JOH viola Ley de Política Limpia, pero actores vinculantes evitan hacer juicios al respecto

 

JOH viola Ley de Política Limpia
El director de Caritas, Carlos Patiño y el supervisor de campañas de la Unidad de Política Limpia, Javier Franco, se van por la tangente al ser consultados sobre el tema.

Comisionados de política limpia y sociedad civil se van  por la tangente

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Ante la violación a la Ley de Política Limpia por parte del presidente, Juan Hernández, los actores vinculantes que le dan seguimiento al cumplimiento de esta normativa aún no manifiestan su papel beligerante para sancionar al jefe del Estado hondureño.

La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, que entró en vigencia el 18 de enero de 2017, establece como principios básicos la equidad, imparcialidad y la legalidad. En tanto el artículo 32 que se refiere a la neutralidad política, dice que “los funcionarios y empleados públicos deben abstenerse de realizar actos de proselitismo político de conformidad con el Artículo 142 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas”.

Lo establecido, tanto en la Ley de Política Limpia y Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, es constantemente violentado por el presidente y candidato pro reelección, Juan Hernández, quien aprovecha los actos oficiales de Estado para hacer proselitismo político.

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El más reciente incidente se produjo el pasado lunes en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde pidió a los hondureños que razonen su voto porque su propuesta de poner en marcha las Zonas Especiales de Desarrollo (Zedes) es la respuesta al desempleo.

Hernández pide además, en casi todas sus comparecencias como presidente de la República, el voto en raya continua para favorecer a los diputados del Partido Nacional y su gobierno sigue entregando raciones de alimentos a través de la famosa “Bolsa Solidaria”.

JOH viola Ley de Política Limpia
                Javier Franco, supervisor de campañas de la Unidad de Política Limpia

 

Abordado este día por medios de comunicación, el comisionado supervisor de campañas de la Unidad de Política Limpia, Javier Franco, dijo que el pasado 28 de agosto el gobierno emitió un comunicado para instruir a todas las secretarías de Estado para que suspendieran la publicidad institucional, en cumplimiento de la normativa.

Con lo anteriormente manifestado, Franco dejó por sentado que el comunicado del gobierno es la verdad y a la vez  depositó la responsabilidad de la Unidad de Política Limpia a la Pastoral de la Iglesia Católica Caritas, quien—dijo—con base a un convenio de veeduría le está dando seguimiento al tema en nueve regiones del país.

Ante el acoso de la prensa apuntó que revisarán las publicaciones de los medios de comunicación para “hacer el proceso que requiere y que la ley nos manda”.

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Carlos Patiño, director de Caritas

CRITERIO buscó la reacción del director de Caritas, Carlos Patiño, que contestó que son los entes contralores del Estado los que deben dar una respuesta sobre el tema y que actualmente hay suficientes herramientas para que la ciudadanía exija transparencia.

Apuntó que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) debe jugar un papel fundamental al igual que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Ante la repregunta de este medio de comunicación sobre el cumplimiento del convenio de veeduría de la Ley de Política Limpia, dijo que como representante de Caritas no puede decir nada porque son los comisionados de política limpia los que deben aplicar la ley.

“Caritas lo que está siendo es un auxiliar para poder documentar los casos y poderlos trasladar, pero no podemos nosotros suplantar la función que debe tener la Unidad de Política Limpia”, argumentó Patiño.

Pese a que la violación de Hernández a la Ley de Política Limpia es público, desde el momento que se aprovecha de su embestidura para pedir el voto a los electores desde el cargo de Presidente, el dirigente de sociedad civil alegó que no tiene evidencias para decir que el gobernante ha torcido el estamento jurídico.