Oficialismo en el Congreso Nacional aprueba nuevo pacto de impunidad

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. –Con la oposición de los diputados de los partidos Libertad y Refundación (Libre), Pinu-SD y algunos del Partido Nacional, las autoridades del Congreso Nacional lideradas por el Partido Nacional aprobaron este miércoles un paquete de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que limitan la investigación penal de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic-MP).

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Los congresistas de Libre y Pinu precisaron que las reformas buscan blindar a aquellos diputados y funcionarios públicos coludidos con la corrupción evitando que la Ufecic, que trabaja de la mano con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), investigue penalmente a los funcionarios públicos que malversen los fondos del Estado.

Las reformas se aprobaron pese a que las bancadas de Libre, Pinu y algunos diputados del Partido Liberal se retiraron, dejando sin quórum la sesión. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, amenazó con sancionar penalmente a los congresistas de la oposición que se retiraron de la sesión con el propósito de romper el quórum.

El diputado del Pinu, David Reyes, calificó la acción del oficialismo como una canallada y manifestó que la intención es crear una estela de impunidad alrededor de la corrupción que diputados han cometido con los dineros del Fondo de Desarrollo Departamental, contratos de Coalianza y otros fondos destinados a programas y proyectos de desarrollo social.

 

 Conozca las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas que contempla el nuevo pacto de impunidad:

 

DICTAMEN

Los suscritos miembros de la COMISIÓN ESPECIAL nombrada por el Presidente del Congreso Nacional, con el objeto de emitir Dictamen en relación al Proyecto de LEYORIENTADO A REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSOS ARTÍCULOS EN LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, presentado por el Honorable Diputado y Presidente de este Poder del Estado MAURICIO OLIVA HERRERA, sobre la tarea encomendada esta Comisión de Dictamen se pronuncia conforme a las consideraciones siguientes:

PRIMERO: Procedimos a valorar los razonamientos que expone el Proyectista, que justifican la necesidad de aprobación de la presente Ley, fundamentándose en los siguientes puntos:

  1. “El Tribunal Superior de Cuentas como organismo de control del Estado, y para el debido cumplimiento de los fines para los que fue creado, debe estar dotado de los mecanismos legales suficientes que hagan posible una labor de control e investigación; asimismo se le debe brindar toda la colaboración para mejorar su capacidad y eficiencia en la toma de decisiones”.
  2. “Dentro de las necesidades de reforma normativa que se consideran necesarias en dicha institución podemos destacar las que se relacionan con la naturaleza jurídica del Tribunal Superior de Cuentas; así como la necesidad de precisar en mejor forma su independencia administrativa, financiera y técnica; además de la necesidad de actualización de la normativa en apego a los cambios en la estructura organizativa del Estado; y la asignación de nuevas atribuciones al Tribunal Superior de Cuentas, nombrando, cancelando y supervisando al Auditor Interno y Personal auxiliar de la Auditoría Interna de las instituciones, como complemento de la Fiscalización a posteriori”.

SEGUNDO: Esta Comisión precedió hacer un análisis tanto de: a) las funciones, competencias y finalidad que el Artículo 222 de la Constitución de la República concede al Tribunal Superior de Cuentas; b) la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas; y, c) la propuesta de reforma presentada por el Proyectista.

TERCERO: Del análisis realizado, la Comisión considera que con las propuestas de reforma presentadas por el Proyectista se fortalece la capacidad del Tribunal Superior de Cuentas para prevenir y evitar que se cometan actos irregulares que perjudiquen el patrimonio público, evitando llegar al daño causado. Se crea además un estamento de controles preventivos, que obligatoriamente deben aplicarse en todas las instituciones públicas para detectar condiciones de percepción de debilidades administrativas y de conductas de los funcionarios antes de que se llegue al daño causado.

Con las medidas presentadas en el Proyecto de Ley objeto del presente Dictamen se conceden al Tribunal herramientas eficaces para que pueda seguir cumpliendo de manera efectiva con sus funciones de fiscalización e investigación, en el logro de una transparencia pública que responda a las exigencias de la ciudadanía, y demás atribuciones señaladas por la Ley, elevando los niveles de eficiencia y la capacidad profesional del servidor público.

Por todo lo antes expuesto esta COMISIÓN ESPECIAL dictamina favorablemente el Proyecto de LEY ORIENTADO A REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSOS ARTÍCULOS EN LA LEY ÓRGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, presentado por el Honorable Diputado y presidente de este Poder del Estado MAURICIO OLIVA HERRERA, salvo mejor criterio y opinión de esta Cámara Legislativa:

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los     del mes de        de 2019.

COMISIÓN ESPECIAL

ECRETO No. _________-2019

EL CONGRESO NACIONAL

CONSIDERANDO: Que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) es el ente rector del sistema de control de los recursos públicos, con autonomía funcional y administrativa de los poderes del Estado, sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes, tiene como función la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las municipalidades y de cualquier otro órgano especial o ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas;

CONSIDERANDO: Que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC)debe entrar en un proceso de superación institucional fortaleciendo su capacidad para prevenir y evitar que se cometan actos irregulares que perjudiquen el patrimonio público, evitando llegar al daño causado, por cuya razón se están fortaleciendo las disposiciones que obligan a la creación de un estamento de controles preventivos que obligatoriamente deben aplicarse en todas las instituciones públicas para detectar condiciones de percepción de debilidades administrativas y de conductas de los funcionarios antes de que se llegue al daño causado;

CONSIDERANDO: Que para que el Tribunal Superior de Cuentas para el debido cumplimiento de los fines para los que ha sido creado, debe estar dotado de los mecanismos legales y operativos que hagan posible una efectiva labor de control e investigación dentro del marco de su competencia;

CONSIDERANDO: Que para que el Tribunal Superior de Cuentas disponga de la fuerza legal suficiente para el efectivo cumplimiento de sus atribuciones es necesario reformar la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, a efecto de armonizar sus preceptos con la Constitución de la República, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, los demás convenios suscritos por Honduras al efecto y otras leyes de la Administración Pública;

CONSIDERANDO: Que es necesario garantizar de mejor forma la independencia administrativa, financiera y técnica del Tribunal Superior de Cuentas; además de la necesidad de actualización de su normativa en apego a los cambios en la estructura organizativa del Estado; y la asignación de nuevas atribuciones relacionadas al nombramiento, cancelación y supervisión de Auditor Interno y Personal auxiliar de la Auditoría Interna de las instituciones, como complemento de la Fiscalización a posteriori.

CONSIDERANDO: Que es necesario crear los mecanismos de control que permitan garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, prevenir irregularidades y evitar actos de corrupción que tanto daño hacen al patrimonio del Estado, en tal sentido, se hace imperativo promover el fortalecimiento institucional del Tribunal Superior de Cuentas, dotándolo de las facultades necesarias para adoptar o implementar bajo el esquema que éste defina, los dispositivos de control como un proceso integral y permanente en las operaciones que realizan las entidades públicas, pudiendo aplicar, a través de las unidades de Auditoría Interna, el control preventivo y concurrente, como un proceso de su función asesora para revisar las operaciones de los sujetos pasivos y complementario con el control concurrente y posterior que realiza el Tribunal.

CONSIDERANDO: Que, conforme a la Constitución de la República, es atribución del Congreso Nacional, crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

POR TANTO

DECRETA:

ARTÍCULO 1.Reformar los Artículos: 2; 5 numeral 6; 6; 8; 16 numeral 1; 25; 30; 32; 38; 41; 42; 43; 44 párrafo primero; 45; 50; 51; 53 párrafo segundo; 57; 59 último párrafo; 60; 72; 75; 77; 79; 80; 85: 86; 95; 100; 101;103 párrafo primero; 105; y, 106, así como la denominación de la Sección Segunda del Capítulo II, del Título IV de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, contenida en Decreto N. 10-2002-E, de 5 de diciembre de 2002, los cuales se deben leer de la manera siguiente:

“ARTÍCULO 2. DEFINICIONES. Para fines de esta Ley se definen los términos siguientes:

Bienes: …

Control Interno: Es un proceso permanente y continúo realizado por la dirección, gerencia y otros empleados de las entidades públicas y privadas, con el propósito de asistir a los servidores públicos en la prevención de infracciones a las leyes y la ética, con motivo de su gestión y administración de bienes nacionales. El control interno comprende las acciones de Control Preventivo, concurrente y posterior, que realiza la entidad sujeta a control con el fin de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se ejecute correcta y eficientemente.

Control Externo Selectivo: Es la acción realizada por el Tribunal con el propósito de fiscalizar a los sujetos pasivos en los aspectos: administrativos, financieros o económicos, de desempeño y de resultados. Se realiza fundamentalmente mediante funciones de Control selectivo aleatorio, posterior y en casos debidamente calificados por el Tribunal.

