- El diario vivir angustioso de los emprendedores de la economía informal adquiere rostro frente a la condición privilegiada de los legisladores hondureños.
- Con el presupuesto del Congreso Nacional de 2020 se puede pagar el salario de 116,543 obreros y se puede sostener el costo de la canasta básica de 150,106 hogares rurales durante un mes.
- La planilla mensual de los diputados absorbe 1,706 salarios mínimos de los obreros.
- Los diputados han aprobado leyes que afectan los derechos de la clase trabajadora, que contrastan con la aprobación de jugosos incrementos salariales para su beneficio y leyes que no son más que un pacto de impunidad para proteger sus actos de corrupción.
Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Ilustración: Guillermo Burgos
Tegucigalpa.-En un lujoso estudio, sentado en un asiento de cuero frente a dos computadoras de mesa sobre un escritorio de fina madera, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, dirige desde su residencia las sesiones virtuales del Poder Legislativo a causa de la propagación del coronavirus.
Lea además: Testaferros de “Los Cachiros” traspasaron cuatro propiedades a Mauricio Oliva
El también precandidato presidencial del Partido Nacional, representante del empobrecido y árido departamento de Choluteca, devenga un salario mensual de 151,911.00 lempiras, contrastando con los 200 lempiras diarios que capta como ingreso el comerciante, Armando Zúniga, con sus ventas en una carreta en la segunda entrada a la colonia Kennedy de Tegucigalpa.
El aspirante presidencial del movimiento “Juntos Podemos”, devenga un ingreso anual por su salario como representante del pueblo de 2,16,754.00 lempiras, sin considerar gastos de representación, viáticos, atenciones y el costo generado por los vehículos en que se transporta y el cuerpo de seguridad que lo custodia.
También lea: Mauricio Oliva utiliza pandemia para arrancar prematura e ilegal campaña proselitista
Los fondos que el @Congreso_HND aprueba al Ejecutivo no son un cheque en blanco.
Funcionarios encargados de compras de emergencia deben rendir cuentas.
Comisión Especial de Dictamen con diputados de todos los partidos pedirá informes a responsables, para mayor transparencia. pic.twitter.com/G8GuQPT5n3— Mauricio Oliva (@DrMauriciolivaH) April 25, 2020
“Uno lo que se lleva de ganancia para la casa son 200 lempiras diarios”, dijo Zúniga, de 33 años, que ni siquiera se imagina como sería su vida, la de sus dos hijas y su esposa que dependen de sus ventas de pan, franelas y cobertores y otros artículos para celulares, con el salario de Oliva.
Los diputados del Congreso Nacional, dominado por una alianza entre el gobernante Partido Nacional y una facción del Partido Liberal, controlada por el ex presidente, Carlos Flores Facussé, y legisladores de agrupaciones minoritarias engullen mensualmente en salarios 17.1 millones de lempiras y anualmente unos 239.4 millones, considerando que reciben 14 sueldos.
En el año 2020, al cuestionado Congreso Nacional por su pobre y negativa productividad para el interés de los ciudadanos en el presupuesto nacional se le asignó 1.168.00 millones de lempiras, una cifra apenas menor en 24 millones a 1,192.00 millones asignados a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) y la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), juntas.
La UPNFM, dedicada a la formación de los maestros de educación básica y media, cuenta con un presupuesto de 648,211.680 lempiras, y la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), que capacita a agrónomos a nivel de ingenieros de las poblaciones más postergadas del país, cuenta con 543,882.098.
El Poder Legislativo es criticado por organizaciones de sociedad civil, empresariales y gremiales por la aprobación de leyes y decretos que otorgan impunidad a funcionarios, diputados, una de ellas, el Código Penal que entraría en vigencia el domingo.
Los legisladores del Partido Nacional y la facción liberal que responde al ex mandatario Flores Facussé, inclusó aprobaron en septiembre una ampliación de una ley que otorga impunidad a los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), en la operación de cientos de millones de lempiras de un ente de pensiones de los comunicadores.
El Congreso Nacional aprobó la llamada Ley de Secretos y reformas a leyes para evitar que el Ministerio Público investigue penalmente a diputados y funcionarios por la administración de fondos públicos.
También lea: Ley de Secretos es un escudo para los corruptos
Las operaciones ilícitas de fondos públicos administrados por diputados, fueron puestas al descubierto por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en investigaciones impulsadas junto a fiscales del Ministerio Público.
La entrada en vigencia del nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional, agrupaciones sociales, entre ellas el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIT), aseguran blindará totalmente el escudo de impunidad de legisladores, funcionarios y sus socios.
El Código de la “Impunidad”, establece la disminución de las penas en delitos contra el erario público, narcotráfico, ilícitos contra las mujeres, la criminalización de la protesta social y la libertad de expresión.
