Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. – La familia de la asesinada ambientalista Berta Cáceres, pidió al Ministerio Público un informe completo del otorgamiento ilegal de 49 proyectos hidroeléctricos en los departamentos de Santa Bárbara, Intibucá, Lempira y La Paz y que fueron denunciados por Berta Cáceres, antes de ser asesinada.
En estos proyectos han realizado acciones ilícitas para obtener los permisos ambientales y los permisos de operación además de violentar los derechos de los pueblos originarios irrespetando el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas.
Es el Congreso Nacional quien tiene la potestad de anular esos contratos y por esa razón, Olivia Zúñiga como diputada de Libre presentó en el señor del Legislativo la Ley Berta Cáceres para la anulación de proyectos del Estado con la empresa DESA, porque a dos años del asesinato de su madre esa concesión sigue en pie.
Además, pidieron la captura inmediata de los autores intelectuales del asesinato de la lideresa del pueblo Lenca y defensora del río Gualcarque y río Blanco entre otros acuíferos.
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Olivia dijo que, el Ministerio Público cuenta con toda la información científica desde mayo de 2016 para proceder a realizar las capturas de los autores intelectuales del asesinato de su madre, pero que lo han tenido escondido para proteger al grupo empresarial poderoso que está detrás de este caso y que están detrás del negociazo de la energía.
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