Presentan requerimiento fiscal contra Toño Rivera y Sara Medina por caso “Pacto de Impunidad”

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. –Los diputados del Partido Nacional, Antonio “Toño” Rivera Callejas y Sara Medina, han sido adheridos a la lista de imputados por el caso “pacto de impunidad”, a quienes se les atribuye los supuestos delitos de falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno.

Este lunes el equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal Público, compuesto por fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), con apoyo de expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA) presentaron el respectivo requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia.

El requerimiento fiscal es el resultado de diversa información y actuaciones realizadas con posterioridad al requerimiento presentado el 24 de mayo último contra los diputados del Congreso Nacional (CN), José Tomás Zambrano, y Román Villeda Aguilar; y busca probar que los requeridos hoy, en concierto de voluntades, aprobaron anómalamente la Ley de Presupuesto, con lo cual habrían violentado la voluntad del pleno del Congreso, con la finalidad de crear una ley que favorecería a diputados que estaban siendo procesados por el mal manejo de fondos públicos, así como a los que pudieran ser investigados a futuro por similares hechos.

Cabe señalar que la justicia hondureño dictó recientemente sobreseimiento definitivo contra Tomás Zambrano, pero emitió auto de formal procesamiento contra Román Villeda Aguilar.

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En el requerimiento presentado se destaca lo siguiente:

  1. El caso denominado “Pacto de Impunidad”, se originó el 11 de diciembre del año 2017 cuando la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), con el apoyo de MACCIH-OEA, presentó Requerimiento Fiscal en el caso “Red de Diputados” contra los diputados al Congreso Nacional Augusto Domingo Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia y tres extraneus por el delito de Malversación de Caudales Públicos, relacionado al manejo de fondo sociales.
  2. La audiencia inicial se encontraba en trámite ante el órgano jurisdiccional, cuando el 18 de enero del 2018 el Congreso Nacional modificó por adición la Ley de Presupuesto, aprobada en el Decreto Legislativo No. 141-2017 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 19 de enero de 2018. En dicha modificación se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el plazo de tres años.
  3. Al amparo de esa reforma, mediante la resolución de fecha 24 de enero de 2018 el órgano jurisdiccional decretó el archivo administrativo de la causa denominada “Red de Diputados”, argumentando que no se podía proseguir con el enjuiciamiento, debido a esta nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de Malversación de Caudales Públicos.
  4. El proyecto de ley, una vez aprobado por el Congreso Nacional, adoptó la forma de Decreto No.141-2017 y fue suscrito por los diputados Antonio Cesar Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, quienes lo autorizaron en condición de Presidente y Secretaria del Congreso Nacional. Esta autorización se realizó a pesar de contener dicha reforma, una versión que no fue discutida, ni aprobada por el pleno del Congreso Nacional, tal y como se desprende de la lectura que le dio a la citada norma el diputado Román Villeda Aguilar en su momento.
  5. Ante este hecho se produjeron diversas denuncias públicas, por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una Fe de Erratas el día 25 de enero de 2018, publicada el día 26 de enero en el Diario Oficial La Gaceta, pretendiendo explicar que lo ocurrido sería producto de “un simple error” y no de un presunto acto premeditado que, para ese momento, ya había provocado consecuencias jurídicas. Sin embargo, dicha “fe de erratas” sigue conteniendo modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno del Congreso, por lo que el equipo integrado de investigación y persecución penal decidió la formulación del requerimiento fiscal por los delitos de Falsificación de Documentos, Abuso de Autoridad y Delitos contra la Forma de Gobierno.

Esta acción conjunta demuestra una vez más, el compromiso de la MACCIH-OEA para seguir impulsando la lucha anticorrupción a través de instituciones del Estado. La MACCIH-OEA sigue trabajando en la investigación y tramitación de los casos que ya se han hecho públicos y en otros que estamos pendientes de presentar ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, en estricto cumplimiento al mandato que nos confiere el Convenio suscrito el 19 de enero de 2016, entre el Gobierno de la Republica de Honduras y la Secretaría General de la OEA.

