Este terreno de 1.353.42 metros, dividido en dos lotes denominados “El Gato” y “El Guijarro”, comprado por el IPP en la colonia Tepeyac en el año 2011 por 11, 252,000.00 lempiras, fue adquirido días antes por Miguel Aguilar, excuñado del gerente del IPP Omar Calderón, por 8,550,000.00 lempiras.
CRITERIO hace una nueva entrega en el marco de una investigación periodística que ha venido realizando desde el año 2015 sobre el Instituto de Previsión Social del Periodista. Este medio de comunicación, a través de sendas entregas, ha develado varias irregularidades financieras y administrativas en el ente de pensiones, en esta oportunidad le contamos la trama de cómo se compró propiedades sobrevaloradas.
Implicados la Junta Directiva y el gerente en una transacción que golpeó las finanzas del instituto de previsión
Tegucigalpa – El ente de pensiones de los periodistas adquirió un terreno en una selecta zona de Tegucigalpa, sobrevalorado en casi 3 millones de lempiras, en una operación que golpea las finanzas de la institución y en la que se involucraron miembros de la junta directiva y el gerente, Nelson Omar Calderón Milla.
La directiva de Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) compró en el año 2011 en la Colonia Tepeyac dos lotes de terreno denominados “El Gato” y “El Guijarro” de 1,353.42 metros cuadrados, a un precio de 11, 252,000.00 lempiras (591,370.16 dólares en 2011), a Miguel Aguilar Ramos, un ex cuñado y amigo cercano de Calderón Milla, que los había adquirido unos días antes por 8,550,000.00 lempiras (449,361. 43 dólares).
Esta escritura hace constar la transacción mediante la cual Miguel Aguilar Ramos compró la propiedad por 8.550.00.00 y que luego vendió al IPP por 11, 252,000.00 lempiras.Esta escritura hace constar la venta que Miguel Aguilar Ramos hizo al IPP de los lotes de terreno denominados «El Gato» y «El Guijarro» por 11, 252,000.00 lempiras, luego de haber pagado por estos 8.550.00.00 lempiras.
El análisis de esa transacción al precio del dólar en 2011, refleja que Aguilar Ramos compró la propiedad al precio de 332 dólares por metro cuadrado, y días después se la vendió al IPP por 436.95 dólares el metro cuadrado. Es un precio tan sobrevalorado, que ocho años después, 2019, hay en el mercado inmobiliario ofertas de terrenos con un valor inferior.
Pero Aguilar Ramos, que logró en esa compra-venta en abril de 2011 una utilidad de 2,720,000.00 lempiras (142,954.74 dólares), también obtuvo préstamos del IPP por al menos 3,356,000.00 lempiras, utilizando como garantía propiedades adquiridas originalmente por Calderón Milla, ubicadas en la carretera de Tegucigalpa a Santa Lucía y que le fueron transferidas a precios simbólicos.
Los préstamos fueron otorgados en julio y octubre del 2009, tal consta en los documentos de escrituración a que ha tenido acceso CRITERIO.
Además, Aguilar Ramos, con un historial de negocios con su excuñado Omar Calderón Milla, encontró en el instituto de prevision de los periodistas un nicho de mercado para vender viviendas financiadas por el ente de pensiones, entre ellas, una edificada en un terreno que fue propiedad de Calderón Milla.
Los directivos del IPP, en la compra de las tierras a Aguilar Ramos, incumplieron normas de inversión adoptadas por el mismo ente de pensiones, al haber adquirido un activo improductivo, ya que para esa compra tuvieron que retirar fondos de depósitos a plazo que generaban ingresos para fortalecer las reservas del ente y financiar las pensiones de los afiliados.
Calderón Milla, uno de los gerentes mejor pagados en los entes de previsión en Honduras, considerado el “cerebro” de las operaciones financieras y administrativas durante 32 años, es un protegido de la llamada “vieja y nueva guardia” del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), más conocida como la “argolla” del Movimiento Álvaro Contreras.
Aguilar Ramos es un periodista que ha tenido en el pasado un programa de televisión en un canal de Tegucigalpa, pero su actividad más productiva al parecer han sido los negocios favorecidos por su excuñado Calderón Millas en el IPP, al recibir préstamos del ente de pensiones, y dedicarse a la construcción y venta de viviendas.
La adquisición de ese bien inmueble causó al IPP, en el mismo año de la inversión, una pérdida de 1,264,200.48 lempiras, en concepto de intereses por depósitos a plazo, porque de 3,263,054.23 lempiras que se obtuvieron en el 2010, los dividendos bajaron a 1,998,853.75 lempiras en 2011.
Las pérdidas para el IPP por la compra de este activo improductivo, se calculan hasta el año 2015 en al menos 5 millones de lempiras, cifra que sigue aumentando hasta la fecha actual, en razón de los intereses por depósitos a plazo que se dejan de recibir.
Esta operación fue autorizada por la junta directiva del IPP, que entonces era presidida por el periodista Juan Ramón Mairena, e integraban además sus colegas Francisco Javier Sánchez Izaguirre, Eduin Natividad Romero García, José René Madrid Cruz, Adán Elvir Flores y los fallecidos Marco Antonio Mejía y Jorge Talavera Sosa, según publicaciones del CPH.
