Testaferros de “Los Cachiros” traspasaron cuatro propiedades a Mauricio Oliva

CRITERIO.HN  comparte esta investigación de la revista Expediente Público

** Oliva, el inquisidor principal de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, tenía fuertes motivos personales para acabar con ella. Ahora aspira a gobernar el país

** Una investigación de Expediente Público recogió evidencias que Mauricio Oliva Herrera, presidente del Congreso Nacional de Honduras, hizo tratos y negocios con personas vinculadas a la corrupción y el crimen organizado, lo que devela como las redes mafiosas se unen, se funden y multiplican.

VIII entrega de VIII


De acuerdo con el seguimiento y rastreo de investigaciones realizadas por Expediente Público en Honduras, el socio de una empresa vinculada a la familia Rivera Maradiaga, conocida como Los Cachiros, traspasó tres bienes al señor Mauricio Oliva Herrera, y una casa a su yerno, César Antonio Pinto Pacheco, esposo de Rina Oliva Brizzio, directora del Banco Central de Honduras.

Se trata de Luis Alfonso Deras, socio de Inversiones Acrópolis, (descargue contrato) empresa inscrita en el Registro Mercantil de Tegucigalpa, (descargue) y que está involucrada junto a Waldina Lizzeth Salgado y Francisco Arturo Mejía en el caso “Patuca III Colusión y Corrupción”, la décima investigación penal integrada que presentó en marzo de 2019 el equipo formado por el Ministerio Público con su Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) con la colaboración de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), ente que se instaló en abril de 2016 con un convenio para que actuara durante un periodo de cuatro años, pero dejó de operar en enero de 2020 por decisión del Ejecutivo hondureño al no acceder a renovar la cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA).

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TRASPASOS DE BIENES  

El seguimiento de Expediente Público a las transacciones del cartel de Los Cachiros revela que, en 2016, el empresario Luis Alfonso Deras, mediante otra empresa, Inversiones Santa Fe, (descargue) constituida ante los oficios del notario Francisco Arturo Mejía, traspasó una propiedad en residencial La Hacienda, en Tegucigalpa, a Mauricio Oliva Herrera, según consta el instrumento número 95 del Registro de Anotaciones Preventivas del Instituto de la Propiedad de Honduras. La compra de ese inmueble fue por cuatro millones de Lempiras, unos doscientos mil dólares. (Descargue).

Luis Alfonso Deras también en 2018 traspasó 2 condominios de Tegucigalpa en Lomas del Guijarro Sur a Mauricio Oliva Herrera, Rina María Brizzio y Rina Rosario Brizio Rivas, cuyo monto fue de 20.9 millones de lempiras (836,000 dólares), como confirma la escritura pública con presentación número 1649558. (Descargue). Un mes después, las dos casas en Lomas del Guijarro Sur fueron constituidas en fideicomiso de bienes inmuebles que mantiene al propietario anónimo.

De acuerdo con la investigación de Expediente Público, las dos propiedades, inscritas en el Registro de la Propiedad de Honduras, habían sido adquiridas por Luis Alfonso Deras por el valor de 600 mil lempiras (26 mil dólares), el 6 de abril de 2015, de acuerdo con la escritura pública realizada ante los oficios del notario Carlos Humberto Pacheco Morales. Tres años antes de venderlas al presidente del Congreso Nacional por 20.9 millones de lempiras.

Por otra parte, ante los oficios del notario Mario Enrique Boquín Hernández, el 13 de julio de 2006, Luis Alfonso Deras también traspasó un bien inmueble en la colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa, capital de Honduras, a Tania Gabriela Pinto Pacheco, diputada suplente del Partido Nacional (Descargue).

Y en 2011, Tania Gabriela Pinto Pacheco le regaló la casa a su hermano César Antonio Pinto Pacheco, (Descargue) quien está casado con Rina Oliva, hija de Mauricio Oliva, y actualmente es diputado suplente de Antonio Callejas, del gobernante Partido Nacional, quien es uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional, implicado junto a Sara Medina en el Pacto de Impunidad que inicialmente involucró a Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar.

FIDEICOMISO

En enero de 2018, Juan Jiménez Mayor, vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), informó que Mauricio Oliva y otros 60 diputados eran investigados por drenar fondos públicos a través de Organizaciones no Gubernamentales.

Meses después, según indagaciones de Expediente Público, el 18 de junio de 2018 para ser exactos, con los oficios del notario Jorge Alberto Pineda López, Mauricio Oliva Herrera, Rina María Oliva Brizzio (hija) y Rina Rosario Brizio Rivas (esposa) firman un contrato de fideicomiso en  el Banco de América Central de Honduras (BAC-Credomatic), para que esa institución bancaria administre sus bienes durante 15 años y de esa forma, blindar sus propiedades (traspasadas por Luis Alfonso Deras, socio de Acrópolis), para que las autoridades hondureñas no puedan incautarlas. (Descargue)

Expediente Público, también detectó que Luis Alfonso Deras, comparte derechos desde 2005 con 18 propiedades con Francisco Arturo Mejía y Waldina Lizeth Salgado. (Descargue)

Francisco Arturo Mejía también socio del diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto, lo confirma la escritura pública con matrícula 73961 del Registro Mercantil de Tegucigalpa, realizada ante el notario Mario Enrique Boquín Hernández.   (Descargue).      

ACRÓPOLIS

Inversiones Acrópolis está implicada en sobrevaloración de equipo en el proyecto hidroeléctrico Patuca III, y pese a eso no figura aún con medidas de aseguramiento por parte de las autoridades hondureñas, sin embargo, dos de sus socios, Waldina Lizzeth Salgado y Francisco Arturo Mejía, y el hijo de ambos, Roberto Arturo Mejía Salgado, tienen prisión preventiva, acusados de ser testaferros de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga y Javier Rivera Maradiaga, condenados en Estados Unidos por dirigir una organización criminal dedicada al narcotráfico con sus aliados el cartel de Sinaloa, en México, y los Rastrojos, en Colombia.



El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció, en febrero de 2018, que los fondos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) también fueron drenados para actos de corrupción y que, de acuerdo con el ente investigativo, el exgerente de la ENEE invitó el 31 de mayo del 2011 a un proceso de licitación a tres empresas vinculadas a Los Cachiros y a sus socios.   (Descargue)

En ese acto de corrupción hubo 15 personas involucradas en la que se incluye a un funcionario público y las empresas Inmobiliaria Rivera Maradiaga (Inrimar), a la representante legal de Diseño Construcción S. de RL (Irza Fane Pacheco Murillo) y Acrópolis (Luis Alfonso Deras). (Descargue)

El Estado pagó más de 50 millones de lempiras (dos millones de dólares) por un contrato de limpieza en un lugar que no estaba habitado, trabajo de chapeado en la época de verano y de invierno. El perjuicio a la administración fue de 120 millones de lempiras (4.8 millones de dólares), mientras que el monto analizado fue más de 336 millones de lempiras (13.5 millones de dólares). (Descargue)