Hermano de Pepe Lobo y exadministrador de presidencial habrían saqueado L. 8.4 millones: MACCIH

 

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la impunidad en Honduras MACCIH, presentó requerimiento fiscal contra Wilfredo Cerrato exadministrador de Casa Presidencial y contra  Ramón Lobo Sosa, hermano del ex presidente de Honduras Porfirio Lobo, por el presunto delito de fraude y malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública.

El caso se ha denominado la “Caja Chica del Hermano” y señala que ambos acusados crearon un entramado para desviar unos 8.4 millones de lempiras a sus cuentas personales

La investigación que concluyó con el requerimiento de hoy fue conducida por el Equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal, compuesto por expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA) y fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP).

La fiscalía considera probado que los imputados en el denominado caso “Caja chica del hermano” crearon un entramado para desviar en beneficio propio dinero público que estaba inicialmente destinado a sufragar los gastos de seguridad de la Casa Presidencial. Por este medio, según la investigación, los imputados presuntamente se embolsaron irregularmente 8,4 millones de lempiras (unos 350.000 dólares).

El Vocero de la MACCIH-OEA y Representante del Secretario General de la OEA, Luiz Guimarães Marrey, aseguró que “esta acción conjunta demuestra una vez más el compromiso de la MACCIH-OEA para seguir impulsando la lucha anticorrupción a través de instituciones del Estado, en estricto cumplimiento al mandato que nos confiere el Convenio suscrito el 19 de enero de 2016, entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaria General de la OEA. Seguimos trabajando”.

El caso “Caja chica del Hermano” es el último caso de investigación penal integrada que presenta el equipo formado por MACCIH-OEA y UFECIC-MP. Los anteriores fueron Red de Diputados, Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Pandora, Aseguramiento de Bienes.

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LA INVESTIGACIÓN

La investigación del caso “Caja chica del Hermano” se inició después que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS) remitiera al equipo integrado MACCIH-OEA/UFECIC-MP el 8 de enero de 2018 un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que permitió descubrir los siguientes hechos:

  1. El 01 de febrero del 2010 mediante acuerdo N° 65-2010 emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia fue nombrado Wilfredo Francisco Cerrato Durón, en el cargo de Secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial, cargo que ostentó hasta el 2014. Como parte de sus facultades, el 21 de enero del 2011, procedió a la apertura, entre otras, de las cuentas siguientes: a) Cuenta de Cheques a nombre de Casa Presidencial/Administración con el propósito de pagar nominas/planillas y b) Cuenta de Cheques a nombre de Casa Presidencial/Guardia de Honor Presidencial, con el propósito de cubrir gastos en el tema de seguridad, con un monto inicial de cuarenta millones de lempiras (L40,000.000.00).
  2. Por otro lado, el imputado Ramón Lobo Sosa, en su condición de hermano del entonces Presidente de la República Porfirio Lobo Sosa, recibía seguridad de la Guardia de Honor Presidencial y tenía asignados 11 elementos militares.
  3. Como resultado de la investigación, se logró identificar que entre el año 2010, hasta enero del 2014, Wilfredo Francisco Cerrato Durón libró de la Cuenta de Cheques a nombre de Casa Presidencial/Administración, por lo menos doce (12) cheques; y de la Cuenta de Cheques a nombre de Casa Presidencial/Guardia de Honor Presidencial, por lo menos setenta y dos (72) cheques, todos a razón de cien mil lempiras (L100,000.00) cada uno: 42 cheques a favor de la persona identificada como testigo protegido Omega 1; y 42 cheques a favor de la persona identificada como testigo protegido Alpha 1, sumando un total de ocho millones cuatrocientos mil lempiras (L8,400.000.00).
  4. Es importante destacar que ninguno de los dos beneficiarios Omega 1 y Alpha 1, mantuvo dentro del período investigado, relación laboral, comercial o contractual con el Estado de Honduras, por lo que la emisión a su favor de esos cheques carece de respaldo legal.
  5. El encargado de la recolección mensual de los cheques, era Ramón Lobo Sosa, quien posteriormente ordenaba a los beneficiarios de los mismos, el respectivo endoso, para luego depositarlos en su Cuenta de Cheques personal. Al momento de ordenar el endoso de los cheques, justificaba su emisión, para gastos de alimentación y limpieza de los miembros de la guardia de honor presidencial que le brindaban seguridad, por su condición de hermano de Porfirio Lobo Sosa.
  6. El Auditor Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas ha informado que el responsable de la alimentación y vestuario es el Estado Mayor Conjunto. En el caso específico de Ramón Lobo Sosa, el Estado Mayor Conjunto se encargaba de proporcionar al personal que le brindaba seguridad, alimentación y alojamiento y si necesitaba movilizarse a otro sector del país, a dicho personal se le otorgaban gastos de viáticos a través de la Administración General de Casa Presidencial, previa solicitud de la Guardia de Honor Presidencial.
  7. Las transacciones o movimientos de la cuenta registrada a nombre de Ramón Lobo Sosa, son numerosas y durante las fechas en las que los cheques girados a favor de Alpha 1 y Omega 1 fueron depositados, la cuenta reflejaba saldos importantes de sumas de dinero, por lo que se generó mezcla de capitales, lo cual se produce al sumar los fondos propios derivados de la actividad comercial a que se dedica el titular de la cuenta y los fondos provenientes del erario público, mediante el depósito de por lo menos ochenta y cuatro (84) cheques a que se ha hecho referencia.