Esta transacción pone de relieve el desmesurado interés que tenía la junta directiva del IPP en adquirir esta propiedad, pues se obviaron las normas de inversión que desaconsejaban tal adquisición por el impacto financiero negativo, el alto costo de la compra que representó el 57 por ciento del presupuesto ejecutado por la institución en 2011 y la premura con la que se procedió a la compra.
Normas publicadas en memorias anuales del IPP, dicen que los fondos deben invertirse “procurando el equilibrio óptimo entre seguridad, rentabilidad y liquidez”, pero no siguieron esta regla en esta compra de bienes inmuebles, transacción en la que la institución ha destinado más capital desde que empezó a operar en 1987.
Además, en el Reglamento para la Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones aprobado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), se considera inversiones las “realizadas por el Instituto que reditúen en beneficio sobre el patrimonio del Fondo, ya sea a través de una renta fija variable o una combinación de ambas, y adicionalmente con las características de seguridad, rentabilidad y liquidez”.
El Instituto de previsión de los periodistas nunca ha sido auditado por la CNBS, debido a que los directivos se escudan en un inconstitucional decreto aprobado en el año 2000, y que recientemente les amplió el Congreso Nacional con la venia de diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal. “(…) no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas”, dice el fuero que les otorgaron.
CRITERIO, que investiga desde mediados del 2015 lo que ocurre en el ente de pensiones de los periodistas, publicando situaciones como el despilfarro de fondos, el arbitrario otorgamiento de míseras pensiones y la existencia de contratos con un fondo de pensiones en el que los afiliados se jubilarán únicamente con sus aportes personales, descubrió esta millonaria operación que golpea las finanzas del IPP y, por ende, de sus afiliados.
En la compra-venta de los terrenos se evidenció la urgencia por cerrar la operación porque, mediante los oficios del notario Milton Rubén Sandoval Peralta, la realizaron el 8 de abril del 2011, compareciendo el presidente de la junta directiva del IPP, Juan Ramón Mairena Aguilar como comprador, junto a Aguilar Ramos como el vendedor, pero en esa fecha este último todavía no tenía registrada la propiedad a su nombre. Fue hasta el 15 de abril, que el Instituto de la Propiedad se la registró como propia, según consta en la escritura.
Aguilar Ramos había comprado la propiedad tres semanas antes al señor Armando Chinchilla. Eran dos lotes de terreno de 676.71 metros cuadrados cada uno, y en total pagó 8,550,000.00 lempiras, en una operación escriturada también por el notario Sandoval Peralta. Es esta la que vendió unos días después al IPP por 11,252,000.00 lempiras.
Asombra que Miguel Aguilar compró la propiedad el 16 de marzo de 2011, y un día después la Junta Directiva del IPP celebró una sesión para autorizar comprársela. Según hace constar el notario Milton Rubén Sandoval Peralta, tuvo a la vista el “punto 4 del Acta 246 de la sesión celebrada por la Junta Directiva el 17 de marzo del año 2011, donde se autoriza la compra del bien inmueble.
Fue la primera vez, desde 1987 que empezó a operar el IPP, en que compareció en adquisiciones en Tegucigalpa como comprador un presidente de la junta directiva del ente de pensiones, en este caso Mairena Aguilar, según las escrituras a las que accedió CRITERIO En anteriores compras de terrenos, quien firmó como representante fue Calderón Milla.
“En estas operaciones de instituciones públicas o privadas el gerente o director tienen que conocer los documentos de tracto sucesivo, los miembros de junta directiva para autorizar la compra-venta deben conocer todos los detalles”, dijo a CRITERIO un abogado y notario que ha asesorado institutos de previsión y empresas estatales.
“Los directivos deben conocer los detalles de estas operaciones, pues si hay una irregularidad no pueden evadir su responsabilidad, simplemente diciendo que no sabían o no conocían los detalles”, agregó el profesional del derecho, que pidió el anonimato.
EL CUÑADO Y EL GERENTE
Aguilar Ramos, no sólo vendió el terreno sobrevalorado de la colonia Tepeyac al IPP, también hizo varias transacciones en el ente de pensiones, entre ellas obtener créditos por 3,356,000.00 lempiras en el año 2009, colocando como garantía terrenos que fueron originalmente propiedad de Calderón Milla.
También vendió una residencia a un periodista afiliado al IPP, construida en un terreno que fue propiedad del gerente de la institución.
Calderón Milla compró por 100.000 lempiras un terreno de 374 metros cuadrados, en junio del año 2005, en el kilómetro 7 de la carretera de Tegucigalpa a Santa Lucía, en la llamada Residencial Siboney, al señor Gerardo Francisco Massu Avalos, en una operación escriturada por el notario Milton Rubén Sandoval Peralta.
El gerente del IPP, en octubre de 2007, realizó una venta a su ex suegra y madre de Aguilar Ramos, Lidia María Ramos Mármol por 50.000 lempiras de un predio en Residencial Siboney de 108.28 metros cuadrados, según la escritura pública autorizada también por Sandoval Peralta.
El 5 de febrero del 2009 el Notario Sandoval Peralta, escritura la “donación en forma pura perfecta e irrevocable” por parte de Ramos Mármol a su hijo Miguel, de la propiedad que Calderón Milla le había vendido.