Ante los oficios del notario José Amílcar Hernández Flores, el 12 de septiembre de 2011, comparecieron los socios de Inversiones Acrópolis Luis Alfonso Deras, Samy Kunkar Kaffati, quienes nombran como gerente general de esa empresa a Francisco Arturo Mejía, según consta el tomo 748 con inscripción 79 del Registro Mercantil de Tegucigalpa. (Descargue) y el 2 de diciembre de 2015, ante los oficios del notario Mario Enrique Boquín Hernández, le confieren poder general de administración en Acrópolis a Mejía. (Descargue)

El notario que autorizó el primer Instrumento Público de 2011, José Amílcar Hernández Flores, es hermano por la parte paterna de Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de Honduras y socio en la empresa de Servicios de Seguridad Lempira (Sersel), (descargue), que tiene contratos millonarios con el Estado, investigación que reveló en mayo de 2019 Expediente Público, (Sersel: la seguridad favorita del Gobierno). (Descargue)

PATUCA III

El abogado Francisco Arturo Mejía, su esposa Waldina Lizzeth Salgado y su hijo Roberto Arturo Mejía Salgado también están acusados por fraude y soborno doméstico en el caso denominado Patuca III en el que están involucradas otras siete personas. Los argumentos que tomó el juez para enviarlos a la Penitenciaría en Támara es la presentación de las pruebas documentales y testificales por parte del Ministerio Público y el no justificar los activos a su nombre.

La acusación de lavado de activos y asociación ilícita para lavar activos se deriva de investigaciones sobre una red de testaferros de Los Cachiros que iniciaron el 22 de julio de 2016. Francisco Arturo Mejía recibió un poder general de administración de Devis Leonel Rivera Maradiaga para manejar la sociedad Inversiones Rivera Maradiaga y otras ligadas al cartel, cuyo trámite se hizo ante los oficios del notario Mario Enrique Boquín Hernández. Inversiones Acrópolis también está implicada en el caso de la Caja Chica de la exprimera dama, Rosa Bonilla de Lobo.

DETIENEN INVESTIGACIÓN CONTRA OLIVA

La Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) ratificó el 13 de septiembre de 2018 el fallo a favor de Mauricio Oliva Herrera, presidente del Congreso Nacional, quien estaba siendo investigado por el Ministerio Público, al aceptar un recurso de amparo administrativo que suspende todas las investigaciones en su contra.  Oliva era objeto de interés de la por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) en la llamada “Línea de investigación B”, cuyos alcances nunca fueron conocidos.

La abogada Karla Patricia García Arita presentó este recurso de amparo administrativo, que fue aceptado el pasado 2 de agosto de 2018 por la Sala de lo Constitucional, argumentando que al alto funcionario le estaban violando derechos constitucionales.
Lo anterior se debe a una línea de investigación contra Mauricio Oliva, ejecutada por la Ufecic del Ministerio Público (MP) y la Maccih.

El recurso de amparo fue admitido con suspensión del acto reclamado, por lo que la Ufecic deberá brindar toda la información al presidente del Congreso Nacional.

Los magistrados ordenaron que se suspendieran todas las investigaciones contra Mauricio Oliva, mientras este no sea informado de qué se tratan las investigaciones.  El fallo sobre el recurso de amparo fue ratificado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.  Ahora, el presidente del Legislativo deberá ser informado de qué y por qué lo están investigando.

RELACIÓN CON EL NARCO ORLANDO PINTO ESPINO

De acuerdo con un informe del departamento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en poder de Expediente Público, relacionan desde 2014 a Mauricio Oliva Herrera, con el narcotraficante hondureño Orlando Pinto Espino, detenido y procesado en Guatemala en diciembre de 2018 cuando se hacía pasar por pastor evangélico. (Descargue)

Pinto Espino nació el 8 de abril de 1965, es originario de El Paraíso, Copán. Llegó a la región sur desde 2011 específicamente al sector fronterizo entre Honduras y Nicaragua en el municipio de El Triunfo, utilizando como fachada la ganadería.  Investigaciones policiales de Honduras lo relacionan con los narcotraficantes hermanos Luis y Arnulfo Valle Valle, quienes fueron extraditados a Estados Unidos y condenados por narcotráfico.

“El señor Pinto después de su llegada a la zona sur (Choluteca) realizó reuniones y fiestas invitando a todas las autoridades gubernamentales, empresarios y periodistas teniendo como objetivo darse a conocer y comprar voluntades”, se lee en el informe elaborado por la ATIC.

Al finalizar la construcción de la casa del recreo de Choluteca, detalla el documento, invitó a la inauguración autoridades gubernamentales, como alcaldes, militares, diputados y a empresarios de la cámara de comercio. En la página ocho, el informe revela que “Mauricio Oliva diputado del Partido Nacional de ese país, se reunió en 2014 en la hacienda del señor Orlando Pinto Espino en el cumpleaños de su hija. Al igual que al diputado del Partido Nacional, Rodanin Peralta”.

ASPIRA A LA PRESIDENCIA DE HONDURAS

El presidente del Congreso Nacional (CN), Mauricio Oliva Herrera, oficializó el domingo 8 de marzo su precandidatura presidencial por el Partido Nacional en la ciudad de Choluteca, su tierra natal. Oliva para el proceso electoral de 2017, rompió la tradición no escrita, con la cual el presidente del Congreso renunciaba a su cargo para buscar la presidencia del país, al apoyar sin condiciones la cuestionada reelección de Juan Orlando Hernández.

En diciembre de 2019, el Congreso Nacional de Honduras votó a favor para que el Poder Ejecutivo no renovara el convenio con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

Luego de la cancelación de la Maccih, el presidente del Congreso Nacional (CN), Mauricio Oliva, dijo que ningún extranjero decidiría cómo legislar en el país, “en Honduras queremos que sea campo de experimentos de todos y todas” y en el “Congreso hondureño todo mundo quiere meter mano”.

El titular del parlamento hondureño dijo a periodistas, en diciembre de 2019, que el informe de la comisión parlamentaria sobre la Maccih era “puntual e inapelable”. El poder Legislativo tiene la facultad de investigar a cualquiera institución, incluida la Misión, subrayó Oliva, quien pidió a los diferentes sectores a actuar con “racionalidad y comportamiento civilizado”.

“Si alguien cree que (la petición) puede tener consecuencias políticas, sociales o legales para mi persona o para cualquier otra, entonces démosle para adelante, ¿cuál es el problema?”, subrayó Oliva, quien con todo esto, pretende continuar con la tradición de los últimos gobiernos nacionalistas, ahora con la posibilidad de obtener dos periodos continuos en la presidencia, de ganar las elecciones.

Expediente Público ha documentado que Oliva adquirió bienes por un valor muy superior a lo que pudo haber invertido con los sueldos percibidos en su cargo. Además, parte de esos bienes estaban ligados a empresas y testaferros de reconocidos narcotraficantes, y después los puso en fideicomiso, ocultándolos de investigaciones, lo que evidencia su interés personal por bloquear y sabotear diversas investigaciones relacionadas con actos de corrupción.

Tigre Bonilla se alineó con el presidente de Honduras para asesinar y traficar con cocaína: Justicia EE.UU.

La justicia estadounidense establece oficialmente que CC-4 es Juan Orlando Hernández

Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El Departamento de Justicia de los Estados Unidos establece en un documento que el exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, abusó de su cargo, ignoró la ley y desempeñó un papel clave en una violenta conspiración internacional de narcotráfico  a nombre del excongresista hondureño y convicto “Tony” Hernández y su hermano el presidente, Juan Orlando Hernández.

