MACCIH propone reforma constitucional para la independencia de jueces

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) propuso este martes reformas constitucionales para fortalecer las garantías y la independencia de los jueces en Honduras.

Para ello la MACCIH  envió hoy a la Procuradora Nacional de la República y Coordinadora de la UGAR-MACCIH, Lidia Estela Cardona, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, el proyecto de reforma al artículo 319° de la Constitución de la República para el Establecimiento de Garantías de los jueces y magistrados.

La reforma propuesta por MACCIH plantea garantías para:

• la independencia de los jueces en el ejercicio de sus decisiones y funciones jurisdiccionales

• la estabilidad e inamovilidad en sus cargos o funciones

• la inamovilidad «ad hoc»

• una remuneración adecuada

• promoción o ascensos

• la libertad de opinión y decisión jurisdiccional • la libertad de Asociación;

• la seguridad personal y familiar.

Este Proyecto, que toma como base las garantías clásicas para Jueces y Magistrados de países de América Latina, España y Portugal, busca fortalecer las condiciones de Jueces y Magistrados para que su ejercicio profesional no pueda sufrir de ningún tipo de presión que incida en los fallos, generando así las mejores condiciones para la independencia de estos altos funcionarios.

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El Vocero de la MACCIH, Luiz Antonio Guimaráes Marrey, aseguró que para la MACCIH, es importante reforzar la independencia de los magistrados a nivel constitucional, como un requisito indispensable para un verdadero Estado de derecho.

Asimismo, con la reforma propuesta se cumplirá lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la sentencia de fondo del Caso López Lone Vs Honduras, donde establece la obligación del Estado de Honduras de adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar la estabilidad e inamovilidad de jueces y juezas y de otras garantías como mecanismo para asegurar su independencia.

 

Las lecciones de una sentencia internacional en materia de independencia judicial

 Por: Joaquín A. Mejía Rivera*

Las características de competencia, independencia e imparcialidad del Poder Judicial son fundamentales para garantizar que los recursos judiciales sean idóneos y efectivos para tutelar los derechos de la población, pues su ausencia puede provocar su inutilidad y que resulten ilusorios, particularmente en escenarios políticos de emergencia. Esto quedó demostrado en el contexto del golpe de Estado de 2009 cuando el Poder Judicial hondureño se puso al servicio del gobierno de facto, profundizó el estado general de impunidad, colaboró en la existencia de una grave inhibición de los mecanismos teóricamente adecuados para tutelar los derechos humanos, propició la abstención y desidia judicial para atender los recursos introducidos ante diversos tribunales, incluyendo la propia Sala de lo Constitucional, y dejó a las víctimas en una situación de absoluta indefensión y vulnerabilidad.

En este sentido, las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia reflejaron un claro contraste entre la celeridad y diligencia con la que ampararon, por ejemplo, al general golpista Romeo Vásquez Velásquez y, como lo señala la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, “las múltiples dificultades y dilaciones que impusieron sobre los recursos de amparo de otros ciudadanos hondureños”, cuyos derechos fundamentales se encontraban en riesgo. Como muestra, de los 81 recursos para garantizar derechos que recibió la Sala de lo Constitucional en el marco del golpe de Estado, únicamente 2 fueron resueltos favorablemente, los cuales, curiosamente, fueron los presentados por el general golpista Romeo Vásquez Velásquez tras su destitución como jefe de las Fuerzas Armadas. Los restantes 79 recursos presentados por la ciudadanía simplemente resultaron ineficaces.

No cabe duda que existió un sesgo discriminatorio con el que el Poder Judicial decidió, por un lado, proteger rápida y eficazmente a personas vinculadas con la consumación del golpe de Estado frente a supuestas violaciones a sus derechos, y por el otro, dispuso rechazar, evitar u obstaculizar las acciones de otros ciudadanos y ciudadanas cuyos derechos humanos, incluido el derecho a la democracia, sí se encontraban en una evidente situación de grave peligro y vulnerabilidad. Por ello es que se puede concluir con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que “[e]l día que el Poder Judicial ampare a todos los ciudadanos con la misma eficacia que lo hizo con el general, se alcanzará a ver el fin de la impunidad en Honduras”.

