Gobierno practica escalada de criminalización contra organizaciones de sociedad civil

 

Ahora están recurriendo al cierre de cuentas bancarias de las organizaciones que no son afines con el gobierno de Juan Hernandez

Por: Redacción CRITERIO

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Tegvucigalpa. – Hay una escalada del gobierno en contra de las organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación que no se amoldan a sus políticas, dijo este día Edy Tábora, director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

Tabora señaló que es parte de las expresiones del control hacia todas aquellas voces críticas, voces disidentes, las voces que no replican el discurso oficial.

Entonces recurren a los mecanismos de control administrativos, a ponerles obstáculos para inscribirse en la Unidad de Registro y Seguridad de Asociaciones Civiles (URSAC), los temas fiscales y catalogar a las organizaciones disidentes como criminalidad organizada.

Ahora están recurriendo al cierre de cuentas bancarias de las organizaciones que no son afines con el gobierno de Juan Hernandez y muy pronto saldrá a la luz publica quienes son las ONGs afectadas y cuales son los bancos que están practicando estas actividades ilegales.

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Tábora recordó el último ejemplo de luchadores y luchadoras de la comunidad de Guapinol que fueron criminalizados por asociación ilícita y lo único que habían formado fue un comité en defensa del agua.

Hay una normativa grave que data del 2017, que es el decreto 06-2017 que configura el delito de terrorismo y que puede ser aplicado a las organizaciones que protestan. Y todo eso tiene una finalidad de criminalización o de desmovilización de las organizaciones que luchas por la democracia y por el Estado de derecho

Organizaciones de América Latina se suman a protesta en la Frontera de EEUU y México

Por: Redacción CRITERIO

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En Colombia, diversas organizaciones de paz, derechos humanos, y religiosas se han sumado a las actividades de protesta que, por estos días, del 16 al 18 de noviembre, realiza SOAWatch en la frontera de EEUU y México.

El viernes 16 de noviembre, desde el Centro Interactivo Maloka, en la Ciudad de Bogotá, los activistas caminaron con pancartas y cruces, cantando en letanía los nombres de lideresas y líderes sociales que han sido asesinados en Colombia, gritando “Presente”, rodearon la embajada de los Estados Unidos, y colocaron cruces en el Puente Peatonal de la calle 26 con los nombres de quienes han sido asesinados.

Abilio Peña, de SICSAL Colombia, señaló que “El énfasis de la acción fue puesto en el asesinato de los líderes sociales. Son 419 en los tiempos del proceso de paz. Desde enero del 2016 hasta mayo de este año, que son los últimos datos que tenemos, han seguido asesinado casi diariamente a líderes sociales. Reclamamos también a los EEUU por los militares que están implicados en estos crímenes como en los falsos positivos y, como ha ocurrido en El Salvador, Guatemala, Chile, Nicaragua, tienen responsabilidad por tener esta escuela militar, la Escuela de las Américas. También nos solidarizamos con el Tercer Encuentro que se está desarrollando en la frontera”.

Chile

En el espacio Epicentro, en la ciudad de Santiago, SOAW Chile, en conjunto con organizaciones de inmigrantes, realizó el jueves 15 de noviembre un conversatorio para analizar por qué tantas personas están huyendo de sus propios países.

Alicia Lira, presidenta de AFEP, comenzó su intervención rindiendo homenaje al comunero mapuche Camilo Catrillanca, asesinado por la policía chilena el miércoles 14 de noviembre. Al mismo tiempo, expresó su solidaridad con las acciones que se están realizando en la Frontera y con la Caravana de Inmigrantes que va desde Honduras hasta los EEUU indicando que esta es una invasión pacífica de personas que quieren salvar sus vidas. En contraste, dijo, “Estados Unidos está acostumbrado a la invasión violenta, con muertes, con armas, con el saqueo de nuestras riquezas a nuestros países”.

Claudia Patricia Álvarez, de la Organización de Colombianos Refugiados en Chile, en su intervención, señaló lo difícil que es hoy conseguir refugio en Chile. “Dicen que nosotros los colombianos no nos están dando más refugio porque, según ellos, nosotros tenemos un Acuerdo de Paz y, según ellos, se acabó la guerra y ya no hay más conflicto interno. Eso choca con la realidad, cuántos muertos a diario siguen sucediendo (en Colombia) y eso a diario se sigue repitiendo”.

