Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Probablemente un exabrupto emocional traicionó al jefe de gobierno de Honduras, Juan Hernández, al denunciar que organizaciones no estatales, están violentando los derechos humanos en este país centroamericano.
«Quiero hacer público aquí algo que le he pedido a la representante de la Oficina del Alto Comisionado de los Derecho Humanos, María Soledad Pazo; ya es algo reconocido en otros países del mundo, que han vivido tragedias como la hondureña, que no solamente el Estado atenta contra los derechos fundamentales; también existen organizaciones no estatales que vulneran, violentan y atropellan los derechos humanos de las personas”, apuntó el gobernante.
“Y el defensor de los derechos humanos que no vea eso, está sumamente equivocado. Honduras ha sufrido mucho en eso”, subrayó Hernández.
“¿Por qué en otras naciones del mundo se reconoce y aquí no se quiere reconocer la actividad de violencia permanente de maras, pandillas y grupos criminales que antes eran miembros de la Policía Nacional o de las entidades de seguridad del Estado y al salir hicieron su propia banda?: Juan Hernández, jefe de gobierno de Honduras.
Hernández, quien es abogado ha demostrado desconocer el principio universal de los derechos humanos, que establece como el único responsable al Estado, porque es el encargado de brindar seguridad integral a la población, por lo que cualquier agresión que cometa una persona particular se convierte en delito.
El Estado viola los derechos humanos por tolerancia, aquiescencia y en algunos casos, por negligencia.
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En su informe anual presentado el 15 de mayo, la OACNUDH destacó las violaciones a los derechos humanos en el contexto post electoral, la militarización de la seguridad pública, violencia contra la mujer, la situación de creciente participación de niños y niñas en delitos de “alto impacto”, la situación de privados de libertad, la dificultad del acceso a la justicia, especialmente para la población de las zonas rurales, las mujeres, los pueblos indígenas y afro hondureños y describió lo observado en el caso emblemático de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres.
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Sobre los casos antes señalados, la OACNUDH responsabilizó al gobierno de Hernández.