Gobiernos entre 2010 y 2015 han invertido más de L. 15 mil millones en políticas asistencialistas

 

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- Entre el 2010 y el 2015, el Estado hondureño invirtió más de 15 mil 17 millones de lempiras en la implementación de una política de protección social, cimentado una política fiscal peligrosa que no resuelve los problemas estructurales de pobreza en Honduras.

Lo anterior se dio a conocer en el programa radial “Aperitivos con Ideas”, producido por el CESPAD y que se transmite todos los martes a las 11: am, por RDS-Radio, en el programa conversaron Gustavo Irías, director de CESPAD  y la periodista Claudia Mendoza,  analizando el estudio titulado: “Políticas de bonos contra la pobreza: entre el asistencialismo social y el riesgo de politización partidaria”.

Pese aesa enorme cantidad de millones la pobreza aumenta cada dia lo que demuestra que el Bono 10 mil y el Programa Vida Mejor no resuelven el problema
Pese a esa enorme cantidad de millones la pobreza aumenta cada día lo que demuestra que el Bono 10 mil y el Programa Vida Mejor no resuelven el problema

Estas son las conclusiones que presenta el estudio:

  • El actual gobierno ha asumido como su política pública social la protección social, con un enfoque de emergencia, es decir, de asistencia social. En tal sentido, prioriza en la entrega de bonos o transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas. Esta política para enfrentar la pobreza es insuficiente, pues no ataca sus causas estructurales.
  • En el marco de la actual reforma del Estado se ha producido la transformación de la Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), cuyo nuevo mandato es la implementación y desconcentración de la entrega de bonos a la población más pobre.
  • El financiamiento de esta política pública proviene, principalmente, de préstamos internacionales (BID, BM, BCIE y otros) en más de un 70% del total. Esto plantea el carácter insostenible de esta estrategia de lucha contra la pobreza.
  • Existen evidencias de la intención del gobierno central, a través del Pacto Municipal por Vida Mejor, de re-direccionar los fondos de las transferencias municipales a los programas nacionales de compensación social ejecutados en los municipios. Esto supone un retroceso del proceso de descentralización y en las conquista de derechos obtenidas por sectores sociales vulnerables en los espacios locales (especialmente las mujeres).
  • La Plataforma y el Programa Vida Mejor representan un alto riesgo en la utilización de recursos públicos con fines de proselitismo político del actual partido en el gobierno y del mismo Presidente de la República.

Algunos datos al respecto son los siguientes:

  • La imagen del Presidente de la República y de la Primera Dama en la publicidad de todos los proyectos y programas de Vida Mejor.
  • La utilización de las jornadas de la entrega de bonos con fines partidarios o de abierto proselitismo político.
  • La ausencia de reglamentación que blinde el manejo político de estos programas de asistencia y protección social.
  • La Ley Marco del Sistema de Protección Social aprobada por el Congreso Nacional, representa uno de los esfuerzos gubernamentales más significativos en la actual reforma del Estado. Lo esencial de este proyecto de Ley es posibilitar el avance hacia una mayor privatización de los servicios de salud y protección social, reduciendo la responsabilidad del Estado e involucrando activamente a prestadores privados de servicios.
  • La institucionalidad altamente centralista de los gabinetes sectoriales, como el de Desarrollo e Inclusión, no ofrece espacios para el diálogo, consulta y trabajo de incidencia para las organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales.
    • A pesar de las limitaciones identificadas, la sociedad civil y los movimientos sociales aún disponen como oportunidades la existencia de marcos jurídicos que continúan reconociendo la obligación de la rendición de cuentas gubernamental y el derecho de la auditoria social ciudadana tanto en los espacios nacionales y locales.

 

Programa “Vida Mejor” es insostenible porque es financiado con préstamos

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Los programas sociales que ha implementado el gobierno de Honduras en los últimos años son insostenibles porque sus recursos provienen de préstamos de organismos internacionales.

Lo anterior es parte de un amplio análisis del reconocido economista hondureño, Hugo Noé Pino, quien en una entrevista con CRITERIO expuso el escenario del programa “Vida Mejor” adoptado por el gobierno de Juan Hernández.

Hugo Noé Pino
Hugo Noé Pino

El programa social incluye varios componentes como, pisos, techos, ecofogones, merienda escolar, subsidio del transporte, bono de la tercera edad, bolsa solidaria, crédito solidario, programa “Mi Familia”, bono para el discapacitado y otros, costeados con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM).