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La justicia estadounidense, que oficialmente ha señalado al gobernante hondureño como CC-4, hizo el señalamiento hoy luego que la Corte Federal de Manhattan acusara al exjefe policial de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

El documento dice además que Bonilla asesinó a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra a políticos hondureños de alto rango y miembros de la policía nacional hondureña. Bonilla, que podría ser condenado a prisión de por vida, «supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos, utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo, y participó en violencia extrema, incluido el asesinato de un traficante rival, para promover la conspiración», según Geoffrey S. Berman, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York

Entre tanto la agente especial a cargo de la DEA, Wendy Woolcock, dijo: “Juan Carlos Bonilla-Valladares supuestamente usó su posición de alto rango para influir en aquellos que trabajan para él y proteger violentamente a los narcotraficantes políticamente conectados que contrabandeaban cocaína con destino a los Estados Unidos”.

Juan Orlando Hernández asumió la Presidencia de Honduras el 27 de enero de 2014. Logró reelegirse en noviembre de 2017 en el marco de unas elecciones fraudulentas y violentando la Constitución hondureña que prohíbe la reelección presidencial. Además de las acusaciones por actividades del crimen organizado, su gestión  ha sido salpicada por reiterativos actos de corrupción.

Para sostenerse en el poder se ha hecho acompañar por los militares a quienes ha delegado roles que chocan con la Constitución.

“Bonilla Valladares explotó corruptamente estas posiciones oficiales para facilitar el tráfico de cocaína, y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineó, incluido Hernández Alvarado y al menos uno de los hermanos de Hernández Alvarado, excongresista hondureño y actual presidente de Honduras al que se hace referencia en la demanda contra Bonilla, acusado como «CC-4», dice el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

 

Descargue aquí el documento del Departamento de Justicia de EE.UU.

A continuación la traducción del documento del Departamento de Justicia de los Estados emitido hoy jueves 30 de abril de 2020

Ex jefe de la policía nacional hondureña acusado de tráfico de drogas y delitos con armas Juan Carlos Bonilla Valladares presuntamente abusó de su posición oficial para proteger los envíos de cocaína y asesinó a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra a políticos hondureños de alto rango y miembros de la policía nacional hondureña.
Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Wendy Woolcock, Agente Especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos («DEA»), anunciaron hoy que JUAN CARLOS BONILLA VALLADARES, a / k / a «El Tigre», fue acusado en la corte federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: “Juan Carlos Bonilla Valladares, el ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, presuntamente abusó de sus cargos en la policía hondureña para ignorar la ley y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de narcotráfico. Como se alega, en nombre del ex congresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano el presidente, Bonilla Valladares supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos, utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo, y participó en violencia extrema, incluido el asesinato de un traficante rival, para promover la conspiración. Ahora Bonilla Valladares ha sido marcado como un forajido y acusado de crímenes que podrían enviarlo a una prisión estadounidense de por vida «.

La agente especial a cargo de la DEA, Wendy Woolcock, dijo: “Juan Carlos Bonilla-Valladares supuestamente usó su posición de alto rango para influir en aquellos que trabajan para él y proteger violentamente a los narcotraficantes políticamente conectados que contrabandearían cocaína con destino a los Estados Unidos. Como se alega, esta fue una violación flagrante y horrible del juramento de Bonilla-Valladares para proteger a los ciudadanos de Honduras. La presentación de estos cargos es otra acción positiva tomada por los Estados Unidos para llevar a los funcionarios corruptos ante la justicia «.

Según las acusaciones contenidas en la Demanda que acusa a BONILLA VALLADARES, la evidencia presentada en el juicio de octubre de 2019 de Juan Antonio Hernández Alvarado en el Distrito Sur de Nueva York, y las declaraciones en audiencia pública durante el enjuiciamiento de Hernández Alvarado [1] :

Entre aproximadamente 2003 y 2020, varias organizaciones de narcotráfico en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas y con el apoyo de ciertos individuos públicos y privados prominentes, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de cocaína de varias toneladas enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas hacia el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos. Para protegerse de la interferencia de las fuerzas del orden público y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargas de cocaína de varias toneladas, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos presidentes, miembros del Congreso Nacional de Honduras y personal de Honduras. Policía Nacional, incluyendo BONILLA VALLADARES. Por ejemplo, después de un juicio en octubre de 2019 en el Distrito Sur de Nueva York, el ex congresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado fue condenado por cargos de tráfico de drogas, armas y declaraciones falsas relacionadas con su papel en la conspiración descrita en los cargos contra BONILLA VALLADARES. Hernández Alvarado está programado para ser sentenciado por el juez federal de distrito P. Kevin Castel el 29 de junio de 2020.

El “Tigre” Bonilla fue miembro de la Policía Nacional de Honduras entre aproximadamente 1985 y 2016. Durante su mandato, ocupó cargos de alto rango, incluido el Jefe de Policía Regional con autoridad sobre ubicaciones en el oeste de Honduras que eran estratégicamente importantes para los narcotraficantes, y fue director de la Policía Nacional de Honduras entre 2012 y  2013.

Bonilla Valladares explotó corruptamente estas posiciones oficiales para facilitar el tráfico de cocaína, y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineó, incluido Hernández Alvarado y al menos uno de los hermanos de Hernández Alvarado, excongresista hondureño y actual presidente de Honduras al que se hace referencia en la demanda contra Bonilla, acusado como «CC-4».

Por ejemplo, a cambio de los sobornos pagados con el producto de la droga, BONILLA VALLADARES ordenó a los miembros de la Policía Nacional de Honduras, que estaban armados con ametralladoras, que permitieran que los envíos de cocaína pasaran por los puestos de control de la policía sin ser inspeccionados o incautados. BONILLA VALLADARES, en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluida información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima. para permitir que los envíos de cocaína pasen por los puntos de control policiales sin ser inspeccionados o incautados. BONILLA VALLADARES, en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluida información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima. para permitir que los envíos de cocaína pasen por los puntos de control policiales sin ser inspeccionados o incautados. BONILLA VALLADARES, en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluida información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima.

En o alrededor de 2010, Hernández Alvarado le dijo a un testigo cooperante («CW-1») que Hernández Alvarado y CC-4 ayudaron a BONILLA VALLADARES a avanzar en su posición dentro de la Policía Nacional de Honduras, y que BONILLA VALLADARES protegió sus actividades de tráfico de drogas a cambio. Hernández Alvarado también le dijo a CW-1 que BONILLA VALLADARES fue muy violento, y que Hernández Alvarado y CC-4 confiaron en BONILLA VALLADARES con tareas especiales, incluido el asesinato.

Por ejemplo, en o alrededor de julio de 2011, BONILLA VALLADARES participó en el asesinato de un narcotraficante rival a petición de Hernández Alvarado y otros porque el traficante rival había intentado evitar que Hernández Alvarado y otros miembros de la conspiración transportaran cocaína a través de una región. del oeste de Honduras cerca de la frontera con Guatemala. Afirmando que investigó el asesinato en ese momento, BONILLA VALLADARES habría informado a un miembro de los medios, en esencia, que el asesinato fue un ataque sorpresa bien planeado que se había llevado a cabo de manera eficiente y que los autores habían limpiado a fondo la escena del crimen. Según los informes, BONILLA VALLADARES agregó que los autores del asesinato habían utilizado lanzagranadas de 40 milímetros, rifles de asalto M-16 y rifles de asalto Galil.