MP presenta requerimiento fiscal contra gerente de la ENEE

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Jesús Mejía.

La acción legal fue presentada este jueves por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos ante los Juzgados de Letras de lo Penal de Comayagüela

El requerimiento fiscal presentado mediante el expediente 2665-2018 no establece orden de captura, sino que determina que Mejía deberá ser citado por el juez para que comparezca a la audiencia de declaración de imputado.

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El alto funcionario ha sido requerido por la justicia porque desobedeció una resolución judicial que ordenaba el reintegro de Rodolfo Raúl Díaz, quien al momento de ser despedido se desempeñaba como gerente de Distribución de la ENEE.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos, Díaz comenzó a laborar en la ENEE en el año 2010 en el cargo de asistente ejecutivo, después pasó a ser subgerente regional centro-sur y en el año 2015, la junta directiva de la estatal eléctrica lo nombró como gerente de Distribución, mediante el oficio GG 384-A de fecha 26 de agosto de 2015.

Al conocer sobre el requerimiento fiscal en su contra, Mejía reaccionó molestó con las autoridades del Ministerio Público y alegó que Rodolfo Raúl Díaz “nunca fue despedido”.

Fundamentó que el reglamento de la ENEE le da la facultad de nombrar, rotar o remover el personal de los puestos y no de despedirlos sin justificación alguna.

“Bajo la ley constitutiva yo hice la rotación del empleado, nunca le violenté sus derechos”, sostuvo Mejía, quien en las elecciones de noviembre de 2017 fue acusado por la Alianza de Oposición Contra la Dictadura de manipular el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Presentan requerimiento fiscal contra policías y militares por violentar derechos durante la crisis electoral

Dentro de los requerimientos no hay acusaciones por los crímenes cometidos durante las protestas

 

Durante los protestas, los militares y policías dispararon contra los manifestantes que denunciaban un fraude electoral.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Ministerio Público (MP) informó este lunes que ha presentado 11 requerimientos fiscales contra elementos de la Policía Nacional y Policía Militar del Orden Público (PMOP) por suponerlos responsables de violaciones a los derechos humanos durante la crisis post electoral.

Los requerimientos han sido presentados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos contra oficiales de policías y militares por “supuestos excesos en sus funciones públicas”. La acción se ha entablado ante los tribunales competentes.

Se informó que fueron once los requerimientos fiscales presentados en las últimas horas, que se agregan a los ya presentados en fechas pasadas y con los que se sumarían un total de 17.

Los requerimientos fiscales se han presentado en el marco de una visita in loco que realiza a partir de hoy en Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar el respeto a las garantías individuales en el contexto de la crisis posterior a las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017.

En marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) publicó un informe sobre las protestas en el que contabilizó la muerte de un policía y de 22 civiles, de los que al menos 16 fallecieron por disparos de las fuerzas de seguridad.

Dentro de los delitos imputados a los militares y policía no se establece el de homicidio, sino que otros delitos menores. El 9 de julio anterior, la representante de la OACNUDH, María Soledad Pazo, dijo a CRITERIO que el Ministerio Público no había presentado ningún requerimiento fiscal en contra de los responsables de los crímenes suscitados en las protestas de la crisis pos electoral.