Miguel Sánchez, del Colectivo Raíces en Resistencia, confirmó que a pesar de los Acuerdos de Paz se siguen asesinando a lideresas y líderes sociales. “En Colombia sigue el conflicto, a dos años de los Acuerdos de La Habana, donde no ha habido implementación y el Estado colombiano no ha cumplido los acuerdos con los que se comprometió, a pesar que los haya firmado”.

También estuvo presente Melissa Rocha, de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, y Héctor Pujols, presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile.

La actividad terminó con una velaton de solidaridad en las afueras de la Catedral, en la Plaza de Armas, de Santiago.

Organizaciones del Bajo Aguán se reúnen con el relator de las Naciones Unidas, Michael Forst

 

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- La Plataforma Agraria del Valle del Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Valle del Aguán (COPA), el Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Bajo Aguán y la Fundación San Alonso se reunieron con el Relator Especial de Naciones Unidas, Michel Forst.

La cita se dio con el fin de dar a conocer la graves violaciones a los Derechos Humanos que enfrentas los miembros de las organizaciones del movimiento social en el Bajo Aguán por la defensa de los bienes comunes, en la Ciudad de Tocoa, departamento de Colón.

Durante el desarrollo de la misma se presentó por parte de las organizaciones de la Plataforma Agraria un pliego de propuesta como Medidas de Protección que debía implementar el Estado de Honduras para proteger la vida de los y las defensoras de Derechos Humanos en el Bajo Aguán. Misma que fue presentada a la directora del Mecanismo en ese momento la abogada Nora Urbina.

También fue expuso las graves violaciones a Derechos Humanos ocasionada por los aparatos de seguridad del Estado de Honduras, grupos paramilitares en confabulación con los empresarios de la región que explotan de manera ilegal las tierras que fueron asignadas para procesos de Reforma Agraria en los años 1970.

Por su parte el Relator Michel Forst manifestó su preocupación ante las violaciones de derechos humanos cometidas contra los y las defensoras de derechos humanos, y lamento el accionar de la policía y el ejército hondureño.

Más de 50 organizaciones internacionales de derechos digitales rechazan ley bozal aprobada hoy en Honduras

8 de febrero de 2018 4:26 PM ET

El Comité para la Protección de los Periodistas, junto con más de 50 organizaciones internacionales y locales de derechos digitales y medios de comunicación, se unieron a los reclamos de los legisladores hondureños esta semana para rechazar una propuesta de ley que regularía el discurso en línea.

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Bajo la ley propuesta, se podría requerir que los proveedores de servicios de Internet, las plataformas en línea y sus administradores bloqueen la información y el contenido que podrían constituir «actos de discriminación, odio, insultos, amenazas o incitación a la violencia». La ley no define qué contenido debe ser bloqueado, lo cual, según los críticos, lo deja abierto a la interpretación por parte de compañías privadas y administradores individuales.

La declaración conjunta dijo que la ley propuesta amenaza la libertad de expresión de defensores de los derechos humanos, activistas y ciudadanos. Una disposición que otorgaría a un organismo gubernamental la supervisión del cumplimiento de la ley es «comparable a la censura de los medios», según el comunicado.

La declaración al Congreso hondureño se puede ver aquí: 

Comunicado: Ley que regula los actos de odio y discriminación en Internet de Honduras

El pasado 1 de febrero se presentó ante el Congreso Nacional de Honduras la iniciativa de Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet, la cual tiene por objeto que las empresas de proveedores de servicios de Internet, plataformas y administradores de sitios web adopten medidas para evaluar y bloquear información y contenidos que puedan constituir actos de discriminación, de odio, injurias, amenazas o incitación a la violencia.

