Presupuesto nacional es mayor que el de EE.UU. en el Plan Alianza para la Prosperidad

La fuente nacional del Plan Alianza para la Prosperidad es lo que realmente mueve todo, porque este plan lo construimos poniendo las prioridades de nosotros como gobierno, entonces en ese sentido, los fondos nacionales aprobados para 2016 son 965 millones de dólares y para el 2017 son 945 millones de dólares: Rocío Tábora, subsecretaría de Crédito e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas.

Tábora explicó que los 125 millones de dólares entregados en enero pasado por el gobierno de los Estados Unidos, como primer desembolso, corresponden a los fondos del presupuesto de 2016 y que para este año aún no se sabe de cuánto será el monto.

Añadió que los aportes de los Estados Unidos los administra directamente la embajada y la  Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), alineados a lo establecido en el Plan.

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Apuntó que durante la cumbre desarrollada en Miami el pasado 15 y 16 de junio, el gobierno de Honduras planteó a las autoridades norteamericanas, articular y ampliar los programas de atención y prevención de la violencia juvenil.

También se buscó el apoyo para las reformas del sistema aduanero, orientado a la modernización y facilitar la integración y el comercio regional.

Descargue aquí: Carta al Secretario Tillerson sobre Conferencia Prosperidad y Seguridad Centroamérica Junio 2017

Rocío Tábora, Plan Alianza para la Prosperidad
                                                                                           Rocío Tábora

 

Consultada sobre la generación de empleo y los cuestionamientos porque casi no hay nuevos espacios y los que se han generado sus salarios son muy bajos ($250 al mes), dijo que para tener mejores condiciones en ese sentido, primero hay que sentar las bases para generar un clima favorable para la inversión.

“Hemos trabajado en la precondición pero no es suficiente, hay que seguir mejorando”, expresó la subsecretaría de Crédito e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas, quien admitió que en el tema de generación de empleo queda mucho por hacer.

Agregó que “al final el empleo lo genera la inversión privada que se decide a invertir fuertemente. Nosotros mejoramos condiciones y sí tenemos algunos programas de generación de empleo, porque mientras el sector privado se decide a invertir más, hay que atender algunos programas”.

En ese sentido citó algunos programas como “Banca Solidaria”, que consiste en préstamos menores a bajas tasas de interés para fomentar la microempresa. Estos préstamos van 5.000 hasta 150,000 lempiras.

Asimismo los programas de empleo “Con Chamba Vivís Mejor” y “Honduras 20/20”, ambos cuestionados, porque consisten en la entrega de subsidios a favor de las empresas con la condición que generen empleos permanentes. Sin embargo, su retribución promedio anda en 6,000 lempiras mensuales, el equivalente a $250, un ingreso muy bajo que no permite condiciones dignas para las personas y lo más lamentable, es que los puestos de trabajo se mantienen por tres meses que es el período que dura la  contribución gubernamental.

La funcionaria concluyó diciendo que los resultados del Plan Alianza para la Prosperidad se mirarán en cinco y diez años; “ya hay resultados pero no son los suficientes”, acotó.

Icefi preocupado por la efectividad y transparencia del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte

Asimismo, el Icefi reitera su preocupación por la exclusión de la sociedad civil en reuniones anteriores del PAPTN, y lamenta que la Cumbre de la Florida no es la excepción. Considera que además de los gobiernos y las cúpulas empresariales, se debió incluir un espacio para las expresiones de la sociedad civil,

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) expresa su preocupación por la efectividad, legitimidad y transparencia del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN).

El Icefi considera importante recordar que desde 2014 el Gobierno de los EEUU identificó como una crisis grave el incremento acelerado de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, en su mayoría provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica. Como respuesta a esa tragedia humanitaria, la administración del Presidente Obama concibió dos líneas de acción para abordar la complejidad de las causas estructurales de la migración irregular.

Por el lado de la cooperación oficial, la Estrategia de Relacionamiento de los EEUU con Centroamérica, con asignaciones dentro del presupuesto de gastos estadounidense, y que no se incorporaría a los presupuestos de los Estados centroamericanos. Por el lado de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, cuyo Plan sería definido por los gobiernos de los tres países del Triángulo Norte, estaría estrechamente vinculado a la Estrategia de Relacionamiento de los EEUU, y gozaría del apoyo de México y otros países, así como de instituciones financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Presupuesto público aprobado para 2016 de El Salvador, Guatemala y Honduras vinculado al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, según eje estratégico

Fuente: Icefi, con base en información de la Presidencia de la República de El Salvador, la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala y la Secretaría de Finanzas de Honduras.