Si bien es cierto el Poder Judicial perdió una oportunidad histórica de situarse del lado de la defensa de los derechos, de la legalidad constitucional y de la democracia, y muchos jueces y juezas toleraron por acción u omisión las acciones del gobierno de facto fundadas sobre el desprecio a la dignidad humana, hubo también otros jueces y juezas que denunciaron la ilegalidad del régimen y las consecuentes violaciones a derechos humanos, a pesar de las represalias que sufrieron. Es el caso de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y de los jueces Adán Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios y Luis Chévez de la Rocha, todos miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), quienes fueron separados ilegalmente de sus cargos por oponerse al golpe de Estado, mediante procesos disciplinarios plagados de múltiples irregularidades que afectaron gravemente sus derechos.

Ante la imposibilidad de obtener justicia ante las instancias nacionales, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y la AJD, la magistrada y los jueces presentaron una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que culminó con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 5 de octubre de 2015, la cual constató la violación de sus derechos a las garantías judiciales, al principio de legalidad, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a los derechos políticos, a la protección judicial y de reunión. Esta sentencia contiene 4 mensajes contundentes en materia de justicia y reparación. Primero, que lo sucedido el 28 de junio de 2009 fue un golpe de Estado y no una “sucesión constitucional” como pretendieron argumentar los golpistas.

Segundo, que el pleno de la Corte Suprema de Justicia cometió un hecho ilícito internacional al apoyar el golpe de Estado y como lo señala el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, por primera vez una corte internacional establece en una sentencia que en Honduras hubo una ruptura del estado democrático. Esta resolución constituye una prueba contundente para que el Ministerio Público inicie sin más dilaciones las investigaciones penales pertinentes en contra de quienes participaron en el gobierno de facto y contra los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia que apoyaron el rompimiento del orden constitucional. Sin embargo, ¿se puede esperar alguna reacción de una institución en la que el Fiscal General, ¿Óscar Chichilla, fue uno de los magistrados que participó en el mismo y en la destitución ilegal de los jueces y la magistrada?

Tercero, que, al oponerse al golpe de Estado, los jueces y la magistrada realizaron acciones legítimas a favor de los valores democráticos y el Estado de derecho; y cuarto, que, al hacerlo, cumplieron con su deber de defender la democracia en un momento histórico en el que todas y todos los funcionarios valientes debían asumir una posición similar. Indudablemente, esta sentencia representa una victoria moral y jurídica no solo para la magistrada Flores Lanza y los jueces López Lone, Barrios y Chévez de la Rocha, sino también para la AJD y todos aquellos funcionarios y funcionarias judiciales que valientemente cumplieron con su deber de defender la Constitución y los derechos de la ciudadanía. Y al mismo tiempo representa una bofetada ética para aquellos y aquellas que se plegaron al poder de facto, guardaron silencio y se convirtieron en cómplices y victimarios de los crímenes cometidos. Mínimamente deberían sentir vergüenza.

Gracias a esta sentencia, la magistrada Tirza del Carmen Flores y el juez Adán Guillermo López Lone han sido reincorporados en sus puestos como magistrada de la Corte de Apelaciones del Trabajo y como juez del tribunal de sentencia de San Pedro Sula, respectivamente. Los jueces Ramón Barrios y Luis Chévez de la Rocha dejaron el Poder Judicial por otras razones distintas. De cualquier manera, la reincorporación de la magistrada Flores Lanza y del juez López Lone es un reconocimiento por parte del Poder Judicial de que la destitución de estos funcionarios fue arbitraria y constituyó una represalia contra ellos por defender la democracia. Como lo señala la magistrada Tirza Flores, su reincorporación “a la judicatura es un mensaje de respaldo para aquellas juezas y jueces que creemos en la democracia y que estamos dispuestos a defenderla a toda costa”.

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Esta sentencia refleja que, sin jueces y juezas independientes, imparciales y competentes, las denuncias ciudadanas no podrán tomar su correcto cauce institucional y las violaciones a derechos humanos no podrán ser investigadas efectivamente, ni sus responsables sancionados, y las víctimas no podrán ser reparadas ni sus intereses y voces visibilizadas y escuchadas. Por ello es fundamental que la ciudadanía haga suya dicha sentencia internacional para utilizarla como una herramienta política y jurídica con el fin de lograr algún día que el Poder Judicial deje de ser un “servicio judicial” –parafraseando a la periodista chilena Alejandra Matus- que favorece solo a quienes tienen poder y se convierta en un elemento central para la construcción, preservación y fortalecimiento del Estado de derecho y el sistema democrático.

* Doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos; abogado e investigador del ERIC-SJ.

Jueces, magistrados y conductas 

El abogado Gautama Fonseca escribió este artìculo en marzo de 1990, hoy gracias a su hijo Emilio, recordamos este escrito que tiene enorme vigencia

Por: Gautama Fonseca

Se han quedado ahí, escondidos detrás del silencio; agazapados en las esquinas más obscuras de la indiferencia ciudadana ocultas en los repliegues de los días

¿Cómo podemos juzgar a los demás no sabemos juzgarnos a nosotros mismos?, ¿Sí Somos capaces de tolerar y con-vivir tranquilamente con nuestros propios errores? ¿Si guardamos silencio frente a nuestras debilidades? ¿Si nos acobardamos cuando tenemos que descender por-que ocupamos una altura que no nos corresponde?

Ser juez o magistrado no es sólo ostentar un título habilitante y contar con el nombramiento requerido No es sólo sentenciar, condenar o absolver. Darle a éste lo suyo y negarle a aquel lo que no le pertenece.

 Ser juez o magistrado es medir con nuestros valores y con los valores que nos dan las normas jurídicas la conducta de los demás. De los que riñen: de los que disputan, de los que se confrontar. Es estar uno por encima de los otros por razones morales y técnicas.

Pero es un estar completo, entero, sin reservas, no a medias.

Porque no se puede ser juez de los demás si no podemos ser jueces de nosotros mismos. Si no podemos sancionarnos. Si miramos de soslayo y con ánimo complaciente nuestras propias debilidades.

Quienes hacen de los cargos judiciales  un trampolín para darle  contenido a un currículo: para ganar un salario, para satisfacer una vanidad, para tener en las  manos la llave que abre las oportunidades, podrán ostentar el título  de jueces o de magistrados, pero no serio en verdad.

Tampoco lo son aquellos que desempeñan  una judicatura o una magistratura  por efecto de los azares de nuestra política, como consecuencia de nuestro aventurerismo sectario.

Detrás de todo nombramiento, para que sea merecido y justo, debe haber un hombre: debe estar presente una conducta: debe encontrarse la línea recta de un carácter.

Todo lo demás es charlatanería; ramplonería de la peor clase: tomadura de pelo.

Quien indebidamente ocupa un cargo judicial y no renuncia no es juez ni magistrado. Es tan sólo un oportunista. Alguien que sobrevive gracias a la mentira y a la farsa.

Es una lástima que entre nosotros no se entiendan estas cosas. Que todo lo hayamos llevado a la chocarrería. Que hayamos convertido las cosas serias de la Patria, sus instituciones, en cosas manipuladas y con las que se comercia en los bazares de la ruindad.

 Es una lástima.

Corte Suprema sigue carrera de desaciertos en nombramiento de jueces

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- La Asociación de Jueces por la Democracia, en su seguimiento al nombramiento de magistrados y jueces, nuevamente alza su voz para denunciar los malos procesos de selección de jueces y magistrados en el Poder Judicial de Honduras.

En su momento comunicaron que el proceso tenía un problema de origen, consistente en la conformación de la Comisión de Selección, en la cual no se había incorporado a ningún juez o jueza, y la cual era controlada de forma absoluta por la Corte Suprema de Justicia, lo que le restaba credibilidad y legitimidad a este mecanismo.

El tiempo les ha dado la razón y hoy es manifiesta la inconformidad de un elevado número de profesionales del derecho, jueces/as que consideran que la Comisión ha tenido actuaciones improvisadas o sesgadas.

Comunicado

Nuevamente la Asociación de Jueces por la Democracia, comparece ante la opinión pública y ante el espacio judicial para dejar constancia de las irregularidades que se evidencian en el actual concurso para seleccionar candidatos elegibles a Magistradas(os) de Cortes de Apelaciones, Jueces de Letras, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución de Penas y Jueces de Paz II.

Oportunamente comunicamos que este proceso tenía un problema de origen, consistente en la conformación de la Comisión de Selección, en la cual no se habla incorporado a ningún juez o jueza, y la cual era controlada de forma absoluta por la Corte Suprema de Justicia, lo que le restaba credibilidad y legitimidad a este mecanismo.

