Witness informó que el activista Martín Fernández fue agredido por hombres armados mientras inspeccionaba el daño ambiental causado por una represa hidroeléctrica en el norte de Honduras.

Otro activista, Luis Mejía, recibió una nota debajo de su puerta después de que su casa fuera rociada con balas que decían: «Luis, no queremos, pero si no desapareces en tres días, te mataremos».

¿El lugar más mortífero para ser un ecologista?

Brasil registró el peor año registrado en cualquier parte del mundo, con 57 asesinatos en 2017.

48 personas murieron en Filipinas en 2017, el número más alto jamás documentado en un país asiático.

El 60% de los asesinatos registrados fueron en América Latina. México y Perú vieron aumentos marcados en los homicidios, de 3 a 15 y de 2 a 8, respectivamente.

Nicaragua fue el peor lugar per cápita con 4 asesinatos.

Enfrentar a los cazadores furtivos se volvió aún más peligroso, con un récord de 23 personas asesinadas por tomar una posición en contra del comercio ilegal de vida silvestre, en su mayoría guardaparques en África.

Global Witness vinculó a las fuerzas de seguridad del gobierno con 53 de los asesinatos del año pasado, y con actores no estatales, como bandas criminales, a 90.

El vocero del Departamento de Comercio Internacional dijo: «El gobierno asume muy seriamente sus responsabilidades de exportación de armas al operar uno de los regímenes de control de exportación de armas más sólidos del mundo.

«Los riesgos en torno a los abusos de los derechos humanos son una parte clave de nuestra evaluación de licencias y el gobierno no otorgará licencias para la exportación de artículos donde hacerlo sería inconsistente con cualquier disposición de los criterios consolidados de licencias de exportación de armas de la UE y nacionales, incluyendo, donde evaluamos existe un claro riesgo de que los bienes puedan ser utilizados para la represión interna «.

Ataques, vigilancia y persecución, denuncia defensora de Derechos Humanos

 

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. – La defensora de derechos humanos Jessica Sánchez, denunció una serie de ataques, vigilancia y persecución que han puesto en peligro su integridad física, emocional y entorno familiar.    

Jessica Sánchez, actualmente integra el Consejo Nacional de Protección, directora del Grupo Sociedad Civil, Integrante de la Coalición Feminista Todas, miembra de la Articulación 611, y de la Coalición contra la Impunidad, espacios donde trabaja por la implementación de políticas públicas de derechos humanos y denuncia la emisión de leyes que restringen el goce de los derechos humanos.

Acompañada de otras y otro defensor de derechos humanos, Jessica Sánchez presentó sus denuncias en el COFADEH 

Entre ellos, Sánchez denunció que ha sido víctima de ataques ejecutados por personas desconocidas, después de participar en eventos referentes a la temática de derechos humanos. El 22 de agosto pasado, una llanta de su vehículo fue perforada con un objeto no determinado y al darse cuenta ingresó a una llantera en el barrio La Guadalupe de Tegucigalpa, posteriormente fue perseguida desde un vehículo turismo color gris, hasta cerca de su casa.

Meses atrás, saliendo de un evento donde participó como integrante del Consejo Nacional de Protección en la firma del Convenio, también su vehículo fue averiado, no dándose cuenta sino hasta que ya iba en marcha. En ambos casos estaba el automóvil en estacionamientos de hoteles y las fallas no tienen explicación de parte de los mecánicos.

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Cabe mencionar que las violaciones a los derechos de los defensores no deben de ser motivos de discusión o dudas, son hechos comprobados.  

Por lo que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), exige que el Estado de Honduras emita resoluciones que protejan la vida de la defensora, ya que es su obligación prevenir cualquier atentado contra la vida y la integridad física de las y los defensores de derechos humanos y a garantizar en todas las circunstancias que puedan llevar a cabo sus legítimas actividades sin temor o represalias y libres de cualquier restricción. 

Honduras es catalogado por diferentes organizaciones internacionales como el país más peligroso de Latinoamérica para defender los derechos humanos. El año anterior, 17 defensores fueron asesinados. En 2017, los y las defensoras continúan siendo víctimas de asesinatos, atentados, persecución, amenazas a muerte, de campañas de difamación y actos de hostigamiento. Cabe señalar que es aquí donde hay mayor cantidad de defensores y defensoras beneficiarias de Medidas Cautelares que fueron asesinadas. 

El COFADEH considera que la falta de Acción del Estado ha fortalecido a las estructuras clandestinas que impulsan actos de desestabilización que puede venir de grupos dentro del gobierno o fuera de él.

Los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones buscan obtener información y se dan en un contexto de inseguridad que vulnera su trabajo, haciendo ver los hechos como violencia común, hechos que afectan gravemente las actividades y derechos de defensoras y defensores, particularmente cuando la defensa de derechos toca intereses de actores con poder político o económico.     

Este Comité, registra cuatro asesinatos y modificaciones en el patrón de ataques, pues se están dando en sus residencias y lugares de trabajo, lo que contribuye a generar un ambiente negativo y de temor para la defensa de los mismos y provocan como consecuencia, la disminución de reclamos y denuncias. 

En una declaración, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas señaló que “cualquier amenaza o violencia contra los defensores de derechos humanos constituye una violación de las obligaciones de los Estados hacia la realización de los derechos contenidos en el Pacto”.