La Corte Nacional de Justicia de Ecuador fue notificada este miércoles, a las 10:35 (hora local), por la Policía Internacional (Interpol) sobre el rechazo al pedido de las autoridades judiciales del país suramericano para que se emita una orden de difusión roja en contra del expresidente Rafael Correa (actualmente residente en Bélgica).
El documento señala que “tras haber examinado detenidamente todos los elementos concernientes a la situación jurídica del Solicitante, la información disponible a la Comisión reveló que la retención de los datos en el Sistema de Información de Interpol no era compatible con la obligación de Interpol de Asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de “respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 2 de los Estatutos de Interpol)”.
El 21 de octubre, una fuente que solicitó la reserva informó a ElEstado.net sobre la resolución de Interpol. Según esta fuente, la petición de Ecuador fue rechazada al considera que existirían implicación políticas en el juicio por presunto plagio contra el político Fernando Balda.
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La decisión de la organización internacional significa un verdadero revés para el sistema de justicia ecuatoriano y confirmarían los argumentos del expresidente Rafael Correa y su defensa, en el sentido de que el juicio contra el exjefe de Estado se trata de un sainete y una persecución política encabezada por desde la más alta instancia del gobierno en complicidad con la Fiscalía.
El fiscal Paúl Pérez Reina, que llevó adelante el caso, presentó su renuncia el 14 de noviembre alegando temas personales. El pasado 1 de diciembre, la fiscal encargada, Ruth Palacios inició una investigación contra Pérez Reina por el presunto delito de usurpación de funciones.
El abogado ecuatoriano, Eduardo Franco Loor dijo a ElEstado.net que la resolución de Interpol es correcta pues, el artículo 3 de su Estatuto es claro y señala que la institución no avala temas políticos.
“Es claro que el caso Balda no reúne estándares de legalidad penal sino que es una persecución política antidemocrática contra el expresidente, orquestado por el gobierno de Lenín Moreno y en contubernio con jueces de la Corte Nacional“, comentó Loor.
La Interpol habría basado su decisión en la falta de coherencia de las acusaciones, la evidencia contundente (adjuntada al expediente) sobre la interferencia en las funciones, por el nombramiento irregular del Fiscal, las entrevistas y declaraciones del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Julio César Trujillo, y la propia actitud del gobierno de Lenín Moreno, reseñó la fuente.
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El juicio contra Correa se inició por la denuncia de Fernando Balda, un político cercano al expresidente colombiano, Álvaro Uribe, por un fugaz secuestro en Bogotá, en 2012. Balda señala a Correa (quien gobernó Ecuador entre enero de 2007 y mayo de 2017) de ser el autor intelectual del confuso suceso.
Los testigos estrella del caso son dos agentes de inteligencia quienes se acogieron al mecanismo de cooperación eficaz. Rafael Correa ha denunciado que el caso se trata de una persecución política-judicial.