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Sobre las excusas que ha esgrimido el Ministerio Público para no haber presentado los requerimientos fiscales, es que todavía los casos están en investigación y que se están haciendo las diligencias, amplió Pazo.

ACCIONES REÑIDAS CON LA LEY

Según la jefa de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, Soraya Morales, a los oficiales de policía y militares, se les supone responsables  de una serie de acciones reñidas con la ley y que en su mayoría se consumaron durante la denominada “crisis pos electoral”.

Una nota de prensa de la Fiscalía establece que, los agentes de tribunales presentaron sus escritos ante la autoridad judicial, los mismos contienen la plena identificación de los supuestos responsables y el detalle de los hechos punibles que les son imputados, sólo en uno de los casos se solicita se libre la respectiva orden de captura, mientras que en el resto, tras el análisis respectivo, los jueces deben citar en legal y debida forma a los acusados conforme lo solicitado por el MP.

Los señalados son: el sub inspector de policía Rudy Ariel Brizuela Mejía y los policías preventivos Sandro Exequiel Zavala Hernández, Santos Rigoberto Mendoza Bonilla y Edwin Alberto Rodríguez Carrasco por suponerlos responsables de allanamiento de morada y abuso de autoridad.

También fue acusado el comisario de policía, Lorenzo Lara Muñoz; el sub inspector de policía, Yesther Yafeth Fernández Leiva, ambos asignados a la Unidad Departamental de Prevención No 15 en el departamento Olancho. A ellos se les supone responsables de los delitos de abuso de autoridad, torturas y lesiones graves en perjuicio de la administración pública y testigos protegidos.

A la lista de procesados penalmente se suman el sub comisionado de policía Raúl Martínez Alvarado por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública y dos periodistas; contra el sargento segundo de policía militar, Juan Carlos Rodríguez Sosa, por la supuesta comisión de los ilícitos penales de abuso de autoridad y vejámenes.

Ante el tribunal competente también deberá comparecer el sub comisionado de policía Raúl Martínez Alvarado, por el delito de abuso de autoridad. Por otra parte ha sido enjuiciado, Abelardo Mendoza Erazo, por suponerlo responsable del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un periodista, en el mismo requerimiento aparece acusado el policía preventivo Yelson Gustavo Salinas Vallejo a éste último se le supone responsable de la comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios.

 Los fiscales de Derechos Humanos concluyeron que los policías y militares requeridos, han vulnerado derechos humanos fundamentales de la población, por ello, también tendrán que hacer lo propio para desvanecer los cargos a las siguientes personas: Los policías militares, José Guadalupe Pérez Gómez y Cristhian Johatan Cortes, Lucas Edgardo Alvarado Díaz y Oscar Danilo Gavarete Ruiz, a quienes se les supone responsables de los delitos de vejámenes y abuso de autoridad.

En la ciudad de La Paz, se presentó acción penal en contra del policía preventivo, Santos Ambrocio Avelar Guevara, por los delitos de vejámenes y abuso de autoridad.

En la capital de la República, se presentó requerimiento fiscal en contra del policía nacional Marcos Israel Estrada Pastrana, también por abuso de autoridad y vejámenes, entre tanto que por daños y abuso de autoridad fueron acusados penalmente Héctor Jesús Pineda Cortez y Víctor Manuel Cerrato, ambos efectivos de la Policía Nacional.

También fueron acusados los elementos de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte, Juan Andrés Aguilar Álvarez, Fausto Funes Funes y Edgardo José Sevilla Ayestas, quienes enfrentarán un proceso penal por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y vejámenes.

Ministerio Público ratifica requerimiento fiscal contra ex primera dama

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Ministerio Público reafirmó este viernes el requerimiento fiscal contra la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, por la comisión de nueve delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita.