Cinco meses después, el 23 de julio del 2009, Ramos Aguilar comparece ante el notario Sandoval Peralta junto a su ex cuñado y gerente del IPP, obteniendo un préstamo de “mediano plazo” de 1,456,000.00 lempiras, colocando como garantía el terreno que le donó su madre, y que antes era propiedad de Calderón Milla, más unas mejoras descritas como una vivienda de dos pisos construida en el predio.
En la escritura el notario consigna que Aguilar Ramos “declara que con fecha 17 de julio del año 2009” la junta directiva del IPP “acordó otorgarle” el crédito de mediano plazo de 1,456,000.00 lempiras otorgándole un plazo de pago de 20 años.
Aguilar Ramos, tres meses después, el 29 de octubre del 2009, paga este préstamo y Calderón Milla lo autoriza a solicitar ante el Instituto de la Propiedad la cancelación de la garantía del crédito, según el Acta de Cancelación de Gravamen emitida por el notario Sandoval Peralta. Y en esa misma fecha el IPP le otorga otro préstamo hipotecario.
En Residencial Siboney el gerente del IPP, Omar Calderón Milla, adquirió en el año 2005 un lote de terrero de 374 metros cuadrados. En un predio de esta propiedad su ex cuñado, Miguel Aguilar Ramos, vendió posteriormente una vivienda a un afiliado al ente de pensiones.
OCTUBRE FELIZ
Calderón Milla, en una nueva operación de compra-venta, el 13 de octubre de 2009 le traspasa a Aguilar Ramos por un pago de 50.000 lempiras un terreno de 265.28 metros cuadrados, que era el remanente de la compra de la propiedad que adquirió en junio de 2005 en Residencial Siboney, según la escritura elaborada por el notario Sandoval Peralta.
Esta escritura constata la venta que hace el gerente del IPP a su excuñado Miguel Aguilar Ramos de un lote de terreno de 265.28 metros cuadrados en Residencial Siboney.
Pero apenas 16 días después, el 29 de octubre de 2009, Aguilar Ramos hipotecó en el IPP este otro terreno incorporando como mejoras una residencia de dos pisos, obteniendo un préstamo de 1,900,000 lempiras en una operación en la que comparece junto a su ex cuñado, Calderón Milla ante el notario Sandoval Peralta que escritura la transacción.
En la escritura el notario consigna que Aguilar Ramos declara que un préstamo de 300.000 lempiras en calidad de hipotecario le fue aprobado en sesión de junta directiva del IPP el 23 de abril de 2009 y el de 1,600.000 lempiras de mediano plazo el 17 de julio del mismo año.
Aguilar Ramos, según un Acta de Liberación de fecha 1 de agosto de 2012 elaborada por la notaria Ángela Margarita Moreno Mejía, ante la que compareció el gerente Calderón Milla, dio por cancelado totalmente el préstamo de 1,900.000 lempiras otorgado a su ex cuñado en octubre de 2009. En el año 2009, el presidente del IPP era el periodista José Elán Reyes Pineda.
El cuñado del gerente encontró en el IPP un buen respaldo financiero y, además, entre los periodistas afiliados un mercado de potenciales compradores de viviendas con la ventaja de tener un financiamiento seguro, que es el principal problema de los constructores.
CRITERIO encontró dos casos en los años 2009 y 2012 en que Aguilar Ramos vendió viviendas a periodistas afiliados al IPP, una de ellas construida en un terreno que originalmente era propiedad de Calderón Milla.
Una de ellas es una vivienda construida en una área de 108.28 metros cuadrados, ubicada en Residencial Siboney que Calderón vendió en 2007 por 50.000 lempiras a su ex suegra, y madre de Aguilar Ramos, que se la traspasó a su hijo en calidad de donación.
Aguilar Ramos utilizó esa propiedad, incorporando como mejoras una residencia como garantía para obtener en julio del 2009 un préstamo del IPP de 1,456.000 lempiras. Calderón Milla compareció el 29 de octubre ante el notario Sandoval Peralta para otorgar a su ex cuñado la cancelación de gravamen y un día después el notario escrituró la compra venta financiada por el ente de pensiones a un periodista afiliado.
El préstamo otorgado al afiliado por el IPP para adquirir la vivienda el 30 de octubre fue de 1,981.000 lempiras, según la escritura elaborada por el notario Sandoval Peralta.
El excuñado del gerente Calderón Milla, también vendió en noviembre de 2012 una vivienda en la selecta colonia San Ignacio con un crédito a un afiliado de 2 millones de lempiras, según consta en la escritura.
“HEMOS ACTUADO CON TRANSPARENCIA”
Los periodistas directivos del ente de pensiones, aunque aseguran han operado con “manos limpias” y “transparencia” las finanzas de la institución, rechazan firmemente entregar información solicitada por afiliados y menos someterse a la auditoría de la CNBS.
“A esa persona le he dicho que hemos actuado con transparencia. Le digo en la cara”, dijo el ex presidente de la directiva del ente de pensiones, Juan Ramón Mairena Aguilar, dirigiéndose en una asamblea del CPH en enero de este año, al periodista Gustavo Palencia, que desde mayo de 2015 solicita con poco éxito información de las operaciones administrativas y financieras del IPP.