El texto de la Ley propone la censura de contenido considerado como discriminación, odio, injuria, amenaza o incitación a la violencia, sin embargo, no determina los parámetros para determinar qué contenido debe ser bloqueado. De este modo, el proyecto pone en mano de empresas privadas, a menudo extranjeras, el poder de evaluar qué contenido es ilegal y la obligación de tomar decisiones de censura. Estas son facultades que, en un país democrático, corresponden a los tribunales de justicia. Un procedimiento de este tipo, sin legitimidad legal ni controles democráticos es una restricción desproporcionada e innecesaria de la libertad de expresión; e  incumple con estándares mínimos de Derechos Humanos.

Las medidas desproporcionadas de censura de contenido e información en Internet pone en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión de activistas, defensores de Derechos Humanos, opositores y de la población hondureña en general, que es fundamental para la existencia de una sociedad democrática.

Por otro lado, se regula la responsabilidad de proveedores de servicios de Internet, plataformas y administradores de sitios web, obligándolos a determinar mecanismos internos para el bloqueo del contenido ilegal, así como de realizar avisos periódicos a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), como consecuencia cada proveedor y empresa tendrán la facultad discrecional de determinar estos procedimientos. Lo anterior claramente vulnera el principio del debido proceso, por la falta de legalidad y uniformidad para establecer los mecanismos de reclamo y bloqueo de contenido. Además, se imponen sanciones administrativas a los proveedores y empresas de Internet, sin distinguir entre actores muy diferentes del ecosistema de Internet, como medios de comunicación en línea, redes sociales o aplicaciones de distinto tipo.

Estas medidas vulneran los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad que se requieren para la restricción de la libertad de expresión, que tienen por objetivo impedir abusos y arbitrariedades. Además de la falta de precisión para determinar qué se considera contenido ilegal y de las obligaciones dañosas que se imponen a los actores de Internet, el proyecto prevé sanciones de bloqueo de sitios web y servicios de Internet. Estas son sanciones extremas equiparables a la censura a medios de comunicación, que afectarán a cientos de miles de personas en Honduras que hacen un uso legal y legítimo de las redes sociales. Esta Ley, como está redactada,  puede usarse para restringir la libertad de expresión en Internet, limitando la crítica al Gobierno e impidiendo que la sociedad exija el respeto de Derechos Fundamentales, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

En este sentido, las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la sociedad civil y la comunidad académica de la región latinoamericana, afirmamos nuestra posición sobre esta iniciativa de ley en los siguientes términos:

  • Expresamos nuestro rechazo a la aprobación de la “Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet” en Honduras, porque representa una grave amenaza a la libertad de expresión y acceso a la información en el país, además que incumple con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos como la necesidad, proporcionalidad, legalidad, debido proceso y transparencia, los cuales son requisitos indispensables para la limitación a la libertad de expresión.

 

  • Exponemos que Internet es una herramienta que facilita el ejercicio de Derechos Humanos, principalmente la libertad de expresión, acceso a información y de reunión, que la regulación ambigua e imprecisa sobre el contenido que circula en Internet es una vulneración a estos derechos fundamentales. Además, sostenemos que las sanciones de bloqueo de servicios, aplicaciones y sitios web pueden tener consecuencias desastrosas para la libre expresión de usuarios legítimos.

 

  • Manifestamos nuestra preocupación del contexto político social que está atravesando Honduras, principalmente ante el incumplimiento de garantías y derechos fundamentales que ocasionan un deterioro al régimen democrático, así como del uso excesivo e ilegal de la fuerza pública para silenciar a la población, principalmente a activistas, defensores de Derechos Humanos y opositores.

 

  • Exigimos que la “Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet” no sea aprobada por el Congreso Nacional de Honduras, porque contraviene estándares establecidos en la Constitución de Honduras y tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos de los que Honduras es parte, relacionados principalmente con la libertad de expresión, acceso a la información y debido proceso.

