Por: Joaquín A. Mejía Rivera
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Una declaración explosiva
San Pedro Sula.-“Sí”, fue la respuesta que el pasado 6 de marzo dio el jefe de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, cuando le preguntaron si él y su organización criminal confían en el ejército hondureño. “¿Para qué tipo de cosas?”, fue la siguiente pregunta que se le hizo en el marco de su declaración ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Su respuesta fue “para información de la Policía, información de radar y seguridad”.
Estas palabras dejaron al descubierto una vez más una realidad de la que casi nadie habla: la relación silenciosa pero permanente entre militares y narcotráfico, en la que las Fuerzas Armadas juegan un papel central, no para combatirlo sino para facilitarlo. A la luz de dicha declaración, no resultan nada extraño dos datos sumamente importantes que han pasado intencionalmente desapercibidos en los grandes medios de comunicación.
Primero, que el capitán de la Fuerza Área, Carlos Alberto Maradiaga, y el capitán del Ejército, Carlos Rodríguez Orellana, son dos nombres que aparecen en un listado de la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos, por supuestos vínculos con el narcotráfico. Segundo, que existe una lista de 14 oficiales y 35 miembros de la Fuerza Naval que desde el año 2010 han sido expulsados de las Fuerzas Armadas por la misma razón.
Frente a estos dos hechos hay otras dos cuestiones que sí resultan extrañas. Primero, que hasta el momento no conozcamos ningún nombre de un alto oficial de las Fuerzas Armadas vinculado con el tráfico de drogas; segundo, que la sociedad no haya sido informada si esos 49 militares expulsados fueron investigados y acusados por el Ministerio Público, condenados por el Poder Judicial y recluidos en los centros penales del país.
El General no tiene quién lo investigue
En un reciente estudio sobre “Elites y crimen organizado en Honduras”, Insigth Crime señala que la relación entre militares y narcotraficantes comenzó en el nivel operativo más básico, pero luego trascendió a los niveles más altos de las Fuerzas Armadas y “llegó hasta el corazón de los servicios de inteligencia militar”. En este punto resulta interesante recordar que en su declaración, “El Cachiro” mencionó al General Julián Pacheco Tinoco, actual ministro de seguridad, a quien vincula con sus actividades de tráfico de drogas, junto con diputados, alcaldes y el ex presidente Porfirio Lobo Sosa.
Es preciso recordar que el General Pacheco Tinoco ha fungido como director de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas y jugó un papel clave en las acciones de inteligencia durante el golpe de Estado. Luego fue nombrado director de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, dentro de cuya estructura se encuentran unidades especializadas en extorsión, sicariato, terrorismo y narcotráfico.
A la luz de lo anterior, resulta sumamente preocupante que el mayor responsable de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de luchar contra el narcotráfico aparezca señalado y en fotografías con Los Cachiros. Después de negar rotundamente algún tipo de contacto con estos narcotraficantes, el General Pacheco Tinoco se vio obligado a admitir que participó en una reunión con ellos en la que le propusieron formar parte de su red de colaboradores en el tráfico de drogas, a lo que él se negó rotundamente.
No obstante, teniendo en cuenta que el ministro de seguridad es considerado el hombre más poderoso del país por la información que maneja, ya que es un especialista en inteligencia militar y un oficial de alto rango dentro de las Fuerzas Armadas, todavía no ha demostrado lo que hizo para denunciar estos hechos. Es claro que el General Pacheco Tinoco sabía desde hace años que Los Cachiros traficaban con drogas y, por tanto, la pregunta que aún no tiene respuesta es ¿cuáles son las acciones que realizó como autoridad militar y máximo responsable de la seguridad e inteligencia del Estado para denunciar y desmantelar a esta organización ilegal?
A la luz de las declaraciones de Devis Leonel Rivera Maradiaga todo indica que el actual ministro de seguridad no hizo nada al respecto, ya que Los Cachiros continuaron operando sin ningún problema, siguieron recibiendo apoyo y seguridad por parte de policías, militares y políticos, fueron responsables de la muerte de 78 personas, traficaron con más de 20 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y lavaron millones de lempiras a través de contratos otorgados por el gobierno de Lobo Sosa, quien nombró al General Pacheco Tinoco como director de la poderosa Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia.