Control Concurrente: Permite que los actos administrativos sean examinados desde el inicio del proceso hasta finalizar el mismo, dando la oportunidad de detectar en el momento cualquier situación irregular y corregirla, aplicando de esa forma la función de asesoría que les permita la Ley. Sin que estas actividades sean injerencias de las funciones de la máxima autoridad.

Control Posterior: Es el examen especial que verificará, estudiará y evaluará las actividades de la gestión financiera, administrativa, operativa y, con posterioridad a su ejecución.

“ARTÍCULO 5. SUJETOS PASIVOS DE LA LEY. Están sujetos a las disposiciones de esta Ley:

1…

2…

3…

4…

5…

  1. El Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Órganos Electorales, Superintendencia de Alianza Público-Privada,Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, así como otros organismos creados mediante Ley, Decreto o Acuerdo Ejecutivo.

7…

8…

9…

10…

11…

12…

 

ARTÍCULO 8. ORGANIZACIÓN Y SEDE. El Tribunal Superior de Cuentas tendrá las Direcciones y Dependencias que considere necesarias para su eficaz funcionamiento. Queda autorizado para denominar las Direcciones y Dependencias en la forma más conveniente, así como para establecer su estructura organizativa, creando, modificando o suprimiendo las mismas. Tendrá jurisdicción en todo el país y su sede será la capital de la República.

 

ARTÍCULO 16. INHABILIDADES. No podrán ser miembros del pleno del Tribunal:

  1. El Presidente de la República, Secretarios de Estado, Miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República, titulares de órganos electorales, Superintendente de Alianza Público Privada, Procurador General de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Presidentes, Directores, Gerentes o Secretarios Ejecutivos de las Instituciones Descentralizadas y Desconcentradas y sus sustitutos legales, así como los cónyuges y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los funcionarios indicados;
  2. …;
  3. …;
  4. …;
  5. …;
  6. …;
  7. …;
  8. ….

ARTÍCULO 25. INCOMPATIBILIDADES. Los miembros, funcionarios y empleados del Tribunal ejercerán sus funciones a tiempo completo. Los cargos son incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo público o privado, nacional o internacional, remunerado o no, y con el ejercicio profesional con excepción de los cargos o funciones desempeñadas en el área de salud y docencia siempre y cuando el tiempo dedicado a éstas últimas no interfieran con el horario asignado en el Tribunal.

 

ARTÍCULO 30. APROBACIÓN. Para el cumplimiento eficaz de sus funciones, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) goza de autonomía funcional, administrativa y financiera, para tal efecto, elaborará y ejecutará su presupuesto anual, en base al monto que corresponda a sus necesidades institucionales, su presupuesto lo someterá para aprobación del Congreso Nacional por conducto de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, para tal fin, la Tesorería General de la República, acreditará prioritariamente por trimestres anticipados, los fondos del presupuesto aprobado al Tribunal Superior de Cuentas y en ningún caso su presupuesto será menor al monto aprobado en el ejercicio fiscal del año anterior.

El presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas se financiará con los recursos asignados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y demás fuentes de financiamiento incorporadas al mismo. Los fondos y recursos con que se financiará el presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas son:

  1. Los Fondos asignados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.
  2. Los fondos asignados en otras disposiciones legales.
  3. Las donaciones y aportaciones recibidas de organismos nacionales o internacionales; y,
  4. Los obtenidos de otras fuentes permitidas.

ARTÍCULO 32. Rendición de la Cuenta General del Estado. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 227 de la Constitución de la República, dentro de los tres (3) meses siguientes de recibir las liquidaciones indicadas en el Párrafo Segundo de este Artículo, el Tribunal deberá informar al Congreso Nacional sobre la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las instituciones del Sector Público. Dicho informe deberá observar lo establecido en el Marco Rector del Control Externo Gubernamental y resumir su visión sobre la eficiencia y eficacia de la gestión del sector público, incluyendo la evaluación del gasto, estado de la deuda, organización, desempeño, cumplimiento de planes operativos y confiabilidad del control de las auditorías internas, el plan contable y su aplicación.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el Párrafo anterior, las Secretarías de Estado y las instituciones descentralizadas, desconcentradas y órganos constitucionales sin adscripción específica y demás entes públicos de similar condición jurídica, deberán enviar al Tribunal dentro de los primeros cuatro (4) meses siguientes del cierre del Ejercicio Fiscal, las liquidaciones presupuestarias correspondientes y un informe de la gestión de la deuda pública.

Asimismo…”.

 

ARTÍCULO 38. Componentes. El sistema de control comprende:

  1. …;
  2. El control de desempeño y de resultados;
  3. …;
  4. …; y,
  5. Otros que sean útiles en función a las características de la entidad y la materia de control regulados por la Ley.
  6. SECCIÓN SEGUNDA
  7. CONTROL DE DESEMPEÑO
  8. ARTÍCULO 41. CONTROL FINANCIERO.El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas establecidas en el marco de control externo gubernamental y normas internacionales de auditoría para entidades de fiscalización superior, para establecer si los estados financieros de una entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y de su ejecución presupuestaria, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas en el marco de referencia aplicable.

El Control Financiero tiene por objeto verificar la correcta percepción de los ingresos y ejecución del gasto corriente y de inversión, de manera tal que se cumplan los principios de legalidad y veracidad.

ARTÍCULO 42. CONTROL DE DESEMPEÑO Y DE RESULTADOS. El control de desempeño es el examen de la eficiencia, eficacia y economía de las entidades en la administración de los recursos públicos, determinado mediante la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño, y la identificación del excedente que éstas producen, así como de los beneficiarios de su actividad.

El Control de resultados es el examen que se lleva a cabo para establecer en qué medida los sujetos pasivos logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la administración, en un periodo determinado.

El control de desempeño y de resultados tiene los objetivos siguientes:

  • Controlar a posteriori el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento oportuno de políticas, programas, prestación de servicios, adquisición de bienes y ejecución de proyectos.
  • Evaluar los resultados de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, veracidad y equidad en las operaciones del sector público.
  • Evaluar la gestión ambiental en las operaciones del sector público.
  • Evaluar la existencia y funcionamiento de la normativa sobre procedimiento estándares operativos, los sistemas de controles internos y la supervisión en cada proceso, conforme a las normas internacionales de contabilidad (NIC) y auditoría (NIA). Así como evaluar la calidad administrativa del ente oficial independiente responsable del diseño y aplicación de los mecanismos y los procedimientos para impedir, identificar y detectar el manejo incorrecto de los recursos del Estado y propiciar el desarrollo de acciones de mejora.

ARTÍCULO 43. AUDITORÍA DE DESEMPEÑO. La Auditoría de Desempeño, como medio de Fiscalización y Control Fiscal, posterior y selectivo, es una revisión independiente, objetiva y confiable de la gestión fiscal y de los resultados e impactos de la Administración Pública, con el fin de determinar si las políticas, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones de los sujetos pasivos operan conforme a los principios de economía, eficiencia y eficacia; así como determinar, si existen áreas de mejora, para contribuir con una efectiva Gestión del Sector Público.

ARTÍCULO 44.- ALCANCE DEL CONTROL DE DESEMPEÑO. El control de desempeño podrá ser ejecutado en forma separada, combinada o integral con el control financiero.

Asimismo…

ARTÍCULO 45.- ATRIBUCIONES DE CONTROL. Para el cumplimiento de las funciones del control indicadas en las secciones Segunda y Tercera del presente Capítulo, el Tribunal tendrá las atribuciones siguientes:

  • …;
  • …;
  • …;
  • …;
  • …;
  • …;
  • …;
  • …;
  • Supervisar y evaluar la eficacia del control interno, que constituye, la principal fuente de información para el cumplimiento de las funciones del control del Tribunal, para tal efecto vigilará el cuadro de cumplimiento de implementación del sistema de control interno en las entidades públicas, por parte de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI);
  • …; y,
  • ….

ARTÍCULO 50. OBLIGACIÓN DE INFORMAR. Si como resultado de sus funciones, los Auditores Internos descubrieren hechos que puedan generar responsabilidades administrativas, deberán comunicarlo de inmediato al titular de la entidad u órgano para que dicte las medidas correctivas que correspondan, dándole seguimiento a las decisiones adoptadas, en el caso de no adoptar las medidas necesarias los auditores internos deberán comunicarlo al Tribunal Superior de Cuentas en un plazo máximo de 15 días.