 

Suscriben:

IPANDETEC (Centroamérica)

Access Now (Global)

Código Sur (Latinoamérica)

Fundación Acceso y Observatorio Regional de Seguridad Digital (Centroamérica)

Contra Corriente (Honduras)

Derechos Digitales (Latinoamérica)

Horizontal (Mexico)

Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital (México)

Asociacion por los Derechos Civiles (Argentina)

Public Knowledge (Estados Unidos)

Espacio Público (Venezuela)

Nodo Común (Latinoamérica)

Red Tz’ikin – Realizadores Independientes de Guatemala

Caracol Producciones (Guatemala)

Hiperderecho (Perú)

Asuntos del Sur (Latinoamérica)

Centro de Estudios Constitucionales y de Derechos Humanos (Argentina)

Artículo 19 (México y Centroamérica)

TEDIC (Paraguay)

Internet Society capítulo Honduras

Red de Desarrollo Sostenible (Honduras)

Usuarios Digitales (Ecuador)

Asociación para una Ciudadanía Participativa (Honduras)

Intervozes (Brasil)

Comité para la Protección de los Periodistas (Global)

Red en Defensa de los Derechos Digitales (Mexico)

Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala

Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Honduras)

Colectivo Josefa Lastiri (Honduras)

Colectivo Creando en las Calles (Honduras)

Asociación Libre Pensamiento (Honduras)

Criterio.hn (Honduras)

Centro de Derechos de Mujeres (Honduras)

Asociación Nacional de Escritoras de Honduras (Honduras)

Comité por la Libre Expresión (Honduras)

Internet Society capítulo República Dominicana

Instituto DEMOS (Guatemala)

Global Voices Advox (Global)

Enjambre Digital (México)

Huaira (Ecuador)

Organización Fraternal Negra Hondureña

Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras

Sula Batsú Cooperativa (Costa Rica)

Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor)

MAS (Movimiento Amplio Santabarbarense)

May First / People Link ( Estados Unidos y México)

La Sandía Digital, Laboratorio de Cultura Audiovisual (México)

RadiosLibres.net (Latinoamérica)

Radialistas Apasionadas y Apasionados (Radialistas.net)

Radioteca.net (Latinoamérica)

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (Ecuador)

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH)

Organizaciones y guatemaltecos se solidarizan con Honduras en su lucha contra el fraude

Por: Redacción CRITERIO

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Desde finales de 2017 los valientes hijos e hijas del pueblo hondureño han sostenido una lucha a todos los niveles contra el fraude del ahora dictador Juan Orlando Hernández (JOH). Ello les ha costado miles de perseguidos, desaparecidos, detenidos y presos en las cárceles, y no menos de 40 dignos compañeros, mujeres, hombres, ancianos y hasta niños caídos en la lucha contra el régimen narco-militar en Honduras, acribillados en las calles por la policía y el ejército mercenario, al ejercer los derechos inalienables de la manifestación, la protesta y la desobediencia a un gobierno corrupto, ilegal e ilegítimo. 

El mundo ve expectante la consolidación de las pesadillas que creían enterradas desde el siglo pasado: las dictaduras aplaudidas por el orden, la obediencia y los intereses imperialistas de los Estados Unidos, seguido por el silencio cómplice de los gobiernos aglutinados en la Unión Europea (UE) y el cascarón vacío que fue, es y será la Organización de Estados Americanos (OEA). Se redobla la hipocresía continental, con dos o tres niveles de libertad y derechos humanos, con ciudadanos latinoamericanos que gozan unos de derechos, mientras que las grandes mayorías estamos condenados a vivir bajo la opresión, la persecución y el miedo, únicas formas para sostener un gobierno narco-militar, proimperialista y antipopular, como el del dictador JOH.

Las organizaciones y personas aquí firmantes saludamos y nos solidarizamos con la movilización popular que le siguió al fraude electoral del 26 de noviembre del 2017, así como con la valentía, el coraje y la decisión de los hondureños de no seguir soportando un periodo más de gobierno de este narco-dictador al servicio de los Estados Unidos. Hemos creído siempre que el pueblo cuenta solo con sus propias fuerzas, que como dijo aquel infalible revolucionario latinoamericano, Ernesto “Che” Guevara: “SON LOS PUEBLOS, LOS QUE SE LIBERAN A SÍ MISMOS”.