Para el Icefi las prioridades del PAPTN son motivo de preocupación, ya que pese a la dificultad por lograr recursos adicionales, considera cuestionable la prioridad que concede a medidas de estímulo al sector privado, particularmente significativa en el caso salvadoreño. Además de este sesgo pro empresarial y de la aprobación de amnistías fiscales que debilitan la capacidad de los gobiernos para implementar el Plan, el Icefi se suma a la preocupación de numerosos y diversos sectores porque en la Cumbre de la Florida se acuerden cambios atendiendo la agenda de la administración del Presidente Trump, que resultarían perniciosos en el orden de prioridades del PAPTN. En particular, para el Icefi debe evitarse que el replanteamiento del Plan privilegie los intereses por fortalecer las fuerzas de seguridad y defensa, en detrimento de los esfuerzos nacionales y de la cooperación externa en materia de gasto social y de acciones a favor del desarrollo y bienestar general.

Asimismo, el Icefi reiteró su preocupación por la exclusión de la sociedad civil en reuniones anteriores del PAPTN, y lamenta que la Cumbre de la Florida no es la excepción. Considera que además de los gobiernos y las cúpulas empresariales, se debió incluir un espacio para las expresiones de la sociedad civil, muy especialmente de las organizaciones de migrantes ―quienes debiesen ser un sector prioritario en todo lo concerniente al PAPTN―, como una acción clave para la legitimidad de las discusiones sobre el replanteamiento de las prioridades, así como para salvaguardar su propósito y objetivo originales. El Instituto advierte que un cambio brusco en las prioridades del PAPTN que antepongan las acciones de seguridad y combate al narcotráfico, desvirtuando el objetivo original de afrontar las causas estructurales de la migración irregular, la continuidad de un sesgo pro empresarial, la exclusión de las organizaciones de la sociedad civil, en particular las de los migrantes del Triángulo Norte, comprometen severamente su legitimidad.

Como lo ha manifestado en ocasiones anteriores, el Icefi reiteró la necesidad de transparentar la ejecución del PAPTN. El Instituto ha verificado que los reportes oficiales de gasto público de El Salvador, Guatemala y Honduras vinculado al PAPTN, corresponden a un ejercicio de etiquetar rubros y programas preexistentes, y no a asignaciones adicionales o nuevas. Esta situación revela que en realidad el esfuerzo fiscal adicional, tanto por el lado del ingreso como del gasto público, es marginal o inexistente en los tres países, falencia que a criterio del Icefi, compromete severamente la efectividad del PAPTN.

Al respecto, en febrero de 2017, en el marco de las mesas para acordar planes de trabajo entre el Gobierno y la sociedad civil en Guatemala, el Icefi presentó una propuesta para transparentar la ejecución presupuestaria reportada por el Ministerio de Finanzas Públicas como vinculada al PAPTN, y cuyo objetivo era incluir en el proyecto de presupuesto para 2018 verdaderas asignaciones de gasto público adicional vinculado al PAPTN. El Icefi lamenta que a la fecha las autoridades guatemaltecas no han respondido a esta propuesta, y que desde entonces las mesas con sociedad civil no se han reunido. Negligencias como esta, por parte de las autoridades guatemaltecas, continúan comprometiendo severamente la transparencia del PAPTN.

El Icefi finaliza reiterando que Guatemala, El Salvador y Honduras están urgidos de cambios sociales y económicos que allanen el camino para el desarrollo y representen garantías a sus frágiles democracias. Es por esto que es también urgente un verdadero esfuerzo por la prosperidad de esta región, que más que combatir los efectos, debe afrontar las causas de la migración, la pobreza y la desigualdad, en el marco de un debate político más amplio, incluyente, democrático y efectivo, en el que se delimiten nuevos compromisos y responsabilidades fiscales de ciudadanos, empresarios y gobernantes.

 

 

 

 

 

EE.UU. ya está demostrando que no tiene confianza en el gobierno hondureño

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El hecho que los fondos del Plan Alianza para la Prosperidad (PAP) sean manejados por agencias de los Estados Unidos y no por el gobierno hondureño es porque la nación del norte no confía en las autoridades nacionales.

Lo anterior lo expuso por el ex coordinador de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza y exministro de Economía, Fernando García, quien hizo la reflexión luego de conocerse que los fondos del  PAP no serán manejados directamente por el gobierno hondureño sino por organismos de los Estados Unidos.