Incluso, elimina la acción judicial y la pena cuando el funcionario, legislador o participante en corrupción en contra de los recursos públicos, devuelve lo hurtado al Tesoro Nacional lo que cierra un círculo de impunidad en Honduras.
Esta nueva legislación entrará en vigencia en medio de la grave crisis sanitaria y económica en Honduras causada por la pandemia del coronavirus (Covid-19), en la que han quedado al descubierto episodios de presunta corrupción en el gobierno de Juan Hernández en el manejo de fondos en la adquisición de insumos necesarios para atender a los contagiados en el sistema de salud
Antes de la crisis causada en Honduras por la presencia del coronavirus, agravada por el destartalado sistema sanitario público, víctima de la extendida corrupción pública, Zúniga obtenía en las calles con su negocio diariamente unos 500 lempiras.
Armando, respetó hasta hace unos días el decreto de toque de queda aprobado por el gobierno y permaneció en su vivienda en las cercanías de la colonia El Pedregal de Comayagüela, una zona minada por las maras y pandillas, pero no lo pudo sostener más, ante la necesidad de alimentos y pago de servicios públicos en su hogar.
El ingreso de Zúniga, antes y durante la pandemia del Covid-19, contrasta con los ingresos de Oliva y los restantes diputados que se cuidan de no contagiarse celebrando sesiones virtuales, mientras miles de trabajadores informales arriesgan su vida en las calles en ciudades y poblados del país para sobrevivir.
Este hombre, que día a día encuentra en la calle los ingresos para la manutención de su familia, es uno del 44 por ciento de hondureños subempleados, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Oliva, seguramente no tiene ni idea de las condiciones precarias en que sobreviven millones de hondureños con su mísero ingreso, refugiado en los 151,911.00 lempiras que recibe mensualmente como salario y que serviría para generar 15 salarios de 10,022.04 lempiras de un obrero, según la Tabla de Salario Mínimo promedio en el país establecido por la secretaría de Trabajo para 2020.
También serviría para financiar 23 veces los 6,600.00 lempiras, que capta Zúniga mensualmente en la calle con su venta en la época del coronavirus.
Mientras, que con el salario de los diputados que no son miembros de la junta directiva del Congreso Nacional de 90,892.42, se financiarían casi 14 veces el ingreso de Zúniga.
El testimonio de Armando es la historia de cientos de hondureños que arriesgan sus vidas desafiando el Covid-19, saliendo a la calle en busca de ingresos para la alimentación, renta del sitio donde residen y pago de servicios.
En esta entrega, CRITERIO.HN, aborda dos extremos ocultos en la epidermis de la realidad hondureña: los privilegios de los diputados frente a los bajos ingresos de la población, ilustrados a través de la historia de Armando.
“La he visto tile”
Preocupado por subsistir vendiendo en la calle, Armando Zúniga no alcanzó a terminar el bachillerato”. Desde hace 18 años subsiste de la venta en la calle, donde “a coyol rajado, coyol comido se sobrevive”, dice desde su residencia en el sector de la Guasalona, colonia El Pedregal en Comayagüela.
Desde ese lugar, Armando sale todos los días a las seis de la mañana. Con carreta en mano llena de provisiones de pan, accesorios para celular, franelas y otros artículos de venta llega hasta la segunda entrada de la colonia Kennedy.
“La he visto tile”, es la expresión que usa para explicar las dificultades de la venta en la calle en tiempos de la emergencia sanitaria. Debido a las restricciones de circulación, desde su casa camina una hora para llegar hasta La Kennedy.
Las ventas terminan cuando el toque de queda deja las calles sin transeúntes. Así, Armando ha tenido que llevar el sustento a casa donde le esperan sus dos hijos que cuidan a la hermana de su esposa.
“Antes que llegara la pandemia, en un día normal, se hacían 500 lempiras diarios, pero ahorita lo más que se lleva uno para la casa son 200 lempiras”, dijo Zúniga preocupado.
El riesgo al que se somete cada día Zúniga en las calles buscando la sobrevivencia de su familia, contrasta con las sesiones virtuales del Congreso Nacional desde las residencias de los legisladores para preservar sus vidas ante el peligro de contagio del coronoavirus.
Armando dijo que no espera nada bueno del Congreso Nacional, dominado por los diputados nacionalistas y la facción más conservadora del Partido Liberal liderada por el ex presidente Flores Facussé.
“Yo no espero nada de los políticos del Congreso que solo hacen tres sesiones a la semana y con eso reciben un gran sueldo”, dijo.
Su crítica sobre los resultados del Poder Legislativo para la ciudadanía, es un indicador comentado por analistas que señalan la poca productividad de los diputados y los frutos negativos para la ciudadanía.
Un informe sobre producción legislativa del primer semestre de la legislatura 2018, de la fundación Democracia Sin Fronteras, precisamente señala la incoherencia entre los salarios de los diputados y su producción legislativa.
