Presentan requerimiento fiscal contra Toño Rivera y Sara Medina por caso “Pacto de Impunidad”

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. –Los diputados del Partido Nacional, Antonio “Toño” Rivera Callejas y Sara Medina, han sido adheridos a la lista de imputados por el caso “pacto de impunidad”, a quienes se les atribuye los supuestos delitos de falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno.

Este lunes el equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal Público, compuesto por fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), con apoyo de expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA) presentaron el respectivo requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia.

El requerimiento fiscal es el resultado de diversa información y actuaciones realizadas con posterioridad al requerimiento presentado el 24 de mayo último contra los diputados del Congreso Nacional (CN), José Tomás Zambrano, y Román Villeda Aguilar; y busca probar que los requeridos hoy, en concierto de voluntades, aprobaron anómalamente la Ley de Presupuesto, con lo cual habrían violentado la voluntad del pleno del Congreso, con la finalidad de crear una ley que favorecería a diputados que estaban siendo procesados por el mal manejo de fondos públicos, así como a los que pudieran ser investigados a futuro por similares hechos.

Cabe señalar que la justicia hondureño dictó recientemente sobreseimiento definitivo contra Tomás Zambrano, pero emitió auto de formal procesamiento contra Román Villeda Aguilar.

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En el requerimiento presentado se destaca lo siguiente:

  1. El caso denominado “Pacto de Impunidad”, se originó el 11 de diciembre del año 2017 cuando la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), con el apoyo de MACCIH-OEA, presentó Requerimiento Fiscal en el caso “Red de Diputados” contra los diputados al Congreso Nacional Augusto Domingo Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia y tres extraneus por el delito de Malversación de Caudales Públicos, relacionado al manejo de fondo sociales.
  2. La audiencia inicial se encontraba en trámite ante el órgano jurisdiccional, cuando el 18 de enero del 2018 el Congreso Nacional modificó por adición la Ley de Presupuesto, aprobada en el Decreto Legislativo No. 141-2017 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 19 de enero de 2018. En dicha modificación se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el plazo de tres años.
  3. Al amparo de esa reforma, mediante la resolución de fecha 24 de enero de 2018 el órgano jurisdiccional decretó el archivo administrativo de la causa denominada “Red de Diputados”, argumentando que no se podía proseguir con el enjuiciamiento, debido a esta nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de Malversación de Caudales Públicos.
  4. El proyecto de ley, una vez aprobado por el Congreso Nacional, adoptó la forma de Decreto No.141-2017 y fue suscrito por los diputados Antonio Cesar Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, quienes lo autorizaron en condición de Presidente y Secretaria del Congreso Nacional. Esta autorización se realizó a pesar de contener dicha reforma, una versión que no fue discutida, ni aprobada por el pleno del Congreso Nacional, tal y como se desprende de la lectura que le dio a la citada norma el diputado Román Villeda Aguilar en su momento.
  5. Ante este hecho se produjeron diversas denuncias públicas, por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una Fe de Erratas el día 25 de enero de 2018, publicada el día 26 de enero en el Diario Oficial La Gaceta, pretendiendo explicar que lo ocurrido sería producto de “un simple error” y no de un presunto acto premeditado que, para ese momento, ya había provocado consecuencias jurídicas. Sin embargo, dicha “fe de erratas” sigue conteniendo modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno del Congreso, por lo que el equipo integrado de investigación y persecución penal decidió la formulación del requerimiento fiscal por los delitos de Falsificación de Documentos, Abuso de Autoridad y Delitos contra la Forma de Gobierno.

Esta acción conjunta demuestra una vez más, el compromiso de la MACCIH-OEA para seguir impulsando la lucha anticorrupción a través de instituciones del Estado. La MACCIH-OEA sigue trabajando en la investigación y tramitación de los casos que ya se han hecho públicos y en otros que estamos pendientes de presentar ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, en estricto cumplimiento al mandato que nos confiere el Convenio suscrito el 19 de enero de 2016, entre el Gobierno de la Republica de Honduras y la Secretaría General de la OEA.