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El tiempo nos ha dado la razón y hoy es manifiesta la inconformidad de un elevado número de colegas jueces/as que consideran que la Comisión ha tenido actuaciones improvisadas o sesgadas. Particularmente, reclaman contra la forma en que se realizaron las pruebas orales, fue notorio que no existía un temario previamente definido, y que las preguntas se formulaban dependiendo de quién era el integrante de la Comisión que presidia la misma, o de conformidad a la persona que se sometía a esta evaluación.

Entre otras cosas, los jueces/as han compartido que las preguntas eran ambiguas, que no se hacían según el cargo para el que se estaba concursando y, que las pruebas orales en general, no tenían la apariencia de ser transparentes. Argumentos parecidos se comentan respecto a las revisiones de estas pruebas.

En suma, este concurso carece de confiabilidad para los jueces y juezas, y al final no es más que el mecanismo para «formalizar» los nombramientos provisionales y discrecionales que se deciden desde la Corte Suprema de Justicia.

Y mientras estos «concursos» se realizan, los nombramientos de jueces/az continúan, tal es el caso, de los nuevos jueces/as de sentencia que se están nombrando en el Tribunal de Tegucigalpa, ignorando por completo que hay un proceso de selección en marcha. Y lo más grave del caso, es que los nombramientos interinos o provisionales se siguen dando sin considerar si se está participando o no en los mecanismos de apariencia en que se han convertido los concursos.

Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Señores Magistrados del Pleno, no continúen con las practicas que han convertido al Poder Judicial en una institución que la población percibe como carente de independencia, todavía es tiempo de enmendar, basta de nombramientos discrecionales, es tiempo de tomarse en serio el fortalecimiento de los juzgados y tribunales, instaurando procesos verdaderos y creíbles de Carrera Judicial Provisional.

Jueces consideran que Trump excede al castigar ciudades santuario por proteger inmigrantes

Tomado de LaOpinión.com

El gobierno del presidente Donald Trump tuvo un nuevo revés legal, luego de que el Séptimo Tribunal de Circuito considerara que la actual administración se excedió al tratar de implementar nuevas condiciones a las “ciudades santuario”.

A través del Departamento de Justicia, que lidera Jeff Sessions, la Administración Trump ha buscado restringir recursos federales a condados y ciudades que tienen programas para proteger a inmigrantes indocumentados o rechazan cooperar con la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en operativos.

El tribunal federal en Chicago confirmó este jueves una medida cautelar contra el otorgamiento de fondos federales para subvenciones supeditados a la cooperación con la aplicación de inmigración.

Un panel de tres jueces -todos ellos designados por los republicanos, reportó Político– dictaminó que había indicios de que la Administración Trump excedió su autoridad legal al tratar de implementar las nuevas condiciones sin la aprobación del Congreso.

El fallo se produjo en una demanda presentada por la ciudad de Chicago, Illinois, después de que el Departamento de Justicia impusiera las nuevas condiciones en julio de 2017 en un intento por alentar a los gobiernos estatales y locales a proporcionar más asistencia a las autoridades de inmigración, como ha presionado directamente el fiscal Sessions.

Un juez del panel designado por Reagan, Daniel Manion, dijo que limitaría la medida cautelar únicamente para proteger a Chicago, pero los otros dos jueces asignados al caso dijeron que la medida cautelar parecía estar justificada.

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En noviembre pasado, el fiscal Sessions presumió que el 80 por ciento de los condados y ciudades que obtendrían parte de los casi $100 millones de dólares para contratar nuevos policías aceptaron ayudar al gobierno federal en sus operativos contra inmigrantes.

“El Departamento de Justicia anunció que el 80 por ciento de los beneficiarios del Programa de Contratación de Policías (COPS, por sus siglas en inglés) de este año han acordado cooperar con las autoridades federales de inmigración en sus instalaciones de detención“, expresó el funcionario en un comunicado. “Aplaudo su compromiso con el estado de derecho y la eliminación de los delitos violentos, incluidos los delitos violentos derivados de la inmigración ilegal”.

Elección de Fiscal General de la República tiene que ser transparente y justa: Asociación de Jueces

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), se pronuncia porque la elección del nuevo Fiscal General de la República sea de manera transparente y justa, nombrando a un hombre o una mujer proba que combata la corrupción.

Los jueces señalan que en la valoración de los pasos que se han dado para la integración de la Junta Proponente, responsable de seleccionar la nómina de candidatos/as, no han sido conducentes para dotar de transparencia y legitimidad al proceso.