Por su lado, Rodríguez Coello, quien es jefe de redacción del diario La Prensa, ha gastado en los últimos años más de medio millón de lempiras del IPP en pagar asesorías y consultorías de bufetes y el pago de abogados para presentar más de ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para evitar entregar información del ente solicitada por afiliados y eludir someterse a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El comunicador, que es presidente del CPH y de la directiva del IPP desde enero de 2017, incluso fue sancionado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) con una multa de casi 27.000 lempiras por no cumplir con la publicación de información financiera y administrativa del ente en el Portal Único de Transparencia de la institución oficial.
Eduin Natividad Romero García, ex presidente del CPH y actual miembro de la directiva del IPP, e integrante de la junta de dirigentes del ente que autorizó en 2011 la compra del terreno al excuñado del gerente Calderón Milla propuso, el 28 de septiembre en una asamblea del Colegio de Periodistas, la expulsión de Palencia y de las comunicadoras jubiladas Delia Mejía y Vilma Rosales.
Romero García, actual presidente del Tribunal de Honor del CPH, exhortó a la asamblea y a los dirigentes a expulsar a Palencia por solicitar información del ente de pensiones y a Mejía y Rosales por presentar una demanda ante los tribunales por el cálculo arbitrario del monto de su pensión.
“Yo no necesito escudo de impunidad, ni mis compañeros — directivos del IPP — necesitan ningún escudo de impunidad, ¿por qué?, porque no vamos a robar nada, no hemos robado nada”, aseguró, aludiendo al decreto 59-2000 en el que se refugian los directivos del ente de pensiones para no ser auditados por la CNBS.
Sin embargo, Romero García no explicó porqué rechazan que la CNBS ejerza su tarea de supervisión y control en el IPP, como lo practica en otras instituciones de previsión públicas y privadas.
Tegucigalpa.- Los directivos del ente de pensiones de los periodistas, sostienen en el cargo de gerente de la institución a Omar Calderón, pese al despilfarro de fondos dirigidos en su mayoría a gastos administrativos de los que el alto ejecutivo es el más beneficiado, mientras los comunicadores se jubilan con míseras pensiones.
Calderón está vinculado íntimamente a la oscura historia del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), desde 1987, cuando inició operaciones, hasta la fecha, período en el que los directivos se han empeñado en otorgar beneficios y privilegios a ejecutivos y empleados del ente, en detrimento de los afiliados.
Los directivos del IPP, también del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), obsequiosamente han aprobado el pago de al menos 17 salarios por año otorgando bonos, y financiando una costosa e ilegal afiliación del personal del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) aunque los empleados no son servidores públicos.
Los periodistas directivos del IPP, no han respetado las más elementales normas de control del gasto aconsejadas por la Comisión de Bancos y Seguros (CNBS), que si las cumplen los otros entes de pensiones en Honduras, y han derrochado millonarias cantidades en salarios, beneficios y privilegios a la empleomanía que encabeza Calderón.
Sólo entre el año 2007 y 2017, el IPP destinó 51.7 millones de lempiras a gastos administrativos y beneficios laborales a empleados y ejecutivos, lo que representó un sobregiro en ese período de 44.3 millones, pues debieron destinar a ese rubro únicamente 7.3 millones de lempiras, según normas aconsejadas por la CNBS.
El abultado gasto excedió en más del 600 por ciento, la cantidad aconsejada por la CNBS para asegurar una administración sana y eficiente. La normativa establecida en el año 2009, advierte que los gastos administrativos deben limitarse a un 10 por ciento del total de las aportaciones patronales y cotizaciones de los afiliados.
El IPP captó entre el año 2007 y el 2017, 73 millones de lempiras en concepto de aportaciones patronales y cotizaciones de los periodistas afiliados. El abultado gasto administrativo es una constante en el IPP, desde que inició sus operaciones, en detrimento de los periodistas que se han jubilado con pensiones, en su mayoría, entre 2,000 y un poco más de 4.000 lempiras.
Calderón, que devenga un salario que ronda los 90.000 lempiras, le ofreció al veterano periodista Mario Valladares Fonseca, una pensión de 1.000 lempiras, cuando al cumplir 60 años éste se presentó a solicitar su jubilación tras más de 20 años de cotizar al sistema. A Valladares Fonseca, le correspondía una pensión superior a 6.400 lempiras, de acuerdo a la ley vigente.
En el año 2017, la institución pagó a unos 12 empleados 3,576,977.31 lempiras en salarios, vacaciones, aguinaldo y décimo cuarto mes, de los que más de 1.3 millones de lempiras le correspondieron a Calderón, o sea casi un 40 por ciento del total.
El IPP entre 1987 y 2017, destinó a gastos administrativos 82.8 millones de lempiras, lo que representa más del 24 por ciento de los 343.6 millones de lempiras que captó el instituto como ingresos corrientes, según informes publicados por el ente.
La desviación de los fondos del IPP para favorecer a la empleomanía, encabezada por Calderón, continúa vigorosa pese a que el presidente de la junta directiva del IPP y del CPH, reelecto en enero para un segundo periodo de dos años, Dagoberto Rodríguez Coello, aseguró que prefería renunciar si descubría que se despilfarraban los fondos del ente de pensiones.
