Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Los directivos del Colegio de Abogado de Honduras (CAH) instan la investigación del “latrocinio” de casi 500 millones de lempiras de su sistema de pensiones, mientras la dirigencia de los periodistas más bien oculta información sobre la operación de su ente de jubilaciones.
El presidente del CAH, José María Díaz, acudió al Ministerio Público para que se investigue el episodio en el que se involucrarían varios ex directivos gremiales, contrario a lo que hace el dirigente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez Coello, quien paga abogados para evitar entregar información sobre el instituto de pensiones de los comunicadores.
“No queremos pasar por el Colegio de Abogados sólo calentando la silla y no darle respuesta al gremio que se lo amerita. Porque realmente nosotros buscamos la justicia no solo en el país, sino que en nuestra casa”, dijo en un programa del canal 5 de televisión.
Esta postura contrasta con la de los directivos del Colegio de Periodistas, que también dirigen el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), y que reiteradamente se niegan a entregar información sobre las operaciones financieras y administrativas del ente, que ha administrado más de 300 millones de lempiras, y rechaza una auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
CRIMEN ORGANIZADO
Díaz aseguró que en el fondo de pensiones de los abogados, los directivos responsables del “latrocinio” de 491 millones de lempiras, operaron como “crimen organizado” en un proceso en el que no solo participaron abogados sino que también empleados, contadores, choferes, conserjes, incluso personas que no tenían ninguna relación con el Colegio de Abogados.
Relató que entre otras formas para el latrocinio de fondos en el ente, se registró sobrevaloración de proyectos habitacionales, la sobrevaloración de un sitio recreacional y el otorgamiento de préstamos millonarios sin garantías suficientes.
También hubo conserjes que cobraban hasta cinco veces reclamos de seguros médicos y seguros de vida en representación de abogados, sin que estos profesionales o sus familias recibieran dinero alguno.
“Ningún presidente ni ningún miembro directivo puede cobijar la impunidad”, dijo Díaz, quien aseguró que se investiga la gestión de los presidentes y directivas del CAH que fungieron desde el año 2008.
OPACIDAD DE PERIODISTAS
En el caso de los periodistas, el ex presidente del IPP, Eduin Natividad Romero, fue sancionado pecuniariamente por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por negarse a entregar información financiera del ente solicitada por el periodista Gustavo Palencia.
La información, pese a que el IAIP le ordenó a los directivos del IPP entregarla, nunca fue suministrada en abierto desacato a una autoridad pública.
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Rodríguez Coello recurrió recientemente a pagar con recursos del IPP a abogados, para presentar recursos de revisión ante el IAIP y evitar entregar información solicitada por varios periodistas afiliados, e incluso recursos de Amparo ante la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Los directivos del IPP desde 2014 desistieron de requerir fondos públicos, establecidos en la ley de creación del ente, huyendo de una auditoría de la CNBS, alegando que el ente no capta fondos estatales.
Este desistimiento ha causado un daño a las precarias finanzas del IPP, la pérdida de unos 3.7 millones de lempiras hasta 2017, lo que viene en detrimento de los periodistas afiliados activos y los retirados que reciben en su mayoría, pensiones entre 1.000 y 4.000 lempiras mensuales.
El IPP es el único ente de pensiones, entre los públicos y privados, que nunca ha sido auditado por la CNBS. Rodríguez Coello, rechaza la auditoría de la CNBS asegurando que los fondos del ente ha sido manejados con las “manos limpias”.