Por: Fred Alvarado
El gobierno canadiense pareció muy complacido y afable de recibir en Ottawa la deshonrosa presencia de la canciller hondureña, la señora María Dolores Agüero, quien integraba la delegación de 25 países y miembros del Grupo de Lima (GL) para tratar de urgencia la crisis de Venezuela y la incorporación del gobierno interino de Juan Guaidó al grupo. A los ojos del PM canadiense Justin Trudeau y el GL, la única crisis que requiere atención y discusión es la del régimen de Nicolás Maduro y los miles de refugiados venezolanos. Pero tal parece que en Honduras la crisis pasa desapercibida, no hay preocupación ni refugiados hondureños que atender, nada que amerite pronunciarse, mucho menos reunirse de urgencia en Canadá; aunque a diario cientos de hondureños huyen del país centroamericano buscando asilo por causa de la violencia perpetrada desde el Estado hondureño en colusión con el narcotráfico y el crimen organizado.
Desde su fundación en 2017, el denominado Grupo de Lima ha convocado a 10 reuniones de urgencia exclusivamente para buscar una salida a la crisis venezolana. Aunque visiblemente se observe una igual o peor crisis humanitaria en Honduras heredada del fraude electoral a finales de 2017, ningún país del Grupo de Lima hace referencia a la represión militar, los asesinatos selectivos de jóvenes, los presos políticos en cárceles de máxima seguridad, ni los nexos del presidente Juan Hernández con el tráfico de cocaína, ni tampoco se habla de la masiva migración de hondureños organizados en caravanas rumbo a Estados Unidos.
No es extraño que Canadá desconozca lo que pasa en Honduras al hacerse de oídos sordos, validando con su acostumbrada indiferencia la histórica injerencia estadounidense en los asuntos internos de Honduras, callando y dejando pasar las horribles violaciones a los derechos humanos. ¡Ah! por supuesto, los negocios de capital canadiense en Honduras resultan muy rentables cuando el frágil y corrupto sistema legislativo les permite negociar la promulgación de leyes a beneficio de las rapaces compañías de minería y turismo canadienses que generan desplazamientos humanos, saqueo de recursos naturales y daño ambiental.
Es verdaderamente paradójico el llamado de Canadá a través de las conclusiones propuestas por el Grupo de Lima de “pedir el restablecimiento inmediato de la democracia en Venezuela mediante la celebración de elecciones libres y justas convocadas por las autoridades legítimas.” En las elecciones presidenciales de Honduras, Canadá abiertamente avaló el fraude electoral de 2017 y reconoció al nacionalista Juan Hernández como ganador de los comicios reeligiéndose de manera ilegítima al violentar la constitución para continuar un segundo mandato. El gobierno canadiense se hizo de la vista gorda al llamado de la OEA que sugería nuevas elecciones aun cuando el resultado oficial arrojaba como ganador al candidato de la oposición Salvador Nasralla.
La postura canadiense de reconocer al opositor Juan Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela para establecer un Gobierno de transición recuerda la polarización política del golpe de Estado en Honduras en 2009 y el papel de Canadá al apoyar el violento secuestro del presidente Manuel Zelaya trasladado en pijamas en un avión militar a Costa Rica y reconocer a Roberto Micheletti como Presidente interino de Honduras para una “transición democrática” mediante elecciones fuertemente militarizadas.
El GL además señaló en sus conclusiones que “las iniciativas de dialogo por diversos actores internacionales fueron manipuladas por el régimen de Nicolás Maduro, transformándolas en maniobras dilatorias para perpetuarse en el poder”. No obstante, en el contexto de la crisis hondureña, los diálogos transcurrieron lentamente concluyendo sin acuerdos con una oposición dividida; Juan Hernández no estuvo presente en ninguna reunión del dialogo nacional, solo sus representantes. Así mismo, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, mantuvo una posición pasiva y dilatoria frente a la crisis política hondureña.
Mientras tanto, María Dolores Agüero, canciller caradura del régimen hondureño en su papel de emisaria de Juan Hernández frente al Grupo de Lima, condena “las persistentes y serias violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela por parte de las fuerzas de seguridad que han causado numerosos muertos, heridos y detenciones, además expresa profunda preocupación por la situación de los presos políticos y exigen su liberación inmediata.”
No es desconocido para el resto de los países del hemisferio lo que acontece en Honduras con respecto a las serias violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, la represión militar desmedida, detenciones arbitrarias, persecución política, masacres, etc. Las demandas por la liberación de los presos políticos en Honduras continúan en un limbo empantanado. El caso del preso político Edwin Espinal casado con la ciudadana canadiense Karen Spring permanece recluido en condiciones inhumanas en una cárcel de máxima seguridad a pesar de haber solicitado al gobierno canadiense mediar para su liberación inmediata. Sin embargo, el Grupo de Lima ha evidenciado que Honduras no está en la mesa de discusión.
Entre otras muestras de intromisión, Canadá y el GL “hacen un llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela para que manifieste su lealtad al Presidente Encargado en su función constitucional de Comandante en Jefe de la misma.” Ni la OEA, ni el Grupo de Lima, ni Canadá, hicieron un llamado a las Fuerzas Armadas de Honduras para ejercer el cumplimiento de su función en defender la constitución hondureña cuando Hernández dio un zarpazo para reelegirse por la fuerza. Tampoco hicieron un llamado a la insurrección en defensa del orden constitucional amparados en el artículo 3 que claramente dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman por la fuerza de las armas.
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Otro punto contradictorio y no menos importante mencionado en las conclusiones del GL es “su preocupación por el éxodo provocado por la crisis política, económica y social en Venezuela”. Justin Trudeau prometió un desembolso de 53 millones de dólares en ayuda humanitaria para el gobierno paralelo de Juan Guaidó en apoyo a la crisis migratoria venezolana. Pero resulta incoherente pronunciarse a favor de los miles de refugiados venezolanos, sin mencionar el éxodo masivo de hondureños que ha acaparado la atención mediática en los últimos meses provocada por los altos índices de violencia, pobreza extrema, corrupción, y desempleo. Hasta la fecha, el gobierno canadiense no ha emitido ningún pronunciamiento o preocupación por la crisis migratoria hondureña que se desplaza por territorio mexicano huyendo del régimen de Hernández, salpicado por escándalos de narcotráfico, lavado de activos y recibir sobornos del cartel de los Cachiros, además de tener conocimiento del tráfico de cocaína a gran escala por miembros de su partido político y de su mismo hermano, el narcotraficante Tony Hernández. Droga que también lograría cruzar territorio canadiense.