“Además, de producir poco, el Congreso no parece legislar con los principios de la transparencia y rendición de cuentas”, subraya la investigación.
Falta de calidad legislativa
La coordinadora de transparencia de Democracia Sin Fronteras, Melissa Elvir, comentó que trabajan en la presentación del segundo informe en el que prevé “sigue ese desfase notorio entre lo que gana un diputado y la calidad legislativa que nos merecemos como hondureños”.
Mientras, los legisladores sesionan 4 o 5 horas dos o tres días a la semana y unas horas en comisiones especiales creadas para emitir dictámenes de proyectos de ley, Zúniga lucha en las calles 12 horas diarias para obtener ingresos para para sobrevivir él y su familia.
Para el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), los salarios de los diputados solo son la punta del iceberg de la condición privilegiada de los congresistas, a juzgar por los resultados que obtiene los ciudadanos que financian la operación del Congreso Nacional con sus impuestos.
El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, lo califica como incoherente para una economía con altos índices de pobreza y miseria.
Aunado a esto, cuestiona que en la mayoría de los proyectos aprobados en el Poder Legislativo su formulación tiene como procedencia el Poder Ejecutivo.
“Es decir, los diputados no son ni siquiera propositivos y entonces, en esa relación al final resultan ser una carga inoficiosa para la población”, expone Zepeda.
El investigador del Fosdeh, enumera que las decisiones legislativas de incrementar el 15 por ciento en el Impuesto Sobre la Venta, aprobar la Ley de Empleo por Hora o aprobar las Alianzas Publico Privadas, son una clara prueba que las decisiones en el Poder Legislativo no corresponden con los intereses de la sociedad.
Es más, “sí se intenta buscar una ley que ha salido en los últimos dos Congresos que haya mejorado las condiciones del país, no la hay”, expone.
El coordinador del Centro de Estudio Para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, coincide en que es injusto que a costa de la ciudadanía se siga manteniendo un Congreso que se ha distanciado del interés de la ciudadanía que representan.
Aseguró que se han generado en el Congreso Nacional “marcos jurídicos que favorecen al sector privado, niegan incrementos de salarios como el sector de la maquila, donde la precariedad laboral es expresada en bajos salarios”.
El vicepresidente del Congreso Nacional, Reinaldo Ekónomo, dijo que “no se puede juzgar al Congreso como tal, debe de juzgarse al diputado porque el que presenta la iniciativa no es el Congreso, es el legislador en individual”.
En los últimos diez años el Congreso Nacional de Honduras ha aprobado una serie de leyes y decretos que laceran los intereses de los hondureños y otras que sirven de escudo de impunidad para las actuaciones corruptas de políticos que ostentan el poder.
Las leyes han sido impulsadas por los diputados del gobernante Partido Nacional en alianza con un sector del Partido Liberal, controlado por el expresidente hondureño, Carlos Flores Facussé y otros congresistas de partidos minoritarios.
Entre otras cosas, las legislaciones impulsan la privatización de la salud pública, convirtiendo este servicio constitucionalmente gratuito, en un negocio privado marginando a la mayoría de la población del derecho a la protección de su salud.
Estas leyes se han traducido en el descalabro del sistema estatal de salud, ofrecido en los hospitales y centros de salud, lo que ha quedado en evidencia en la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.
Los diputados con sus actuaciones han despojado a la población de ingresos y han reducido su capacidad de consumo de bienes y servicios, reduciendo el circulante entre la población, al trasladar esquemas de seguridad operados con escasa transparencia como la Tasa de Seguridad.
En su lucha por concentrar y mantener el poder, los diputados nacionalistas crearon una Policía Militar del Orden Público (PMOP), que opera como una guardia de la Presidencia, profundizando el autoritarismo y la represión de la población que disiente de decisiones o actos gubernamentales.
También han favorecido negocios privados al aprobar concesiones como la operación del peaje en la Carretera CA-5 que comunica la zona central y el norte del país, a la empresa ecuatoriana COVI, cuando el costo de esta infraestructura fue construido con la cooperación de Estados Unidos a través de la Iniciativa de la Cuenta del Milenio y créditos adquiridos por el gobierno.
Asimismo, aprobaron un contrato de concesión a favor de la firma honduro-colombiana, Empresa Energía Honduras (EEH), para la operación del sistema de suministro de energía eléctrica, reducción de pérdidas y cobro del servicio, que se ha traducido en facturas descomunales para la población y las empresas.
A lo anterior hay que sumar la concesión de la construcción y operación del aeropuerto de Palmerola a un operador privado internacional, financiado con fondos de alivio y perdón de deuda otorgado por el gobierno de España y fondos públicos de Honduras.
Descargue aquí:
Salario mínimo en Honduras 2020
Salario de los diputados 2018-2022
Ejecución de presupuesto del Congreso Nacional 2019