Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Las organizaciones sociales, populares y movimientos campesinos aglutinadas en la Plataforma Agraria Regional del Bajo Aguán, denunciaron que existe una confabulación entre jueces, policía y militares para despojar a las familias campesinas de sus tierras.
En un comunicado manifestaron que Denunciamos que la estrategia de despojo hacia las familias campesinas se ha venido planificando hace varios años.
Exigen la responsabilidad del Estado de Honduras en el cumplimiento de los artículos 344 al 350 de la Constitución de la República, que demandan acceso a la tierra, la implementación de programas de asistencia técnica y crediticia a las empresas y organizaciones campesinas, asimismo que se garantice un mercado justo e inmediato para la comercialización la producción.
Comunicado
Ante las violaciones de Derechos Humanos y el abuso de las autoridades judiciales y las fuerzas represivas del Estado Hondureño la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán de pronuncia de la siguiente manera:
1.-Denunciamos que la mañana de ayer al menos 250 elementos de la policía y el ejército al mando del sub comisionado de la Policía Héctor Turcios Fernández, llegaron fuertemente armados en forma intimidatoria con una supuesta orden para desalojar las familias de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unidos Lucharemos ubicada en la comunidad de Luzón Palmeras, en el municipio de Sabá, Colón.
La Empresa Campesina de Producción Unidos Lucharemos la conforman 28 familias campesinas; un total de 140 personas entre hombres, mujeres y niños que ocupan 115 manzanas de tierras desde octubre del 2011. La tierra ha sido trabajada por las familias campesinas y cultivada con plátano, maíz, frijoles, yuca y palma africana, además en un proceso para la siembra de naranjo, caoba e iniciando con un proyecto de ganado y cerdo.
2.-Denunciamos que la estrategia de despojo hacia las familias campesinas se ha venido planificando hace varios años. En junio del 2017 por instrucciones del director del Instituto Nacional Agraria (INA), Ramón Lara se ordenó la cancelación de la personalidad jurídica de la empresa que ocupa sus tierras desde hace siete años. Hecho que no logró consumarse debido a la presión y las denuncias de los líderes y lideresas campesinas de la zona.
Asimismo el 16 de Octubre del 2017 el Ministerio Público emitió a traves de la juez Soe Guifarro un requerimiento fiscal por supuesta usurpación en contra de los miembros de la empresa campesina Unidos Lucharemos a quienes se libró orden de captura. Cabe mencionar que la beligerancia de la juez obedece a intereses económicos y de parentescos familiares con los denunciantes.
3.-La acción de desalojo se logró detener gracias a la denuncia inmediata, la intervencion de la Oficina del Alto Comisiondo de Naciones Unidas y la resistencia de los miembros de la empresa en defensa del derecho a la tierra, quedando así evidenciado el claro abuso de autoridad de la juez ejecutora, la policía y el ejército hondureño. Según el Protocolo de Naciones Unidas del cual Honduras es suscriptor no puede ejecutarse desalojos a asentamientos humanos sin tener un lugar adecuado para su reubicación.
4.-Exigimos responsabilidad del Estado de Honduras en el cumplimiento de los artículos 344 al 350 de la Constitución de la República, que demandan acceso a la tierra, la implementación de programas de asistencia técnica y crediticia a las empresas y organizaciones campesinas, asimismo que se garantice un mercado justo e inmediato para la comercialización la producción.
5.-Como organizaciones sociales, populares y movimientos campesinos aglutinadas en la Plataforma Agraria Regional del Bajo Aguán reiteramos nuestro apoyo y solidaridad a la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unidos Lucharemos y nos mantendremos vigilantes para que se respete el derecho legítimo de las familias campesinas a la posesión de sus tierras y por ende el derecho inherente a la vida.
6.-Solicitamos a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos nacional e internacionales a mantenerse vigilante de cualquier hecho que pudiera suscitarse en contra de las familias campesinas que ocupan sus tierras.
Dado en el municipio de Tocoa, departamento de Colón a los 22 días del mes Febrero 2018.