La demanda acusa a BONILLA VALLADARES, de 60 años, de: (1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, (2) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para fomentar, la conspiración de importación de cocaína; y (3) conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína. Si es declarado culpable, BONILLA VALLADARES enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión y un término máximo de vida en prisión en el Cargo Uno, una sentencia mínima obligatoria de 30 años en prisión y un término máximo de vida en prisión en el Cargo Dos, y un plazo máximo de vida en prisión en el recuento tres.

El Sr. Berman elogió el excelente trabajo de investigación de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA y la Fuerza de Ataque.

Este caso está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Elinor L. Tarlow están a cargo de la acusación.

Los cargos en la demanda son meramente acusaciones, y BONILLA VALLADARES se presume inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad.

“Tigre” Bonilla denuncia que Julián Pacheco le ofreció L. 2 millones para que renunciara

Bonilla considera que su acusación es una venganza de delincuentes, entre los que citó a Alexander Ardón, socio de Tony Hernández.

 

Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. -El exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, denunció este jueves que el secretario de Seguridad Julián Pacheco, le pidió en el año 2016 que solicitara su retiro de la policía, con la opción de participar en un cargo político y que a cambio de su renuncia le daría dos millones de lempiras.

Bonilla, quien fungió como director de la Policía Nacional de Honduras entre los años 2012 y 2013, hizo la denuncia en una entrevista ofrecida en un canal de televisión luego de conocer que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo acusara de tráfico de drogas y armas.

El exjefe policial manifestó que su respuesta a la propuesta de Pacheco fue negativa porque le faltaban años para cumplir con su servicio.

Agregó que lo mismo que le sucedió a él, les ocurrió a varios miembros de la policía que fueron cancelados porque no eran del agrado de Julián Pacheco, quien, a su juicio debería estar preso.

Bonilla dijo que por haber enfrentado personalmente a Pacheco ha quedado desprotegido, por lo que cualquier cosa que le ocurra será responsabilidad del funcionario, que también ha sido señalado por narcotráfico en varios informes que ha hecho públicos el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

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Insistió en que no tiene y nunca ha tenido relación con delincuentes y aseveró que si tomó la decisión de renunciar a su cargo en el 2013 fue por problemas que tenía con el entonces secretario de Seguridad, Arturo Corrales.

A partir de enero de 2013, Bonilla fue nombrado por el entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, como agregado de la Policía Nacional ante el gobierno de Colombia. Según Bonilla su nombramiento fue por asuntos de su seguridad.

La versión de Bonilla fue contrarrestada por el coordinador de la comisión depuradora de la Policía Nacional, Omar Rivera, quien aseveró que Bonilla fue separado de su cargo porque él había recomendado su cancelación.

En tono molesto, Bonilla dijo que “Omar Rivera no es más que un jetón, que le gusta hablar y denigrar a un montón de miembros de la Policía Nacional”.

Asimismo, narró que en abril de 2016 la Comisión Depuradora lo llamó para que compareciera y fue entonces cuando en mayo, siempre de ese mismo año, presentó algunas investigaciones generales de cómo estaba la situación de la institución uniformado.

En su relación de hechos, Bonilla relató que en julio de 2016 fue notificado de su cancelación en la Policía Nacional y que las autoridades de Seguridad enviaron al Ministerio Público una notificación sin presentar cargos en su contra.

“Me hicieron una persecución”, manifestó al tiempo que expresó que en los últimos años ha estado en una guerra tanto interno como externa.

Dijo además que en ese entonces la institución estaba siendo corrompida y secuestrada

Bonilla calificó la imputación de los Estados Unidos como una conspiración que puede venir del mismo narcotráfico, pues dijo que cuando fungió como director de la Policía Nacional se enfrentó a la delincuencia común y al crimen organizado a quienes desarmaba, pero extrañamente al siguiente día las armas les eran devueltas.

“Hay un montón de cosas que están ahí y que ellos bien lo saben, así que no vamos a estar aquí inventando cosas o inventando la formula del agua caliente”, dijo al tiempo que manifestó si el propio presidente de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, Julián Pacheco, ha sido sindicado por narcotráfico, habría que preguntarse qué es lo que está pasando en el país.

“Que no me estén con cosas, la Comisión de Depuradora  lo que ha hecho es ser partícipe de una gran cantidad de cosas y el tiempo va a demostrar quién es cada quien en este país”, advirtió.

Bonilla responsabilizó a Pacheco de cualquier cosa que le pueda pasar porque ha incumplido la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riego Extraordinario al no darle seguridad desde el 2016. “Jamás me ha dado tan siquiera un policía para que me cuide y los demás directores tienen carro asignado y hasta seguridad”.

Bonilla, al igual que los demás hondureños acusados, e incluso, declarados culpables por narcotráfico en los Estados Unidos, dijo que su acusación es una venganza de narcotraficantes y delincuentes, entre los que citó al exalcalde del municipio de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón.

Ardón, quien se encuentra recluido en una cárcel de Nueva York acusado por la justicia estadounidense por narcotráfico, reveló que conoció a “Tony” Hernández en el año 2008 y que juntos empezaron a traficar drogas en 2010 hasta cuando “Tony” fue capturado. En total traficaron juntos entre 30 y 40 toneladas de cocaína.

“Este delincuente, yo personalmente lo investigué y lo denuncié a las autoridades de la policía nacional de aquel entonces y a los ministros de Seguridad”, dijo Bonilla al tiempo que acusó a Alexander Ardón de tener vínculos directos con oficiales de la Policía Nacional y con ciertos políticos. “Estaba el ministro Óscar Álvarez Guerrero, y esa cosa por ahí viene”, agregó.

En ese orden de ideas negó tener vínculos con el narcotraficante Juan Antonio, alias “Tony” Hernández, hermano del gobernante hondureño, Juan Hernández. “No tuve ninguna relación ni directa ni indirectamente con el abogado Tony Hernández”.

El exjefe policial aseguró que se presentará para atender cualquier acusación. Si soy llamado o requerido por miembros de la embajada americana yo me hago presente y me dirijo a donde sea porque no tengo temor a nada. Yo no tengo ninguna vinculación con estos delincuentes”, insistió.

El Partido Nacional, la estructura criminal más grande de Latinoamérica

Al estilo de los mejores capos y grandes traficantes de droga, Juan Orlando Hernández, es líder del mayor cártel de Honduras

 

Por: César Eduardo Juárez Ponce

Estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Partido Nacional
César Juárez, Estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Tegucigalpa.-Veintisiete años han pasado desde que desapareció lo que se conoció como “El Cártel de Medellín”, de Pablo Escobar en Colombia, para que tiempo después otra estructura del narcotráfico se configurara en México con “El Cártel de Sinaloa” del Chapo Guzmán. 

También lea:«Tony» Hernández financió con dinero del narco las campañas del Partido Nacional en 2009, 2013 y 2017: Departamento de Justicia de EE.UU.