Ese millonario gasto administrativo, se torna escandaloso, pues el IPP tiene únicamente unos 33 jubilados y unos 150 afiliados activos y Rodríguez Coello, asegura que “nosotros no manejamos dinero, el dinero está depositado en el banco”.
“Yo no voy a permitir (…) antes que se cometa un acto de corrupción, un despilfarro, una situación anómala en el Instituto de Previsión Social, prefiero renunciar de eso y pedir que sean los entes correspondientes que intervengan”, dijo también Rodríguez Coello en un foro en la emisora Radio América el 26 de mayo de 2017.
Pero, evidentemente, Rodríguez Coello, también jefe de redacción del diario La Prensa en Tegucigalpa, ni ha renunciado y tampoco ha ido a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o al Ministerio Público para que se investigue el despilfarro de fondos en el instituto de pensiones de los periodistas.
Ni tampoco que auditen una ilegal resolución de la junta directiva, que modifica la fórmula de cálculo de la pensión, contraria a lo que dice la ley de creación del IPP, y que cercena sustancialmente las pensiones de los periodistas que se acogen a la jubilación, además de la promoción por parte de los directivos de un contrato de adhesión de los afiliados a un fondo privado de pensiones para que se jubilen únicamente con el producto de sus cotizaciones personales.
Rodríguez Coello, que ocupa el cargo de presidente de la junta directiva desde enero de 2017, asegura que los fondos en el IPP se manejan con “transparencia» y “manos limpias”, pero se opone tenazmente a entregar información de las operaciones financieras y administrativas, y someter a la institución a una auditoría por parte de la CNBS.
El ente de pensiones de los periodistas, es el único instituto de Previsión que nunca ha sido auditado por la CNBS, y los directivos se escudan para evitarlo en una inconstitucional interpretación de la ley del ente, aprobada en el Congreso Nacional, que excluye al IPP de la supervisión, control y vigilancia por parte de organismos contralores especializados.
Rodríguez Coello, también empleado del conglomerado de medios Grupo Organización Publicitaria S.A. (OPSA), se ha esmerado en ocultar la información administrativa y financiera presentando ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia tratando de que el Poder Judicial excluya al IPP como sujeto obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El IPP es sujeto de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debido a que su decreto de creación establece como una de las fuentes de recursos del ente, una transferencia estatal anual y, hasta el año 2013, captó 53.2 millones de lempiras por este concepto.
El presidente de la junta directiva del IPP, por su reiterada práctica de ocultar información violando la ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, incluso fue sancionado por el IAIP con una multa de 26.723.13 lempiras. En cinco ocasiones el ente fue calificado con cero por ciento por no cumplir con la publicación de su información financiera y administrativa en el Portal Único de Transparencia.
A su colega y ex presidente de la junta directiva del CPH y el IPP, Eduin Natividad Romero García, el IAIP le impuso también una multa de 8.000 lempiras por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al negarse a entregar información administrativa y financiera solicitada por el periodista, Gustavo Palencia.
HISTORIA DE CALDERÓN
Calderón, de 71 años, que defraudó a los periodistas en su aspiración de recibir una pensión digna en el IPP al coronar sus sueños de poder y prosperidad, con un muy buen salario que ronda casi 90.000 lempiras actualmente como gerente, recibe además y de manera simultánea una buena pensión en el INJUPEMP.
Omar Calderón, gerente del IPP.
El gerente, considerado el “cerebro” de las operaciones, respaldado por todos los periodistas directivos que han pasado en el IPP, y otros que se han envejecido en la dirigencia, llegó al ente de pensiones de los comunicadores en mayo de 1987, procedente de la secretaría de Trabajo donde desempeñaba el cargo de Director General de Salarios, gozando de una licencia sin goce de salario hasta octubre del mismo año.
Calderón, tras su estadía experimental de seis meses en la gerencia del IPP, regresó a la secretaría de Trabajo sólo a renunciar para continuar administrando el ente de pensiones de los periodistas, donde alcanzó una vida próspera, pero a costa de las miserables pensiones que reciben los jubilados.
El eterno gerente del IPP, un hombre adusto, alto, grueso, de ojos pequeños y de mirar astuto, no llegó sólo al ente de pensiones, pues con él llevó al menos a otros dos empleados de la secretaría de Trabajo, que también ya están jubilados por el INJUPEMP, pero siguen laborando en la institución.
Calderón se preocupó por jubilarse con una buena pensión en el INJUPEMP y también con el apoyo de los directivos obtener privilegios y buenos ingresos en su estadía en el IPP, golpeando fuertemente las finanzas del ente de los periodistas y la posibilidad de que obtuvieran una pensión digna.
El imprescindible gerente, al igual que los restantes empleados del IPP, estaban afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), como correspondía legalmente, pero él quería retirarse con una jugosa pensión, y gestionó la afiliación al INJUPEMP, aunque el ente de los periodistas no era ni es una institución gubernamental.
La petición de incorporación hecha por Calderón al INJUPEMP, es aprobada por la junta directiva del ente estatal el 25 de marzo de 1991, pero es hasta el 25 de enero de 1994, que se firma el convenio entre él y el director ejecutivo del ente de pensiones de los empleados públicos, César Augusto Rivera Medina.
El convenio se suscribió tres días antes de que el presidente Rafael Leonardo Callejas dejó el poder, en medio de cuestionamientos por la corrupción en su administración y sus relaciones comprometidas con grupos del periodismo.