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Mediante un comunicado de prensa, el ente acusador del Estado, detalla que presentó el requerimiento fiscal el pasado 26 de febrero contra la esposa del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, y su cuñado, Manuel Mauricio Mora Padilla, por la comisión presunta como coautor y cooperador necesario de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita y los nueve delitos de malversación de caudales públicos antes señalados

A continuación el comunicado:

En el marco de la Audiencia Inicial realizada en el Juzgado de Letras Penal con competencia Nacional en Materia de Corrupción, el Ministerio Público ratificó su Requerimiento Fiscal en contra de la ex Primera Dama de la Nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo, por la presunta comisión de nueve delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita.

Asimismo, se ratificó la acusación en contra de su cuñado Manuel Mauricio Mora Padilla, por la comisión presunta como coautor y cooperador necesario de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita y los nueve delitos de malversación de caudales públicos antes señalados.

Luego de realizar un proceso de investigación, el Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) presentó Requerimiento Fiscal el pasado 26 de febrero, produciéndose posteriormente la detención de ambos imputados en cumplimiento de la orden emitida por Juez con competencia nacional en materia de Corrupción.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, varias personas recibieron cheques sin justificación legal afectando fondos destinados al despacho de la Primera Dama para obras sociales y que supuestamente fueron cambiados con su autorización obteniendo fondos por más de 16 millones de lempiras ilícitamente proveniente de varias cuentas bancarias.

A petición del Ministerio Público, la causa se encuentra en reserva ya que una tercera persona acusada por estos delitos aún no ha sido ubicada por las autoridades, por lo cual está dentro de las facultades del Juez establecer quienes pueden estar o no presentes en la audiencia.

La Audiencia Inicial requiere una mínima actividad probatoria en relación a la existencia de los delitos señalados y sobre la responsabilidad señalada a personas determinadas.

El delito de Lavado de Activos según la Ley Especial es castigado con una pena de 15 a 20 años de reclusión, el delito de malversación de caudales públicos es castigado según el Código Penal con una pena de 6 a 12 años si el valor de lo malversado sobrepasa los mil lempiras y por el delito de Asociación Ilícita se establece una pena de 20 a 30 años de reclusión a las personas consideradas cabecillas de un grupo que se asocia con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito y rebajada en un tercio a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas.

Familia Franciscana pide requerimiento fiscal y castigo a empresa Hidrocep

Por: redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- La familia franciscana Justicia Paz e Integridad de la Creación (JPIC), en una carta pública a los operadores de justicia y defensores de los derechos humanos, piden el  «libramiento de requerimiento fiscal y castigo de los daños ambientales provocados por la empresa hidroeléctrica Centrales de El Progreso, S.A. (HIDROCEP) en Atlántida».

Los franciscanos han pedido de manera directa al Ministerio Público actúe eficientemente respecto de los daños ambientales causados en el departamento de Atlántida por la empresa HIDROCEP propiedad del reconocido empresario Jasson Hawit y por las agresiones motivadas y financiadas por esta,  en contra de los defensores y defensoras de bienes naturales que permanecen instalados en defensa del río Mezapa y la Cordillera Nombre de Dios por más de 130 días.

En la misiva señalan que desde el 2010, el ente fiscal tiene pleno conocimiento de la existencia de más de 24 concesiones hidroeléctricas en el departamento, cuyos vicios en el otorgamiento de licencias y permisos correspondientes fueron denunciados oportunamente ese mismo año, sin embargo, han pasado 7 años y no ha existido ni una tan sola diligencia investigativa por parte del Ministerio Público a fin de darle curso al proceso de investigación.

Agregan que el mismo Ministerio Público constató mediante dictamen de agosto de 2016 los daños ambientales provocados por la empresa, a pesar de eso, ha sido incapaz de deducir responsabilidad penal y castigar a HIDROCEP.

Honduras, agosto de 2017.

Abog. Óscar Fernando Chinchilla

Fiscal General de la República

Abg. Rigoberto Cuellar Cruz

Fiscal General Adjunto

Abg. Sagrario Prudott

Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad

Dr. Roberto Herrera

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH)

Ref. Solicitud de libramiento de requerimiento fiscal y castigo de los daños ambientales provocados por la empresa hidroeléctrica Centrales de El Progreso, S.A. (HIDROCEP) en Atlántida.