Cuando del examen de los actos o hechos se descubran indicios de responsabilidad Civil o Penal, el Auditor Interno de la entidad, procederá a ponerlo en conocimiento del Tribunal Superior de Cuentas, quien a su vez procederá a revisar y a aprobar el informe respetivo, y en su caso, oportunamente, o trasladará a la Procuraduría General de la República cuando se trate de responsabilidad civil y al Ministerio Público cuando proceda para el ejercicio de la acción penal correspondiente.

El Auditor Interno que, faltando a la ética, cuidado y diligencia profesional elabore dolosamente los pliegos de responsabilidades sin las evidencias que respalden las supuestas irregularidades, o encontrando hallazgos de responsabilidad omite informar, estará sujeto a las sanciones respectivas, sin perjuicio de a la aplicación del procedimiento respectivo para la destitución de su cargo.

ARTÍCULO 51. MEDIDAS PREVENTIVAS. Sin perjuicio de la aplicación del Control posterior, la Auditoría Interna podrá implementar Controles Preventivos y concurrentes debiendo verificar su correcta aplicación y efectividad para evitar la consumación de cualquier acto irregular, debiendo en su caso, proponer las acciones correctivas que correspondan.

ARTÍCULO 53. OBJETO. El control de probidad y ética publicas tiene como objeto establecer las condiciones para asegurar el ejercicio correcto de las actuaciones de los Servidores Públicos y de aquellas personas vinculadas con actividades financieras y económico-patrimoniales relacionadas con el Estado, a fin de que dichas actuaciones estén enmarcadas en principios de legalidad y valores éticos de integridad, imparcialidad, probidad, transparencia, responsabilidad y eficiencia que aseguren un adecuado servicio a la colectividad; así como salvaguardar el Patrimonio del Estado, previniendo, investigando y sancionando a los Servidores Públicos que se valgan de sus cargos, empleos, o influencias para enriquecerse ilícitamente o cometer otros actos de corrupción.

El Tribunal promoverá y conformará comités de probidad y ética en cada institución pública, cuya integración y funcionamiento será determinado reglamentariamente. Los titulares de las Instituciones están obligadas a brindar el apoyo necesario a los comités para su operatividad.

ARTÍCULO 57. PLAZO DE PRESENTACIÓN. Las personas obligadas deberán presentar la Declaración dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a:

  1. Ingresar al cargo o al servicio público;
  2. Cesar en el cargo o servicio público.

La declaración de ingresos, activos y pasivos se actualizará anualmente dentro de los primeros cuatro meses del año.

En el caso de dilatoria en la emisión del Acuerdo, acto de nombramiento o de elección, el Tribunal admitirá la declaración de ingreso dentro del término señalado, con constancia de la Unidad de Recursos Humanos que acredite que el acto de posesión del cargo se encuentra en proceso de firma de la autoridad respectiva.

ARTÍCULO 59. EXENCIONES. Están exentos de presentar Declaración:

  1. …;
  2. Las personas contratadas hasta por 3 meses para ejercer funciones eventuales, interinas o transitorias; y,
  3. Las personas que no siendo servidores públicos sean nombrados para formar parte ad-honorem de Comisiones Especiales.

El Tribunal puede exigir a cualquiera de las personas exoneradas, la Declaración Jurada de Ingresos Activos y Pasivos, cuando a su juicio ello fuere necesario a efecto de practicar las investigaciones del caso.

ARTÍCULO 60. COMUNICACIÓN.  El responsable de la Unidad de Recursos Humanos o Jefe de Personal de cada Entidad Estatal, o la persona que el titular determine, deberá informar al Tribunal, dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes a cada nombramiento o cancelación, el nombre y cargo de los servidores públicos obligados a presentar la Declaración, especificando la fecha en que iniciaron o cesaron sus funciones.

Asimismo, deberá informar y advertir en forma escrita y de manera oportuna, a los servidores públicos la obligación de presentar la Declaración.

ARTÍCULO 72. DEBER DE DENUNCIAR IRREGULARIDADES. Los servidores públicos que tengan conocimiento de infracciones o violaciones a normas legales en la función pública deben comunicarlo inmediatamente a su Superior Jerárquico o al Tribunal, garantizándoles la reserva de su identidad.

ARTÍCULO 75. RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE BIENES. Sin perjuicio del registro general de bienes del Estado, el registro, administración y custodia de los bienes nacionales está a cargo de los titulares de las dependencias o de las personas naturales o jurídicas bajo cuya responsabilidad se encuentren.

Los funcionarios o empleados, que administren, custodian y controlan los vehículos propiedad del Estado, que omitieren la obligatoriedad de cumplir que estos cuenten con los distintivos o emblemas que los distingan como tales, entre ellos; placa nacional, tres (3) franjas horizontales con los colores azul turquesa, blanco, azul turquesa, incluyendo en letras la leyenda “propiedad del Estado de Honduras”, siglas o nombre de la institución a la que pertenecen y la numeración asignada por ésta; serán sancionados sin perjuicio del comiso de los automotores hasta que cumplan con lo anterior, con una multa comprendida entre cinco mil (L. 5,000.00) a cincuenta mil lempiras (L.50.000.00), sujetos además, a otras responsabilidades que fueran procedentes. Se eximen de esta obligación, los vehículos de aquellas instituciones que por razones de seguridad sean autorizados por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, conforme a las evaluaciones de riesgo que realicen.

Igualmente serán sancionados los funcionarios y empleados públicos que circulen con vehículos propiedad del Estado; en días y horas inhábiles, sin portar el permiso debidamente autorizado, en el caso de vehículos propiedad de las Corporaciones Municipales la autorización debe ser concedida por el Alcalde o Alcaldesa. Las mismas sanciones de este artículo se aplicarán a los administradores o jerarcas de cada institución que no cumplan con lo descrito anteriormente o con las comunicaciones, que al respecto dicte el Tribunal Superior de Cuentas.

ARTÍCULO 77. ACCESO A LOS REGISTROS. Solamente el Estado por medio de los Órganos Jurisdiccionales puede tener acceso a los registros del Tribunal Superior de Cuentas, observando los procedimientos legales.

ARTÍCULO 79. RECOMENDACIONES. Los informes, emitidos por el Tribunal y las Unidades de Auditoría Interna, serán notificados a la entidad u órgano fiscalizador y contendrán, según corresponda, la opinión de los estados financieros y a la ejecución presupuestaria, hallazgos, comentarios, conclusiones y recomendaciones que contribuyan a mejorar su gestión.

Las recomendaciones formuladas en la Conferencia de Salida se pondrán en conocimiento de la máxima autoridad, inmediatamente después de celebrada ésta, con el propósito de que se tomen las acciones correctivas oportunamente, y una vez notificadas por medio del Informe respectivo, serán de obligatoria implementación, bajo la vigilancia del Tribunal, en aplicación de lo señalado en el Manual de Procedimientos del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 39 de esta Ley.

De igual manera, serán notificados, por cualquiera de los medios indicados en el Artículo 89 de este Ley, los responsables de los hechos que den lugar a los reparos o responsabilidades.

ARTÍCULO 80. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Existe responsabilidad solidaria con el servidor público cuando el superior jerárquico hubiere autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o cuando dicho uso fuese posibilitado por no ejecutar o implementar las disposiciones de control interno atendiendo la esfera de sus competencias, prohibiciones, derechos, funciones, obligaciones y responsabilidades en razón del cargo que ostente el servidor público.

Cuando varias personas resultaren responsables del uso indebido serán solidariamente responsables.

Incurrirán en responsabilidad las personas naturales o jurídicas que, no siendo servidores públicos, si se beneficiaren indebidamente con el uso de los bienes, servicios o recursos del Estado.

No obstante, quedará eximido de responsabilidad, el superior jerárquico, que demuestre que, al momento de la autorización, basó su decisión en el principio de confianza o que dictó las medidas y que no fueron acatadas por el servidor público reparado.

ARTÍCULO 85. IMPUGNACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES. Concluida una intervención fiscalizadora, sus resultados se consignarán en un Informe, el cual se individualizará en Pliegos, que contendrán las responsabilidades formuladas al servidor público objeto de reparo, los que se notificarán a cada uno de los afectados para que dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes presenten ante el Tribunal las alegaciones de descargo conducentes a su defensa.

Los afectados podrán ejercer el término de prueba, el cual será de veinte (20) días hábiles comunes para la proposición y evacuación de los medios probatorios.

ARTÍCULO 86. RESOLUCIÓN DE LAS FISCALIZACIONES. Expirado el plazo de la Impugnación o agotado el término probatorio señalado en el Artículo anterior y una vez emitidos los dictámenes correspondientes; el Pleno del Tribunal dentro del término de noventa (90) días hábiles, dictará la Resolución Definitiva, en la que confirmará o desvanecerá la responsabilidad o reparo contenida en el Pliego.