Pero los compañeros, luchadores y luchadoras en el campo y la ciudad de Honduras ¡NO ESTAN SOLOS! al dar ellos el primer paso; al demostrarnos cada día más que es la fuerza de la calle, la organización y construcción de poder popular -y no el legalismo promovido por los mismos sicarios de la democracia- la que hará al pueblo recuperar la pérdida de soberanía sobre su país y sobre sus destinos y sacará de una vez por todas a los Estados Unidos y a sus sirvientes como JOH de Centroamérica. Al recordarnos cómo en el pasado huyó el dictador Jorge Ubico de Guatemala, Somoza de Nicaragua, Martínez de El Salvador; como en el pasado se sacó de Nicaragua, con la unidad de los pueblos de Centroamérica, a los filibusteros financiados y sostenidos por los Estados Unidos.

Solo la solidaridad de todas las organizaciones democráticas de la región, de pie junto al heroico pueblo hondureño, detendrá la consolidación del régimen dictatorial y la ofensiva hipócrita de los Estados Unidos para entregar a nuestros países a la extrema derecha, que en Guatemala se manifiesta con una lucha “anti corrupción” contra ciertos sectores del ejército y de los nuevos ricos que ellos mismos alimentaron durante la guerra, mientras en Honduras apoyan y aplauden al hombre más corrupto de la historia de ese país, vinculado al narcotráfico, al desfalco de instituciones públicas, al fraude electoral y al asesinato sistemático de los hondureños. Por eso los abajo firmantes estamos con ustedes y saludamos el Paro Nacional que del 20 al 27 denunciará y repudiará al dictador y su gobierno ilegítimo.

Exigimos la renuncia del dictador o tendrá que terminar como sus predecesores, huyendo de la justicia del pueblo o muerto por ésta. Llamamos a todas las organizaciones democráticas de Centroamérica a movilizarse en solidaridad con la lucha del pueblo de Honduras hasta construir en los hechos una coordinadora democrática a nivel centroamericano para frenar los cada vez más reaccionarios y violentos planes de intervención dirigidos por el gobierno de los Estados Unidos, a presionar a los respectivos gobiernos para no reconocer al nuevo gobierno del dictador JOH en Honduras.

¡ORGANIZACIÓN Y DESOBEDIENCIA CIVIL REGIONAL!

Guatemala, 20 de enero 2018

ORGANIZACIONES

Centro de Investigación, Estudio y Promoción de los Derechos Humanos en Guatemala (CIEPRODH)

Clavel Rojo

Claveles Rojos en México

Colectivo Popular Otto René Castillo

Colectivo Rosa Luxemburgo (KK-RL/PGT)

Coordinación de Ong y Cooperativas (Congcoop)

Coordinadora de Solidaridad Guatemala-Honduras

Frente Estudiantil Revolucionario Robín García (FERG)

Frente Popular

Fundación Guillermo Toriello

Juventud Comunista de la Costa Sur

Juventud Socialista del Suroccidente

Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala

Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

Plantones por la Dignidad

Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Capítulo Guatemala

Red de Rebeldía Ciudadana

Sindicato de Trabajadores de las Artes Plásticas (STAP)

Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua Histórica)

PERSONAS

Andrés Cabanas, periodista

Carlos Figueroa Ibarra

Ester Caballero

Factor Méndez Doninelli, Columnista, Defensor de los Derechos Humanos

Gustavo Maldonado, Abogado

Jennifer Casolo, Académica en Guatemala

Kajkoj Maximo Ba Tiul, Antropólogo, docente universitario

Karla Maldonado, Activista de Derechos Humanos

Manolo García

Marcelo Colussi, Psicólogo

Marylena Bustamante, Activista de Derechos Humanos

Mauricio Chaulón, Historiador

Nanci Paola Chiriz Sinto

Otoniel García, Auditor y Consultor

Pedro Marchetti, Académico en Guatemal

Raúl Aníbal Marroquín Casasola, Coordinador del Observatorio Ciudadano para La Paz “La Pupila del Cielo”, Alta Verapaz/Guatemala

Raúl Molina Mejía, profesor de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, Secretario de Asuntos Políticos / Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG)

Sandra Blanco, estudiante de Antropología, Universidad de San Carlos (USAC)

Simona V. Yagenova, Investigadora y Profesora (FLACSO Guatemala)

Como burdo intento por proteger los corruptos, califican organizaciones de sociedad civil lo actuado por el Congreso Nacional

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Varias organizaciones de sociedad civil, incluida la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), rechazaron hoy el decreto aprobado por el Congreso Nacional donde quitan potestad de investigar fondos públicos a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y al Ministerio Público.

