Autoridades del Ministerio de Trabajo de Brasil encontraron hoy a 565 personas que eran sometidas a condiciones análogas a la esclavitud en estancias pertenecientes a una secta religiosa, se informó oficialmente.
Asimismo, fueron halladas también otras 438 personas que trabajaban sin contratos formales y 32 menores que ejercían actividades prohibidas para su edad, detalló el Ministerio de Trabajo en un comunicado.
La inspección abarcó estancias de la secta conocida como Comunidad Evangélica Jesús, la Verdad que Marca, en 15 municipios diferentes de los estados Bahía, Minas Gerais y San Pablo.
La secta era investigada desde 2013, cuando en estancias suyas se halló a 348 personas sometidas a condiciones inhumanas de trabajo, con horarios extensos y muchas veces remunerados solo con la alimentación y la vivienda.
La indagación estableció que esas personas fueron reclutadas en San Pablo por líderes de la secta que los convencieron de donar sus bienes y establecerse en comunidades rurales en las que compartirían todo.
Una vez reclutadas, eran trasladadas a estancias para trabajar en labores agrícolas y en comercios tales como talleres mecánicos, estaciones de servicio, pastelerías, restaurantes y talleres textiles, todos pertenecientes a líderes de la secta.
“En todas las operaciones de combate al trabajo esclavo, las víctimas, cuando llegan los fiscales y los policías, dicen que quieren ser liberadas; pero este caso no es común porque las personas fueran adoctrinadas y nos recibieron como si fuéramos el demonio”, afirmó el fiscal Marcelo Campos, coordinador de la investigación.
“Ellos creen que en estas haciendas están protegidos del fin del mundo, lo que hace más difícil la situación en que están; además de que les niegan los derechos laborales, son engañados, no quieren salir, dicen que es una maravilla y el sueño de sus vidas”, agregó Campos.
De la operación de hoy participaron 58 fiscales del Grupo Especial del Ministerio de Trabajo que combate el trabajo esclavo y 220 agentes de la Policía Federal, que cumplieron 22 órdenes de arresto, 42 órdenes de allanamiento y 17 órdenes de intervención en establecimientos comerciales.
La operación tuvo lugar menos de tres meses después de que el gobierno de Brasil, presionado por organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, modificara un decreto que dificultaba el combate a prácticas laborales consideradas inhumanas.