Todas estructuras gigantescas, sangrientas y violentas que aparentemente parecieran manejar los gobiernos de sus países, mediante el miedo y pagos de sobornos a la clase política y militar de cada nación.  Sea como sea, todos estos capos y células criminales parecieran sucumbir ante los intereses norteamericanos y su lucha contra el tráfico de drogas, ejecutada por su agencia DEA, vigente en los 35 países del continente americano.

Pasa el tiempo y capos van y capos vienen, pero ahora toca trasladarnos a la aguerrida Centro América, exactamente donde descansa su corazón que es nuestro país Honduras, la historia relata sobre jefes del narco que ofrecieron pagar la deuda externa por montos millonarios de dólares, sin tener éxito alguno, aparentemente, porque guardan prisión en tierras estadounidenses. 

Quien no parece correr esa misma suerte es una pareja de hermanos, o al menos uno ellos, hijos de Juan Hernández Villanueva y de la señora Elvira Alvarado Castillo, campesinos del departamento de Lempira que criaron a sus hijos con más ambiciones en la vida, que dinero.

Y si, nos referimos a Juan Orlando Hernández Alvarado, actual mandatario del régimen hondureño, y su hermano menor Juan Antonio Hernández, mejor conocido como “Tony” Hernández, guardando prisión en Estados Unidos, en el estado de New York y declarado culpable por esa misma Corte, por ser considerado un traficante de drogas a gran escala.

27 años después de que Pablo Escobar intentara participar en política en la patria colombiana, sin ningún éxito, luego de que El Chapo Guzmán fuera extraditado y apresado en Estados Unidos. En las tierras de Morazán una persona intentó hacer la proeza y lograr que una institución política apoyada por la cúpula militar llegara al poder, en efecto, nos referimos al Partido Nacional de Honduras, institución política que dejó de ser un partido político, para convertirse en la estructura criminal mejor cimentada en América Latina y más peligrosa del mundo.

Esta estructura criminal goza con lo que no se puede apoyar a ninguna mafia en la tierra: el control absoluto de la institucionalidad del país, prueba de ello, son implicaciones de las Fuerzas Armadas en actividades del narcotráfico en Honduras, y que  a los más de 15 extraditados, todos  declarados narcotraficantes, localmente no sean investigados por el Ministerio Publico, aunque la mayoría de ellos en sus testimonios dijeron que se apoyaron en el Estado hondureño y pagaron sobornos para las campañas políticas del Partido Nacional en el que Juan Orlando Hernández participó y salió ganador con fraude.

El día de hoy afrontamos una crisis de salud por la pandemia del COVID 19, situación que ha sido aprovechada por el gobierno hondureño, que dispone a manos llenas de una chequera que ya supera los 80 mil millones de lempiras. Los fondos, lejos de curar el dolor y el hambre de la población, han sido utilizados para compras sobrevaloradas de equipo médico y de bioseguridad, evidenciando la galopante corrupción, que ha sido, al igual que el narcotráfico, la carta de presentación del partido de la estrella solitaria.

Con una oposición dormida, un pueblo hondureño sumiso y un gobierno norteamericano que parece no importarle que una narco dictadura esté instalada en el país, con tal de tener el control geopolítico de la región, Honduras parece condenada por la providencia a plagar una nación ahogada de miseria y pobreza, virus del cual parece difícil escapar.  

 

“Honduras, un país públicamente dirigido por un capo”: canciller de Venezuela

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. – “¡Habrase visto! Honduras, un país públicamente dirigido por un capo y una confesa mafia narcotraficante familiar. Socios sumisos de la DEA. Un dizque presidente no electo, sino designado por Trump y el narcotráfico. Un gobierno represor. Una narco-colonia en todos los sentidos”.

Lo anterior es la reacción del canciller venezolano, Jorge Arreaza, ante la acusación del gobierno de Honduras en cuanto a que Venezuela ha hecho esfuerzos para penetrar y corromper sus instituciones a través del narcotráfico.

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Arreaza reaccionó este martes en su cuenta de Twitter en la que publicó el comunicado de la Cancillería hondureña, mediante el cual el gobierno de Juan Hernández, quien ha sido vinculado con el narcotráfico, señala los supuestos golpes de su administración contra el Cártel de Los Soles, cuyo liderazgo se atribuye a los sobrinos políticos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El frente entre los gobiernos de Honduras y Venezuela se abrió luego que el jueves el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusara de narcotráfico al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por quien ofreció una recompensa de $ 15 millones de lempiras para su captura.

No es la primera vez que Honduras reacciona en contra de Venezuela. Desde que se creó el Grupo de Lima, en agosto de 2017—con la intención de defenestrar el gobierno de Nicolás Maduro—el gobierno de Juan Hernández ha asumido una postura hostil y alineada a los propósitos de Washington.

En sus inicios, el Grupo de Lima estaba formado por catorce países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía, más Estados Unidos como colaborador externo. En diciembre tras la caída de Evo Morales, Bolivia se integró y Haití hizo lo mismo en enero pasado. En una reunión en Canadá en febrero pasado Ecuador, El Salvador y República Dominicana, asistieron como observadores y con la llegada al poder del Peronismo en Argentina, este país ha estado en contra de las decisiones de esta agrupación de naciones.

Gobierno de Honduras: “narcotráfico de Venezuela ha hecho esfuerzos por penetrar y corromper las instituciones de nuestro país”

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucugalpa.-El gobierno hondureño acusó en las últimas horas a Venezuela de hacer esfuerzos para penetrar y corromper las instituciones nacionales a través del narcotráfico.

La acusación del gobierno de Juan Hernández, quien ha sido directamente vinculado con el narcotráfico en los tribunales de justicia de los Estados Unidos, se consigna en un comunicado de la Cancillería hondureña luego que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusará de narcotráfico al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por quien ofreció una recompensa de $ 15 millones de lempiras para su captura.

Lea además: EE.UU acusa a Maduro de narcotráfico y ofrece recompensa de $15 millones por su captura

“Honduras, como miembro del Grupo de Lima, se complace en que se preste atención a las graves consecuencias internacionales del narcotráfico venezolano y, en particular, a los esfuerzos de los narcotraficantes venezolanos para penetrar y corromper las instituciones en nuestro país”, dice el comunicado del gobierno hondureño.

El gobernante hondureño es hermano del narcotraficante Juan Antonio, alias “Tony” Hernández, encontrado culpable de cuatro delitos de narcotráfico en octubre pasado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Durante este juicio varios narcotraficantes vincularon directamente con el narcotráfico al jefe de gobierno de Honduras.

Durante el juicio a Tony Hernández, el fiscal Emil J. Bove, narró cómo los hermanos Hernández fueron construyendo un imperio de poder para establecer negocios de narcotráfico desde la Presidencia de Honduras. En el juicio, narcotraficantes confesos revelaron además que el actual presidente hondureño los sobornó para que aportaran fondos a sus campañas políticas desde que era diputado del Congreso Nacional. Entre los aportantes a su campaña se mencionó al famoso narcotraficante mexicano, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Pese a los serios señalamientos de los fiscales estadounidenses y de las revelaciones de los narcotraficantes, Juan Hernández, sigue negando cualquier vínculo con el narcotráfico, e incluso, insiste que todo es una campaña de desprestigio del crimen organizado, porque su gobierno ha sido duro con este tipo de delitos.