No obstante, lo anterior, las resoluciones podrán dictarse después del plazo señalado por excusas debidamente justificadas, debiendo consignarse en la resolución respectiva.

ARTÍCULO 89. NOTIFICACIONES. Las notificaciones deben efectuarse por los medios siguientes:

  1. Mediante publicación en un diario de circulación nacional, en estos casos los efectos de la notificación se comenzarán a contar a partir del día siguiente de su publicación.
  2. Por tabla de avisos, la cual se efectuará cuando el sujeto objeto de responsabilidad o investigación tuviera apoderado legal acreditado o no haya hecho uso de su derecho a impugnar.
  3. Notificación mediante correo certificado, presumiéndose que se ha recibido la notificación desde la fecha de comprobante de la entrega.

Cuando la notificación deba realizarse en el extranjero, se efectuará por conducto de un representante diplomático o agente consular de la República de Honduras, del lugar en donde resida o trabaje la persona a notificar.

ARTÍCULO 95.- ACCION CIVIL. Firme que sea la resolución, que tendrá el carácter de título ejecutivo, el Tribunal procederá a trasladar el respectivo expediente a la Procuraduría General de la República, para que inicie las acciones civiles que sean procedentes. Se cobrarán el interés legal que se aplique en el sistema financiero nacional, hasta el momento del pago efectuado por el sujeto con responsabilidad civil y desde la fecha en que la resolución se tornó ejecutoriada.

ARTÍCULO 100. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, incurrirán en responsabilidad administrativa, los servidores públicos o particulares que realicen las siguientes infracciones:

  1. No comparecer a las citaciones que de manera legal y en debida forma le haga el Tribunal;
  2. …;
  3. …;
  4. No realizar oportunamente las acciones tendentes a subsanar las deficiencias señaladas y las recomendaciones brindadas por las unidades de auditoría interna y el Tribunal;
  5. Autorizar u ordenar gastos en renglones presupuestarios no previstos o en exceso de los montos aprobados en el presupuesto o leyes y reglamentos, sin haber realizado la modificación presupuestaria previamente;
  6. No organizar ni mantener el sistema de contabilidad, de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables, que dé lugar a emitir una opinión calificada de sus estados financieros;
  7. No informar oportunamente a su superior jerárquico sobre las desviaciones de los planes y programas en la ejecución de los contratos, o de su ilegal, incorrecta o impropia ejecución;
  8. Inobservancia de las disposiciones establecidas por cada entidad y que hayan sido aprobadas por autoridad facultada para emitirlas, con carácter obligatorio. Igual infracción cometen los auditores internos y su personal auxiliar, cuando no cumplan sus planes operativos, sus funciones, responsabilidades o con la normativa establecida en el marco rector aplicable y otras disposiciones emitidas por el Tribunal;
  9. Pagar compromisos en efectivo o poner la firma en cheques en blanco;
  10. No presentar, a efectos de la programación presupuestaria, dentro de los plazos establecidos; los programas de trabajo y los requerimientos de recursos de las unidades administrativas de la entidad u organismo;
  11. No conservar los archivos institucionales; los registros; y/o la documentación contable o no conservarlos adecuadamente.
  12. Cualquier otra infracción prevista en las leyes, reglamentos, contratos y estatutos.

Cuando se cometa una infracción, el Tribunal podrá imponer a los responsables, multas que no serán inferiores a Cinco Mil Lempiras (L. 5,000.00) ni superiores a un Millón de Lempiras (L.1,000, 000.00), según la gravedad de la falta, pudiendo, además los mismos y a solicitud del Tribunal, ser amonestados, suspendidos o destituidos de sus cargos por la autoridad nominadora.

ARTÍCULO 101.- APLICACIÓN DE MULTAS. En la aplicación de las….

Las multas se pagarán una vez que estén firmes las resoluciones que las contengan y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. Los retrasos en el pago devengarán un interés igual a la tasa activa promedio del sistema financiero nacional que se calculará desde la fecha de la sanción. El sancionado tendrá derecho a interponer los recursos señalados en esta Ley. 

ARTÍCULO 103. OBLIGATORIEDAD DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN.-Para el desempeño de las funciones del Tribunal, los organismos, órganos, entidades, dependencias del Estado, empresas mercantiles, instituciones del sistema financiero nacional, organizaciones privadas para el desarrollo, organizaciones no gubernamentales, asociaciones cooperativas, sindicatos, colegios profesionales, organizaciones políticas y cualquier entidad de naturaleza pública o privada, están obligados a suministrar al Tribunal toda la información que solicite relativa a todas las fiscalizaciones e investigaciones que realice.

Los documentos que constituyan medios probatorios en relación con los actos irregulares o ilegales cometidos en la Administración Pública y que puedan ser importantes para las fiscalizaciones e investigaciones a cargo del Tribunal, deben ser tomados en depósito y conservados con todas las medidas de seguridad.

Quienes tengan en su poder documentos u otros de los señalados en el párrafo anterior deben presentarlo al TSC al solo requerimiento del mismo, caso contrario el Tribunal Superior de Cuentas solicitará al órgano jurisdiccional respectivo el secuestro de dicha documentación, e informará al Ministerio Público para los efectos pertinentes.

ARTÍCULO 101.- APLICACIÓN DE MULTAS. En la aplicación de las Multas señaladas en esta Ley, se observarán las garantías del debido proceso y se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción y las circunstancias agravantes o atenuantes, que establezca el reglamento de sanciones que emitirá el Tribunal.

Las multas se pagarán una vez que estén firmes las resoluciones que las contengan y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. Los retrasos en el pago devengarán el interés legal que se aplique en el sistema financiero nacional que se calculará desde la fecha de la sanción. El sancionado tendrá derecho a interponer los recursos señalados en esta Ley.

ARTÍCULO 105. PRESCRIPCIÓN. La facultad del Tribunal Superior de Cuentas para fiscalizar e investigar las operaciones y actividades de los sujetos pasivos prescriben en el término de cinco (5) años cuando se trate de asuntos estrictamente administrativos, diez (10) años cuando se trate se asuntos civiles, y, de 20 años cuando se trate de asuntos penales, términos contados a partir de la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo.

ARTÍCULO 106. ­   AUDITORÍAS   INTERNAS. La Selección. Designación y destitución del Auditor Interno, sub-auditor interno y personal auxiliar de las unidades de auditoría interna, de los sujetos pasivos, corresponde al Tribunal Superior de Cuentas, de acuerdo a los requisitos, prohibiciones y procedimientos que se determinarán para tal efecto.

No obstante, cada institución debe asumir e incluir dentro de su presupuesto, el pago de sueldos de este personal, así como los gastos de funcionamiento inherentes a estas Unidades.

El Tribunal queda facultado para emitir normas generales sobre las auditorías internas, así como para determinar la calificación y evaluación del Auditor Interno, sub auditor y personal auxiliar.

El auditor interno mantiene una vinculación de dependencia funcional con el Tribunal, en su condición de ente rector del Sistema de Control, sujetándose a sus lineamientos y disposiciones en el desempeño de sus funciones, actúa con independencia técnica, dentro del ámbito de su competencia.

En tal sentido, no puede la máxima autoridad de las entidades sujetas a fiscalización, destituir al auditor interno, sub auditor interno y personal auxiliar, puesto que ésta es una facultad exclusiva del Tribunal. No obstante, la conducta ética y profesional será evaluada permanentemente por el Tribunal y cuando a criterio de la entidad ésta no sea la adecuada, el sujeto pasivo debe informar al Tribunal, para su evaluación, análisis y resolución de lo pertinente, conforme a las normas generales sobre las auditorías internas que se emitan para tal propósito.

El incumplimiento por parte de los titulares de las instituciones a lo dispuesto en el presente Artículo acarreará responsabilidad civil y administrativa.

En el caso de las municipalidades la selección debe hacerse dentro de una propuesta de cinco candidatos, que cumplan los requisitos exigidos por la ley, nominados por la Corporación Municipal.

ARTÍCULO 2. Los auditores internos y personal auxiliar señalado en el Artículo 106 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas que al momento de entrar en vigencia el presente Decreto se encuentren desempeñando sus cargos, serán sometidos a pruebas de confianza y a una evaluación por parte del Tribunal Superior de Cuentas, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos y competencia profesional; el personal que no reúna los requisitos o no apruebe las pruebas de conocimiento será cancelado de forma inmediata de sus cargos, debiendo la Institución proceder al pago de los derechos laborales correspondientes.

