Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Mientras las instancias internacionales siguen presionando al Estado de Honduras para que cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referente al caso López Lone y otros, el gobierno de Honduras sigue dando las espaldas.
En el marco de las conclusiones del Segundo Informe Periódico de Honduras, publicado el 29 de julio por el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se insta nuevamente al Estado de Honduras a reincorporar a los jueces Adán Guillermo López Lone y Tirza del Carmen Flores Lanza, destituidos de manera arbitraria en el 2009, por haberse manifestado en contra del golpe de Estado.
Al respecto, uno de los afectados por las acciones arbitrarias de la justicia hondureña, Adán Guillermo López Lone, expresó hoy ante CRITERIO que lamentablemente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta y el presidente de la República, Juan Hernández—como representante del Estado—“se han colocado de espaldas al cumplimiento de tratados internacionales y de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, al no cumplir con la sentencia de octubre de 2015.
López Lone apuntó que el incumplimiento de la sentencia es el reflejo de que el Poder Judicial en Honduras no es independiente, lo que de paso está trayendo como consecuencia que los indicadores sobre derechos humanos sean muy bajos y eso al final influye, de una u otra manera, para que el país haya sido excluido nuevamente de los fondos de la Cuenta del Desafío del Milenio y de otras iniciativas.
La sentencia del caso López Lone y otros, fue emitida el 5 de octubre de 2015. En ese momento el Estado hondureño fue emplazado para que en el término de un año reincorporara a sus puestos de origen a los jueces Adán Guillermo López Lone y Tirza del Carmen Flores Lanza. El año se venció el 10 de noviembre de 2016.
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Posteriormente López Lone y Flores Lanza, acudieron a una audiencia de supervisión de cumplimiento el 10 de febrero de este año y el 25 de mayo, la CIDH emitió una nueva resolución, mediante la cual le notificó al Estado hondureño que tenía que cumplir con el reintegro.