Tomado de: laopinión.com
El fiscal general Jeff Sessions ordenó a los jueces migratorios rechazar las peticiones de asilo de aquellos inmigrantes que alegan violencia de pandillas o doméstica, al considerar que se trata de “delitos privados” que no son motivo para otorgar el beneficio migratorio.
“En general, los reclamos de extranjeros relacionados con violencia doméstica o violencia de pandillas perpetrados por actores no gubernamentales no calificarán para el asilo”, escribió Sessions en su decisión.
“El mero hecho de que un país tenga problemas para vigilar eficazmente ciertos delitos, como la violencia doméstica o la violencia de pandillas, o que ciertas poblaciones sean más propensas a ser víctimas de un delito, no puede por sí mismo establecer una solicitud de asilo”, afirmó.
En la decisión oficial dada a conocer por el Departamento de Justicia (DOJ) se justifican los aspectos destacados por el fiscal Sessions.
“Las leyes de inmigración de nuestro país estipulan que se otorgue asilo a las personas que han sido perseguidas o que tienen un temor bien fundado de persecución, debido a su pertenencia a un ‘grupo social particular’, pero la mayoría de las víctimas de delitos personales no lo son, no importa cuán viles sean los delitos contra ellos”, indica el DOJ.
La postura, afirma, no minimiza el dolor de las víctimas que sufren violencia doméstica, pero defendió que el asilo deberá ser otorgado por motivos demostrables de persecución, como “castigo” a pertenecer a grupos en particular.
“En primer lugar, el solicitante debe demostrar su pertenencia a un grupo, que se compone de miembros que comparten una característica inmutable común, se define con particularidad y es socialmente distinta dentro de la sociedad en cuestión. Y segundo, la membresía del solicitante en ese grupo debe ser una razón central para su persecución”, se argumenta.
Luego especifica una condicionante clave: el gobierno del solicitante de asilo no quiere proteger a la víctima o no puede protegerla, pero eso también deberá demostrar el inmigrante.
Sobre la violencia doméstica, el DOJ indica que el gobierno de los EEUU mantiene su postura en contra de este crimen, el cual califica de “privado”.
Beth Werlin, directora ejecutiva del American Immigration Council, criticó la decisión del gobierno del presidente Donald Trump.
“La decisión del Procurador General, si se le permite permanecer en pie, sin duda dará como resultado el envío de incontables madres y niños a sus abusadores y pandillas delictivas”, apuntó en un comunicado. “Dar la espalda a las víctimas de la violencia y deportarlas a un peligro grave no debería ser el legado que busca cualquier administración”.
Previo a darse a conocer su decisión, el fiscal Sessions acusó que los inmigrantes indocumentados abusaban de la figura de asilo para permanecer en los EEUU.
Denise Bell, investigadora de los derechos de los refugiados y migrantes en Amnistía Internacional EEUU también cuestionó la decisión de Sessions.
“Esta decisión despiadada lleva los ataques constantes y continuados a los solicitantes de asilo un paso más allá al dirigirse específicamente a las personas que buscan seguridad contra la violencia doméstica o de pandillas”, indicó. “¿En qué mundo Estados Unidos le da la espalda a las personas que han sufrido persecución, trauma y angustia extrema por la violencia doméstica o de pandillas? “Las familias que buscan seguridad merecen nuestra compasión“