ARTÍCULO 3. Reformar el Artículo 3, del Decreto No.74-1966, que contiene la LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS DE HONDURAS, el cual debe leerse de la manera siguiente:

Artículo 3.- Forman el Colegio:

  1. a) Los profesionales graduados en Honduras, que ostenten el título de perito mercantil, contador público, bachilleres en contaduría, bachilleres en administración de empresas y bachilleres en finanzas, o profesión afín a contaduría pública;
  2. b)Los profesionales…;
  3. c)Los hondureños…;
  4. d)Los hondureños…” 

ARTÍCULO 4. El presente Decreto entrará en vigencia 20 días después de su publicación en el Diario Oficial LA GACETA.

Dado en el Municipio del Distrito Central, en el salón de sesiones del Congreso Nacional de la República a los días del mes de noviembre del año 2019.

 

MAURICIO OLIVA HERRERA

Presidente

 

 JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO                                         SALVADOR VALERIANO PINEDA

               Secretario                                                                   Secretario

 

Oficialismo del Congreso busca aprobar pacto de impunidad

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. –Diputados de los opositores partidos Libertad y Refundación (Libre) y Pinu-SD, denunciaron esta tarde que las autoridades del Congreso Nacional pretenden aprobar reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que limitan la investigación penal de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic-MP).

Los congresistas de Libre y Pinu precisaron que las reformas buscan blindar a aquellos diputados y funcionarios públicos coludidos con la corrupción evitando que la Ufecic, que trabaja de la mano con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), investigue penalmente a los funcionarios públicos que malversen los fondos del Estado.

Las reformas se siguen aprobando esta tarde pese a que las bancadas de Libre, Pinu y algunos diputados del Partido Liberal se han retirado, dejando sin quórum la sesión. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, amenazó con sancionar penalmente a los congresistas de la oposición que se retiraron de la sesión con el propósito de romper el quórum.

El diputado del Pinu, David Reyes, calificó la acción del oficialismo como una canallada y manifestó que la intención es crear una estela de impunidad alrededor de la corrupción que diputados han cometido con los dineros del Fondo de Desarrollo Departamental, contratos de Coalianza y otros fondos destinados a programas y proyectos de desarrollo social.

 

 

Diputados nacionalistas van por el tercer pacto de impunidad

 

Los diputados de los partidos de oposición no se dan cuenta de que se trata porque no repartieron el texto y ni siquiera lo colocaron en los ordenadores

Tegucigalpa. – Ayer en horas de la noche en el Congreso Nacional de la República de Honduras, se sometió al pleno el dictamen que incluye las reformas al Artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública (Decreto Legislativo N°146-86).

De acuerdo a varios diputados de la oposición esta reforma se trata de un pacto de impunidad que le quita dientes a la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (MACCIH) y al propio Ministerio Público.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, manifestó que se trata de un nuevo pacto de impunidad que se avecina y que anoche el Congreso Nacional aprobó el primer debate, quedando pendientes dos debates para concretar la reforma al artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública tendiente a obstaculizar a la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) para investigar actos de corrupción.

El parlamentario señaló que los diputados nacionalistas aprovechan los relajos que se dan en el Congreso para meter este tipo de dictámenes mientras los parlamentarios están en pláticas ajenas al quehacer legislativo.

El proyecto de decreto para reformar el artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública fue introducido la semana pasada por el diputado Marcos Bertilio Paz Sabillón, mismo que en febrero de 2018 quiso imponer censura en el uso de las redes sociales.

Jari Dixon relató a Criterio.hn que ayer martes fue leído en primer debate sin que nadie se diera cuenta y por eso él ayer mismo hizo la denuncia porque ya sabe por dónde van.

Herrera agregó que como ya la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les declaró inconstitucional el artículo 238 de la Ley General de Presupuesto, ahora quieren reformar el artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública para darle funciones al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), como el único que puede determinar si hay responsabilidad civil, administrativa o penal en una acción de un funcionario público.

Nota relacionada Honduras: MACCIH denuncia pacto de impunidad para proteger diputados y funcionarios

Al darle esa función exclusiva al TSC, entonces le están quitando potestad al Ministerio Público para la investigación de casos de corrupción. Es lo mismo que hicieron la vez pasada solo que ahora lo están haciendo en otra ley, puntualizó Herrera.

Anoche no hubo votación solo se leyó en primer debate, explicó Jari Dixon Herrera, quien señaló además que para esto el presidente del Congreso Mauricio Oliva conformó una comisión especial y ya desde ahí hay sospechas que algo turbio hay porque lo hicieron a escondidas.

Omar Rivera de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), manifestó que lo que se puede percibir es que se está debilitando al MP y así no se fortalece la institucionalidad llamada a enfrentar las redes corruptas en el país; disminuir facultades del MP es quitarle dientes a quien lidera lucha contra la corrupción en el país» manifestó.

Gobierno de Honduras aprueba un nuevo y escandaloso pacto de impunidad

La secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, blindó mediante dos acuerdos ministeriales todo tipo de información concerniente al manejo de los fondos del Estado

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El gobierno de Honduras aprobó en diciembre pasado un nuevo “pacto de impunidad”, ahora mediante dos acuerdos de la Secretaría de Finanzas que blindan la información concerniente al manejo de los fondos públicos.

El 8 de enero pasado fueron publicados en el diario oficial La Gaceta los acuerdos 842-2018 y 843-2018. Dicho marco legal impide que las élites políticas y económicas sean objeto de investigación y auditoría por parte de la prensa y de organizaciones independientes que trabajan en los temas de transparencia y rendición de cuentas.

Con las nuevas disposiciones, que llevan la rubrica de la secretaria de Finanzas, Rocío Izabel Tábora Morales, se blinda toda la información concerniente a los ingresos y egresos del Estado y se protege a las élites económicas porque de ahora en adelante nadie podrá saber el monto o quiénes o qué empresas gozan de exoneraciones fiscales, ni el nombre de los inversionistas de los valores gubernamentales.

Los funcionarios públicos también son parte del blindaje porque la ciudadanía ya no tiene acceso a las declaraciones juradas ni a los pagos que reciban a través del Sistema SIAFI en lo relativo a sueldos, ya sea a nombre del empleado y deducciones personales.

La aprobación de este nuevo pacto de impunidad, que se suma a los otros tantos aprobados en el Poder Legislativo para favorecer la corrupción, atenta contra los bienes y los intereses del Estado, porque dentro de los reservas se incluye los nombres de los integrantes de las comisiones de avalúos de compra y venta de bienes inmuebles de gobierno y los saldos y movimientos bancarios y en libros de las cuentas manejadas por la Tesorería General de la República.

PRESUPUESTO Y TRANSFERENCIAS

Algo alarmante es que el nuevo marco legal, determina como información reservada lo relacionado a las transferencias a los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) “para pagos que garanticen Seguridad del Estado y la Soberanía Nacional”.

Lo anterior implica que las transferencias que se hagan para gastos policiales y militares, superarán lo establecido en el Presupuesto General de la República. Es decir que además de no rendir cuentas, como ocurre en la actualidad, estos dos rubros tendrán a su disposición dineros a manos llenas y todo será en el marco de la legalidad.

PRESUPUESTO

La reserva de información también abarca al Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, en tanto el mismo no haya sido enviado oficialmente al Congreso Nacional de la República para su aprobación.

Lo antes mencionado implica que de ahora en adelanta se sepulta el derecho a la participación ciudadana durante la etapa de la formulación y socialización.

SEGURIDAD DEL ESTADO

Paradójicamente en los considerandos de los acuerdos anti transparencia se justifica el ocultamiento de la información por “la seguridad del Estado”, cuando ya la Constitución de la República y la misma Ley de Acceso a la Información Pública, establece los parámetros de lo que es verdaderamente ese principio, sin atentar contra la transparencia y la rendición de cuentas.

Los decretos, que son acuerpados por la Secretaría de Finanzas, se suman además a la ya cuestionada Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública que establece reservas de hasta 50 años.

Noticia Relacionada: Presupuesto de 2019 es un retroceso en la transparencia y rendición de cuentas: Fosdeh

Sobre el tema, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) emitió una alerta este jueves denunciando la transgresión a la transparencia y rendición de cuentas y exigiendo la derogación de los acuerdos aprobados por el gobierno.

Congreso de Honduras
Mauricio Díaz Burdet, director del Fosdeh.

Para el director del Fosdeh, Mauricio Díaz Burdet, las medidas adoptadas afectarán no solo la función periodística, sino que además el trabajo técnico que realiza dicha organización y otras que pretenden la mejor toma de decisiones sobre las políticas públicas, mediante la transparencia y la rendición de cuentas.

Conozca a detalle las reservas aprobadas mediante cada uno de los acuerdos.