La incorporación del IPP como patrono y sus empleados como afiliados al INJUPEMP, se amparó en el artículo 4 de la ley de ente de pensiones de los empleados públicos, vigente en ese entonces, que dice: “Los telegrafistas, los empleados del Poder Legislativo, Poder Judicial, entidades autónomas y semi-autónomas podrán afiliarse al Sistema bajo las mismas regulaciones que los empleados del Poder Ejecutivo”.
Evidentemente, los empleados del IPP no eran telegrafistas, empleados del poder Legislativo o Judicial, tampoco de una entidad autónoma o semi-autónoma, pero Calderón apoyado por los directivos del ente de pensiones de los periodistas había logrado obtener una mejor jubilación y no la mísera pensión del IHSS.
Este ilegal convenio de incorporación, ya que el personal del IPP no está en la categoría de empleados públicos, golpeó fuertemente las finanzas del ente de pensiones de los periodistas, pues con la adhesión pagó de 209,803.83 lempiras para cubrir de manera retroactiva a 1987, los costos actuariales.
La cantidad pagada ese año, representa a valor presente 712,799.05 lempiras, según la estimación de un actuario. El IPP pagaba en el IHSS como patrono sobre salarios mínimos un 5 por ciento mensual, pero al afiliarse al INJUPEMP, la presión del gasto se incrementó fuertemente.
En el INJUPEMP, el patrono pagaba un 11 por ciento sobre el salario nominal, de manera que si una persona devengaba 20.000 lempiras mensuales, el IPP pagaba 26.400 lempiras anuales, y si el salario era de 10.000 se pagaba 13.200 lempiras por año y si es de 50.000 lempiras, 66.000 lempiras anuales.
Mientras, esta presión sobre los gastos administrativos se mantiene y se incrementa debido a que a partir de 2015, el IPP paga un 12.5 sobre 14 salarios nominales. Esta demanda de gastos contrasta con el sistemático recorte o supresión de beneficios a los periodistas afiliados.
Para el caso, la junta directiva aprobó una ilegal norma en la que la pensión por invalidez se convierte en el pago de un seguro de hasta 500.000 lempiras, violentando la ley del IPP, que establece que este beneficio lo constituye un pago mensual de por vida.
Los directivos del IPP también aprobaron en 1997, el pago retroactivo y adelantado de las prestaciones laborales a sus ejecutivos y empleados, un beneficio que conspira contra las finanzas del ente, al estar teniendo que estar desembolsando anualmente esos recursos, que debieron ser colocados en inversiones.
Esta es una práctica que no aplica ninguno de los otros entes de pensiones del país, que pagan estos beneficios cuando despide a sus empleados o cuando se retiran.
Los directivos otorgaron beneficios a ejecutivos y empleados al margen de la ley
Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Los ejecutivos y empleados del ente de pensiones de los periodistas tienen garantizado gozar de una muy buena jubilación, como parte del millonario gasto administrativo que descapitaliza la institución, mientras los comunicadores que deberían ser los beneficiarios de los fondos se retiran con una mísera pensión.
Los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), como si la prioridad del ente no fuesen los afiliados, desbordaron el gasto administrativo para el otorgamiento de salarios, beneficios y privilegios a los empleados, de los que el más favorecido es el gerente Omar Calderón Milla.
El ente, desde que inició operaciones en 1987 y hasta 2017, destinó a gastos administrativos 82.8 millones de lempiras, más de un 90 por ciento dirigido a salarios y beneficios a ejecutivos y los empleados, lo que representa un 24 por ciento de los 343.6 millones que captó el ente como ingresos corrientes, según informes que ha publicado el IPP.
La directiva del IPP la integran el presidente, el Fiscal y el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), otros tres periodistas y un representante de los propietarios de medios. Los directivos se han negado a que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), audite las operaciones del ente.
El presidente del IPP y CPH, Dagoberto Rodríguez, segundo en la imagen, junto a Juan Ramón Mairena, Eduin Natividad Romero, Adán Elvir Flores, Elán Reyes Pineda y Luis Edgardo Vallejo, todos ellos expresidentes del IPP-CPH, durante la inauguración de la «Galería de Presidentes del CPH», a finales de diciembre del año pasado.
El despilfarro de los fondos del IPP, contrasta con las míseras pensiones que reciben los periodistas, que en su mayoría oscilan entre 2.000 y poco más de 4.000 lempiras, que les obligaría a vivir en la indigencia, si no fuera por el apoyo de hijos y parientes o la generación de ingresos por otras fuentes.
Omar Calderón, con el respaldo de los directivos del IPP, gestionó la afiliación de ejecutivos y empleados del ente al Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), aunque ya estaban afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), como correspondía legalmente, pues no tenían la condición de servidores públicos.
Pero Calderón no quería recibir una pobre pensión del Seguro Social, y mucho menos la mísera cantidad de 1.000 lempiras que él le ofreció al periodista Mario Valladares, cuando al cumplir 60 años y haber aportado por más de 20 años al IPP acudió a las oficinas del ente a acogerse a la jubilación.
En el IPP, la argolla de periodistas que han dirigido el Instituto, hicieron realidad los sueños de Calderón: jugosos ingresos, poder, estabilidad, discrecionalidad en la administración y una buena pensión en su jubilación, pero se olvidaron de que el ente fue creado para beneficiar a los periodistas afiliados.