García apuntó que el hecho que los recursos sean manejados por otra institución que no sea el gobierno hondureño, demuestra una falta de confianza en la institucionalidad nacional y que el gobierno de los Estados Unidos quiere verificar el cumplimiento de todas las condicionalidades que el Senado aprobó para Honduras.

Precisó que el gobierno norteamericano estableció 15 condicionalidades relacionadas a la corrupción,  impunidad, transparencia y derechos humanos.

Asimismo que dentro del acuerdo aprobado por el Senado estadounidense se estableció que el Secretario de Estado de los Estados Unidos deberá certificar el cumplimiento de algunas de las condiciones y “eso es un reflejo de la desconfianza en las autoridades nacionales por la ilegitimidad en el proceso administrativo debido a la inseguridad jurídica”, acotó García.

El exfuncionario refirió que como parte del acuerdo se establece la necesidad de fortalecer la institucionalidad pública y el empoderamiento de la sociedad civil y ciudadanía en general, para exigir la derogación de la  Ley de Desclasificación de Documentos Públicos, más conocida como “ley de secretos” y de la resolución 014 del 14 de julio de 2014, mediante el cual el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que preside el presidente de la República, bloquea la información en 15 instituciones del Estado, con lo que la corrupción se ha convertido en algo legal, concluyó García.

Estados Unidos entregó el pasado martes 31 de enero,  125 millones de dólares como un primer desembolso de los recursos del Plan Alianza para la Prosperidad (PAP).

El PAP consiste en una ayuda económica del gobierno de los Estados Unidos plasmada en dos desembolsos de 750 millones de dólares cada uno a favor de los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) y busca frenar el flujo ilegal de migrantes.

La ONG internacional, Global Witnees anunció esta semana que, ante el incumplimiento de las condiciones relacionadas a los derechos humanos, pedirá a Washington que analice los futuros desembolsos.

Global Witnees calificó como  un mal mensaje el hecho que Estados Unidos haya efectuado el primer desembolso de los recursos, al considerar que el  gobierno hondureño

Estados Unidos manda un mal mensaje al desembolsar a Honduras fondos de la Alianza para la Prosperidad

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Pedirán ante Washington que analice los nuevos desembolsos.

Tegucigalpa.-La ONG internacional Global Witness calificó como un mal mensaje el hecho que el gobierno de los Estados Unidos haya desembolsado al gobierno de Honduras los primeros fondos del Plan Alianza para la Prosperidad (PAP) porque a su juicio no está cumpliendo con las exigencias que establece este programa de ayuda, especialmente en materia de derechos humanos.

Estados Unidos entregó ayer martes 125 millones de dólares como un primer desembolso de los recursos.

“Nosotros tenemos claro que el desembolso del dinero para apoyo a Honduras envía un mensaje sumamente negativo porque las condiciones sobre derechos humanos no han sido cumplidas”, dijo a Criterio.hn el representante de Global Witness, Ben Leather.

Ben Leather

Agregó que una de las condiciones del plan de ayuda es que la sociedad civil pueda operar sin interferencia y eso es algo que no se está cumpliendo porque desde 2010 a la fecha  ya se registran 123 asesinatos contra líderes sociales.

Sobre las razones que movieron al gobierno estadounidense para cristalizar el desembolso de los recursos, dijo que es algo que Global Witness estará consultando la próxima semana en Washington.

Precisó que se reunirán con representantes del Congreso, Senado, Departamento de Estado, Departamento del Tesoro y de los bancos multilaterales.

Leather consideró que la nación del norte debería estar aprovechando su poder que tiene dentro de los organismos multilaterales para que no inviertan  en Honduras en materia de minería y proyectos hidroeléctricos, mientras se registren abusos en derechos humanos.

El Plan Alianza para la Prosperidad consiste en una ayuda económica del gobierno de los Estados Unidos plasmada en dos desembolsos de 750 millones de dólares cada una a favor de los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) y busca frenar el flujo ilegal de migrantes.

El gobierno estadounidense suspendió el año pasado el desembolso de los fondos al considerar que ninguno de los tres países había cumplido  con las condiciones, entre las que destacan: frenar la migración, respeto a los derechos humanos, disminuir los altos niveles de corrupción, entre otras.

Hace poco, el Departamento de Estado de los Estados Unidos desembolsó otros 55 millones de dólares de ayuda bilateral para Honduras, a pesar del  intento de algunos congresistas de bloquear esta transacción en  aras de los derechos humanos.