El acuerdo 842-2018 establece reservas para la información siguiente:

  1. Las Resoluciones emitidas por esta Secretaría de Estado (Finanzas) que contienen información de las declaraciones de Impuesto Sobre la Renta y demás tributos del Sistema Tributario y Aduanero que estén relacionados para la determinación del patrimonio de los contribuyentes;
  2. El contenido de las Declaraciones Juradas determinativas, declaraciones Juradas Informativas, Informes solicitados a terceros por la Administración Tributaria, Administración Aduanera o por esta Secretaría de Estado en el ámbito de sus competencias,
  3. Los datos indicados en el Artículo 55 numeral 3 del Código Tributario, informes y antecedentes tributarios y aduaneros, así como la información contenida en las declaraciones, informes y estudios de los obligados tributarios presentados ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), Superintendencia Tributaria Aduanera, Administración Tributaria y Administración Aduanera, en los términos previstos en Ley;
  4. Los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria y Administración Aduanera concerniente a las declaraciones de Impuestos o Tasas Administrativas, así como los datos suministrados por los obligados tributarios o por terceros, así como la información obtenida en el ejercicio de las facultades de fiscalización en términos del Artículo 70 numeral 1 del Código Tributario;
  5. La información de los obligados tributarios que obran en la Plataforma Administradoras del Módulo de Exoneraciones de Honduras (PAMEH);
  6. Durante el proceso de evaluación de ofertas y/o propuestas, se mantiene la confidencialidad de todo el proceso de evaluación y adjudicación, incluida el acceso a las ofertas por parte de cualquier persona no perteneciente al comité evaluador;
  7. Configuraciones y detalles técnicos de componentes y equipos de seguridad, servidores, comunicaciones de redes y demás arquitectura tecnológica de uso exclusivo para sistemas de información y servicio de tecnología ofrecidos por la Secretaría de Finanzas.

El acuerdo 843-2018 establece reclasificar con carácter de reservado la siguiente información:

  1. Nombres de los integrantes de las comisiones de avalúos de compra y venta de Bienes Inmuebles de Gobierno;
  2. Saldos y movimientos bancarios y en libros de las cuentas manejadas por la Tesorería General de la República;
  3. Transferencias a los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para pagos que garanticen Seguridad del Estado y la Soberanía Nacional;
  4. Registro de beneficiario: Todo lo relacionado al PIN y la información contenida en él ya que es de carácter personal;
  5. Pagos que se realizan a través del Sistema SIAFI en lo relativo a: a) Sueldos, en lo concerniente al nombre del empleado; y, b) Deducciones personales;
  6. Todo lo relacionado a órdenes judiciales de embargos sobre el sueldo de empleados públicos, excluyéndose de esta reserva los embargos sobre pagos a proveedores del Estado por tratarse de fondos de carácter público, salvo en el expediente judicial correspondiente se haya declarado secretividad o reserva;
  7. Los estados de cuenta de los montos retenidos por embargos y los movimientos bancarios de la cuenta de embargos, en lo se refiere a embargos decretados sobre personas naturales;
  8. Los nombres de los embargados;
  9. Constancia de: Pagos de sueldos de planilla de años anteriores, únicamente en lo concerniente al nombre de favorecidos por dichos sueldos;
  10. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, en tanto el mismo no haya sido enviado oficialmente al Congreso Nacional de la República para su aprobación;
  11. El nombre de los Inversionistas de los valores gubernamentales; y,
  12. Los Productos de las Consultorías, Sistemas Informáticos y Bases de Datos de Uso exclusivo para la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

FE DE ERRATAS:

CRITERIO pide disculpas a sus lectores ya que por una imprecisión, el titular de esta noticia decía inicialmente: «Congreso de Honduras aprueba un nuevo y escandaloso pacto de impunidad». Sin embargo, al cotejar la información se encontró que fue la Secretaría de Finanzas la que incurrió en la irregularidad, por lo que se procedió a cambiar el titular de la noticia, leyéndose de la siguiente manera: «Gobierno de Honduras aprueba un nuevo y escandaloso pacto de impunidad».

Sala Constitucional deroga pacto de impunidad

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró este jueves inconstitucional las reformas a la ley del presupuesto contenidas en el decreto número 141-2017, que surgieron luego del llamado “pacto de impunidad” en el caso denominado “red de diputados”

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que el Ministerio Público (MP) presentó la acción en contra del decreto 141-2017, en donde se reformó el artículo 16 y se adicionó el artículo 131-A de la Ley de Presupuesto.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró la inconstitucionalidad al decreto 141-2017, de la Ley Orgánica del Presupuesto, modificaciones bajo lo que denominaron “Fe de Erratas”.

El portavoz judicial indicó que, la sala consideró que las modificaciones a los artículos 16, 131-A y 238 están fuera de lo establecido por la Constitución de la República y demás leyes.

Nota relacionada Presentan requerimiento fiscal contra dos diputados involucrados en el “pacto de impunidad”

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) denominó “pacto de impunidad” al contenido del Decreto Legislativo número 141-2017, que contempla reformas a la Ley de Presupuesto.

En enero de 2018 la MACCIH identificó varias irregularidades entre lo aprobado por el pleno del Congreso Nacional y lo publicado en el diario oficial La Gaceta.

Entre los cambios, considerados “amañados”, se publicó el denominado “Pacto de Impunidad”, que consiste en la eliminación de la facultad de investigación penal por parte del Ministerio Público sobre la ejecución de fondos públicos por parte de diputados y funcionarios del Estado.

El entonces vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, denunció una red de al menos 160 diputados corruptos que habían drenado fondos públicos para fines particulares a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s). En la lista mencionó al actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

Lea aquí la sentencia de la Sala de lo Constitucional:  https://criterio.hn/wp-content/uploads/2019/01/SENTENCIA-SALA-CONSTITUCIONAL-REFORMAS-PRESUPUESTO.pdf

Gobierno de Honduras aprueba un nuevo y escandaloso pacto de impunidad

La secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, blindó mediante dos acuerdos ministeriales todo tipo de información concerniente al manejo de los fondos del Estado

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El gobierno de Honduras aprobó en diciembre pasado un nuevo “pacto de impunidad”, ahora mediante dos auerdos de la Secretaría de Finanzas que blindan la información concerniente al manejo de los fondos públicos.

El 8 de enero pasado fueron publicados en el diario oficial La Gaceta los acuerdos 842-2018 y 843-2018. Dicho marco legal impide que las élites políticas y económicas sean objeto de investigación y auditoría por parte de la prensa y de organizaciones independientes que trabajan en los temas de transparencia y rendición de cuentas.

Con las nuevas disposiciones, que llevan la rubrica de la secretaria de Finanzas, Rocío Izabel Tábora Morales, se blinda toda la información concerniente a los ingresos y egresos del Estado y se protege a las élites económicas porque de ahora en adelante nadie podrá saber el monto o quiénes o qué empresas gozan de exoneraciones fiscales, ni el nombre de los inversionistas de los valores gubernamentales.

Los funcionarios públicos también son parte del blindaje porque la ciudadanía ya no tiene acceso a las declaraciones juradas ni a los pagos que reciban a través del Sistema SIAFI en lo relativo a sueldos, ya sea al nombre del empleado y deducciones personales.

La aprobación de este nuevo pacto de impunidad, que se suma a los otros tantos aprobados en el Poder Legislativo para favorecer la corrupción, atenta contra los bienes y los intereses del Estado, porque dentro de los reservas se incluye los nombres de los integrantes de las comisiones de avalúos de compra y venta de bienes inmuebles de gobierno y los saldos y movimientos bancarios y en libros de las cuentas manejadas por la Tesorería General de la República.

PRESUPUESTO Y TRANSFERENCIAS

Algo alarmante es que el nuevo marco legal, determina como información reservada lo relacionado a las transferencias a los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) “para pagos que garanticen Seguridad del Estado y la Soberanía Nacional”.

Lo anterior implica que las transferencias que se hagan para gastos policiales y militares, superarán lo establecido en el Presupuesto General de la República. Es decir que además de no rendir cuentas, como ocurre en la actualidad, estos dos rubros tendrán a su disposición dineros a manos llenas y todo será en el marco de la legalidad.

PRESUPUESTO

La reserva de información también abarca al Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, en tanto el mismo no haya sido enviado oficialmente al Congreso Nacional de la República para su aprobación.

Lo antes mencionado implica que de ahora en adelanta se sepulta el derecho a la participación ciudadana durante la etapa de la formulación y socialización.

SEGURIDAD DEL ESTADO

Paradójicamente en los considerandos de los acuerdos anti transparencia se justifica el ocultamiento de la información por “la seguridad del Estado”, cuando ya la Constitución de la República y la misma Ley de Acceso a la Información Pública, establece los parámetros de lo que es verdaderamente ese principio, sin atentar contra la transparencia y la rendición de cuentas.