Reformas a la Ley de Privación de Dominio son parte del pacto de impunidad: Jari Dixon Herrera

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-A criterio del diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) Jari Dixon Herrera, las reformas aprobadas anoche en el Congreso Nacional sobre la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, son parte del “pacto de impunidad” que se ha venido confeccionando por parte de los corruptos.

El parlamentario,  quien fue fiscal del Ministerio Público y férreo crítico de la corrupción, dijo que las reformas que fueron aprobadas con el voto de 70 parlamentarios del Partido Nacional, de partidos emergentes y de un grupo de diputados del Partido Liberal afines a Elvin Santos, tiene un fin oculto para proteger a los corruptos.

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Las reformas contemplan la no incautación de los bienes a las personas particulares o funcionarios, que sean acusados por los delitos de lavado de activos y otros relacionados a actos de corrupción, mientras sean objeto de un proceso judicial, sino una vez que hayan sido vencidos en juicios.

A criterio de Jari Dixon Herrera con las reformas se extingue el objetivo de la creación de la Ley de Privación de Dominio, “que era asegurar los bienes producto de presuntos actos delictivos y poder recuperar los bienes a favor del Estado”.

Ahora—señaló—pueden pasar muchas cosas sobre los bienes porque ya no será la Oficina de Bienes Incautados (OABI) que determinará la custodia de los bienes mientras haya una sentencia.

Por otra parte, apuntó que es casi seguro que aquellas personas a quienes se les han incautado bienes pedirán la aplicación de la retroactividad de la ley porque muchos de los casos podrán ser catalogados como materia penal.

“Lo más seguro es que los abogados penalistas que llevan estos casos de personas involucradas en estos delitos, seguramente van a pedir la retroactividad, porque si es materia penal. Cómo pueden decir los diputados en el Congreso que no es materia penal, si quien asegura bienes son los fiscales que tienen las acción penal y pública. Si quien aplica la sentencia es un juez de lo penal, cómo me van a decir a mí que no es materia penal, claro que es materia penal”, altercó.

También manifestó que con las reformas, alguien que sea acusado por el delito de lavado de activos no estará obligado a probar de dónde obtuvo los bienes sino que será el Estado que le deberá demostrar de dónde los consiguió y “eso va a ser imposible, porque por lo general el lavado de activos viene del crimen organizado y narcotráfico”.

En pocas palabras—dijo—para el Estado será muy difícil poder castigar a personas acusadas por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Es decir que muchos acusados saldrán libres y recobrarán sus bienes.

Para el congresista, la aplicación de la ley como se venía haciendo no se trataba de violentar el principio de presunción de inocencia sino de aplicar la probación de la carga acusatoria en el marco del derecho penal y que es aplicado en muchos países del mundo.

Amplio que en materia de derecho penal hay exenciones porque no es lo mismo que el derecho civil. A modo de ejemplo citó los innumerables casos de personas que están privadas de su libertad sin tener sentencia, porque el Código Procesal Penal establece una excepcionalidad porque no todo mundo está bajo libertad bajo la premisa constitucional de que se es inocente mientras no se le compruebe lo contrario.

Lamentó además que las reformas a la Ley de Privación de Dominio favorezcan a los testaferros, porque se establece que los “compradores de buena fe podrán rendir caución”, lo que a su juicio implica que de ahora en adelante no se podrá investigar  “ni a los testaferros”, es decir, “que  la MACCIH es una misión que ya se fue sin haberse ido, porque ya tiene pocas, pero muy pocas posibilidades de investigar casos de corrupción”.

TRASFONDO

El parlamentario consideró que las reformas a la Ley de Privación de Dominio tienen  un trasfondo y es parte de un “pacto de impunidad” que han venido delineando los corruptos.

En ese marco de estructuración, recordó la reducción de penas para los delitos de corrupción en el Código Penal, la reforma ilegal a la Ley de Presupuesto, la reforma a la Ley de Privación de Dominio y la negativa para la derogación de la Ley de Secretos y para la no aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz. “Todo esto se llama pacto de impunidad entre los corruptos o entre la clase política y económica de este país”.