Noé Pino considera que la ejecución de “Vida Mejor” es insostenible en el mediano plazo, por lo que aconsejó implementar un mecanismo para que el financiamiento se haga con recursos nacionales.

En medio de una polémica, el Congreso Nacional aprobó el 28 de agosto pasado, dos contratos de préstamo por más de 134 millones de dólares.

La contratación del préstamo contó con la aposición de las bancadas de los partidos Libre y PAC y de algunos parlamentarios del Partido Liberal, quienes consideraron que los recursos se destinarán para la campaña política del Partido Nacional, específicamente para las aspiraciones continuistas del presidente Juan Hernández.

Al respecto, el entrevistado consideró que el problema no es la fuente de endeudamiento, “el problema es que a través de préstamos estamos financiando programas que no se pueden mantener a través de préstamos, sino que tienen que ser financiados con fondos hondureños”.

Aclaró que nadie se opone a que existan programas de carácter social, en lo que se enfatiza “es en que deben ser financiados con recursos nacionales y no con préstamos”.

La política fiscal sana y tradicional, señala que los préstamos externos, principalmente los  provenientes de los organismos, deben orientarse a inversión pública, ahondó el economista.

Agregó que el utilizar fondos de préstamos provenientes de organismos de crédito internacional, significa que los recursos internos son insuficientes para cubrir el gasto social  y eso a la vez se traduce en que la asignación de fondos se hace de manera equivocada.

Por otra parte, señaló que el gobierno de Hernández ha implementado una serie de programas de asistencia social manejados desde Casa Presidencial, cuya efectividad se pone en duda porque existe un descuido en el presupuesto de salud y educación.

El programa "Vida Mejor" está siendo utilizado para el proyecto continuista del presidente Hernández.
El programa «Vida Mejor» está siendo utilizado para el proyecto continuista del presidente Hernández.

Con lo anterior “es bastante claro que lo que se viene dando hasta ahora, es una preferencia por programas de asistencia social clientelistas que le garanticen la reelección al actual presidente”, sentenció.

Por otra parte, apuntó que hasta el momento no se ha realizado ninguna evaluación del conjunto de proyectos sociales que engloba el programa “Vida Mejor”, por lo que no se puede medir los efectos de éstos en la reducción de la pobreza.

Sin embargo, apuntó que de acuerdo a la más reciente evaluación del Banco Mundial sobre el gasto social en Honduras, realizada en 2013, muestra que “esos gastos han contribuido muy poco en la reducción de la pobreza”, e incluso la pobreza incrementó en 2014.

El economista señaló que los programas sociales bien focalizados pueden paliar la extrema pobreza, pero actualmente los criterios que se utilizan para seleccionar a los beneficiarios son políticos, por lo que no hay resultados.

INFORME DEL BANCO MUNDIAL

El informe del Banco Mundial (BM), “Gasto Público Social y sus Instituciones”, presentado el 17 de agosto pasado, cuestiona la sostenibilidad de los programas sociales de Honduras, su política como institución internacional de financiamiento de apoyar con créditos los programas de transferencias monetarias condicionadas (o simplemente programa de Bonos). Esta falta de sostenibilidad lleva al país a una senda de peligroso endeudamiento y de implementación de políticas públicas ineficaces en la lucha sostenible contra la pobreza, refiere el organismo financiero.

Cifras del Mundial establecen que la pobreza extrema en Honduras es de el Banc
Cifras del Mundial establecen que la pobreza extrema en Honduras anda en 42.6%.

El BM señala en su informe que los logros en Honduras en la lucha contra la pobreza son limitados. Precisa que en el 2013 el “64,5% de la población, casi dos terceras partes de los 8,5 millones de hondureños, vivía por debajo de la línea oficial de pobreza y 42,6% en pobreza extrema”. En un cuadro estadístico, el informe detalla que la pobreza en Honduras “alcanzaba 58% en 2007, subió a 66,5% en 2012 y posteriormente bajó levemente en 2014. Entre tanto, la pobreza extrema alcanzaba 37,5% en 2007 y 46% en 2012, mientras que en 2013 bajó levemente”.

Según el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), el gobierno de Honduras ha gastado como presupuesto público más 343,416 millones de lempiras en los últimos 14 años. Pero es un hecho que la pobreza no se reduce, en todo caso se mantiene estancada en términos porcentuales, pero en cifras reales cada año que pasa es mayor el número de personas afectadas por la pobreza. Siendo una realidad irrebatible que las políticas públicas puestas en práctica por los diferentes gobiernos desde el 2000 hasta el presente, han sido un fracaso.