Estos datos también demuestran la incapacidad o aquiescencia del Ministerio Público y del Poder Judicial en investigar y sancionar hechos tan graves relacionados con el crimen organizado. Y sin duda alguna, si no fuera por las extradiciones impulsadas por el gobierno de Estados Unidos, la relación entre narcotráfico y empresarios, políticos y militares, seguiría siendo un secreto a voces manejado como rumor de pasillo, y continuaría sin que las autoridades correspondientes investigaran decididamente al respecto.
¿Quiénes son los verdaderos dueños de las fronteras?
Hay tres hechos irrefutables: Primero, la droga pasa por las fronteras marítimas, aéreas y terrestres; segundo, históricamente los militares han tenido el mandato y la responsabilidad constitucional de cuidar dichas fronteras; y tercero, el tráfico de drogas no se ha detenido, ya que de acuerdo al más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el 80% de las aeronaves con droga que salen desde Suramérica hacia ese país, se detuvieron primero en Honduras.
En su conjunto estos hechos cuestionan al menos 3 tesis fundamentales en las que se basa la creciente influencia y presencia militar en la vida política del país: Primero, la necedad del gobierno de Juan Orlando Hernández de confiar a los militares la lucha contra el narcotráfico en el ámbito de la seguridad interior y de fortalecerlos como nunca en la historia del país, sabiendo que han sido incapaces o cómplices en el trasiego de drogas por las fronteras que siempre han estado bajo su control.
Segundo, las Fuerzas Armadas es la institución que más dinero recibe de nuestros impuestos. Entre 2006 y 2016, el presupuesto ordinario para los militares aumentó en un 161% y entre 2012 y 2016, de los más de once mil millones de lempiras de la tasa de seguridad, los militares se llevaron el 53%. Y lo más preocupante es que si han fracasado estrepitosamente en evitar el tráfico de drogas por nuestras fronteras, la Ley de Secretos Oficiales les protege para mantener en secreto cómo han utilizado esos millones de lempiras del presupuesto público.
Tercero, a pesar de la desconfianza generalizada en la institucionalidad y de la participación de los militares en crímenes de lesa humanidad durante los años 80, en el golpe de Estado de 2009 y en el tráfico de drogas, las Fuerzas Armadas son la quinta institución en las que más confía un 46.1% de la población, de acuerdo al sondeo de opinión pública del ERIC-SJ.
Los datos son contundentes y nos llevan a una conclusión evidente: La conexión entre militares y narcotráfico no ha cambiado mucho desde la época de Ramón Matta Ballesteros, tiempos en los que, como señala Insight Crime, facilitaban el paso de la droga y de los narcotraficantes por aeropuertos, fronteras y aduanas, y con la complicidad de altos jerarcas de las Fuerzas Armadas utilizaron nuestro territorio “para crear un corredor amplio y lucrativo para el transporte de drogas hacia el norte, junto con sus socios en Colombia y México”.
Una exigencia democrática: Depuración o desaparición
El hecho de que las Fuerzas Armadas tengan la confianza ciudadana, un poderío económico incalculable y la fuerza de las armas para influir en las decisiones políticas más importantes del país, hace que su relación con el narcotráfico las convierta en una de las instituciones más fuertes y peligrosas para la democracia y la seguridad de la ciudadanía, frente a lo cual se requiere al menos un profundo proceso de depuración militar y de determinación de responsabilidades penales desde la cúpula hacia la base.
Sin embargo, en un país tan empobrecido y con las heridas abiertas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares durante los años 80 y el golpe de Estado de 2009, y en el actual contexto de paz en la región, la exigencia democrática ciudadana no puede ser otra que la desaparición permanente de las “honorables” Fuerzas Armadas de Honduras.
El país podría haber avanzado mucho en términos de desarrollo humano si los casi 6 mil millones de lempiras destinados a los militares solo con la tasa de seguridad, hubieran sido invertidos en políticas sociales orientadas a intervenir en las condiciones de extrema pobreza, exclusión social y privación de derechos tan básicos para la dignidad humana como la educación, la salud, la vivienda y el empleo, cuya intolerable negación provoca que la conflictividad aumente y evita que se reconstruya el tejido social roto por la violencia y la impunidad.