Involucrados en el “Pacto de impunidad” serán investigados por la MACCIH (vídeo)

La MACCIH reveló que investigará al presidente y al exsecretario y subsecretario del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, Mario Pérez y Tomás Zambrano, respectivamente, así como a los miembros de la Comisión de Presupuesto; al ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato y al gerente de la ENAG, César Cáceres Cano. 

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Luego de descubrir anomalías en la publicación del denominado “Pacto de Impunidad”, el vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor,  anunció hoy que esa instancia investigará a los involucrados en este acto delictivo, que ha atentado contra la independencia de poderes.

Jiménez Mayor detalló que las autoridades del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo, a través de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)  mandaron a imprimir un texto diferente al aprobado por el pleno de diputados, el cual se publicó en el diario oficial La Gaceta el 19 de enero.

“El texto aprobado por el pleno del Congreso Nacional, no es el texto publicado en el diario oficial La Gaceta, es decir se ha falseado, se ha defraudado la voluntad del soberano Congreso Nacional de Honduras”: Juan Jiménez Mayor, vocero de la MACCIH.

El Congreso Nacional, que culminó su periodo el 21 de enero, “introdujo un texto que no corresponde a lo que aprobaron los diputados el pasado 18 de enero. Esto no es un error, esto no es una errata, esto es un delito”, sostuvo el funcionario internacional.

La publicación en la Gaceta, que consiste en una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, le quitó las facultades de investigación penal al Ministerio Público para que indague la ejecutoria de fondos públicos por parte de diputados y funcionarios del Estado.

Para Jiménez Mayor la acción no es un error sino que un acto delictivo que involucra directamente al presidente y exsecretario del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y Mario Pérez, respectivamente, así como a los miembros de la Comisión de Presupuesto; al ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato y al gerente de la ENAG, César Cáceres Cano.

Apuntó que las personas que han estado atacando a la MACCIH deberán salir ahora a responder por este caso.

Aclaró que en la alteración penal no está involucrado todo el Congreso Nacional anterior, sino que quienes tienen que responder son sus autoridades porque a ellas corresponde la función de preservar la voluntad del pleno del Congreso para que las leyes sean promulgadas en La Gaceta.

Enumeró que en este caso, el cual consideró como un hecho delictivo, se ha cometido los delitos de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad e incluso que el equipo de la MACCIH está analizando la comisión del delito contra la forma de gobierno,  porque se ha atentado contra la independencia del Poder Judicial

Refirió que el artículo 128 del Código Penal establece que, “delinquen contra la forma de gobierno y serán sancionados con reclusión de seis a doce años, quienes ejecutaren actos directamente encaminados a conseguir por la fuerza o fuera de las vías legales algunos de los fines siguientes: Alterar la constitución de cualquiera de los poderes del Estados, Ejecutivo, Judicial y Legislativo o atacar su independencia, despojar en todo o  en parte al Congreso, al Poder Ejecutivo o la Corte Suprema de Justicia de las prerrogativas o facultades que le atribuyen la Constitución”.

Señaló que precisamente el hecho consumado por las autoridades del Congreso fue una grave afectación de las atribuciones del Poder Judicial.

El vocero de la MACCIH dijo que este hecho delictivo tiene que ser investigado penalmente. “Hemos dado curso en el equipo de investigaciones de la Misión para incorporar el caso número diez”, precisó.

Amplió que el equipo será integrado conjuntamente con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y que el caso se llamará “el caso del pacto de impunidad” para determinar responsabilidades de quienes insertaron esta modificación al texto de la Ley de Presupuesto.

Jiménez Mayor detalló que la UFECIC presentará en las próximas horas el acto delictivo de las autoridades del Congreso Nacional, como sustento jurídico ante la jueza Alma Guzmán, para revertir el archivamiento del caso de la red de diputados y que éste continué su curso.

Apuntó que este caso, que calificó como “gravísimo”, no es la primera vez que ocurre en el Congreso Nacional, ya que sucedió lo mismo con la Ley de financiamiento de las campañas y de los partidos políticos.

“Pero esta vez la complejidad es que hay implicado un acto de impunidad, al buscar cortar juicios y afectar la independencia del Poder Judicial”.

El vocero de la MACCIH ha dicho en los últimos días que casos de corrupción como el de la línea de diputados y el de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, podrían pasar al olvido.