REACCIÓN DE VENEZUELA

Ante la acusación del gobierno hondureño, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, reaccionó molesto en su cuenta de Twitter. “¡Habrase visto! Honduras, un país públicamente dirigido por un capo y una confesa mafia narcotraficante familiar. Socios sumisos de la DEA. Un dizque presidente no electo, sino designado por Trump y el narcotráfico. Un gobierno represor. Una narco-colonia en todos los sentidos”, escribió Arreaza.

Al emitir el comunicado el gobierno de Honduras sustenta su postura por ser miembro del Grupo de Lima. La Declaración de Lima fue firmada por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, porque, según ellos, el 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro asumiría un periodo ilegal (2019-2025) en Venezuela. México y Uruguay se deslindaron del acuerdo.

Paradójicamente el gobierno de Honduras es suscriptor de la posición del Grupo de Lima, pese a que en noviembre de 2017 las elecciones en este país fueron rechazadas por la ciudadanía por un fraude electoral, constatado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que en virtud que los resultados no eran creíbles, sugirió la repetición de los comicios. Juan Hernández, logró reelegirse en dichas condiciones pese a que la Constitución de la República prohíbe la reelección presidencial.

También Lea: Grupo de Lima no reconocerá nuevo mandato de Nicolás Maduro

El Grupo de Lima, cuyas posturas obedecen a los intereses de los Estados Unidos, no emitió ninguna postura frente a la crisis poselectoral en Honduras.

El texto completo del comunicado de la Cancillería de Honduras:

COMUNICADO

Honduras, como miembro del Grupo de Lima, se complace en que se preste atención a las graves consecuencias internacionales del narcotráfico venezolano y, en particular, a los esfuerzos de los narcotraficantes venezolanos para penetrar y corromper las instituciones en nuestro país.

A medida que se hacen públicos más hechos, se comprende cada vez más cómo los narcotraficantes internacionales han atacado a Honduras y como el liderazgo sin precedentes del presidente Juan Orlando Hernández para luchar contra el narcotráfico internacional ha producido represalias por parte del crimen organizado, que incluyen intentos de desestabilizar las instituciones en Honduras.

CARTEL DE LOS SOLES

El Cartel de los Soles de Venezuela causó un daño enorme a Honduras hasta que el presidente Juan Orlando Hernández, en asociación con Estados Unidos y otros aliados, tomó medidas fuertes.

Incluso antes de convertirse en presidente, Juan Orlando Hernández, como jefe del Poder Legislativo, tomó la iniciativa, a pesar de las poderosas amenazas y la fuerte oposición, para impulsar la extradición por  primera vez en la historia de Honduras. Entre los extraditados bajo el presidente Hernández se encontraba Roberto de Jesús Soto García, descrito como una figura clave que trabajó con el Cartel de los Soles de Venezuela y cuyo arresto en 2016 por el gobierno de Honduras fue reportado por analistas internacionales como un «cambio de juego en el caso del narco sobrinos de Venezuela».

Después de su elección de 2013 como presidente de la República, Juan Orlando Hernández, como política del Estado se agilizó cada solicitud de extradición recibida del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

REPRESALIAS

Quienes lideran la batalla contra el crimen organizado se han enfrentado a represalias de diversas formas. Las autoridades estadounidenses han detectado y advertido sobre ciertos intentos de asesinato contra el presidente Hernández. Los esfuerzos de desestabilización política por parte del crimen organizado en conjunto con la oposición radical han sido constantes. Finalmente, entre los actos de venganza más visibles se encuentran una serie de falsos testimonios de narcotraficantes confesos y condenados, que han recibido gran atención.

Cuando se dan crédito a los falsos testimonios es, sobre todo, una victoria para los narcotraficantes porque satisface su deseo de venganza, desalienta a otros países y futuros gobiernos nacionales a sostener medidas duras, debilita políticamente las instituciones que luchan contra el narcotráfico, y permite a narcotraficantes confesos y condenados reducir sus sentencias y proteger sus bienes y familias.

DURAS MEDIDAS

Como es de conocimiento público, la oposición política en Honduras se ha opuesto a las duras medidas contra el narcotráfico adoptadas por el Gobierno del presidente Hernández. Esa misma oposición ha celebrado y promovido los falsos testimonios de los narcotraficantes confesos y condenados.

después de asumir el cargo, el presidente Hernández hizo efectivo el mandato constitucional de las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado mediante la creación de una fuerza de gendarmería eficaz y muy popular conocida como PMOP, que permitió purgar al 43% de la policía nacional (y prácticamente a todo el liderazgo) de lo que se había convertido en una fuerza policial nacional corrompida y penetrada criminalmente. Como resultado, la tasa de asesinatos se redujo a la mitad y varios carteles de drogas han sido desarticulados.

La oposición se ha opuesto a la depuración policial, la gendarmería PMOP, la extradición y las cárceles de máxima seguridad, que son las políticas que más resienten y rechazan los narcotraficantes. Honduras ha construido una nueva policía nacional que junto con la PMOP tienen los más altos niveles de apoyo público. La batalla no termina, ya que el crimen organizado trabaja incansablemente para penetrar y socavar las instituciones nuevas y fortalecidas, y al mismo tiempo persigue represalias y trabaja por el regreso al poder de sus aliados políticos.

JOH habría recibido sobornos de narcotraficante capturado en Miami

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El gobernante de Honduras, Juan Hernández, se habría reunido en varias ocasiones con el supuesto narcotraficante, Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, capturado el domingo en el aeropuerto internacional de Miami.

De acuerdo con la versión de fiscales estadounidenses, Hernández y Fuentes Ramírez habrían tenido los encuentros en el año 2013, tiempo en el que el ahora jefe de gobierno de Honduras le habría expresado su interés en tener acceso a su laboratorio de cocaína debido a la proximidad de éste a un puerto comercial.

Según los fiscales del distrito sur de Nueva York, el presidente Hernández, quien en 2013 era congresista, también accedió a darle personal armado militar para que Fuentes Ramírez, pudiera llevar a cabo su tráfico de drogas.

Geovanny Daniel Fuentes Ramírez fue arrestado el domingo en un aeropuerto de Miami, Estados Unidos, por agentes de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El supuesto narcotraficante ha sido vinculado por las autoridades estadounidenses con el exdiputado hondureño Tony Hernández, además lo señalan de haber conspirado para importar cocaína hacia los Estados Unidos y de delitos relacionados con las armas, uso de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Mediante un comunicado, publicado este martes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos establece que, en el año 2013, Fuentes Ramírez “pagó al menos $ 25,000 a un funcionario hondureño de alto rango al que se hace referencia en la demanda como «CC-4», a cambio de protección contra futuras intervenciones de las fuerzas del orden público dirigidas a FUENTES RAMIREZ y sus actividades de tráfico de drogas.”.

Asimismo, que, en el marco del soborno, hubo una “serie de reuniones entre FUENTES RAMIREZ, CC-4 y otros. El texto detalla que en aquel entonces CC-4 expresó su interés en el acceso al laboratorio de cocaína de FUENTES RAMIREZ debido a su proximidad a un importante puerto comercial de embarque y acordó facilitar el uso del personal de las fuerzas armadas hondureñas como seguridad para las actividades de narcotráfico de FUENTES RAMIREZ e instruyó a FUENTES RAMIREZ para que informara directamente a Juan Antonio Hernández Alvarado sobre las actividades de narcotráfico posteriores”.