Señalan que ese decreto,  aprobado en circunstancias inapropiadas,  genera dudas y suspicacia y que produce inconformidad en los hondureños que demandan un gobierno transparente, que rinda cuentas y que luche contra la corrupción. 

Respaldan el trabajo de la MACCIH y piden a las demás organizaciones que den su respaldo a la misión y que se mantengan atentos antes este burdo intento por proteger los corruptos y afianzar el sistema institucionalizado de corrupción.

Nota relacionada Honduras: MACCIH denuncia pacto de impunidad para proteger diputados y funcionarios

 

Organizaciones europeas preocupadas por los actos de violencia derivados del uso de la fuerza policial y militar

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Las organizaciones europeas manifiestan su enorme preocupación por los incidentes y actos de violencia derivados del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado  contra manifestantes, que varias fuentes reportan desde el 29 de noviembre.

En una carta abierta a los Estados miembros de la Unión Europea, fecha en Bruselas el 2 de Diciembre de 2017 el CIFCA y el Grupo Sur observan con extrema preocupación la situación tras el proceso electoral en Honduras y hacen un llamado a la Unión Europea y sus Estados miembros a acompañar al Estado de Honduras para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones internacionales suscritas por Honduras con respecto a la celebración de elecciones democráticas.

Exigen que se garantice la presencia de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), en Honduras hasta que se tengan garantías del cumplimiento del marco legal electoral nacional y de en las obligaciones internacionales suscritas por Honduras con respecto a la celebración de elecciones democráticas.

Solicitan a la MOE UE emitir un segundo informe preliminar, antes del informe final, para resumir hallazgos y conclusiones preliminares ulteriores en asuntos como el proceso de resultados, los procesos de reclamaciones y recursos o el entorno político post-electoral.

Además piden abstenerse de reconocer los resultados electorales hasta que se tengan las garantías de cumplimiento del marco legal electoral nacional y de en las obligaciones  internacionales suscritas por Honduras con respecto a la celebración de elecciones democráticas

La carta dice así:

Las elecciones generales en Honduras tuvieron lugar el 26 de noviembre con una fuerte presencia de observadores nacionales e internacionales, entre ellos cabe destacar la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE-UE).

A lo largo de la campaña electoral, organizaciones de sociedad civil hondureña han documentado presuntas irregularidad en el proceso, como por ejemplo la inscripción de partidos políticos ficticios, la falta de depuración del censo nacional electoral, la ausencia de representación de los partidos políticos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), algunas de estas podrían haberse evitado si el Estado de Honduras hubiese implementado las recomendaciones emitidas por la propia MOE UE de 2013.

Es particularmente llamativo la falta de transparencia, información oportuna, y retraso en la publicación de los resultados por parte del TSE,  lo cual ha generado numerosas reacciones por parte de la ciudadanía.  La MOE-UE,  ha constatado en varias declaraciones públicas, y en particular en su Declaración Preliminar, que el TSE no ha mantenido una comunicación fluida con la ciudadanía a medida que avanza el escrutinio, lo cual supone una ausencia de  transparencia y contraviene los derechos de la ciudadanía.  En este sentido, la MOE- UE y la Misión de Observación Electoral de la OEA, han realizado varios llamados al TSE en varias ocasiones,  poner fuentes Comunicado de prensa C-086, C-087

Adicionalmente, preocupan los incidentes y actos de violencia derivados del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del estado  contra manifestantes, que varias fuentes reportan desde el 29 de noviembre. Los hechos han resultado varios heridos y un muerto (fuente?). Asimismo, este sábado 3 de diciembre se han reportado situaciones de desorden público que han derivado en la declaración de un estado de excepción que limita las libertades personales. En este contexto, los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica se pueden ver fuertemente vulnerados.

Esta situación está generando dudas e incertidumbres en la población hondureña, en un clima de tensión, y con cuestionamientos de la legitimidad de los resultados electorales. Esta situación puede generar una grave crisis política en un país con antecedentes recientes muy preocupantes como fue el golpe de Estado en Honduras en 2009, o la ausencia de voluntad política para adoptar reformas electorales en el país perpetuando así los problemas.