Los decretos, que son acuerpados por la Secretaría de Finanzas, se suman además a la ya cuestionada Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública que establece reservas de hasta 50 años.

Noticia Relacionada: Presupuesto de 2019 es un retroceso en la transparencia y rendición de cuentas: Fosdeh

Sobre el tema, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) emitió una alerta este jueves denunciando la transgresión a la transparencia y rendición de cuentas y exigiendo la derogación de los acuerdos aprobados por el gobierno.

Gobierno de Honduras
Mauricio Díaz Burdet, director del Fosdeh.

Para el director del Fosdeh, Mauricio Díaz Burdet, las medidas adoptadas afectarán no solo la función periodística, sino que además el trabajo técnico que realiza dicha organización y otras que pretenden la mejor toma de decisiones sobre las políticas públicas, mediante la transparencia y la rendición de cuentas.

Conozca a detalle las reservas aprobadas mediante cada uno de los acuerdos.

El acuerdo 842-2018 establece reservas para la información siguiente:

  1. Las Resoluciones emitidas por esta Secretaría de Estado (Finanzas) que contienen información de las declaraciones de Impuesto Sobre la Renta y demás tributos del Sistema Tributario y Aduanero que estén relacionados para la determinación del patrimonio de los contribuyentes;
  2. El contenido de las Declaraciones Juradas determinativas, declaraciones Juradas Informativas, Informes solicitados a terceros por la Administración Tributaria, Administración Aduanera o por esta Secretaría de Estado en el ámbito de sus competencias,
  3. Los datos indicados en el Artículo 55 numeral 3 del Código Tributario, informes y antecedentes tributarios y aduaneros, así como la información contenida en las declaraciones, informes y estudios de los obligados tributarios presentados ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), Superintendencia Tributaria Aduanera, Administración Tributaria y Administración Aduanera, en los términos previstos en Ley;
  4. Los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria y Administración Aduanera concerniente a las declaraciones de Impuestos o Tasas Administrativas, así como los datos suministrados por los obligados tributarios o por terceros, así como la información obtenida en el ejercicio de las facultades de fiscalización en términos del Artículo 70 numeral 1 del Código Tributario;
  5. La información de los obligados tributarios que obran en la Plataforma Administradoras del Módulo de Exoneraciones de Honduras (PAMEH);
  6. Durante el proceso de evaluación de ofertas y/o propuestas, se mantiene la confidencialidad de todo el proceso de evaluación y adjudicación, incluida el acceso a las ofertas por parte de cualquier persona no perteneciente al comité evaluador;
  7. Configuraciones y detalles técnicos de componentes y equipos de seguridad, servidores, comunicaciones de redes y demás arquitectura tecnológica de uso exclusivo para sistemas de información y servicio de tecnología ofrecidos por la Secretaría de Finanzas.

El acuerdo 843-2018 establece reclasificar con carácter de reservado la siguiente información:

  1. Nombres de los integrantes de las comisiones de avalúos de compra y venta de Bienes Inmuebles de Gobierno;
  2. Saldos y movimientos bancarios y en libros de las cuentas manejadas por la Tesorería General de la República;
  3. Transferencias a los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para pagos que garanticen Seguridad del Estado y la Soberanía Nacional;
  4. Registro de beneficiario: Todo lo relacionado al PIN y la información contenida en él ya que es de carácter personal;
  5. Pagos que se realizan a través del Sistema SIAFI en lo relativo a: a) Sueldos, en lo concerniente al nombre del empleado; y, b) Deducciones personales;
  6. Todo lo relacionado a órdenes judiciales de embargos sobre el sueldo de empleados públicos, excluyéndose de esta reserva los embargos sobre pagos a proveedores del Estado por tratarse de fondos de carácter público, salvo en el expediente judicial correspondiente se haya declarado secretividad o reserva;
  7. Los estados de cuenta de los montos retenidos por embargos y los movimientos bancarios de la cuenta de embargos, en lo se refiere a embargos decretados sobre personas naturales;
  8. Los nombres de los embargados;
  9. Constancia de: Pagos de sueldos de planilla de años anteriores, únicamente en lo concerniente al nombre de favorecidos por dichos sueldos;
  10. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, en tanto el mismo no haya sido enviado oficialmente al Congreso Nacional de la República para su aprobación;
  11. El nombre de los Inversionistas de los valores gubernamentales; y,
  12. Los Productos de las Consultorías, Sistemas Informáticos y Bases de Datos de Uso exclusivo para la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

FE DE ERRATAS:

CRITERIO pide disculpas a sus lectores ya que por una imprecisión, el titular de esta noticia decía inicialmente: «Congreso de Honduras aprueba un nuevo y escandaloso pacto de impunidad». Sin embargo, al cotejar la información se encontró que fue la Secretaría de Finanzas la que incurrió en la irregularidad, por lo que se procedió a cambiar el titular de la noticia, leyéndose de la siguiente manera: «Gobierno de Honduras aprueba un nuevo y escandaloso pacto de impunidad».

Presentan requerimiento fiscal contra Toño Rivera y Sara Medina por caso “Pacto de Impunidad”

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. –Los diputados del Partido Nacional, Antonio “Toño” Rivera Callejas y Sara Medina, han sido adheridos a la lista de imputados por el caso “pacto de impunidad”, a quienes se les atribuye los supuestos delitos de falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno.

Este lunes el equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal Público, compuesto por fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), con apoyo de expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA) presentaron el respectivo requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia.

El requerimiento fiscal es el resultado de diversa información y actuaciones realizadas con posterioridad al requerimiento presentado el 24 de mayo último contra los diputados del Congreso Nacional (CN), José Tomás Zambrano, y Román Villeda Aguilar; y busca probar que los requeridos hoy, en concierto de voluntades, aprobaron anómalamente la Ley de Presupuesto, con lo cual habrían violentado la voluntad del pleno del Congreso, con la finalidad de crear una ley que favorecería a diputados que estaban siendo procesados por el mal manejo de fondos públicos, así como a los que pudieran ser investigados a futuro por similares hechos.

Cabe señalar que la justicia hondureño dictó recientemente sobreseimiento definitivo contra Tomás Zambrano, pero emitió auto de formal procesamiento contra Román Villeda Aguilar.

Noticia Relacionada: 11 Diputados nacionalistas se presentan ante UFECIC por “Pacto de Impunidad”

En el requerimiento presentado se destaca lo siguiente:

  1. El caso denominado “Pacto de Impunidad”, se originó el 11 de diciembre del año 2017 cuando la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), con el apoyo de MACCIH-OEA, presentó Requerimiento Fiscal en el caso “Red de Diputados” contra los diputados al Congreso Nacional Augusto Domingo Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia y tres extraneus por el delito de Malversación de Caudales Públicos, relacionado al manejo de fondo sociales.
  2. La audiencia inicial se encontraba en trámite ante el órgano jurisdiccional, cuando el 18 de enero del 2018 el Congreso Nacional modificó por adición la Ley de Presupuesto, aprobada en el Decreto Legislativo No. 141-2017 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 19 de enero de 2018. En dicha modificación se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el plazo de tres años.
  3. Al amparo de esa reforma, mediante la resolución de fecha 24 de enero de 2018 el órgano jurisdiccional decretó el archivo administrativo de la causa denominada “Red de Diputados”, argumentando que no se podía proseguir con el enjuiciamiento, debido a esta nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de Malversación de Caudales Públicos.
  4. El proyecto de ley, una vez aprobado por el Congreso Nacional, adoptó la forma de Decreto No.141-2017 y fue suscrito por los diputados Antonio Cesar Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, quienes lo autorizaron en condición de Presidente y Secretaria del Congreso Nacional. Esta autorización se realizó a pesar de contener dicha reforma, una versión que no fue discutida, ni aprobada por el pleno del Congreso Nacional, tal y como se desprende de la lectura que le dio a la citada norma el diputado Román Villeda Aguilar en su momento.
  5. Ante este hecho se produjeron diversas denuncias públicas, por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una Fe de Erratas el día 25 de enero de 2018, publicada el día 26 de enero en el Diario Oficial La Gaceta, pretendiendo explicar que lo ocurrido sería producto de “un simple error” y no de un presunto acto premeditado que, para ese momento, ya había provocado consecuencias jurídicas. Sin embargo, dicha “fe de erratas” sigue conteniendo modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno del Congreso, por lo que el equipo integrado de investigación y persecución penal decidió la formulación del requerimiento fiscal por los delitos de Falsificación de Documentos, Abuso de Autoridad y Delitos contra la Forma de Gobierno.