Señores, señoras funcionarias del Estado de Honduras:

Nos dirigimos a ustedes, para solicitar de manera formal y directa que el Ministerio Público actúe eficientemente respecto de los daños ambientales causados en el departamento de Atlántida por la empresa HIDROCEP propiedad del reconocido empresario Jasson Hawit y por las agresiones motivadas y financiadas por esta en contra de los defensores y defensoras de bienes naturales que permanecen instalados en defensa del río Mezapa y la Cordillera Nombre de Dios por más de 130 días.

Desde el 2010, el ente fiscal tiene pleno conocimiento de la existencia de más de 24 concesiones hidroeléctricas en el departamento, cuyos vicios en el otorgamiento de licencias y permisos correspondientes fueron denunciados oportunamente ese mismo año, sin embargo, han pasado 7 años y no ha existido ni una tan sola diligencia investigativa por parte del Ministerio Público a fin de darle curso al proceso de investigación.

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En el caso particular de la empresa HIDROCEP, cuyo proyecto hidroeléctrico denominado “Los Planes” pretende aprovechar las aguas del río Mezapa, en el Sector Pajuiles de Tela y la Cordillera Nombre de Dios, la fiscalía conoce de las denuncias promovidas en contra del alcalde Mario Fuentes y demás funcionarios(as) municipales involucrados en la aprobación ilegal del proyecto mediante un manipulado cabildo abierto con el cual usurparon la decisión de negativa rotunda de las comunidades al proyecto. El mismo Ministerio Público constató mediante dictamen de agosto de 2016 los daños ambientales provocados por la empresa, a pesar de eso, ha sido incapaz de deducir responsabilidad penal y castigar a HIDROCEP.

Más de 7 denuncias han sido interpuestas por el Movimiento Amplio debido a constantes agresiones en contra de las comunidades organizadas, esto es un indicador alarmante de la gravísima situación de incremento de violencia y conflictividad en la zona provocada por HIDROCEP quien se ha ensañado de forma particular en contra de los habitantes que permanecen en los campamentos por el agua y por la vida.

Exigimos al Ministerio Público que castigue de forma inmediata a la empresa HIDROCEP por los daños ambientales, deduzca responsabilidad por las agresiones en contra de los y las defensoras, así mismo, la secretaria de seguridad actúe oportunamente ya que, personas afectadas por la conflictividad gozan de medidas cautelares dictadas por la CIDH desde 2013 y en cuanto al CONADEH, demandamos que actúe apegado a su mandato, velando por el respeto de los derechos humanos de quienes defienden el derecho humano al gua y a un ambiente sano.

Pero sobre todo, exigimos que estas actuaciones sean prontas, oportunas y con la finalidad de generar resultados y no continuar dilatando de forma que la empresa continúe actuando impunemente y agrediendo a las y los defensores, como ser el reciente caso de 04 de agosto donde resultó herido Martín Fernández, coordinador general del Movimiento Amplio y Oscar Martínez integrante de la misma organización.

En general, instamos a todas las instituciones estatales y organismos de derechos humanos instalados en el país que puedan incidir para que el conflicto provocado en la zona no desemboque en desgracia y que la pasividad deje de ser el respaldo de las ilegalidades cometidas por empresas como HIDROCEP que debido al servilismo de la institucionalidad saquean, dividen, persiguen y matan nuestras comunidades y provocan un profundo rompimiento del tejido social.

Para finalizar, les reiteramos nuestro compromiso con la lucha por la justicia y contra la impunidad por lo que continuaremos con nuestras acciones de denuncia y demanda de justicia y castigo en contra de HIDROCEP.

Nos suscribimos.

 

JPIC- FAMILIA FRANCISCANA HONDURAS

Presentan requerimiento fiscal contra exfiscal general adjunto, Yuri Melara y 14 personas más

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Ministerio Público presentó este viernes requerimiento fiscal contra el exfiscal general adjunto, Yuri Melara Berlioz, por el delito de falsificación de documentos públicos. La acción se presentó por su ejercicio profesional como abogado.

Melara Berlioz, de reconocida trayectoria en el Partido Liberal, fue juez, fiscal general adjunto y  presidente del Colegio de Abogados de Honduras. En 2005, y antes de cumplir un año en el cargo de fiscal general adjunto, la embajada de los EE.UU. lo despojó  de su  visa por corrupción.