Ante lo ocurrido en los últimos días solicitamos a los Estados miembros y la Unión Europea:

Garantizar la presencia de la MOE UE en Honduras hasta que se tengan garantías del cumplimiento del marco legal electoral nacional y de en las obligaciones internacionales suscritas por Honduras con respecto a la celebración de elecciones democráticas.

Solicitar a la MOE UE emitir un segundo informe preliminar, antes del informe final, para resumir hallazgos y conclusiones preliminares ulteriores en asuntos como el proceso de resultados, los procesos de reclamaciones y recursos o el entorno político post-electoral.

Ante la inconformidad de cualquiera de las partes, solicitar al TSE la atención de denuncias y recursos de forma expedita, imparcial, en un plazo razonable y siguiendo el debido proceso. Si fuera necesario,  un recuento de las actas  que permita despejar las dudas y que cuente con la participación de los partidos políticos, la  Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Honduras, y las organizaciones de sociedad civil.

Abstenerse de reconocer los resultados electorales hasta que se tengan las garantías de cumplimiento del marco legal electoral nacional y de en las obligaciones  internacionales suscritas por Honduras con respecto a la celebración de elecciones democráticas

A la cooperación internacional, apoyar al Estado de Honduras en la implementación de las recomendaciones emitidas por la MOE UE que permitan una  mejorar el marco y administración de elecciones. En particular, las recomendaciones emitidas para reforzar es el Tribunal Supremo Electoral, asegurar su despolitización, la  neutralidad política y competencia técnica.

A las Embajadas de la Unión Europea y  la Delegación de la UE, instar al actual gobierno a promover el  derecho de todas las personas en Honduras a manifestarse libremente y de manera segura, así como solicitar a los organismos nacionales de derechos humanos (CONADEH)  e internacionales para que acompañen las manifestaciones y vigilen que se respeten los derechos de las personas manifestantes. 

Respaldar a los organismos internacionales y regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), OACNUDH y demás órganos de protección internacional, en sus recomendaciones al Estado de Honduras sobre la garantía y respeto de los derechos políticos de su población.

Organizaciones se articulan para exigir acceso a la información pública y la derogación de la Ley de Secretos

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Las organizaciones dedicadas a la defensa de la transparencia y el libre acceso a la información pública se están articulando para crear una ruta de trabajo para exigirle a las diversas instituciones relacionadas con los obstáculos de acceso a la información la remoción de los mismos para garantizar una mayor transparencia.

edy-tabora

Lo anterior lo aseguró Edy Tabora,  quien es director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), quien apuntó además que en esta tarea se están incorporando distintos actores como la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH), el Instituto de Acceso a la Información Púbica (IAIP), la sociedad civil y los periodistas defensores  del derecho a la información.

Una de las tareas inmediatas,  es la conformación de un bloque de trabajo para exigir la creación de nueva normativa que garantice el derecho a la información, como la ley de archivos y la ley de protección de datos personales y la derogación de otras leyes a través del Congreso Nacional o que la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema se pronuncie favorablemente para declarar inconstitucional las otras normas.

Tabora manifestó que,  se está teniendo el apoyo de la embajada de Suecia a través  de la organización DIAKONÍA. Suecia cuenta con una ley de trasparencia desde hace 250 años, esta ley está relacionada con dos parámetros fundamentales: 1.- La información Pública sirve para mejorar la calidad de vida de las personas y 2.- sirve para el combate a la corrupción.

Avances y retrocesos en materia de transparencia

En el país desde 2006 ha habido ciertos avances en el acceso a la información comenzando con la promulgación de la Ley de Acceso a la Información el 30 de diciembre de 2006 y la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales.

También son avances la creación de los lineamientos para la creación de los lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información  del IAIP,  la creación de los portales de transparencia y la puesta en marcha de la herramienta cielo para subir toda esa información.

Estas son herramientas que solo cubren o dan acceso a cierto sector de la población porque el Internet no está garantizado para toda la población.