Esta acción conjunta demuestra una vez más, el compromiso de la MACCIH-OEA para seguir impulsando la lucha anticorrupción a través de instituciones del Estado. La MACCIH-OEA sigue trabajando en la investigación y tramitación de los casos que ya se han hecho públicos y en otros que estamos pendientes de presentar ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, en estricto cumplimiento al mandato que nos confiere el Convenio suscrito el 19 de enero de 2016, entre el Gobierno de la Republica de Honduras y la Secretaría General de la OEA.

Pacto de impunidad sobre caso de asesinato de Berta Cáceres sigue vigente

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. – El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), junto a la familia de Berta Cáceres y los abogados acusadores denunciaron que el pacto de impunidad que se cierne sobre la causa Berta Cáceres debido a las actuaciones del Ministerio Público de Honduras sigue vivo.

Denunciaron, además, la completa negligencia que interpretan como un accionar dirigido a negar la justicia en este caso y el ocultamiento de la verdad por parte del Estado hondureño.

Acusaron directamente a las autoridades de Honduras y de la embajada de Estados Unidos en Honduras de tener responsabilidad en las irregularidades en este proceso judicial debido a su apoyo irrestricto al Ministerio Público y la negación de una investigación internacional y deben asumir sus responsabilidades en esta situación y satisfacer las necesidades de acceso a la justicia.

Comunicado

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, junto a la familia de la compañera Berta Cáceres, nos hacemos presentes de nuevo ante la opinión pública para denunciar una vez más el pacto de impunidad que se cierne sobre la causa Berta Cáceres debido a las actuaciones del Ministerio Público de Honduras.

Como ya es sabido, hemos denunciado la falta de negación de acceso a la información por parte de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, dirigida actualmente por el abogado Roberto Blend y en su momento dirigida por el abogado Roger Matus. Sin embargo, en esta oportunidad debemos denunciar la completa negligencia que podemos interpretar como un accionar dirigido a negar la justicia en este caso y el ocultamiento de la verdad por parte del Estado hondureño.

Después de que muy tardíamente, después de 4 órdenes judiciales y mandato expreso del Tribunal de Sentencia con fecha 27 de julio de este año, las fiscales nos responden a las interrogantes que hemos venido haciendo desde abril de 2017, con que no nos pueden brindar la información que hemos peticionado puesto que esta se encuentra en aparatos electrónicos y demás evidencia que el Ministerio Público NO ha procesado ni analizado.

¿Cómo es posible que una semana antes de la audiencia judicial en la que se supone que se expongan las pruebas para que se juzguen a 8 personas por el asesinato de nuestra compañera y madre Berta Cáceres, que el Ministerio Público nos venga a decir que ellos simplemente no realizaron el análisis de la información que puede darnos detalles de lo sucedido con la persecución y asesinato de Berta Cáceres?

Esto es inadmisible en cuanto a que la información que las fiscales no han procesado responde coincidentemente a los aparatos recolectados en los allanamientos a el Mayor del Ejército de Honduras Mariano Díaz Chávez, el empleado de la empresa DESA Douglas Bustillo, así como lo realizado en las mismas oficinas de la empresa DESA. Elementos de prueba, contenida en teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros extraíbles y computadoras.

Estas actuaciones corroboran las denuncias del COPINH sobre la falta de confianza de parte de las víctimas de las investigaciones del mismo Estado que propició la muerte de Berta Cáceres.

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Debemos resaltar que las autoridades de Honduras y de la embajada de Estados Unidos en Honduras tienen responsabilidad en las irregularidades en este proceso judicial debido a su apoyo irrestricto al Ministerio Público y la negación de una investigación internacional y deben asumir sus responsabilidades en esta situación y satisfacer las necesidades de acceso a la justicia.

Ante lo anterior, exigimos:

  1. Que se garantice el análisis y extracción de toda la información contenida en los aparatos electrónicos producto de las diligencias del MP que permitan develar la verdad y se garanticen todas las condiciones del acceso a la información.
  2. Que las autoridades responsables del Ministerio Público, encabezadas por el Fiscal General Óscar Chinchilla se responsabilicen por la falta de debida diligencia y el acceso a la información y el debido proceso en general.
  3. Que la comunidad internacional en un caso emblemático como este, se pronuncie y exhorte a que se den las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso judicial.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 22 días del mes de agosto de 2018.

En libertad y sin suspensión de sus cargos se defenderán diputados acusados en el Pacto de Impunidad

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- Los diputados Tomás Zambrano y Román Villeda imputados en señalados por los presuntos ilícitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno, se defenderán en libertad según el dictamen de un juez natural.

Ambos parlamentarios no fueron suspendidos de sus cargos, por lo que pueden asistir a las reuniones en el Congreso de la República, pese a que las acusaciones son relativas a las funciones que realizan dentro del Poder Legislativo.

A los dos parlamentarios se les impusieron las medidas cautelares de firmar semanalmente el libro de control en la secretaría de la CSJ, así la prohibición de salir del país, para lo que se estará enviando los oficios correspondientes al Instituto Nacional de Migración, a efecto de garantizar la medida.

En tanto, la audiencia inicial fue programada para el lunes 18 de junio a las 8:30 de la mañana.

Ni pies ni cabeza

El diputado Tomás Zambrano manifestó luego de salir de la audiencia de imputados por el caso denominado “Pacto de Impunidad”, que no le mira ni pies ni cabeza al requerimiento que interpuso el Ministerio Público contra él y su colega Román Villeda Aguilar.

Zambrano dijo que se presentó junto a su compañero diputado Román Villeda Aguilar como cualquier ciudadano para someterse a la justicia porque están seguros que no han cometido ilícitos.

Señaló que el requerimiento puede concluir que “es injusto y como abogado, penalista y especialistas en derecho constitucional puedo decir que no le veo ni pies ni cabeza”.

Finalmente dijo que se presentarán a la audiencia inicial programada para el 18 de junio y ahí “luego de evacuar los diferentes medios de prueba quedará ratificada la inocencia con la que nos hemos presentado desde el inicio de esta causa”.

Presentan requerimiento fiscal contra dos diputados involucrados en el “pacto de impunidad”

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- La  Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), presentó hoy requerimiento fiscal contra los diputados al Congreso Nacional, Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar, por los presuntos delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno, en el sonado caso del «pacto de impunidad».

La acción legal se presentó luego de una investigación realizada por el Equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal, compuesto por expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y  la Impunidad en Honduras (MACCIH) y fiscales e investigadores de la UFECIC-MP).

Mediante un comunicado, la MACCIH establece que en este caso se ha encontrado “indicios suficientes sobre la aprobación anómala de la Ley de Presupuesto, en donde los ahora requeridos habrían realizado conductas delictivas para violentar la voluntad del pleno del Congreso, con Ia presunta finalidad de crear una ley que favorecería a diputados que estaban siendo procesados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos, así como a los que pudieran ser investigados a futuro por similares hechos”.

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La MACCIH relata los siguientes hechos en los que se vincula a  los dos parlamentarios:

  1. Este caso denominado «Pacto de Impunidad», se originó el 11 de diciembre del año 2017 cuando la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), con el apoyo de OEA-MACCIH, presentó requerimiento fiscal en el caso «Red de Diputados» contra los diputados al Congreso Nacional Augusto Domingo Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia y tres extraños por el delito de malversación de caudales públicos.
  2. La audiencia inicial se encontraba en trámite ante el órgano jurisdiccional, cuando el 18 de enero del 2018 el Congreso Nacional modificó por adición la Ley de Presupuesto, aprobada en el Decreto Legislativo No. 141-2017 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el diario Oficial La Gaceta, del 19 de enero de 2018. En dicha modificación se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados y se produjo Ia imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas (TIC) en el plazo de tres años.
  3. Al amparo de esa reforma, mediante la resolución de fecha 24 de enero de 2018 el órgano jurisdiccional decretó el archivo administrativo de Ia causa denominada «Red de Diputados», argumentando que no se podía proseguir con el enjuiciamiento, debido a esta nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de malversación de caudales públicos.
  4. Ante este hecho se produjeron diversas denuncias públicas, por lo que la Secretaria del Congreso Nacional emitió una Fe de Erratas el di a 25 de enero, publicada el día 26 de enero en el Diario Oficial La Gaceta, pretendiendo explicar que lo ocurrido sería producto de «un simple error» y no de un presunto acto premeditado que, para ese momento, ya había provocado consecuencias jurídicas. Sin embargo, dicha «fe de erratas» sigue conteniendo modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno del Congreso, por lo que el equipo integrado de investigación y persecución penal decidió la formulación del requerimiento fiscal por los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de Gobierno.