Por: Redacción CRITERIO
Tefucigalpa.-Los miembros de la Coalición Contra la Impunidad advirtieron este lunes que se podrían retirar del proceso de incidencia sobre el Mecanismo de Protección a Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, porque el gobierno hondureño está boicoteando su aplicación.
Los miembros de la Coalición hicieron la advertencia a más de un año de la entrada en vigencia de la ley que regula la protección de los grupos antes citados, porque actualmente no se están aplicando verdaderas medidas que garanticen la vida e integridad física y sicológica de las y los beneficiarios de la normativa.
Denunciaron que el boicot se practica por la falta de un presupuesto real que garantice el cumplimiento de las demandas y porque los titulares de las instituciones del Estado no acuden a las convocatorias y envían a representantes que no tienen facultades para tomar decisiones.
“El fiscal general del Estado, no asiste a las reuniones, el secretario de Seguridad, tampoco, el presidente del Poder Judicial, tampoco, sino que mandan representantes, entonces desde ese momento no se le da el alto perfil que debe tener el mecanismo”, lamentó la directora del Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Suyapa Martínez.
Durante el 2015 el presupuesto para la implementación del mecanismo fue de 10 millones de lempiras y para este año es de 11.7 millones de lempiras provenientes del presupuesto general y 10 millones adicionales de la Tasa de Seguridad.
Martínez dijo que no hay voluntad política por parte del gobierno porque los 10 millones de la Tasa de Seguridad, aún no han sido entregados.
Por otra parte apuntó que las 38 personas que hasta el momento se han acogido a este mecanismo, solo han recibido medidas policiacas, por lo que muchos han optado por rechazar la supuesta protección e incluso quien la acepte debe correr con los gastos de alimentación de los policías que le son asignados.
Martínez también denunció que la secretaría de Seguridad se ha negado a darles un informe sobre los perfiles de los policías que están siendo asignados, justificando que la institución está en proceso de depuración.
Otra de las irregularidades que denunció, es que la instancia se quedó sin director desde hace cuatro meses y todavía no se ha hecho un proceso de convocatoria transparente y participativo, e incluso dijo, que desde ya se menciona que tienen el candidato sin hacer las consultas al pleno del Consejo.
EE.UU. Y SUS CONDICIONES PARA DESEMBOLSOS
Una de las condiciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Honduras, para los desembolsos de los 55 millones de dólares en el marco de la Alianza por la Prosperidad, es la aplicación del Mecanismo de Protección a Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.
En los últimos días la nación del norte ha anunciado la entrega de los recursos, porque Honduras ha dado «pasos efectivos» para combatir sus problemas de corrupción e impunidad.
Al respecto el presidente del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora, dijo que la Ley de Protección para Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de justicia, ha sido la bandera de imagen del gobierno a partir del Examen Periódico Universal.
No obstante apuntó que es momento de hacer la denuncia tanto a nivel nacional como internacional para que aquellos aportantes se den cuenta que en la implementación del mecanismo prima la improvisación.
Agregó que la secretaría de Derechos Humanos y la dirección del mecanismo, han admitido que la implementación ha sido del 10%, concerniente a las cuestiones formarles (creación del reglamento de la ley y sus unidades).
Tábara indicó que en virtud que el mecanismo es deficiente la mayoría de las personas no quieren someterse a su protección.