Calderón, todavía gerente del IPP con un salario arriba de los 81.000 lempiras, ya es jubilado del Injupemp y goza de una buena pensión, con la que suma un ingreso superior a los 100.000 lempiras mensuales, mientras los periodistas jubilados sufren por sus pobres pensiones.
Los directivos del IPP, además de aprobar la afiliación al Injupemp –que representó un fuerte desvío de fondos para financiar los pagos como patrono desde 1987– aprobaron también el pago de seguros de vida y el otorgamiento de préstamos a los empleados, decisiones que acarrean responsabilidad legal, dijo un ex juez de sentencia y abogado penalista, que pidió mantener en reserva su nombre.
Los directivos, al aprobar los pagos al Injupemp por acción o por omisión, al igual que el otorgar los seguros de vida y los préstamos, violaron el articulo 70 de la ley del IPP, que establece lo siguiente: “Los fondos del Instituto de Previsión Social del Periodista se utilizarán en provecho exclusivo de los afiliados y serán depositados en la Banca Nacional”.
En el año 2017, la institución pagó a unos 12 empleados 3,576,977.31 lempiras en salarios, vacaciones, aguinaldo, décimo cuarto mes y bonificaciones, de los que casi 1.4 millones de lempiras, o sea el 38 por ciento fueron a parar a los bolsillos de Omar Calderón.
Los ejecutivos y empleados han recibido el equivalente a 16 salarios y hasta 17 salarios, incluyendo bonificaciones y el pago de prestaciones adelantadas cada año, según datos que se coligen de los documentos examinados.
El IPP es un instituto de previsión pequeño, que tiene actualmente unos 150 afiliados activos y unos 33 jubilados. Sus directivos han administrado hasta 2017 unos 343.5 millones de lempiras, y registró a finales de ese año, 162.3 millones de lempiras en activos, según documentos del ente.
Los directivos del IPP, solo entre los años 2010 y 2015, se gastaron 26.2 millones de lempiras en salarios, beneficios y privilegios para 12 ejecutivos y empleados, mientras pagaron apenas 16.6 millones de lempiras en pensiones a unos 44 periodistas jubilados.
GASTO DESBORDADO
El desbordado gasto administrativo en el IPP, desde que inició operaciones hasta 2017, consumió 82.8 millones de lempiras, más de un 90 por ciento destinados a salarios y beneficios a ejecutivos y los empleados, lo que representa 24 por ciento de los recursos totales operados por el ente, mientras los beneficios de los jubilados alcanzaron 87.7 millones de lempiras, apenas un 3.2 por ciento más, según documentos del ente a los que accedió Criterio.hn.
En la administración del ente de pensiones de los periodistas, no se han respetado las más mínimas normas para una gestión sana y eficiente, recomendadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que si son acatadas por los otros entes de previsión social.
La CNBS en los años 2009 y el 2015, estableció a los institutos de previsión social como techo para los gastos administrativos, un 8 y un 10 por ciento del monto de las aportaciones patronales y cotizaciones de los afiliados, respectivamente, para asegurar una operación eficiente y óptima de los recursos.
Si el IPP hubiese seguido las normas para una gestión sana de los recursos, debió destinar a los gastos administrativos entre 2008 y 2017, unos 5.7 millones de lempiras, pero los directivos aprobaron un gasto de 48.1 millones de lempiras, lo que representó en ese período un sobre costo de 42 millones de lempiras.
Extendiendo estas normas de sana administración de la CNBS, a toda la operación del IPP desde 1987 a 2017, lo que se tenía que haber destinado a gastos administrativos son 10.4 millones de lempiras, pero los directivos aprobaron 82,7 millones de lempiras generando un sobre costo de 72.4 millones de lempiras, en detrimento de la fortaleza financiera del ente.
El desmedido gasto administrativo continúa en el IPP, mientras los directivos se oponen tenazmente a entregar información a periodistas que la solicitan sobre las operaciones financieras y administrativas del ente, y se resisten a someterse a la auditoría de la CNBS.
El IPP es el único ente de pensiones que nunca ha sido supervisado desde que empezó a operar.
No se sometió al órgano especializado en su momento, la Superintendencia de Bancos, que era una dependencia del Banco Central de Honduras, y desde 1995 tampoco ha sido fiscalizado por la CNBS. Sus esfuerzos se orientaron a lograr un blindaje contra la fiscalización y las auditorías de los órganos especializados.
Los directivos del IPP, desde el año 2014 desistieron de requerir transferencias del Estado establecidas en su ley de creación, lo que causó pérdidas al ente hasta 2018 de casi 5 millones de lempiras, tratando de evitar someterse a la auditoría de la CNBS y entregar información en aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Se escudan además, para tratar de evitar transparentar las operaciones y someterse a la auditoría de la CNBS, en una inaplicable interpretación legislativa de la ley del ente, similar a la que se aprobaron los diputados del Congreso Nacional para evitar ser investigados y enjuiciados por el Ministerio Público en casos de presunta corrupción.