Pronunciamiento

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), respecto al actual proceso preparatorio para la elección del Fiscal General y su Adjunto reafirma la importancia de que este se lleve a cabo de forma altamente democrática, y bajo presupuestos de transparencia y de forma justa, tal y como lo ha recomendado el Relator de Independencia Judicial de Naciones Unidas.

El Relator Diego García Sayán, exigió a Honduras, Guatemala y El Salvador, garantizar una elección transparente de los nuevos fiscales que se elegirán en los próximos meses en el triángulo norte de Centroamérica. Enfatizando que estos altos funcionarios «tendrán un papel clave para romper la espiral de violencia en estos países».

Desafortunadamente, desde la AJD, valoramos que los pasos que se han dado para la integración de la Junta Proponente, responsable de seleccionar la nómina de candidatos/as, no han sido conducentes para dotar de transparencia y legitimidad al proceso.

La integración de un representante de las organizaciones de sociedad civil, violenta lo ordenado por la Sala Constitucional de la CSJ que el 22 de noviembre de 2016, resolvió mediante sentencia la inconstitucionalidad parcial de la parte final del primer párrafo del artículo 22 de la Ley del Ministerio Público, debiendo ser expulsado de la norma, misma que dispone: «y un representante de las organizaciones que integran la Alianza por la Paz y Justicia», por contravenir, restringir y menoscabar la normativa constitucional y tratados internacionales suscritos por Honduras.

Esta decisión de irrespeto a la sentencia de la Sala Constitucional, resulta un contrasentido que se produce en la propia casa de la justicia, que inexplicablemente pone en precario la jurisprudencia sustentada en la sentencia SCO-0623-2013 emitida el 22 de noviembre del año 2016.

AJD considera que este proceso de elección se debe realizar en base a un perfil y estándares internacionales, como lo indicó el Relator de Naciones Unidas, quien exigió que se pongan en práctica criterios estrictos, claros y objetivos para evaluar la integridad, idoneidad y competencias de los candidatos que deben tener un claro compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho.

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Finalmente, la AJD considera que la elección del Fiscal General y su Adjunto, es una oportunidad para fortalecer la independencia de la justicia, y para atacar la corrupción de los altos funcionarios del Estado y disminuir la impunidad.

Exhortamos a los grupos políticos en el Congreso Nacional y a los integrantes de la Junta Proponente, a elegir un(a) Fiscal General y Adjunto, que tenga méritos para el cargo y que pueda desempeñarse de forma independiente al frente del Ministerio Público.

4 de abril de 2018

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA

Poder Judicial nombra jueces y magistrados con competencia nacional en materia de extorsión

Conozca el listado completo de los jueces, juezas, magistrados y otros cargos del nuevo Tribunal 

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Poder Judicial publicó este miércoles la lista del personal de juzgados de Letras, Tribunal de Sentencia y Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de extorsión.

La lista ha sido publicada junto al acuerdo PCSJ-033-2017 que sustenta el nombramiento del nuevo personal. El acuerdo refiere que los candidatos han  sido electos, según  los listados proporcionados, tanto por la Comisión de Selección de Jueces y Magistrados como por la Comisión de Selección de Secretarios, Receptores, Escribientes, Digitadores y Archiveros.

El acuerdo es firmado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rolando Argueta, quien de acuerdo al marco legal es quien hace los nombramientos.

A continuación las listas de los nombrados

A.-JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN DE TEGUCIGALPA:

  1. Juez de Letras ALEXIS MELANIO CASTILLO VÁSQUEZ;

2. Secretario Adjunto ORQUIDEA MARINA LAINEZ RODRÍGUEZ

3. Receptor II LESLY JUDITH ISIDRO VIERA.

4. Escribiente III RICCY JAQUELYN CRUZ RODRIGUEZ 5.

 Escribiente III ANGIE VICTORIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

6. Archivero l MARIA JOSÉ PAZ FLORES

7. Conserje REINA MARGARITA HERNÁNDEZ JUANES.

B.-  TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN:

