Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El gobierno de Honduras anunció este lunes la creación de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, con lo que la administración de Juan Hernández prometió una vez más combatir estas estructuras criminales, pero con enfoque represivo, dejando un lado la reinserción social.
Hernández—-quien asumió un segundo mandato a finales de enero de 2018 tras unas cuestionadas elecciones donde se denunció fraude y la violación de la Constitución porque la reelección ha sido argumentada por un fallo judicial—-es constantemente cuestionado por sus enfoques de seguridad porque ha militarizado la sociedad hondureña.
En conferencia de prensa y al asumir los primeros 100 días de su segundo gobierno, Hernández detalló que la nueva estructura disuasiva estará integrada por agencias e instituciones de seguridad del Estado.
Actualmente las maras y pandillas son acusadas de estar detrás de una estructura de extorsionadores diseminados por las ciudades más importantes del país, donde se atenta contra los pequeños y medianos comercios.
Pese a las denuncias de los comerciantes y el cierre masivo de negocios, Hernández, aseguró este lunes que las pandillas han sido atacadas con efectividad desde el año 2013 gracias a la creación de la Fuerza Nacional Antiextorsión.
“La experiencia de la Fuerza Nacional Antiextorsión nos ha inspirado para saber cómo coordinar efectivamente para lo que viene para las próximas semanas y meses”, señaló al tiempo que manifestó que por primera vez una unidad antimaras estará compuesta por personal civil.
La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, estará integrada por la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación, la Fuerza Nacional Anti Extorsión, Policía Nacional, Policía Militar del Orden Público, Ministerio Público y un representante de la Inspectoría de Tribunales.
La unidad estará coordinada con agencias de El Salvador y Guatemala a través de la Fuerza Trinacional para combatir las maras y pandillas, señaló Hernández.
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Las maras están integradas, en su mayoría, por jóvenes provenientes de hogares desintegrados y muy pobres. Pese a que este problema ha sido catalogado por expertos en estudios sociales, como un fenómeno de exclusión social, los gobiernos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) insisten en abordar el tema como un asunto de seguridad. Esta postura es aupada por el gobierno de los Estados Unidos que ha implementado iniciativas con ese mismo abordaje.
