Por: Hugo Noé Pino
Es curioso que en medio de la crisis política que vive Honduras, la comunidad internacional hable del respeto a las instituciones y se insista en que la oposición política agote los caminos institucionales correspondientes. Esto solo se puede explicar en el contexto de un desconocimiento (¡?) de la realidad que ha vivido el país en los últimos años.
La debilidad de las instituciones públicas es algo que data de mucho tiempo atrás; siendo sus principales manifestaciones la falta de separación de poderes, la débil administración de justicia, la impunidad y el irrespeto a la ley. Sin embargo, a raíz del golpe de Estado de 2009 y el posterior surgimiento del partido Libre, hizo que la “santa alianza” conformada por la élite económica, política, militar y religiosa de Honduras montaran una cruzada para debilitar más las instituciones a base de una mayor concentración de poder en la figura presidencial.
De esta forma, se destituyeron cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, renunciara bajo presión el fiscal general, se eligieran irregularmente los “magistrados” del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se nombraran irregularmente el fiscal y fiscal adjunto, se aprobaran más de 150 leyes sin discusión del pleno del Congreso, se eligiera un nueva Corte Suprema de Justicia por medio de compra de votos de diputados, se creara un Consejo de la Judicatura de la Corte Suprema de Justicia (empezó cambiando jueces a voluntad del presidente y cuyo funcionario principal ahora está en la cárcel por actos irregulares), se aprobara una reelección por la Sala Constitucional declarando inconstitucional la Constitución, etc.
En el marco del proceso electoral de noviembre pasado, los partidos de oposición cuestionaron la integración de el TSE por estar controlado por el partido de gobierno, señalaron que el censo electoral no estaba depurado, que el mecanismo de transmisión de datos no era confiable, y otras irregularidades del proceso. Sin embargo, el TSE no atendió con seriedad ninguna de estas demandas y más bien, entre otras cosas, aplicó la raya continúa en las elecciones de diputados, violando la ley; inscribió partidos de “maletín” con el único fin de traficar con las credenciales electorales y se robó el partido Anticorrupción con el fin de evitar la candidatura de Salvador Nasralla.
La gota que derrama el vaso es el monumental fraude planificado desde las altas esferas del gobierno e implementado por el Tribunal Supremo Electoral. No se repetirá la historia de la cantidad de irregularidades del proceso porque está suficientemente documentada en el Informe final de la Misión de Observación Electoral de la OEA. Lo que interesa resaltar es a qué tipo de institucionalidad se refieren los diferentes países que hablan de presentar los reclamos respectivos en los cursos legales correspondientes. Acaso no se dan cuenta que dicha institucionalidad no existe y que acá lo que domina son los designios del dictador de turno.
El colapso de la institucionalidad pública también se manifiesta en el período poselectoral; pese a las múltiples denuncias de las irregularidades en materia electoral, el TSE declara ganador al candidato del partido Nacional y la Fiscalía de delitos electorales ha sido incapaz de iniciar procesos de investigación sobre los mismos. Además, la reacción popular ante el fraude ha tenido como respuesta la represión y asesinato de más de treinta personas de la oposición, sin que el Ministerio Público hay abierto ni una tan sola investigación sobre los responsables. Más bien han sido entidades de la sociedad civil y de la comunidad internacional que han reclamado sobre estos acontecimientos. El defensor del pueblo también se ha llamado a un silencio cómplice de los atropellos de los derechos humanos en Honduras.
Nuevamente, ¿es ésta la institucionalidad que la comunidad internacional quiere que se respete? Los países que han reconocido el resultado fraudulento de las elecciones porque una “institución” del Estado lo dijo así, también deberán ser responsables por la represión y violación a los derechos humanos en Honduras.
La crisis política del país requiere nuevas respuestas a viejos problemas y no transitar por los mismos caminos que han producido frustración y decepción en el sistema que se dice democrático en Honduras. Esto requiere acciones como programar una nueva elección, convocar una asamblea constituyente y finalizar la represión existente.