1. Juez GREISY ZELAYA PINEDA

2. Juez JOSEFA ELIZABETH GUEVARA GARCIA

3. Juez RICARDO MAURICIO NUÑOZ DERAS:

4. Juez TELMA CRISTINA MARTÍNEZ

5. Secretario de Tribunales GÉNESIS BRIGHIT RIVERA FUENTES

6. Secretario Adjunto MARY YORLENY SAUCEDA ORTEGA

7. Receptor II FABRICIO ARIEL AYALA CANTARERO,

8. Receptor II CRISTIAM FERNANDO ORTÍZ MENDOZA

9. Asistente de Sala DORIS PAOLA RUIZ NUÑEZ

10. Técnico de grabaciones LIGIA MARIELA VELIZ OBANDO

 11. Digitador ALLAN JAVIER PINEDA LÓPEZ

12. Archivero I OSIRIS NINOSKA CASTELLANOS VILLAVICENCIO

13. Conserje REYNA ELIA HERNÁNDEZ BONILLA

14. Motorista I OMNIDAS LUDOVICO ARGEÑAL REYES.

C. CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN:

1. Magistrada LIDIA MARGARITA LÓPEZ HERNÁNDEZ;

2. Magistrada DILCIA YAMIL GONZÁLEZ.

 3. Magistrada YESSENIA JULISSA AGUILAR SANTOS;

4. Secretario JESSY MARIELA ROMERO CARDONA:

5. Receptor II ANGÉLICA MARÍA FLORES BARRIENTES;

 6. Escribiente III OSMAN JOSE AVILA SIERRA.

7. Escribiente III REINA ARGESH CLAROS HERNÁNDEZ;

8. Archivero I GABIELA NICOLE ORDOÑEZ PALENCIA; y,

9. Conserje ANA LIZETH RODRÍGUEZ BARAHONA.

Poder Judicial

 

Instancias internacionales siguen exigiendo reincorporación de jueces, mientras gobierno hondureño sigue dando las espaldas

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Mientras las instancias internacionales siguen presionando al Estado de Honduras para que cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referente al caso López Lone y otros, el gobierno de Honduras sigue dando las espaldas.

En el marco de las conclusiones del Segundo Informe Periódico de Honduras, publicado el 29 de julio por el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se insta nuevamente al Estado de Honduras a reincorporar a los jueces Adán Guillermo López Lone y Tirza del Carmen Flores Lanza, destituidos de manera arbitraria en el 2009, por haberse manifestado en contra del golpe de Estado.

Jueces
                                                          Adán Guillermo López Lone

Al respecto, uno de los afectados por las acciones arbitrarias de la justicia hondureña, Adán Guillermo López Lone, expresó hoy ante CRITERIO que lamentablemente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta y el presidente de la República, Juan Hernández—como  representante del Estado—“se han colocado de espaldas al cumplimiento de tratados internacionales y de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, al no cumplir con la sentencia de octubre de 2015.

López Lone apuntó que el incumplimiento de la sentencia es el reflejo de que el Poder Judicial en Honduras no es independiente, lo que de paso está trayendo como consecuencia que los indicadores sobre derechos humanos sean muy bajos y eso al final influye, de una u otra manera, para que el país haya sido excluido nuevamente de los fondos de la Cuenta del Desafío del Milenio y de otras iniciativas.

La sentencia del caso López Lone y otros, fue emitida el 5 de octubre de 2015. En ese momento el Estado hondureño fue emplazado para que en el término de un año reincorporara a sus puestos de origen a los jueces Adán Guillermo López Lone y Tirza del Carmen Flores Lanza. El año se venció el 10 de noviembre de 2016.

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Posteriormente López Lone y Flores Lanza, acudieron a una audiencia de supervisión de cumplimiento el 10 de febrero de este año y el 25 de mayo, la CIDH emitió una nueva resolución, mediante la cual le notificó al Estado hondureño que tenía que cumplir con  el reintegro.

Almagro presencia entrega de listado de jueces anticorrupción

Por: Redacción CRITERIO

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El secretario general de la OEA reconoce que en Honduras la corrupción es sistémica y de dimensiones inéditas.

Tegucigalpa.-En presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, recibió este miércoles el listado de los jueces y magistrados anticorrupción.

La lista está integrada por 17 candidatos, de los que posteriormente se seleccionarán 10 jueces y magistrados (cuatro jueces de sentencia, cuatro de apelaciones y dos de letras.

En su intervención, Almagro manifestó que la creación de una jurisdicción penal especializada en combatir la corrupción “es un gran paso adelante en Honduras. Tal como abogó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH)”.

También dijo que la corrupción es un crimen perverso que debe tener la mayor atención de los gobiernos y “en Honduras la población se manifestó masivamente en contra de la corrupción y hoy aquí estamos presenciando esta iniciativa para construir la institucionalidad que permita enfrentarla con convicción y eficacia”.