Cabe señalar que las iniciales han CC-4 han sido vinculadas al gobernante hondureño, Juan Hernández, hermano del narcotraficante, Juan Antonio Hernández, alias “Tony” Hernández, declarado culpable en octubre de 2019 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York de cuatro cargos de narcotráfico. La sentencia contra Hernández Alvarado se establecerá en abril próximo.

2019 año de luto para la prensa hondureña; siete periodistas fueron asesinados

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. –El luto y dolor marcó a la prensa hondureña durante el año 2019 al dejar ocho víctimas mortales en las diferentes regiones de este violentopaís centroamericano carcomido por la corrupción y el narcotráfico.

Las víctimas fueron cuantificadas por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), una organización de sociedad civil, que lleva el recuento de las agresiones a la prensa y a la libertad de expresión en general.

C-Libre registra que entre 2001 a la fecha al menos 81 personas ligadas a los medios de comunicación fueron asesinadas. Más del 90% de los casos se mantiene en la impunidad.

Las víctimas del 2019 fueron:

1.-Leonardo Gabriel Hernández, asesinado el 17 de marzo en el barrio La Ceiba, en el municipio de Nacaome, Valle.

2.-Santiago “Santi” Carbajal, asesinado el 6 de julio en Puerto Cortés.

3.-Edgar Joel Aguilar, asesinado el 31 de agosto en Santa Rosa de Copán.

4.-Kerin Francisco Cerna, asesinado el 11 de octubre en la ciudad de Ruinas, Copán.

5.-Buenaventura Calderón, asesinado el 31 de octubre en Puerto Lempira, Gracias a Dios (La Mosquitia).

6.-Johana Alvarado, asesinado el 21 de noviembre en Catacamas, Olancho.

7.-José Arita, asesinado el 25 de noviembre en Puerto Cortés, departamento de Cortés.

Lea el siguiente compendio de noticias relacionadas:

Periodistas son asesinados en la ruta de la narcopolítica en Honduras

Matan a periodista en Copán, Honduras

OACNUDH saluda en su día a las y los periodistas de Honduras

Antes de ser el próximo periodista asesinado, Joel Mejía abandonó Honduras

Matan a periodista en el sur de Honduras

Periodista hondureño va en caravana como un migrante más

prensa hondureña
Elaboración y fuente: C-Libre

Óscar Nájera recibió “apoyos” de Los Cachiros a cambio de evitar su extradición: Univisión

Tegucigalpa. –Univisión aseveró este viernes que documentos legales en su poder constatan que el congresista hondureño, Óscar Nájera, recibió apoyo de Los Cachiros para su campaña política a cambio de asegurarles que no serían extraditados a los Estados Unidos.

La investigación del medio de comunicación, efectuada por los periodistas David C Adams y Jeff Ernst, refiere que Los Cachiros apoyaron a Nájera con dinero, ganado, autos, alquiler de helicópteros para su uso en la campaña con un valor aproximado de un millón de dólares.

Las interioridades de la supuesta incriminación de Nájera con la corrupción y el crimen organizado, fue develada por Univisión luego que este mismo viernes el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, emitiera un comunicado mediante el cual aseveró que el Congresista hondureño se benefició de corrupción vinculada con Los Cachiros.

Según la investigación de Univisión, Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cártel de Los Cachiros, testificó en el juicio de Juan Antonio, alias Tony Hernández, que Nájera dio protección a sus envíos de drogas «con información de investigaciones gubernamentales» y puntos de control de los militares y la policía. “Óscar Nájera los movería. Cuando necesitáramos que lo hiciera, alejarlos cuando necesitáramos pasar por los puntos de control, él los quitaría”, dijo Rivera a la corte.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por Univision, Los Cachiros apoyaron a Nájera «con dinero, ganado, autos, alquiler de helicópteros para su uso en la campaña» con un valor aproximado de un millón de dólares. En un documento que describe la evidencia que ofrecería al gobierno de los Estados Unidos a cambio de su cooperación, Rivera Maradiaga dijo a los fiscales que Nájera prometió usar su influencia con Hernández para «ayudar a detener la extradición a los Estados Unidos» de traficantes acusados, señala la publicación de Univisión.

En su argumento de cierre, el fiscal Emil Bove describió a Nájera como «un amigo cercano» de Tony Hernández «que fue parte de todo esto para que el gobierno hondureño pudiera ser utilizado para proteger a los narcotraficantes».

 

 

Óscar Nájera
Esta fotografía entre el jefe de gobierno de Honduras, Juan Hernández y el diputado Óscar  Nájera fue encontrada en el teléfono celular de Tony Hernández el día que fue capturado en el aeropuerto de Miami. Crédito: Univiisón- Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

 

Con estas imágenes, publicadas en su redes sociales, ha respondido el diputado Óscar Nájera al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo:

 

Cuando Tony Hernández fue arrestado en el aeropuerto internacional de Miami, en noviembre de 2018, tenía la información de contacto de Nájera en su teléfono. Las fotos encontradas en el teléfono también mostraban a Nájera en un jacuzzi con Hernández. Otra foto mostraba a Nájera con Juan Orlando Hernández, dice la publicación de Univisión.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, designó también en la trama corrupta al hijo de Óscar Nájera, Óscar Roberto Nájera y agregó que ambos, así como sus familiares inmediatos, ya no eran elegibles para ingresar a los Estados Unidos.

La acción de hoy envía una fuerte señal de que Estados Unidos apoya a Honduras en su lucha contra la corrupción», dijo Pompeo en el comunicado.

Tony Hernández, hermano del gobernante hondureño, Juan Hernández, fue declarado culpable el 18 de octubre por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos y falso testimonio. Su sentencia se conocerá el 17 de enero de 2020.

Denuncian ola de crímenes tras acusaciones de Hernández con el narcotráfico

La Mesa de Derechos Humanos registra 16 crímenes: seis asesinatos de estudiantes, cuatro opositores y seis miembros de la etnia garífuna

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. –La Mesa de Derechos Humanos de Honduras asocia 16 crímenes contra estudiantes, líderes opositores y miembros de la etnia garífuna, a un patrón de violaciones en el marco de las reacciones del gobierno de Juan Hernández a las denuncias de vínculos de su gobierno con el narcotráfico y las acciones ciudadanas de protesta.

La instancia que aglutina a más de 40 organizaciones, precisa que, de los 16 asesinatos, seis corresponden a estudiantes, cuatro a opositores políticos y seis a la étnica garífuna.

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El pasado martes 29 de octubre de 2019, los defensores de los derechos humanos alertaron a la comunidad nacional e internacional mediante un comunicado sobre la potencialidad de perpetración de atentados contra miembros de la oposición social y política en manos de estructuras criminales que pueden involucrar a redes de funcionarios públicos con la narcoactividad.

Mediante un comunicado divulgado este jueves, la Mesa refirió haber recibido información que “resalta una ola de violencia contra líderes políticos, sociales, estudiantiles, personas defensoras de derechos humanos, comunicadores sociales y personas defensoras del ambiente y de la tierra”.