Calderón encontró en los periodistas directivos del IPP un terreno fértil para cumplir sus aspiraciones. Es así que, el 25 de enero de 1994, después de ocupar el cargo de gerente del IPP por ocho años, firmó con el director ejecutivo del Injupemp, en ese entonces, César Augusto Rivera, un convenio mediante el cual se afilió a los ejecutivos y empleados del ente de pensiones de los periodistas, aunque no eran empleados públicos.
El gerente Omar Calderón hizo realidad su sueño de tener una buena pensión, que no obtendría en el IHSS, al que estaban afiliados él y los restantes empleados del IPP.
En el llamado convenio interinstitucional que fue suscrito, Rivera afirma en la cláusula primera, que recibió formal solicitud del IPP para afiliar a sus empleados “todo de conformidad a lo que dispone el Artículo Cuatro (4)” de la ley Constitutiva del Injupemp.
Pero el artículo 4 de la ley Constitutiva, establecía que: “Los telegrafistas, los empleados del Poder Legislativo, Poder Judicial, entidades autónomas y semi-autónomas, podrán afiliarse al Sistema bajo las mismas regulaciones que los empleados del Poder Ejecutivo”.
Evidentemente, el IPP no podía afiliar a Calderón y los restantes empleados, pues no es una institución de gobierno para adherir Injupemp, y su ilegal incorporación solo fue posible por el ejercicio de influencias o relaciones en el gobierno, entonces encabezado por el ex presidente Rafael Callejas.
Pese a la ilegal incorporación, Calderón de 71 años, goza desde hace unos años de una buena pensión en el Injupemp, y también recibe todavía su salario de más de 81.000 lempiras en el IPP, porque los directivos periodistas lo consideran tan insustituible que lo mantienen en el cargo, malgastando los recursos del Instituto, no obstante que el actual presidente, Dagoberto Rodríguez Coello, ha dicho, públicamente, que el Instituto ya no maneja los fondos porque están depositados en una AFP de un banco.
La incorporación al Injupemp, que representó un privilegio, pues los empleados ya eran afiliados al IHSS, golpeó fuertemente las finanzas del IPP. El ente de pensiones de los periodistas, de acuerdo al convenio, pagó 209,803.83 lempiras para cubrir de manera retroactiva las aportaciones patronales entre el 1 de mayo de 1987 y el 31 de diciembre de 1993.
La cantidad de 209,803.83 lempiras pagados al Injupemp representan a valor presente 712,799.05 lempiras.
La carga de este pago constituye evidentemente, una carga pesada pues mientras en el IHSS se paga en base a salarios mínimos un 7 por ciento, en el Injupemp se pagaba un 11 por ciento sobre el sueldo total de los afiliados, lo que representa que si una persona devengaba 20.000 lempiras mensuales, el IPP pagaba 26.400 lempiras anuales.
Si devengaba 10.000, el aporte anual eran 13,200 lempiras y si el salario era de 50.000, pagaba 66.000 lempiras anuales al Injupemp. El gasto es mayor, pues el IPP mantuvo simultáneamente el pago de la contribución patronal al IHSS, tal como lo establece la ley del organismo de previsión.
El Injupemp en la última reforma a su ley, modificó a partir del 2015 la aportación patronal que se sitúa en un 12.5 por ciento sobre 14 salarios anualmente, lo que pesará en las finanzas del IPP.
La presión sobre los gastos administrativos fue marcada a partir de 1994 y es creciente y acentuada de 1997 en adelante, cuando los directivos del IPP aprueban el pago retroactivo y adelantado de las prestaciones laborales, una práctica que no realiza ningún ente de pensiones, debido a que reduce la disposición de fondos para inversiones. Los otros entes de pensiones pagan prestaciones cuando los empleados son despedidos.
A partir de 1997 los gastos administrativos se disparan de 1,087,957.98 lempiras en 1996, a 1,871,195.31 lempiras, y continúa un ritmo más o menos constante hasta el año 2017, en que se situaron en 4,792,478.
LE ECHAN «EL MUERTO» A UN FALLECIDO
Al privilegio alcanzado con la ilegal afiliación de los empleados al Injupemp, se suma el de pagar seguros de vida con activos del IPP, aunque la ley del ente establece que los fondos “se utilizarán en provecho exclusivo de los afiliados” periodistas.
Los directivos del IPP responsabilizan de la iniciativa para aprobar el pago de seguros de vida de los empleados y otorgarles préstamos hipotecarios y personales, que viola la ley del ente, al fallecido periodista Orlando Henríquez.
En una certificación del IPP, firmada por el ex presidente del IPP, Eduin Romero, asegura que en una sesión de junta directiva el 16 de octubre de 1987, Henríquez mocionó para que el ente otorgara seguros de vida a sus empleados y se les dispensara préstamos personales e hipotecarios, y que se aprobó por unanimidad.
Un ex juez de sentencia y abogado penalista, que pidió el anonimato, dijo a criterio.hn “que tanto los directivos que aprobaron la afiliación del IPP al Injupemp y los que han permitido los pagos como patrono, al igual que en el caso de la adquisición de los seguros de vida y los préstamos a los empleados, viola una norma de ley del IPP”.
“Si la ley del IPP dice expresamente que los fondos del Instituto se utilizarán en provecho exclusivo de los afiliados, es evidente que los ejecutivos y empleados no lo son, y por tanto los directivos incurren en responsabilidad penal”, comentó.