Según Almagro, el nuevo esquema judicial “encaja en una Honduras que enfrenta un fenómeno de corrupción sistémica y de dimensiones inéditas, que debe combatirse mediante la conformación y posterior actuación conjunta de tribunales, procuradores y fiscales especializados en delitos contra la administración pública.

Consideró además que la iniciativa permitirá el procesamiento de redes de corrupción y conducirá a  la recuperación de los bienes y activos  que pertenecen al pueblo hondureño.

“Con la creación de esta jurisdicción penal, esperamos que, ahora sí, los resultados para investigar y sancionar a los corruptos puedan hablar por sí mismos. Esta iniciativa debe suponer el comienzo del fin de la impunidad”, expresó Luis Almagro.

La MACCIH elaboró el protocolo de selección de jueces, que fue aprobado mediante acuerdo del Poder Judicial N°1, el 26 de mayo de 2016. El protocolo contiene las distintas etapas del proceso, que han estado bajo la responsabilidad de una comisión especial integrada por:

El magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Bustillo;

La magistrada de la Sala de lo Laboral, María Fernanda Castro;

El representante y vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor;

El representante de Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), y de la Sociedad Civil, Carlos Hernández.

Al recibir el listado de los 17 candidatos, el presidente del Poder Judicial, manifestó que los preseleccionados participaron en un riguroso proceso, alejado de los sesgos políticos, ya que, según él, se antepuso la meritocracia de los aspirantes que fueron sometidos a cuatro procesos.

Inicialmente, 105 candidatos fueron sometidos al proceso, lista que se fue depurada a medida avanzaba el concurso de selección, basado en evaluaciones  de conocimientos jurídicos, pruebas de confianza, patrimoniales y de polígrafo.

Los seleccionados recibirán como beneficios: 15 salarios anuales, seguridad personal y para su núcleo familiar, vehículo blindado y conductor, servicio de telefonía móvil, seguridad social, seguro médico hospitalario y odontológico titular y dependientes, seguro de vida titular, plan de jubilación y pensiones, vacaciones anuales y capacitación permanente.

El proceso avalado por la MACCIH, estuvo coordinado por  la Comisión de Selección de Jueces y Magistrados de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, integrada por miembros del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ).

34 abogados a última entrevista para escoger 15 jueces y magistrados anticorrupción

Proceso es apoyado y supervisado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. Un total de 34 profesionales del derecho serán sometidos a entrevistas para ocupar los cargos de jueces y magistrados de lo Penal en materia de Corrupción tras aprobar la evaluación de conocimientos jurídicos, según información proporcionada por miembros de la Comisión de Selección.

Los postulantes se presentaron el lunes a la evaluación, la tercera de las siete etapas del proceso de selección iniciado en agosto pasado. De los 58 que habían aprobado el análisis curricular previo, 27 mujeres y 22 hombres se sometieron al examen escrito que incluyó interrogantes sobre derecho constitucional y tratados internacionales, ética y carrera judicial, derecho penal y derecho administrativo.

 Entre los 34 aprobados, 16 se postulan como magistrados, 11 como jueces de sentencia y 7 como jueces de letras. Los aspirantes serán citados nuevamente para entrevista, la cual –igual que en las etapas anteriores deberán aprobar con 70% para continuar en el proceso. Quienes sigan entre los elegibles, deberán someterse posteriormente a pruebas patrimoniales y de confianza.

 “Se ha evaluado los perfiles, se ha evaluado su currículum vitae y sus antecedentes laborales, se ha sido transparente y se les ha dado a cada uno de los candidatos tanto a los que han aprobado y los que no, la oportunidad de que se les brinde una revisión en caso de que ellos tengan interrogantes”, expresó Lester Ramírez, representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en el país que funge como secretario del proceso.

Por su parte, Mario Díaz, quien participa como veedor, señaló que “una vez que estén estos resultados se van unir todas las calificaciones que hayan tenido y luego van a ser seleccionados en base a los que alcances los mejores méritos, es decir los mayores puntajes en las pruebas que vayan asumiendo”.

Los aspirantes concursan por dos cargos de Juez de lo Penal, cuatro cargos de juez de Tribunal de Sentencia, tres cargos de magistrado de Corte de Apelaciones y uno de magistrado integrante de Corte de Apelaciones.