En esta oportunidad su nombre volvió a salir a la palestra pública, mediante un comunicado del Ministerio Público, el cual señala que Melara Berlioz participó en la constitución fraudulenta de bienes inmuebles.

Tras una investigación de cinco años, la Fiscalía Especial Contra los Delitos Comunes (FEDCOM), presentó requerimiento fiscal contra 15 personas de las cuales ocho fueron acusadas por el delito de falsificación de documentos públicos y siete por estafa continuada, informó el Ministerio Público.

De acuerdo a la relación de hechos un grupo de herederos de la Familia Velasco miembros de una empresa comenzaron a falsificar documentos con el fin de traspasar propiedades a nombre de otras personas las cuales fueron inscritas en el Instituto de la Propiedad. 

Entre las personas acusadas en el requerimiento fiscal por el delito de falsificación de documentos públicos se encuentran los profesionales del derecho, Guillermo Thuman Conde (61), hermano de la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), José Dolores Cantarero Bonilla (62) y Yuri Melara Berlíoz (51).

Asimismo los supuestos autores materiales del delito de estafa continuada, los ciudadanos Roberto Padilla Velasco (49), Carlos Vallejo Cerrato (51), Feryd  Basha Sahury (37), Maximiliano García Ferrufino (52), Carlos González Montes (52), Sergio Banegas Pineda (44) y Claudia García Mairena (32). La acción de los antes descritos se cometió en contra de Karla Velasco Esteves, José Velasco Romero, Carlos Velasco Romero y Manuel Velasco Romero.

Producto de la investigación realizada por la ex Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), se logró constatar que el 8 de enero de 1997, Guillermo Velasco Laínez, Fernando Velasco Laínez, Carlos Velasco Láinez y María Isabel Velasco Laínez formaron la sociedad Corporación Hondureña de Inversiones y Alquileres, S de R.L. (Cohinsa), en aras de administrar bienes inmuebles y negocios de la familia Velasco.

En septiembre de 2010, Carlos Velasco Laínez, vía correo electrónico puso en conocimiento a sus familiares que Roberto Padilla Velasco, gerente general alterno de la sociedad, supuestamente estaba realizando acciones reñidas con la Ley, todas en perjuicio de los socios fundadores de la sociedad Cohinsa.

Asimismo, durante el curso de la investigación se verificó que el abogado y notario José Dolores Cantarero Bonilla (62), autorizó el instrumento público 702 de compra-venta de fecha 11 de marzo de 2011, en el que se realizó dicho acto y en donde participaron como vendedores de varios terrenos: Roberto Velasco Montes (34), Mireya Montes (60), Carlos Velasco Laínez y Guillermo Velasco Castillo y de los compradores: Fredy Molina Bendeck (31) y Antonio Miguel Molina Bendeck (26). Pese a que Carlos Velásquez Laínez había fallecido el 22 de febrero de 2011.

Por su parte el abogado Melara Berlíoz (51), constituyó las empresas: Comercial e Inversiones del Litoral, S. A. e Inversiones Terranostra, S.A., en donde los ciudadanos Harold Erazo Rivera y Sara Suyapa García González eran socios de la misma, pero al declarar ante los fiscales desconocían haber firmado algún documento a través de la cual se transfirieron bienes inmuebles en detrimento de Karla Esteves, José, Carlos y Manuel Velasco Romero.  

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También, se constató que el abogado y notario Guillermo Thuman Conde (61), constituyó la sociedad mercantil Inmobiliaria GTR, S.A, de fecha 29 de mayo de 2012, en la que dio fe de la comparecencia en dicho acto de la ciudadana María Victoria Recalde, pero según registros migratorios, esta persona estaba fuera de Honduras para esa fecha.

Al sumar el supuesto daño causado a los afectados el monto de la estafa continuada asciende a aproximadamente  136 millones de lempiras y según el Código Penal, la estafa continuada contempla una pena de 6 a 15 años de reclusión, la falsificación de documentos públicos de 3 a 9 años y el uso y falsificación de documentos públicos de 3 a 9 años de reclusión.