Los crímenes contra estudiantes, según los reportes de la Mesa de Derechos Humanos:

  1. Wilfredo de Jesús Moncada (17), estudiante del Instituto Tecnológico en Administración de Empresas del Sur (INTAE-SUR), asesinado el 11 de abril, 2019, en la ciudad de Choluteca.
  2. Darlin Dionisio Funes Vásquez (21), estudiante del Instituto Jesús Milla Selva, asesinado el 29 de abril de 2019, en la ciudad de Tegucigalpa.
  3. Lesbin Daniel Ávila Caballero (18), estudiante del Instituto Luis Bográn, asesinado el de 29 de abril de 2019, en la ciudad de Tegucigalpa.
  4. Eblin Noel Corea Maradiaga (17), estudiante del Instituto Técnico de La Paz, asesinado el 20 de junio de 2019, en la ciudad de Yarumela, La Paz.
  5. Óscar Daniel Mencía Cantarero (18), estudiante del Instituto Luis Bográn, desaparecido el 29 de octubre y encontrado muerto el viernes 1 de noviembre, con signos de tortura, en la ciudad de Tegucigalpa. (Fue secuestrado el martes 29 de octubre por hombres desconocidos, fuertemente armados, quienes ingresaron violentamente a su centro educativo.)
  6. Leonardo Daniel Castillo (25), estudiante de sicología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, asesinado el 1 de noviembre de 2019, en circunstancias desconocidas.

Al mismo tiempo, la Mesa de Derechos Humanos, refiere tener documentado al menos cinco (5) personas asesinadas después del juicio contra del ex diputado del Congreso Nacional, Juan Antonio, alias “Tony” Hernández, encontrado culpable por cuatro delitos por la Corte del Distrito Sur de New York. “Tony” Hernández, es hermano del actual gobernante, Juan Hernández.

Según los recuentos de los defensores de los derechos humanos las primeras cuatro personas asesinadas están vinculadas a la lucha social y a la oposición política y respondían a los nombres de:

  1. Óscar Daniel Mencía Cantarero (18), supra mencionado.
  2. Leonardo Daniel Castillo (25), supra mencionado.
  3. Buenaventura Calderón Ramírez (73), líder político e indígena del opositor partido Libertad y Refundación (Libre), asesinado de varios disparos, en Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.
  4. Maribel Bolian (38), maestra de primaria y esposa del líder político e indígena del opositor partido Libertad y Refundación (LIBRE), Buenaventura Calderón Ramírez.
  5. Magdaleno Meza Funez (35), brutalmente asesinado en el penitenciario de máxima seguridad, ubicado en el occidente de Honduras, el pasado sábado 26 de octubre. (era un potencial testigo en futuros procesos penales por narcotráfico en Estados Unidos, por ser, supuestamente, uno de los socios de “Tony” Hernández).

Crímenes contra garífunas

La Mesa reporta además los asesinatos sistemáticos contra miembros de la comunidad garífuna y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), quienes han sufrido el asesinato de las siguientes personas:

  1. Rosa de Aguán, asesinada el viernes 6 de septiembre
  2. Gilma Cacho, asesinada el viernes 6 de septiembre
  3. Fiora Amaya, asesinada el viernes 6 de septiembre
  4. Nayda Reyez Giménez, secuestrada por supuestos agentes del Estado, identificados como miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y encontrada muerta el 07 de septiembre de 2019 en la comunidad de Baja Mar
  5. Mirna Suazo, asesinada el 08 de septiembre en la comunidad de Masca
  6. María Digna Moreno, asesinada el 12 de octubre 2019, maestra y parte del grupo de trabajo de educación Intercultural Bilingüe de la Ofraneh.

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En este contexto, La Mesa también reporta el atentado contra la integridad y la vida del profesor y líder magisterial Jaime Rodríguez, el pasado 30 de octubre, quien fue secuestrado, torturado y dado por muerto por los perpetradores del crimen, quienes lanzaron su cuerpo en una zona desolada en Tegucigalpa.

Denuncias a muerte

La Mesa también ha documentado varios hechos intimidatorios, de violencia y amenazas contra otras personas, entre las que se encuentra el expresidente hondureño, Porfirio “Pepe” Lobo, quien denuncia la semana pasada que existe un plan para asesinarlo a través de una agencia de seguridad del Estado, con órdenes de autoridades de alto nivel en el gobierno.

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Los defensores registran también la denuncia sobre el supuesto riesgo que corre el periodista David Romero, quien goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado de Honduras se niega a cumplir.

“De la misma forma, levanta sospecha la muerte violenta del señor Alfredo José Cantarero Callejas, quien se desempeñaba como Comisionado Presidencial de Transparencia con rango de Secretario de Estado y encargado de la oficina de seguimiento del despacho presidencial junto al presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y fue encontrado muerto el jueves 31 de octubre. Las autoridades han declarado el caso como un suicidio, lo cual les “obliga” a cerrar las investigaciones; sin embargo, la Mesa, a partir del caso de la Oficial de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Hernández Mancía, no descarta la posibilidad que haya mediado mano criminal en su muerte”, refieren los defensores de derechos humanos.

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En cuanto a la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, la instancia manifiesta su preocupación sobre el uso generalizado e indebido del derecho penal contra personas defensoras, como el encarcelamiento de al menos ocho personas de la comunidad de Guapinol y otros presos políticos.

Por otra parte, la Mesa de Derechos Humanos, manifiesta tener conocimiento de atentados y actos de violencia, hostigamiento e intimidación contra la Asociación por una Ciudadanía Participativa (Aci Participa); la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH- Sida en Honduras (APUVIME); la ex directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, denunciante de la muerte violenta de la Agente de la ATIC, Sheril Hernández; el periodista Milton Benítez, director del programa “El Perro Amarillo” y denunciante de corrupción; y el médico Luther Cleofes Castillo Harry, miembro de la comunidad garífuna y defensor de derechos humanos, quien ha denunciado ser víctima de seguimiento, amenazas y vigilancia.

En virtud de los hechos antes señalados, la Mesa llamó al Estado de Honduras a adoptar medidas urgentes para garantizar la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos y asegurar que puedan desarrollar su trabajo en un entorno seguro y libre de violencia e hizo un llamado a la comunidad internacional a realizar una labor exhaustiva de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado de Honduras y de solidaridad con las personas defensoras de derechos humanos.

Asesinatos contra periodistas

La Mesa de Derechos Humanos manifiesta también que dispone de información sobre el asesinato de al menos cuatro periodistas y un acumulado de al menos ochenta y uno (81) periodistas, comunicadores sociales, propietarios y empleados de medios de comunicación que han sido asesinados desde 2001, de los cuales el 90% permanece en la impunidad.

Los defensores advierten en la parte final del comunicado sobre la intensificación de la violencia política contra campesinos, indígenas, garífunas, líderes sociales, políticos y personas defensoras de derechos humanos y del ambiente. Dichos hechos, según los defensores contrastan con el anuncio del gobierno de otorgarle cuatro mil millones de lempiras a las Fuerzas Armadas para labores agrícolas, porque supone la concentración y desplazamiento de fuerzas militares al interior del país y devela la falta de voluntad política del gobierno para invertir en la erradicación de las verdaderas causas estructurales de los problemas en Honduras.