Ministerio Público presentará requerimiento fiscal contra siete diputados de Libre

Además de los parlamentarios  serán acusadas personas particulares por los delitos de sedición y destrucción de bienes materiales públicos

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Siete diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) y varios militantes de ese instituto político serán requeridos por los delitos de sedición y destrucción de bienes materiales públicos por el Ministerio Público, tras ser acusados de haber irrumpido el juicio oral y público que se desarrolló en la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 23 de julio de 2015, contra el periodista David Romero Ellner.

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Una de las tantas escenas registradas en la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia,  el 23 de julio de 2015.

Extraoficialmente trascendió los nombres de los congresistas que han estado siendo investigados de oficio  por la Fiscalía de Delitos Comunes, y serían: Yester Muñoz,  Jari Dixon Herrera, Edgardo Castro, Elvia Argentina Valle, Francisco Paz, Miguel Navarro y Claudia Garmendia.

El diputado Jari Dixon Herrera, quien se encuentra entre los acusados, se presentó este día ante las oficinas de la Fiscalía y confirmó que las investigaciones ya están concluidas.

“La fiscal está redactando un  proyecto de requerimiento fiscal contra siete compañeros y compañeras del Partido Libre y también contra personas que no son diputados y diputadas y estamos por confirmar sus nombres”, expresó el parlamentario.

Herrera, quien es abogado y exfiscal del Ministerio Público, amplió que el lunes presentará un escrito para que en el término de tres días le proporcionen la información completa.

El congresista adelantó que la situación podría propiciar un conflicto político porque se trata de siete diputados que estarán siendo acusados y presentar un requerimiento fiscal en este momento “es echarle gasolina al fuego”, expresó tras sentenciar que “si quieren conflictos en Honduras, pues los van a tener”.

Manifestó además que llama la atención que el caso se esté activando a tan sólo cuatro meses de las elecciones.

“Si la intensión es meternos presos, lo van a hacer, pero no le va a abandonar en nada a la imagen de candidato deteriorada de Juan Orlando Hernández. No sé cuál es la estrategia que estén siguiendo, pero esto no va a deslegitimar la lucha que han estado haciendo todos los compañeros diputados en la bancada. Esto no va a amedrentar a un pueblo en lucha que hoy está en resistencia y que hoy está en alianza para ganar las próximas elecciones”: Jari Dixon Herrera, diputado de Libre y exfiscal del Ministerio Público.

Herrera indicó que el “único pecado” que cometieron los diputados y las demás personas, fue solidarizarse con el periodista David Romero, contra quien habían pretensiones de enviarlo a la cárcel.

Finalmente amplió que el Ministerio Público no se debe basar únicamente en los videos, porque además de estas pruebas se debe analizar  los hechos que propiciaron la situación.

Presentan requerimiento fiscal contra exdirector del INA del Poder Ciudadano

El funcionario ha sido acusado por expropiar un terreno a una sociedad mercantil

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó en las últimas horas un requerimiento fiscal en contra de José Francisco Fúnez Rodríguez, ex director ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA), tras ser acusado  por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.

De acuerdo al expediente de investigación del Ministerio Público, el ex funcionario en fecha 23 de agosto de 2007 y según resolución 097-2007 decidió expropiar a la Sociedad Mercantil denominada Comercial Lorimares S.A. un lote de terreno de más de sesenta manzanas (60 Mzs + 1,297.33 vrs2), ubicado en la aldea Quebrada Seca de Yoro, reza una nota de presna del Ministerio Público.

Luego de una investigación, la Fiscalía constató que la resolución emitida violentó el artículo 3 del Decreto 18-2008, el cual establece que un “terreno para ser expropiado tiene que estar fuera del casco urbano, ser de vocación agrícola, ganadera o agroforestal y que estén ocupadas por grupos de campesinos organizados o no organizados”.

El predio en mención se encuentra dentro del casco urbano, según constancia catastral y es considerado como zona industrial, según el Decreto 79-76 del 30 de mayo de 1996, por lo que no se podía expropiar en ningún momento, reafirma en el texto el Ministerio Público.

La Fiscalía logró recopilar fotocopias certificadas de las constancias del Catastro Municipal de El Progreso, Yoro documentos donde se hace constar que en ese terreno se encuentra  la Empresa Asociativa Campesina “La Morazán” dentro del casco urbano, donde también se constata que el terreno objeto de expropiación, no es apto para fines de reforma agraria.

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